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El precio de cuestionar la inmersión

El debate sobre la lengua en Cataluña resulta kafkiano para cualquiera que no comulgue con el dogma del nacionalismo lingüístico dominante en el debate público catalán. El adjetivo no es gratuito, sino que describe fielmente la sensación que muchos catalanes experimentamos cada vez que tratamos de debatir con honestidad sobre el modelo de inmersión obligatoria que impera en Cataluña. La situación resulta invariablemente absurda y angustiosa, esto es kafkiana, lo cual suele provocar que la mayoría de los discrepantes acaben resignándose y rehuyendo la discusión, por no adentrarse en la ciénaga de falsedades e imposturas que los nacionalistas llevan más de tres décadas espesando para evitar el debate racional. Doy fe de que la experiencia resulta agotadora por la desfachatez con que políticos y tertulianos nacionalistas distorsionan la realidad, pervirtiendo las palabras y atribuyendo indefectiblemente a quienes criticamos la inmersión veleidades anticatalanas. De ahí que entienda la resignación de algunos, aunque no la comparta.

Cualquier observador de la realidad política y mediática catalana sabe que hay temas que, en un momento u otro, aparecen en casi todos los debates. Son temas recurrentes como el de la inmersión lingüística, que los nacionalistas tratan con la comodidad de saber que el debate está neutralizado de antemano. Ello es así no solo por su facilidad para desenfocar a conveniencia sus propios planteamientos, sino sobre todo por la naturalidad con que los nacionalistas desvirtúan los de quienes cuestionamos la inmersión, empeñándose en asegurar que defendemos lo que la mayoría de los críticos nunca hemos defendido: un modelo monolingüe en castellano o la separación de los alumnos por razón de lengua. Demuestran muy poca confianza en la bondad del sistema de inmersión que defienden, cuando necesitan tergiversar sistemáticamente los planteamientos de quienes nos oponemos. Así neutralizan el debate, y lo hacen porque saben positivamente que si éste se abriese ahora en el seno de la sociedad catalana, y se permitiese que cada cual defendiese en igualdad de condiciones sus posiciones sin que nadie las falsee, es muy probable que la mayoría de los catalanes apostásemos por abandonar el monolingüismo actual en pro de un modelo bilingüe o trilingüe.

Hace pocos días, concretamente el martes pasado en la tertulia de Els Matins de TV3, viví uno más de esos episodios kafkianos que llevan a muchos catalanes a desistir de la esperanza de que algún día en Cataluña podamos disfrutar de un sistema educativo respetuoso con el bilingüismo estructural de nuestra sociedad. La composición de la mesa era tan plural como de costumbre: en esta ocasión había un independentista de extrema izquierda (Marc Sallas, de la CUP), un independentista de izquierda (Josep-Lluís Carod-Rovira), una humorista independentista (Empar Moliner) y finalmente, para poder presentar la francachela nacionalista como un debate equilibrado, un servidor.

Carod sacó el tema de la lengua, y la discusión subsiguiente fue un ejemplo paradigmático de la deshonestidad con que los nacionalistas plantean este debate:

1) Los nacionalistas acusando a Ciudadanos, al PP y a cualquiera que se atreva a discutir la inmersión de defender el monolingüismo en castellano y de querer acabar así con la lengua catalana.

2) Los nacionalistas (sí, los mismos que promueven escraches a familias que piden educación bilingüe para sus hijos) negando que la inmersión suponga la exclusión del castellano de la escolaridad pública. (La pregunta es: ¿entonces por qué se ponen histéricos cuando el Tribunal Constitucional dice que el castellano ha de ser también vehicular en las aulas catalanas o cuando el TSJC, ante los reiterados incumplimientos de sus sentencias, fija en un 25% el número de horas de castellano a la semana?).

3) Los nacionalistas acusando al discrepante -en este caso, yo- de mentir sobre la realidad de las escuelas catalanas, e incluso de querer “practicarle la eutanasia” (sic) a la lengua catalana, a pesar de que yo no había hecho ningún juicio de valor, sino que me había limitado a manifestar mi preferencia por un modelo bilingüe.

Y 4) los nacionalistas negándose a responder preguntas tan sencillas como: a) ¿debería el castellano ser lengua vehicular en las escuelas catalanas junto con el catalán? Y b) ¿sois partidarios -Marc, Josep-Lluís, Empar- de un sistema bilingüe?

Como se puede ver en el vídeo adjunto, ninguno de mis tres contertulios se dignó responder a mis preguntas, exactamente las mismas que le hice a la consejera de Educación de la Generalitat, Meritxell Ruiz, el pasado 1 de diciembre en El Debat de la 1, que también escurrió el bulto. Se niegan a responder porque saben que su modelo es injusto, primero porque lesiona el derecho de los niños castellanohablantes a recibir la enseñanza también en su lengua materna, pero no solo, pues el actual sistema perjudica sobremanera a los hijos de familias catalanohablantes que viven en entornos prácticamente monolingües de la Cataluña interior.

La alternativa a la inmersión lingüística no es la segregación por razón de lengua. De hecho, no hay ningún partido con representación en el Parlamento catalán que pida nada semejante. El PP y Ciudadanos proponen un modelo en el que el catalán y el castellano -como lenguas propias de la mayoría de los catalanes- y ahora también el inglés tengan una presencia equilibrada, las tres como lenguas vehiculares. No pretenden ni hacer desparecer el catalán, ni perpetrar un genocidio lingüístico ni ninguna de las maldades que los nacionalistas les acostumbran a atribuir. Por tanto, atáqueseles por lo que pretenden, el trilingüismo en las aulas, pero no por lo que a los nacionalistas les gustaría que pretendieran.

¿Qué necesidad tienen los partidarios de la inmersión de distorsionar la propuesta de Ciudadanos y el PP? ¿Por qué no la critican sin desnaturalizarla? ¿No será porque en el fondo la consideran de lo más razonable? ¿Quizá porque coincide con lo que muchos de ellos ofrecen a sus hijos? ¿Por qué razón habrían de criminalizar una propuesta que coincide con el proyecto educativo de los colegios privados y concertados que muchos de ellos escogen para su prole? Pues bien, en lugar de admitir que les gusta y que comparten la propuesta de Ciudadanos y el PP y que por ello llevan a sus hijos a colegios trilingües, estos defensores de la inmersión de los hijos de los demás deforman la realidad para presentar la generalización de su opción como una amenaza para la supervivencia del catalán.

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Los enemigos de Cataluña que no son tales

(Artículo publicado en Crónica Global el 28 de agosto de 2014)

Nación, Estado, Soberanía… Desde hace una década en Cataluña no se habla de otra cosa, y no será por falta de temas más importantes para los ciudadanos de Cataluña, otrora indiscutible motor económico y vanguardia cultural de España, pero últimamente demediada por la obsesión identitaria de su clase dirigente.

Por supuesto, la cosa venía de antes, pero todo se empezó a precipitar cuando, en el año 2003, las fuerzas que luego compondrían los dos tripartitos (PSC, ERC, ICV-EUiA) -entonces todavía en la oposición- firmaron el “Pacto del Tinell”, por el que se comprometían a impulsar, en caso de sumar la mayoría suficiente para formar gobierno, una reforma del Estatuto catalán. De paso, se comprometieron como quien no quiere la cosa a excluir al PP de cualquier pacto de gobierno o de legislatura, en una de las decisiones más antidemocráticas que se recuerdan en España desde 1978. Descartar de entrada cualquier acuerdo con un partido tan democrático como el que más, que a la sazón no sólo gobernaba España con mayoría absoluta sino que además había obtenido en las últimas elecciones generales el apoyo de nada menos que 768.318 catalanes, por los ¡190.292! de ERC y los ¡119.290! de ICV-EUiA, resulta sencillamente vergonzoso. De ahí a catalogar al PP de enemigo de Cataluña, como desde entonces han hecho impunemente dirigentes de las fuerzas del Tinell y de otros partidos, el paso es corto.

Así pues, Cataluña ya tenía su propio enemigo exterior, el PP, y además su particular enemigo interior, también el PP. Dos por el precio de uno. De acuerdo con la lógica “amigo-enemigo”, acuñada por el principal teórico del nacionalsocialismo, Carl Schmitt, el PP era a Cataluña lo mismo que a la España de Franco el separatismo, el judaísmo, la masonería y el comunismo juntos. En suma, la anti-Cataluña. Por suerte para el PP, pronto habría de compartir esa distinción con otros partidos como Ciudadanos, UPyD o incluso, paradojas del destino, el PSC, que, al paso que sus antiguos socios del Tinell redoblaban su desafío al Estado de Derecho en pos de un referéndum ilegal, se veía forzado a reconocer sus errores y asumir su edípico castigo. De esta forma, a juzgar por las últimas elecciones autonómicas, Cataluña tiene ya casi tantos enemigos como amigos en términos de voto popular, es decir, el imaginario enemigo interno se multiplica a causa del corrimiento antojadizo de quienes pretenden monopolizar la catalanidad.

Llegaron a la Generalitat y se pusieron a ello. Pero, más que una reforma del Estatuto de 1979 -el Estatuto de Sau, que ya situaba a Cataluña entre los entes subestatales con mayor autogobierno del mundo y que además había contado con un notable consenso no sólo entre los partidos sino también entre los ciudadanos de Cataluña que lo aprobaron en referéndum: 88,14% de votos afirmativos y una participación del 59,7% del electorado-, lo que el primer tripartito pretendía era hacer un nuevo Estatuto basado en la bilateralidad entre Cataluña y España, como si de dos realidades oponibles se tratara. Ya entonces se partía de la base de que Cataluña era un sujeto político y jurídico soberano, por lo que poco importaba lo que después pudiera decir el Tribunal Constitucional (TC) sobre los recursos contra el Estatuto: sí, el del PP, el partido excluido de antemano por un pacto antidemocrático, cosa que a menudo se olvida, pero también los del Defensor del Pueblo y el Gobierno de Aragón, entre otros.

Es más, el concertado ostracismo del PP no es lo único que sistemáticamente olvidan quienes lo promovieron. Olvidan que el PP no tuvo la posibilidad de presentar ante el TC un recurso previo de inconstitucionalidad -es decir, anterior al referéndum de aprobación del Estatuto- porque nuestro ordenamiento jurídico no lo prevé desde que, en 1985, fue suprimido por el gobierno de Felipe González. Pero lo que ya resulta el colmo del cinismo es que olviden también que el mismo Consejo de Garantías Estatutarias (antes Consejo Consultivo) -cuyo último dictamen sobre la Ley de Consultas que prepara el Parlamento catalán es presentado por los soberanistas como aval incontestable a su determinación de convocar un referéndum de autodeterminación- ya advertía en el año 2005 sobre los posibles vicios de inconstitucionalidad del Estatuto aprobado por la Cámara catalana. Entre otras cosas, el Consejo avisaba (véase el Fundamento 2 del dictamen de 2005) de que el sustantivo “nación” y el adjetivo “nacional” aplicados a Cataluña sólo podían ser constitucionales en la medida en que no entraran en contradicción con el término “nación” que recoge la Constitución española en su artículo 2, que hace referencia al concepto de soberanía y que sólo es predicable con respecto a la nación española. Lo mismo que, mutatis mutandis, diría el TC 5 años después, que Cataluña no es sujeto de soberanía; por lo que la indignación con que los promotores del Estatuto recibieron la sentencia sólo puede entenderse como un ejercicio de deshonestidad. Poco o nada les importaba lo que dijera el Alto Tribunal -que, por otra parte, dictó una sentencia de lo más deferente con el Legislador autonómico- sobre el Estatuto; tanto es así que la manifestación en contra de la sentencia fue convocada antes de conocer su contenido íntegro. Eso también lo olvidan. Y lo último que olvidan es que el entonces presidente de la Generalitat, José Montilla, que había decidido encabezar la manifestación bajo el profético lema “Som una nació. Nosaltres decidim” tuvo que salir escoltado huyendo de la vesania de los intolerantes. Es importante recordarlo porque en el olvido está el triunfo de la versión monolítica de Cataluña que quienes lo fomentan quieren imponer.

Nación, Estado, Soberanía… Han pasado diez años y seguimos hablando de lo mismo día tras día, como una pesadilla que se repite y de la que los catalanes sólo despertaremos el día que constatemos en bloque lo que muchos ya venimos advirtiendo desde hace tiempo: que los supuestos enemigos de Cataluña, los de siempre y los de nuevo cuño, ni eran ni son tales.

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El compromiso de Rajoy con Cataluña

Se espera con expectación, sobre todo desde Cataluña, que en otoño Rajoy responda a la carta de Mas y que la respuesta esté a la altura del presidente del Gobierno de un Estado democrático de Derecho. Sin embargo, a menudo se deja de lado que el destinatario de la carta debe responder al contenido de esta, que no olvidemos que parte de una serie de apriorismos como el llamado “derecho a decidir” de todo punto inaceptables, no ya para el Gobierno español de turno sino para cualquier Estado democrático de Derecho.

De entrada, porque el remitente se empeña en proclamar el carácter democrático de su aspiración, olvidando que la democracia no es sólo la regla de la mayoría, sino también la sujeción de los poderes públicos a la ley; el respeto a los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos como tales, con independencia de sus adscripción ideológica o identitaria; y la protección de las minorías. Es decir, a pesar de prescindir de aspectos tan esenciales de la concepción contemporánea de la democracia, o sea, de la democracia constitucional, la carta presenta la consulta como la quintaesencia de la democracia. Primer apriorismo inaceptable de la carta.

Por otra parte, la carta plantea la independencia de Cataluña no como un objetivo político sino como un derecho, es decir, apelando al derecho de autodeterminación de Cataluña en los términos que recoge la ONU, aunque disimulando bajo el eufemismo del “derecho a decidir”. Pues bien, tan evidente resulta a la luz de las resoluciones y acuerdos de las Naciones Unidas que este derecho se limita al caso de pueblos que se hallen en una situación de dominación colonial u ocupación militar, como que ni Cataluña, ni el País Vasco ni ninguna otra nacionalidad o región española se hallan en esta situación. Pero a pesar de la puerilidad de tal pretensión el apunte no es accesorio, puesto que en la práctica hace referencia a un aspecto medular de la carta de marras y, en general, del discurso del Gobierno catalán. Soslayando la evidencia, los independentistas insisten en atribuir de entrada al pueblo de Cataluña la condición de sujeto político y jurídico soberano –véase la declaración soberanista aprobada el pasado 23 de enero por el Parlamento de Cataluña, ahora suspendida por el Tribunal Constitucional-, contraviniendo así los dos primeros artículos de la Constitución española, que atribuyen la soberanía nacional al conjunto del pueblo español y consagran la indisoluble unidad de la nación española. Segundo apriorismo inaceptable de la carta.

Es decir, el punto de partida institucional de la travesía a Ítaca es a todas luces inconstitucional y el canal es, por tanto, innavegable; y eso no es culpa de Madrid, sino del patrón Mas y su contramaestre Junqueras, que parece ser quien dirige las maniobras desde la sombra con el único objetivo de provocar el tan traído y llevado “choque de barcos”. Quieren llegar a Ítaca rápido y a toda costa, aunque sea en cuadro y tras un calamitoso naufragio. Cuando digo que quien imposibilita el diálogo a este respecto no es Madrid me refiero a que en España -a diferencia de otros países como Alemania, donde la Constitución prevé algunas cláusulas de intangibilidad, es decir, preceptos como el de la unidad del Estado que son irreformables- la secesión es un objetivo político perfectamente legal y legítimo siempre que se acometa desde el más escrupuloso respeto a la legalidad y no tratando de eludirla mediante apriorismos inaceptables, como digo, para cualquier Estado democrático de Derecho. Prueba de ello es que no hay en el mundo ni un solo Estado democrático que reconozca a sus territorios integrantes el derecho a la autodeterminación, ni siquiera Canadá o el Reino Unido, los casos que los nacionalistas catalanes traen siempre en la boca. De hecho, las habituales alusiones de políticos y tertulianos nacionalistas al caso de Canadá o, mejor dicho, de Quebec, donde ya se han celebrado dos referéndums sobre la independencia, resultan especialmente equívocas porque suelen obviar el hecho de que los dos referéndums (1980 y 1995) son anteriores a la aprobación de la Ley de Claridad (2000). Conviene recordar que desde su aprobación no se ha vuelto a celebrar ningún referéndum, precisamente porque su letra choca frontalmente con la interpretación unilateral de la democracia que propugnaban antaño los partidarios de la secesión de Quebec y hogaño los de la independencia de Cataluña, en la medida en que establece entre otras cosas que “la secesión de una provincia, para ser legal, requeriría una reforma de la Constitución de Canadá” y que “una modificación de ese tipo exigiría necesariamente negociaciones sobre la secesión en las que participarían en especial los gobiernos del conjunto de las provincias y de Canadá”. Es decir, nada de subjetividad política y jurídica, ni de derecho de autodeterminación ni de contraponer legalidad y legitimidad democrática. Democracia constitucional, nada más.

CiU y ERC no persiguen una consulta ajustada a los procedimientos que establece la Constitución de cara a una modificación tan sustancial del marco de convivencia de todos los españoles, sino precisamente la supresión de ese espacio en un intento descarado de aprovechar pro domo súa la crisis que desde hace un lustro viene sufriendo nuestro país. Pero resulta que la Constitución española, como todas en mayor o menor medida, tiene como uno de sus principales objetivos preservar la estabilidad política y la predictibilidad en la actuación de los poderes públicos, principios que en definitiva tienden a garantizar la seguridad jurídica que debe presidir el funcionamiento de todo Estado de Derecho. La Constitución actúa, en palabras del noruego Jon Elster, como una suerte de precompromiso o autorrestricción que nos blinda contra nuestra propia inclinación a tomar decisiones oportunistas e inopinadas en momentos de crisis como los actuales. Rajoy debe mostrar su disposición dialogadora en el marco de la Constitución, cuya reforma es y debe ser difícil aunque no imposible, y sobre todo mantenerse firme en su compromiso constitucional con los ciudadanos de Cataluña y del conjunto de España. 

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De Lengua y Religión

(Artículo publicado en el ABC el 23 de mayo de 2013)

Los ataques a la llamada ley Wert se recrudecen por momentos. Las críticas constructivas a una ley cuyo objetivo es mejorar la calidad de nuestro maltrecho sistema educativo (crónicamente por debajo de la media de la OCDE, según el informe PISA) son siempre legítimas y aun deseables, pero lo que no es de recibo es criticar la ley desde posiciones apriorísticas, y eso es precisamente lo que se está haciendo, al menos, en dos aspectos importantes del proyecto: la cuestión lingüística y la asignatura de Religión.

En torno a la primera cuestión, el Gobierno catalán se escandaliza ante la previsión de la ley de detraer de las transferencias del Estado a la Generalitat el coste de escolarizar en castellano en centros privados. Cuando lo realmente escandaloso es que la Generalitat se niegue sistemáticamente a cumplir la Ley y las sentencias judiciales y a asumir de buen grado el mandato del Tribunal Constitucional (TC) de implantar en Cataluña un modelo de bilingüismo equilibrado en el que el castellano sea también lengua vehicular de la enseñanza juntamente con el catalán. Lo que pretende la ley con esta medida es presionar a la Generalitat para que haga lo que debería hacer motu proprio: adaptar su modelo educativo a la doctrina del TC. No trata de instituir un derecho a recibir la enseñanza exclusivamente en castellano, sino de compeler a los poderes públicos catalanes a que reconozcan las dos lenguas cooficiales como vehiculares, es decir, no sólo como objeto de enseñanza sino como lenguas docentes.

En cuanto a la reintroducción de la Religión como asignatura evaluable, conviene recordar que la ley Wert se incardina en el modelo de laicidad positiva y abierta que predomina en la mayoría de los países de nuestro entorno, que se caracteriza tanto por la obligación de los poderes públicos de ofrecer la asignatura de Religión como por la exigencia de garantizar la voluntariedad de la elección de los ciudadanos. Entronca así con la Constitución española, que en su artículo 27.3 reconoce “el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Por cierto, nuestra Constitución es a tal respecto mucho menos ambiciosa que otras como la suiza, que en su artículo 15.3 reconoce sin ambages “el derecho a seguir una enseñanza religiosa”. En la escuela pública, se entiende.

Es importante aclarar que la ley Wert no privilegia la Religión sino que la equipara con el resto de las asignaturas alternativas también evaluables, lo que sin duda realza la importancia de una asignatura fundamental para la formación humanística de quienes la elijan libremente, pero que mientras siga sin ser objeto de evaluación no dejará de ser considerada a efectos prácticos como una materia de segundo orden.

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El debat ensorrat i la consellera Rigau

Amb motiu de la darrera interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), del passat 6 de març, sobre el castellà a l’escola pública a Catalunya, el govern de la Generalitat amb la consellera Rigau al capdavant es va afanyar a bastir una inversemblant interpretació sobre la decisió judicial. Una lectura que, per bé que no resistiria cap anàlisi racional, és perfectament compatible amb l’habitual victimisme del nacionalisme lingüístic, segons la qual amb aquesta decisió el TSJC estableix que n’hi ha prou amb que un sol alumne demani ser escolaritzat en castellà perquè s’obligui a la resta del seus companys a doblegar-se a la seva voluntat tot obligant-los a rebre les classes en aquesta llengua. Finalment, la consellera va donar carpetada a l’assumpte declarant, sense immutar-se, que la Generalitat no donarà compliment a una interlocutòria que “només vol trencar la convivència”.

El que passa és que el que diuen el Govern i els seus afectes que diu la interlocutòria no és cert, ni de bon tros, per molt que el discurs hagi calat ràpidament. Sense cap ànim de trencar la convivència ni de traspassar cap línia vermella, m’agradaria aclarir un parell de coses sobre aquesta interlocutòria dictada el 6 de març en què el TSJC no feia res més que donar resposta als recursos presentats per les parts litigants –d’una banda, una ciutadana mare d’un escolar català i, de l’altra, l’advocacia de la Generalitat de Catalunya- enfront d’una interlocutòria anterior del mateix TSJC, dictada el 3 de gener. És cert que, encara que fora de desitjar, no se li pot demanar al comú dels ciutadans que es llegeixin ambdues interlocutòries; però, en canvi, a qui no només se li pot demanar, sinó que li ho hem d’exigir és a tota una consellera d’Ensenyament, com a mínim abans de referir-s’hi. Però no. Resulta molt més senzill desatendre el contingut de la resolució judicial i avivar una vegada més l’espantall de la persecució del català.

Mitjançant la interlocutòria del 3 de gener el TSJC acordava “requerir a la Conselleria d’Ensenyament perquè adopti les mesures precises a fi d’adaptar el sistema d’ensenyança lingüística, en tot allò que afecti al fill de la recurrent, a la nova situació creada per la declaració de la sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional (TC), que considera també el castellà com a llengua vehicular de l’ensenyança de Catalunya juntament amb el català”. Però la demandant va interpretar que l’expressió “en tot allò que afecti al fill de la recurrent” suposava estrictament l’atenció individualitzada de l’alumne en aquesta llengua, i per això va presentar l’esmentat recurs en què demanava que s’exigís a la Conselleria d’Ensenyament que “adopti les mesures necessàries perquè el seu fill rebi, juntament amb els seus companys, una ensenyança bilingüe, això és, una ensenyança conjunta en les dues llengües oficials, de forma proporcionada i sense desequilibris entre elles”. No entraré a valorar la procedència dels arguments de la recurrent, que, si més no, a mi em semblen prou assenyats. I segurament no només a mi: estic convençut que la immensa majoria dels catalans –independentment de la seva llengua materna- hi estaria d’acord si no fos perquè d’aquesta mena d’informació només se n’assabenten a través del discurs del nacionalisme lingüístic obstinat en imposar a Catalunya, territori essencialment bilingüe, el seu monolingüisme de curta volada.

L’ensenyança en castellà a Catalunya: un dret i no un privilegi

Sigui com sigui, en la interlocutòria del 6 de març el TSJC aclareix que “el sistema s’ha d’adaptar a tota la classe (o unitat escolar) de la qual forma part l’alumne”, perquè, altrament, només hi hauria dues opcions: la separació del fill de la recurrent en una classe a part, o bé l’atenció individualitzada en castellà, fórmula aquesta última rebutjada per la doctrina del Tribunal Constitucional en la mesura que suposa una discriminació pràcticament idèntica a la segregació dels alumnes per raó de llengua habitual. El TSJC fonamenta la seva decisió en la sentència 31/2010 del TC (la rebregada sentència de l’Estatut), que considera “perfectament legítim que el català, atès l’objectiu de la normalització lingüística a Catalunya, sigui el centre de gravetat d’aquest model de bilingüisme”, encara que matisa que això no ha de significar en cap cas “l’exclusió del castellà com a llengua docent”. “Essent així que ambdues llengües han de ser no només objecte d’ensenyament, sinó també mitjà de comunicació en el conjunt del procés educatiu, és constitucionalment obligat que les dues llengües cooficials siguin reconegudes pels poders públics competents com a vehiculars”. De la doctrina del TC, doncs, es desprèn un dret, i no un privilegi condicionat a una sol·licitud prèvia dels pares, a rebre l’ensenyança en la llengua habitual en el marc d’un model bilingüe en què es perfectament legítim que el català sigui el centre de gravetat amb el benentès que el castellà –reduït en el nostre actual model a dues hores de classe a la setmana- tingui una presència a les aules més consistent amb el seu ús social. Aquest és, pel que fa a la llengua, l’autèntic esperit de la blasmada sentència del TC sobre l’Estatut. A mi no em sembla que això suposi cap atac a la llengua catalana ni a la convivència a Catalunya, però, és clar, m’imagino que deu ser perquè jo defenso el bilingüisme i la presència del castellà a l’escola catalana… Qui sap? Lògic, en qualsevol cas.

El que es diu i el que es fa

Ara bé, el que potser ja no resulta tan lògic, atès el discurs oficial del Govern i de la resta dels partits defensors de l’statu quo lingüístic, és que la pròpia advocacia de la Generalitat basés el seu recurs contra la interlocutòria del TSJC del 3 de gener en la doctrina del TC en general i, el que és més important, en la sentència de l’alt tribunal sobre l’Estatut en particular. Després de tot el que vam haver de sentir sobre la sentència, de la qual es va arribar a dir que posava en perill el nostre model de convivència i que pràcticament condemnava la llengua catalana a la desaparició, ara resulta que aquella sentència serveix com a base per a la defensa de la Generalitat. Llavors, en què quedem? És evident que per fonamentar qualsevol posició en seu judicial hom s’ha de valer d’arguments legals i jurisprudencials. No obstant això, resulta si més no paradoxal el fet que l’advocacia de la Generalitat precisament basi la seva defensa sobretot en la fins ara nefanda sentència de l’Estatut, que en darrera instància avala la constitucionalitat d’un model de conjunció lingüística amb una certa preeminència del català a l’escola pública catalana, sempre –convé recordar-ho- que això no suposi l’exclusió del castellà com a llengua docent, que és el que malauradament succeeix a Catalunya. Això demostra que el Govern no té cap inconvenient a atiar en l’esfera pública un discurs demagògic i ben diferent del que conforme a la lògica pot defensar, prevalent-se una vegada més del desconeixement general per a aprofundir el sentiment de greuge en què es basa la seva força. Desfem d’una vegada la confusió: l’únic problema lingüístic que hi ha a Catalunya és que els nacionalistes es neguen a reconèixer el castellà com a llengua pròpia de Catalunya, ni més ni menys. No n’hi ha d’altre! Mentrestant, els nacionalistes continuen anul·lant el debat argumentant, de seguida que algú posa en dubte el model lingüístic a l’escola pública, que a Catalunya no hi ha cap conflicte social per la llengua. I és clar que no n’hi ha de conflicte social, però no precisament gràcies a les seves polítiques sinó a pesar d’aquestes.

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La república, el franquismo y el “país normal”

La cuestión lingüística es principal en términos de cohesión social, pero no precisamente en los términos que defienden los nacionalistas, pues para ellos la cohesión se basa en la homogeneidad lingüística, es decir, en la idea de que si eres catalán lo “normal” es que hables catalán, al igual que si eres francés lo natural es que hables francés. Recuerdo a este respecto un encuentro que allá por el año 2008 mantuvimos una decena de estudiantes de Periodismo con el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol en su despacho de Barcelona. Aquel año tuve la suerte de tener como profesor al periodista que colaboró con Pujol en la redacción de sus memorias, Manuel Cuyàs, que fue quien organizó la visita. Vaya por delante mi agradecimiento a Pujol por su amabilidad al recibirnos, porque lo cortés no quita lo valiente, pero, dicho esto, debo señalar que recuerdo con singular tristeza como un hombre que en 1984 recibía el “Premio Español del Año” del diario ABC nos explicaba con su característica naturalidad que hacía ya un tiempo que él había tomado la decisión de hablar en catalán siempre que se encontrase en Cataluña y en el bien entendido de que su interlocutor entendiese el catalán. Nótese que el expresidente Pujol no dijo en ningún momento que, encontrándose en Cataluña, hablaría catalán invariablemente y con independencia de si su interlocutor lo entendía o no, lo cual, por otra parte, hubiera echado por tierra su reputación de hombre inteligente. Sin embargo, sus palabras estaban preñadas de esa idea perversa del “país normal”.

En las tertulias de los medios de comunicación catalanes abundan las preguntas pretendidamente retóricas tales como: “¿verdad que si te vas a Berlín hablarás alemán y si te vas a París hablarás francés?” Y la conclusión para quienes las formulan es autoevidente: “pues si vienes a Barcelona hablarás catalán”. Esta visión parcial y empobrecedora de la realidad catalana halla su fundamento intelectual en los procesos de construcción nacional que, a partir de la Revolución Francesa, se extendieron por Europa a todo lo largo del siglo XIX y entre los que cabe destacar los casos de Francia, España y el Reino Unido. Ahora bien, ese proceso de construcción nacional, esencialmente inclusivo y aun emancipador, supuso asimismo la adopción de una serie de criterios funcionales orientados a garantizar la viabilidad de los nuevos estados-nación. Existía entonces la convicción más o menos generalizada entre las respectivas élites culturales y políticas (incluidas, por supuesto, las catalanas) de la necesidad de adoptar una lengua nacional para el conjunto del territorio, aunque ello supusiera que “algunas de las nacionalidades y lenguas menores estaban condenadas a desaparecer como tales”.[1]

Es más, en contra de lo que algunos se empeñan en sostener de forma interesada, España y su historia no constituyen una excepción entre el conjunto de las naciones europeas; al contrario, su evolución es perfectamente homologable a la norma del resto de los países de nuestro entorno. Hay quien pretende que la existencia de nacionalismos periféricos en España demuestra que España no es una nación como Francia o Alemania y que la pervivencia en mayor o menor medida de lenguas como el catalán, el euskera o el gallego demuestran la resistencia de los españoles de esos territorios a sumarse a un proyecto nacional conjunto. Sin embargo, el verdadero motivo de la pervivencia de las lenguas españolas diferentes del castellano no es tanto la determinación de catalanes, vascos o gallegos de no ser españoles, sino el fracaso del Estado liberal español allí donde otros Estados liberales triunfaron, a saber: en la obra de alcanzar la unidad nacional necesaria para garantizar el desarrollo económico. A tal respecto, Juan Linz apunta las causas del fracaso del Estado español en la asimilación castellana del conjunto de los ciudadanos españoles: “El asimilacionismo castellano ha fracasado en buena medida porque durante siglos no existió una política expresa en tal sentido, y debido a la debilidad del Estado Español que apoyaba al castellano en el siglo XIX, y la ausencia de una política cultural nacionalista de alta calidad, como la que existió en la Francia post-revolucionaria”.

Ya en el siglo XX, la dictadura de Primo de Rivera y, sobre todo, los cuarenta años de franquismo trataron extemporáneamente de resolver a sangre y fuego las ineficiencias del Estado español en orden a homogeneizar España cultural y lingüísticamente, como habían hecho el Estado francés –a partir de 1789- o incluso, más tarde, el italiano y el alemán. En todo caso, el franquismo exacerbaría sobremanera la intensidad del sentimiento nacionalista en Cataluña y el País Vasco debido a las intempestivas políticas centralistas y homogeneizadoras del régimen ordenadas a aniquilar la diversidad cultural y lingüística de España, remedo anacrónico de las políticas decimonónicas de construcción nacional que en nuestro país –lastrado por la hegemonía nobiliaria y eclesiástica, así como por la debilidad de la burguesía industrial- no alcanzaron el éxito que sí habían logrado en Francia.

El franquismo dio carpetazo entre otras cosas a la denominada ley del bilingüismo, promulgada por el gobierno provisional de la Segunda República a los quince días de su llegada al poder en un comedido intento de normalizar en el ámbito escolar catalán lo que ya era normal en la calle, sobre todo en la Barcelona de los años treinta del siglo pasado: el bilingüismo. La política pertinazmente hostil con respecto a toda manifestación cultural ajena a la lengua castellana y al casticismo en general supuso un torpedo en la línea de flotación del nacionalismo catalán, singularmente apoyado en la lengua, que quiso ver en aquella la confirmación de su inmutable versión de la fatídica historia lingüística de España. Así, y aunque su supresión pueda parecer uno más de la larga lista de agravios perpetrados por el franquismo, la ley del bilingüismo republicana representaba, a mi modo de ver, un hito en la auténtica normalización lingüística de Cataluña. Sin embargo, como ya se ha dicho, el franquismo radicalizó los nacionalismos periféricos hasta el punto de vedar, quién sabe si para siempre, la posibilidad de establecer un marco de convivencia realmente respetuoso con la pluralidad lingüística de España precisamente allí donde probablemente ésta se halle con mayor intensidad, es decir, en Cataluña. Y es que la llegada de la democracia y el subsiguiente traspaso de competencias educativas a las Comunidades Autónomas resultaron en Cataluña en un modelo de inmersión lingüística en el que la presencia del castellano se ha ido reduciendo a marchas forzadas.

Tras la muerte de Franco, resultaba lógica y aun deseable la implantación de un modelo que, sin arrumbar el castellano como lengua docente –es decir, sin limitar su uso a la asignatura de lengua y literatura-, privilegiara el uso de la lengua catalana en la escolaridad pública con objeto de recuperar el tiempo perdido durante la larga noche del franquismo. Pues bien, tanto la Ley 7/1983 del Parlamento catalán como, ya desde un principio, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional apuntaban en esa dirección, pero pronto quedó claro que el objetivo de la política lingüística de los sucesivos gobiernos de la Generalitat no era el bilingüismo sino un monolingüismo en catalán a todo trance dispuesto irremisiblemente a lesionar derechos individuales consagrados por la Constitución. Todo ello, empero, en nombre de la normalización lingüística. ¡Dichosa normalidad!


[1] Hobsbawm, E., Naciones y nacionalismo desde 1780, Crítica, Barcelona, 2004, p. 43.

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La lengua y la espiral del silencio

La crispación por la cuestión lingüística se intensifica por enésima vez en Cataluña. Esta vez a cuento del auto -que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictó hace ya más de un mes, concretamente el 6 de marzo- en el que el TSJC, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional (TC) y del Tribunal Supremo (TS), clarifica su posición con respecto a la presencia del castellano en las aulas catalanas. El aparato político de la Generalitat, con la consejera de Educación Irene Rigau al frente, no ha tardado en pasar el auto por el alambique del victimismo. Este proceso de destilación debidamente amplificado por el correspondiente aparato periodístico, rendido de forma acrítica al discurso político predominante, ha desembocado en un titular tan falaz como perverso: “El TSJC obliga a que la clase sea en castellano si un solo alumno lo ha pedido”.

Pues bien, este último auto del TSJC no dice en ningún caso que basta con que un alumno lo solicite para que todas las clases del grupo del que forma parte el alumno tengan que ser en castellano, que es lo que al fin y al cabo dicen Rigau y compañía que dice el TSJC. No, este auto de 6 de marzo de 2013 viene a precisar otro auto del TSJC de 3 de enero de 2013, en el que el tribunal, con base en la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional y las sucesivas sentencias del Tribunal Supremo, requería a la consejería de Educación “para que adopte cuantas medidas sean precisas para adaptar el sistema de enseñanza lingüística (…) a la nueva situación creada por la declaración de la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional, que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza de Cataluña junto con el catalán”. Así pues, lo único que hace el TSJC es aplicar la doctrina del TC en esta materia y, concretamente, en este último auto aclarar que la educación en ambas lenguas oficiales, catalán y castellano, no debe implementarse de manera individualizada, es decir, limitada a los alumnos que lo soliciten, sino de forma grupal. En definitiva, las principales precisiones de este auto con respecto a los anteriores del TSJC son dos: por un lado, que no se reduce a la atención individualizada la presencia del castellano como lengua vehicular en el aula; y por otro, que el derecho de los alumnos catalanes a recibir la enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano, no debe estar sujeta a la solicitud expresa de los padres, sino que debe ser entendida como un derecho universal de los niños catalanes.

Se trata, en definitiva, de algo tan lógico y coherente como convertir el castellano junto con el catalán en lengua vehicular de la educación -que es, en definitiva, lo que pide el auto del TSJC-, lo que no significa necesariamente perjudicar al catalán; ni siquiera implica por fuerza equiparar el número de horas de clase que se imparten en cada una de las dos lenguas. Se trata, sencillamente, de adaptar nuestro modelo actual a la realidad social, lo que se podría hacer sin dejar de considerar el catalán la clave de bóveda: el centro de gravedad, en expresión del TC.

Históricamente la implantación de la inmersión lingüística en Cataluña se ha sustentado sobre la base del consenso social que supuestamente concita dicho modelo entre la población catalana. No en vano, en Cataluña parece existir, a tenor del discurso político de los sucesivos gobiernos de la Generalitat, así como de la información publicada por la mayoría de los medios de comunicación de ámbito estrictamente catalán, una muy mayoritaria aquiescencia en torno al modelo educativo de inmersión lingüística en catalán, así como en relación con la plausibilidad del limitado uso público del castellano en lugares como el Parlamento o la televisión pública de Cataluña. Con todo, no resulta fácil encontrar estudios que acrediten fehacientemente ese consenso social al que apelan constantemente los políticos nacionalistas para defender la necesidad de mantener el modelo de inmersión lingüística.

Ese supuesto consenso descansa en tres principios que los inquilinos de la Generalitat, los de hoy y los de ayer, han repetido hasta la saciedad: primero, que la lengua catalana está en peligro de extinción, argumento pro inmersión cuando menos discutible y que, en definitiva, legitima la escasa presencia del castellano, no sólo en la educación sino en la vida pública de las instituciones catalanas. Segundo, que el modelo actual es el único capaz de garantizar la igualdad de oportunidades y el buen funcionamiento del tan traído y llevado “ascensor social”. Y tercero, que la adopción de un modelo educativo en el que la lengua castellana tuviera una mayor presencia derivaría irremisiblemente en un proceso de segregación social por razones lingüísticas. La inconsistencia de estos tres argumentos se cae por su propio peso, pero en este sentido la sociedad catalana es fiel trasunto de lo que la politóloga alemana Elisabeth Noelle-Neumann define como la espiral del silencio, que hace referencia a la opinión pública como una forma de control social en la que los individuos adaptan su comportamiento a las actitudes predominantes sobre lo que es aceptable y lo que no. La espiral del silencio en Cataluña impide un debate sereno y equilibrado sobre el modelo lingüístico y permite a los partidos nacionalistas seguir defendiendo la inmersión lingüística como condición sine qua non para la supervivencia misma del catalán, como si no fuera posible preservarlo e incluso realzarlo con un sistema educativo bilingüe y aun trilingüe.

Ya en 1932 Ortega apuntaba, con motivo de los debates parlamentarios sobre el primer Estatuto de Autonomía de Cataluña, el llamado Estatuto de Nuria, una explicación plausible al décalage que ya entonces existía y hoy sigue existiendo entre el sentir mayoritario y la cotidianidad de los catalanes, que emplean alternativamente el catalán y el castellano con absoluta normalidad, y su posterior comportamiento electoral concediendo a ese nacionalismo cada vez más rupturista la responsabilidad de gobernar con arreglo a su visión parcial y empobrecedora de la realidad catalana.

“Los demás coinciden con ellos –con los nacionalistas catalanes-, por lo menos parcialmente, en el sentimiento, pero no coinciden en las fórmulas políticas; lo que pasa es que no se atreven a decirlo, que no osan manifestar su discrepancia, porque no hay nada más fácil, faltando, claro está a la veracidad, que esos exacerbados les tachen entonces de anticatalanes”, decía Ortega. Pues bien, eso es lo que en mi opinión les ocurre también hoy día a muchos catalanes en cuestiones como la de la lengua: que no se atreven a decir que, sin dejar de defender la necesidad de proteger la lengua catalana, no están dispuestos a aceptar que la lengua castellana ocupe un lugar testimonial en el sistema educativo catalán. De hecho, la interacción y la cotidianidad del uso alternativo de ambas lenguas en la calle, los comercios y las conversaciones con los amigos y con la familia son sin duda un ejemplo de civismo y respeto por los demás, hasta tal punto que no resulta descabellado argumentar que, mal que les pese a los nacionalistas que trasueñan una Cataluña monolingüe, constituye hoy en día nuestro auténtico hecho diferencial, no solo con el resto de España, sino con el resto del mundo. ¿Por qué no trasladar el bilingüismo al sistema educativo?

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