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Lo que nos jugamos mañana

No era la primera vez en los últimos tiempos que Artur Mas se desmadraba, pero cuando el otro día leí sus palabras hablando como si fuera un jefe indio y comparando Cataluña con una reserva sioux, sentí una mezcla entre vergüenza ajena e indignación. Hace tiempo que Mas no está a la altura de su posición institucional, pero esto ya pasa de castaño oscuro. Es urgente recuperar el prestigio de la Generalitat y dejar atrás este periodo de descrédito de Cataluña tanto en el resto de España como en el mundo. (Algunos todavía no nos hemos repuesto de imágenes como la de Roger Albinyana, secretario de asuntos exteriores de la Generalitat, posando ufano al lado de un puñado de congresistas estadounidenses partidarios del “derecho a decidir”, todos ellos extremistas próximos al Tea Party).

Por supuesto, tampoco es la primera vez que un nacionalista compara impunemente la situación de Cataluña con la de una colonia o con la de una reserva india. De hecho, se trata de un lugar común en nuestro debate público. Yo aguanto a diario esa clase de comparaciones ulcerantes en tertulias de radio y televisión, proferidas con toda naturalidad por mis contertulios, algunos de ellos indígenas, otros criollos y otros directamente colonos arrepentidos, por utilizar su repugnante lenguaje. Pero una cosa es que lo hagan tertulianos y políticos de medio pelo, y otra muy distinta es que lo haga todo un presidente de la Generalitat.

Cuando Mas llama “grandes jefes” a Mariano Rajoy, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que vienen aquí, a la “reserva catalana” (sic) “a decirnos lo que nos conviene”, no solo les está llamando a ellos colonizadores sino que nos está llamando colonos, y por tanto habitantes ilegítimos de Cataluña, a los potenciales votantes de esos partidos. Sus palabras denotan hasta qué punto se ha echado al monte y lo poco que le importa ya la convivencia entre los catalanes, y entre estos y el resto de los españoles.

Rajoy, Sánchez e Iglesias tienen el mismo derecho que Mas a dirigirse a la sociedad catalana. Pero Mas solo quiere precipitar la ruptura, y qué mejor manera de hacerlo que dividiendo a los catalanes entre colonos, que apoyan a los “grandes jefes” de la metrópoli, y aborígenes, que lógicamente apoyan al libertador del siglo XXI, Artur Mas i Gavarró. Ese es el primer paso para que una vez proclamada la independencia se inicie el correspondiente proceso de descolonización. Quiero pensar que Mas no es consciente de hasta qué punto pueden llegar a resultar ofensivas sus palabras para cientos de miles de catalanes que ni se consideran colonos ni tienen la sensación de vivir en una reserva india, salvo cuando ven a alguno de sus gobernantes hacer el indio como lo ha hecho Mas.

El proceso de descolonización asoma cuando los líderes independentistas invitan a los bancos catalanes a marcharse de Cataluña en caso de independencia; cuando la CUP propone “replantear” la continuidad de funcionarios del Estado español en Barcelona; o cuando el Gobierno presidido por Mas pone en marcha a través del juez Santiago Vidal un proceso de reclutamiento de jueces para cubrir las plazas que queden vacantes en una hipotética Cataluña independiente. Al parecer, la Generalitat estima que unos 250 jueces de los 800 con destino actualmente en Cataluña se irían de aquí en caso de secesión. Déu n’hi do! En este irregular proceso para acceder a la judicatura del Estado catalán los candidatos no tendrían por qué ser jueces de carrera, ni siquiera por el tercer turno como el propio Vidal: basta con ser abogado. Entre esto y la diplomacia en manos de Albinyana… ¡Dios salve a Cataluña!

¡Que se vayan los bancos! ¡Que se vayan los jueces! ¡Que se vayan los empresarios desafectos!, claman Mas, Junqueras, Romeva, Forcadell, Fernández el de la chancla y compañía, autoerigidos en propietarios de Cataluña. Ellos determinan quiénes son los adversarios del pueblo de Cataluña; quiénes forman parte del pueblo catalán y quiénes no; replantean a su sabor la continuidad de funcionarios en Barcelona y proponen cortes de mangas colectivos a los “grandes jefes de Madrid”. Todo con una sonrisa democrática.

Poco les interesa a los nacionalistas la importancia de esas entidades bancarias para la economía catalana. Tanto les da que esos funcionarios del Estado español cuya presencia pretenden “replantear” tengan aquí su familia, sus amigos, su vida. Sé de alguno que, aun siendo madrileño, en cuanto pudo elegir destino no dudó en pedir Barcelona porque siempre fue un enamorado de Cataluña. De eso hace ya 35 años. Su tercer hijo nació aquí, también sus nietos. Son catalanes y no quieren dejar de ser españoles. Pero no por el abyecto interés de mantener la nacionalidad española para preservar la ciudadanía europea, sino porque se sienten parte de esa realidad humana, política y social y no quieren dejar en la estacada al resto de los españoles en la prosecución de ese proyecto sugestivo de vida en común llamado España. Nadie tiene derecho a dejarlos fuera. Conviene tenerlo muy presente mañana. Nos jugamos mucho. La convivencia entre catalanes y la concordia con el resto de los españoles, ni más ni menos.

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¿Cataluña debería tener un gobierno normal?

(Artículo publicado en ABC el 17/04/2014)

Artur Mas reconoce que el escenario más probable que baraja es el de transformar las próximas elecciones autonómicas en un plebiscito. La ley electoral no prevé la modalidad de elecciones plebiscitarias, es decir, o bien se celebran elecciones, o bien se hace un referéndum, y un plebiscito no es otra cosa que un referéndum. Intentar celebrar un referéndum encubierto puede incluso constituir un fraude de ley, pero si la legalidad de la fórmula resulta cuando menos dudosa, lo que no admite discusión es que en ningún caso los resultados de esos comicios podrían derivar en consecuencias jurídicas vinculantes para nadie. Así, al margen de que no es lo mismo contar votos que escaños –nuestro sistema electoral proporcional corregido garantiza una representatividad por territorios que en la práctica supone una sobrerrepresentación de las provincias de Girona, Lleida y Tarragona-, una independencia proclamada de resultas de un hipotético triunfo electoral de los partidos independentistas no tendría validez jurídica alguna.

Ahora bien, lo que sí es legítimo es que Mas convoque elecciones anticipadas –y quizá lo mejor sería que lo hiciera cuanto antes- y lo haga con un programa nítidamente independentista y no protegido por el banderín de enganche del derecho a decidir como en las elecciones del 2012. No en vano, como acertadamente señaló Rubalcaba en el debate de la semana pasada en el Congreso, el derecho a la autodeterminación es un derecho concebido para irse y no para quedarse. Deshagamos de una vez este entuerto: CiU no ha ganado nunca unas elecciones con un programa explícitamente independentista, entre otras cosas porque con toda probabilidad ello hubiera significado la ruptura de la federación en la medida en que se supone que Unió no es independentista. Ni siquiera está claro que Convergència sea tan unánimemente independentista como parece. En todo caso, llegados a este punto no es de recibo que el partido que está pilotando un proceso cuya única finalidad plausible es la independencia no se haya presentado nunca a unas elecciones con un programa inequívocamente independentista.

Los promotores del referéndum en Cataluña se empeñan en seguir presentándolo como la quintaesencia de la democracia, en contra de la experimentada opinión del exministro de Asuntos Intergubernamentales de Canadá e inspirador de la célebre Ley de Claridad canadiense, Stéphane Dion, que recuerda siempre que puede que “un referéndum de autodeterminación es un traumatismo social”. De ahí que lo más lógico hubiera sido que, antes de empezar a plantearnos si nos convenía embarcamos en tamaño trastorno, los ciudadanos de Cataluña hubiéramos tenido la oportunidad de conocer de antemano la opinión sin ambages de nuestros partidos políticos en torno a la independencia, no sólo la de CiU sino también la de otros que, como ICV-EUiA, han jugado interesadamente la carta de la ambigüedad.

No vale eso que dice el líder ecosocialista Joan Herrera de que “primero hay que ganar el derecho a decidir” y luego ya se verá cuál es la posición del partido con respecto a la independencia. Si a lo que aspiran es a la independencia de Cataluña, que se presenten a las próximas elecciones con un programa claramente independentista; y si los partidos inequívocamente independentistas obtienen de esta forma una mayoría suficiente para gobernar, entonces sí estarán a mi juicio legitimados para promover dentro del marco legal y constitucional vigente la celebración de un referéndum (consultivo) de secesión.

Precisamente en Quebec, de donde procede Dion, se han celebrado hace unos días unas elecciones de inequívocos tintes plebiscitarios. Eran unas elecciones y no un referéndum, pero la campaña electoral había sido un auténtico plebiscito sobre la oportunidad de convocar un nuevo referéndum sobre la secesión de Quebec como los de 1980 y 1995. Pues bien, bajo el revelador lema “Juntos, nos ocuparemos de los problemas reales”, el Partido Liberal, contrario a la celebración de un nuevo referéndum, obtuvo la mayoría absoluta con 70 escaños de los 125 de que se compone el Parlamento quebequés. Por su parte, los defensores del referéndum, los nacionalistas del Partido Quebequés (PQ), han cosechado sus peores resultados desde la década de 1970 obteniendo menos de la mitad de escaños (30) que el Partido Liberal. Un auténtico descalabro del separatismo, que, según el editorial del 7 de abril del diario The Globe and Mail, uno de los más influyentes de Canadá, podría haber sido todavía peor de haber durado la campaña una semana más, pues la intención de voto a la Coalición para el Futuro de Quebec (CAQ en sus siglas en francés, una formación soberanista, pero no independentista, y contraria también a la celebración de un nuevo referéndum) se disparó en las encuestas de los últimos días y a punto estuvo de igualar al PQ en voto popular en las urnas. Estas elecciones han sido, según The Globe and Mail, “un referéndum sobre si Quebec debería tener un gobierno normal”, es decir, un gobierno que evite el traumatismo social de un referéndum secesionista y que intente hacer lo que hacen los gobiernos normales: gobernar. Y los votantes han respondido con un aplastante “Sí”.

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Un principio de caso único

(Artículo publicado en Crónica Global el 10 de enero de 2014)

Los partidarios del llamado derecho a decidir de Cataluña se empeñan en identificarlo con un supuesto principio universal de “radicalidad democrática” que al parecer consiste paradójicamente en establecer que el pueblo catalán tiene derecho a autodeterminarse de manera unilateral e independiente de lo que digan la Constitución y las leyes. En teoría, un principio es una norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta, es decir, una pauta general. Sin embargo, la originalidad del principio de radicalidad democrática al que apelan los nacionalistas catalanes es que es un principio de caso único, porque sólo es aplicable al pueblo catalán y, además, se limita a una única cuestión: ¿continuidad en España o secesión?

Pero ese principio de caso único no es una inocente contradicción en los términos, sino una  arbitrariedad en toda regla que sólo puede responder a la intención de sus ideólogos de enmascarar determinadas maniobras u objetivos políticos que ni siquiera ellos mismos consideran razonables en sus actuales planteamientos. No en vano tales planteamientos, cuyo único objetivo es hacer creer al mundo que las demandas independentistas son la quintaesencia de la democracia en contraposición con el carácter pretendidamente antidemocrático de lo que ellos denominan el “Estado español”, se basan esencialmente en dos imposturas a cual más arbitraria:

1.- Falseamiento selectivo de la historia. Los independentistas catalanes se empeñan en presentar la Guerra de Sucesión y el subsiguiente proceso de centralización del poder implantado en España por los Borbones –proveniente de la innovadora Francia, no lo olvidemos- como el inicio de una supuesta ilegitimidad democrática del Estado español, como si las instituciones catalanas abolidas tras la caída de Barcelona en 1714 fueran instituciones democráticas, y no puramente aristocráticas y estamentales, y como si en el resto de los Estados de nuestro entorno no hubieran tenido lugar procesos similares de racionalización administrativa y eliminación de barreras aduaneras interiores. Y es que, siguiendo la lógica independentista, no existiría entre nuestros vecinos europeos ningún Estado moderno legítimamente democrático, pues lo ocurrido tras la Guerra de Sucesión y la implantación del absolutismo en España se parece mucho a lo ocurrido poco antes o después en Francia, Austria, Rusia e incluso en Inglaterra antes de la Revolución Gloriosa de 1688. Es decir, si la historia moderna de España es por definición antidemocrática como sostienen los nacionalistas catalanes, no lo es menos la de esos otros países, algunos de cuyos gobernantes han recibido recientemente una carta y un memorándum de parte del presidente Mas pidiéndoles apoyo en su determinación de celebrar este año una consulta que acabe con “tres siglos de sumisión del pueblo catalán” (sic). Es de suponer que, a cambio, el presidente autonómico se comprometerá al menos a no pasar la historia de aquellos Estados –si es que hay alguno- que tengan a bien brindarle su apoyo por el implacable tamiz del independentismo catalán, pues es evidente que ninguno de ellos pasaría el test de calidad democrática elaborado por los secesionistas catalanes.  

2.- Falseamiento selectivo del presente. Los independentistas catalanes no se conforman con moldear arbitrariamente la historia, sino que hacen lo propio con el pasado más reciente y aun con el presente. Se empeñan ahora en hacernos creer, y en hacer creer al mundo, que la Constitución de 1978 carece de legitimidad democrática. Tanto es así que le achacan una doble falta de legitimidad: por un lado, por las circunstancias excepcionales en que fue aprobada tras la dictadura franquista, y, por otro, porque la mayoría de los catalanes de hoy no habían nacido o todavía eran menores de edad en 1978.

Olvidan que las dos supuestas faltas que pretenden endosarle a nuestra Carta Magna son comunes a las Constituciones de la mayoría de los países de nuestro entorno. ¿Acaso algún independentista catalán discute la legitimidad democrática de la Constitución alemana, la Ley Fundamental de Bonn de 1949, que fue redactada por un órgano constituido a instancias del mando militar de las zonas de ocupación estadounidense, británica y francesa tras la Segunda Guerra Mundial y que nunca fue sometida a referéndum de todo el pueblo alemán? ¿O la de la Constitución japonesa de 1945, redactada por una veintena de expertos estadounidenses durante la ocupación aliada posterior a la Segunda Guerra Mundial y que hasta ahora no ha sido objeto de ninguna reforma? ¿Discute alguno el valor de la Constitución italiana de 1947 o el de la francesa de 1958 por el hecho de que la inmensa mayoría de sus ciudadanos no las hayan votado? Por no hablar de la Constitución de los Estados Unidos, de 1787, que con frecuencia es presentada por comentaristas y tertulianos independentistas como ejemplo de Constitución flexible, pese a tratarse de una Constitución tan rígida como la que más cuya última enmienda, por cierto, se aprobó en 1971, hace más de cuarenta años. Desde entonces, no ha habido más reformas a excepción de la entrada en vigor de la enmienda 27 en 1992, a pesar de haber sido remitida por la Cámara de Representantes a las asambleas legislativas de los Estados para su aprobación más de ¡200 años antes!, en 1789. ¡Qué dirían los nacionalistas catalanes, tan inclinados a magnificar cualquier nadería para intentar probar la baja calidad de la democracia española, si en España una reforma constitucional hubiera tardado 200 años en ver la luz…!

Las Constituciones son, por definición, textos orientados a perdurar en el tiempo, porque su finalidad es dotar de seguridad y estabilidad la convivencia de una determinada comunidad humana sobre la base del respeto a los derechos individuales y de las minorías. De hecho, es la salvaguarda de los intereses de las minorías estructurales que integran España, y no precisamente la defensa de los intereses coyunturales respectivos de los grandes partidos nacionales (PP y PSOE) como sostienen los nacionalistas, la principal justificación de la necesidad de alcanzar grandes consensos si lo que se pretende es reformar la Constitución, consensos imposibles de alcanzar por un solo partido por muy mayoritario que sea.         

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El señuelo de la consulta

(Artículo publicado en Crónica Global el 09/10/2013)

No cabe duda de que el independentismo ha sabido aprovechar la crisis para ampliar considerablemente sus bases sociales. Pero acaso su logro más importante sea haber sabido disfrazar su único, particular y hasta ahora siempre minoritario objetivo, la secesión de Cataluña, tras el velo de otro aparentemente mucho más sugestivo, transaccional y, sobre todo, más fácilmente aceptable para el conjunto de los ciudadanos de Cataluña: el llamado “derecho a decidir”.

Se trata, en el fondo, de un señuelo que los independentistas utilizan para dar a entender que ese “problema de Cataluña” del que, en abstracto, hablaba Artur Mas en el último Debate de Política General se encuentra fuera de Cataluña, en Madrid o en el Estado español que nos niega ese supuesto derecho, y no en la propia sociedad catalana. Soslayan los independentistas que la sociedad que dicen querer emancipar es mucho más compleja y diversa de lo que ellos pretenden, y se empeñan en presentar la consulta como el remedio definitivo que arrancará de raíz el problema de Cataluña porque los catalanes seremos por fin dueños de nuestro destino, como si hasta ahora no lo hubiéramos sido. ¿Afrontarán algún día los secesionistas el hecho de que su anhelada independencia no sólo les separa del resto de los españoles, sino sobre todo de muchos catalanes que preferimos seguir siendo plurales y diversos en nuestra propia identidad? Quizá entonces se den cuenta de que, en lugar de solucionar un problema, su maniquea aventura nos ha sumido en otro mucho más severo, insoportable y difícil de remediar.

Sea como fuere, los independentistas no sólo han logrado situar su objetivo en el centro de nuestro debate público como si fuera un anhelo compartido por todos los catalanes, sino que además han conseguido neutralizar la oposición dentro de Cataluña. Primero, tildándola de antidemocrática a las primeras de cambio y, segundo, acusándola de practicar lo que ellos llaman el “discurso del miedo”. Lo primero se traduce en una actitud de autocontención, cuando no de condescendencia, entre quienes se oponen a la ruptura con el resto de España (sobre todo entre quienes defienden el “derecho a decidir” pero no la independencia: PSC, Unió Democràtica e incluso, en ocasiones, ICV-EUiA) lo que ha permitido a los independentistas actuar de continuo como si Cataluña fuera ya virtualmente independiente y les ha dado alas para imponer, entre otras ideas, la creencia de que la consulta que propugnan constituye la quintaesencia del principio democrático, pretensión que resulta como mínimo discutible, entre otras cosas, porque no se puede obviar que cuando se proclama la subjetividad política y jurídica del pueblo catalán se está negando la del conjunto del pueblo español que reconoce la Constitución.

En cuanto al tan traído y llevado “discurso del miedo”, resulta cuando menos insólito que, precisamente aquellos que se empeñan en presentar la mejor etapa de la historia de Cataluña en términos objetivos de bienestar social, crecimiento económico y autogobierno -los treinta y cinco años que van desde la aprobación de la Constitución de 1978 hasta nuestros días- como un período oscuro de privaciones y sinsabores que los catalanes debemos superar si no queremos que “la catalanidad desaparezca” (Jordi Pujol dixit), se atrevan a atribuir el “discurso del miedo” a quienes se limitan a advertir de los riesgos que conllevaría la independencia. Paradójicamente, son los propios independentistas quienes a diario dan fe, aunque de manera involuntaria, de las bondades de formar parte de España cuando afirman que Cataluña es uno de los motores económicos de Europa, una de las regiones más dinámicas del Sur de Europa con un PIB similar al de Finlandia o Dinamarca, además de ser la avanzadilla cultural de España. ¿Pero no habíamos quedado en que somos un pueblo secularmente oprimido y expoliado? Pues bien, parece que para los independentistas no supone un contrasentido el hecho de defender algo y su contrario al mismo tiempo, lo cual me parece perfectamente coherente con su determinación de alcanzar la independencia a todo trance, sin reparar en riesgos.

Sin embargo, lo que ya no resulta tan coherente es que aquellos que se manifiestan a favor del derecho a decidir pero en contra de la independencia se alineen con los independentistas en su sistemática campaña de desmerecimiento de los innegables progresos y consecuciones del sistema autonómico y de la democracia española en general. Así, rebajando los avances y amplificando sobremanera las fallas de nuestro actual Estado, lo único que consiguen es hacerles el juego a los independentistas y, de paso, desarmarse de antemano de cara a una hipotética consulta sobre el futuro político de Cataluña en la que supuestamente habrían de defender la continuidad de Cataluña en España. Al fin y al cabo, ¿cómo van a defenderla, llegado el caso, quienes no ven en ella más que perjuicios?

Llegados a este punto, quizá convenga recordar lo obvio: ser partidario del Estado autonómico, de un Estado regional asimétrico, de un Estado federal o de un Estado confederal no es ser partidario de la independencia, sino, en todo caso, de reformar el Estado español y, en última instancia, de la unidad de España. Y la unidad de la España constitucional no es sinónimo de un Estado antidemocrático, ni unitarista ni centralista como algunos pretenden, sino de un Estado de Derecho que reconoce y garantiza la autonomía de las nacionalidades y regiones que lo integran, así como los derechos y libertades fundamentales de sus ciudadanos en cuanto ciudadanos, con independencia de su adscripción identitaria.

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La independencia y la cuestión española

Me dispongo a escribir uno de los artículos más difíciles de cuantos he escrito sobre la llamada cuestión catalana, que en el fondo es también una de las grandes cuestiones españolas, por no decir la principal, al menos durante los últimos cien años. Digo que es un artículo difícil porque lo que pretendo es condensar en él mi opinión sobre la cuestión de la forma más honesta posible, es decir, renunciando a emplear paños calientes para disimular aquellos aspectos de mi juicio que intuyo pueden, hasta cierto punto, desnaturalizar a los ojos de los independentistas mi oposición frontal a la secesión de Cataluña.

En primer lugar, quiero constatar la sensación que tengo últimamente de que los catalanes que queremos seguir siendo españoles nos estamos replegando y dejando a menudo en manos de los catalanes que quieren dejar de serlo la representación y la articulación de nuestros intereses colectivos, como si admitiéramos que ellos tienen más derecho a ostentar esa responsabilidad que nosotros por el solo hecho de sentirse solamente catalanes, como si su catalanidad fuera más pura, más legítima por ser excluyente. Nuestra autocontención, nuestra condescendencia ha permitido a los independentistas actuar de continuo como si Cataluña fuera ya virtualmente independiente y les ha dado alas para imponer, entre otras ideas, la creencia de que el referéndum de independencia que propugnan constituye la quintaesencia del principio democrático, cuando a mi juicio representa más bien la negación de dicho principio, así como el fracaso de nuestro proyecto sugestivo de vida en común, que diría Ortega. Nótese que Ortega no empleaba al buen tuntún el adjetivo “sugestivo” sino que lo hacía desde el conocimiento de la complejidad española y desde el convencimiento de que sólo a través de la sugestión y de la voluntad de alcanzar acuerdos se conseguiría la anhelada vertebración de España. Los nacionalistas maximalistas, por el contrario, nunca han creído en las soluciones transaccionales ni en la sugestión mutua, porque ven en la negociación un escollo para implantar sus objetivos monistas. Antes que aceptar el verdadero sentido de la política, el de la negociación constructiva, prefieren alimentar la sensación de agravio entre la sociedad a la que dicen querer emancipar, cuando en realidad no hacen más que encadenarla con su actitud a la más improductiva y mórbida de las melancolías.

Ahora bien, defender la independencia de Cataluña es un objetivo político tan legítimo como defender su permanencia en España. Lo que ya no me parece tan legítimo es justificar tal objetivo sobre la base de mentiras y agravios imaginarios ni plantearlo en términos inaceptables para el Estado central con el manifiesto objetivo de imposibilitar la resolución de la cuestión catalana dentro de España. Y eso es precisamente lo que están haciendo CiU y su socio parlamentario, ERC, al plantear la cuestión no como un objetivo político sino como un derecho inalienable del pueblo catalán, eufemísticamente denominado derecho a decidir. Creo sinceramente que el referéndum de independencia no es de ninguna manera una exigencia ni democrática ni justa, sino en todo caso una válvula de escape al callejón sin salida en el que no nos ha metido el Estado español, sino precisamente los políticos nacionalistas al presentar la independencia como una suerte de piedra filosofal contra la crisis, en un ejercicio de diletantismo político sin parangón que, una vez más, pone de manifiesto su proverbial y nefasta inclinación a dar respuestas fáciles a problemas complejos. Así pues, yo agradezco la intención del gobierno central de preservar la unidad de España como espacio de convivencia intrínsecamente plural, pero creo, como ya he dicho otras veces, que España necesita una ley en la línea de la Clarity Act canadiense, que prevé un complejo proceso de negociaciones políticas para el caso de que una mayoría clara de los ciudadanos de Quebec votara, siempre en respuesta a una pregunta clara, a favor de la secesión de la provincia francófona.

Decía Duran Lleida, en el debate sobre el estado de la nación, que “España no saldrá adelante sin resolver la cuestión catalana”. Pues bien, estoy de acuerdo con Duran, si bien yo añadiría que tampoco Cataluña saldrá adelante sin resolver la cuestión española. Pero cuidado que la cuestión catalana puede resolverse por las buenas, mediante el diálogo y el acuerdo dentro de la legalidad para que Cataluña permanezca en España; o por las malas, mediante la ruptura incluso unilateral como en última instancia plantea el líder de ERC, Oriol Junqueras. Sin embargo, la cuestión española en Cataluña es mucho más difícil de resolver desde fuera de España, porque somos muchos los que en Cataluña nos sentimos catalanes en cuanto españoles y viceversa. Así, si desde el poder político se nos impone la idea de que ambos sentimientos son irreconciliables, nuestra manera de interpretar la realidad cambiará necesariamente y muchas de las cosas que hasta ahora nos parecían plausibles y aun deseables en aras de la convivencia–por ejemplo, la protección de la lengua catalana como patrimonio cultural que reconoce la Constitución española- quizá dejen de parecérnoslo. La principal virtud de nuestro Estado constitucional ha sido y es precisamente su capacidad para integrar su heterogeneidad, el pluralismo interno no sólo del todo sino también de las partes, pues si la nación española –la única nación política, además de cultural, de cuantas conforman España- es intrínsecamente plural por definición, no lo son menos el resto de las naciones culturales españolas, entre ellas por supuesto la catalana.

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El velo de la independencia

La noticia de que la Abogacía del Estado ve motivos para recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la resolución 5/X del Parlamento catalán, que bajo el título Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña proclama al pueblo de Cataluña como sujeto político y jurídico soberano, es la predecible señal que esperaban los impulsores de la declaración para poner en marcha la siguiente fase del juego: el escarnio público del Estado por su naturaleza antidemocrática. Por ejemplo, el inefable portavoz del gobierno catalán, Francesc Homs, no ha tardado en advertir que “esto no es democracia”, afirmación que, dicho sea de paso, pone de relieve su característica fatuidad en la medida en que no se limita sólo a valorar una decisión probable sino que va más allá al fijar por sí y ante sí el significado de la palabra “democracia”.

El caso es que, hasta ahora, todo está saliendo según lo previsto por la alianza CiU-ERC y su tonto útil –por decirlo en palabras de Karl Marx- en este particular, ICV-EUiA, lo cual paradójicamente viene a demostrar todo lo contrario de lo que denuncian Homs y compañía, toda vez que la previsibilidad en la actuación de los poderes públicos no es contingente, sino condición sine qua non para la salvaguardia de la seguridad jurídica que debe presidir el funcionamiento de cualquier Estado democrático de Derecho. Así pues, juegan –porque su liviana actitud sólo se entiende si se concibe como un juego; de consecuencias ominosas para la sociedad catalana, eso sí- con ventaja porque pueden prever de antemano los pasos que con arreglo a Derecho darán las instituciones del Estado que en todo caso respetan las reglas del juego. En cambio, quienes se proponen subvertir el orden constitucional desde un Parlamento autonómico, es decir, desde dentro del Estado se pueden permitir en su objetivo especular e improvisar en función de los márgenes de previsibilidad de la actuación del Estado central como si esa exigencia de previsibilidad no fuera con ellos, como si su poder no emanase de la misma fuente que el resto de los poderes de ese Estado que pretenden fragmentar: el conjunto del pueblo español y la Constitución.

Pero ¿por qué obran a sabiendas de forma tan manifiestamente desleal? ¿Por qué no persiguen sus legítimos objetivos políticos, como se ha hecho en Quebec y en Escocia,  dentro de los márgenes legales establecidos? Pues sencillamente porque, al menos CiU y ERC, actúan con doblez y reserva mental cuando retóricamente distinguen entre derecho a decidir e independencia. Para ellos ambos objetivos son indisociables y simultáneos, de ahí que en ningún caso contemplen la posibilidad de dar la batalla por el derecho a decidir a secas siguiendo los cauces legalmente establecidos, es decir, o bien mediante una reforma constitucional, o bien mediante una reforma de la ley orgánica que regula las modalidades de referéndum, o bien mediante la aprobación de una ley orgánica específica sobre el referéndum de autodeterminación en la línea de lo que se ha hecho en el Reino Unido para el caso escocés. El problema es que ninguna de esas vías favorece de suyo la causa independentista, entre otras cosas porque todas ellas implican aceptar la verdadera esencia de la democracia, que no es otra que la gestión de la pluralidad dentro de un marco legal establecido de consuno por una determinada comunidad política.

Sin embargo, no resulta difícil correr el velo de la reserva mental de los suscriptores de la resolución, pues ellos mismos se empeñan en insistir de continuo en que necesitan “cargarse de razones” para justificar su estrategia. De esta forma están reconociendo implícitamente que en todo momento actúan buscando la oposición de Madrid, apostando siempre por la opción más difícil de conciliar con el orden constitucional en lugar de explorar vías de acuerdo mucho menos provechosas a la causa independentista. La intención es clara: se trata de extremar el envite descartando cualquier posibilidad de solución de la cuestión catalana dentro de la legalidad española con el objetivo último de demostrar que en España no hay nada que hacer y que por tanto la única salida es la independencia. A eso se refieren cuando hablan de “cargarse de razones”. Se trata sin duda de un ejercicio de racionalización en el sentido psicoanalítico del término. En psicoanálisis, la racionalización es un mecanismo de autodefensa que se da cuando un sujeto pretende justificar mediante una explicación pretendidamente lógica y aceptable para el resto determinados actos propios que, de otra forma, resultarían difícilmente justificables.

Si finalmente el gobierno central recurre ante el TC la resolución del Parlamento catalán, su respuesta será de todo punto conforme a derecho y por tanto previsible. De hecho, de no hacerlo, el gobierno estaría desatendiendo sus obligaciones. Los impulsores de la declaración soberanista lo sabían de antemano y de ahí que hicieran la declaración que hicieron, mucho más ambiciosa y totalizante que las anteriores aprobadas por la Cámara catalana. Lo dicho, todo está saliendo a pedir de boca para CiU, ERC y su tonto útil en este particular, ICV-EUiA. Al menos por ahora, porque tarde o temprano se verán en la obligación de afrontar una realidad mucho más compleja que sus ensueños monistas. No en vano han decidido unilateralmente que el consenso constitucional está roto, que no quieren seguir compartiendo un espacio de convivencia y de solidaridad con el resto de los españoles, que no quieren seguir compartiendo mieles y hieles bajo el paraguas de un mismo Estado con castellanos, andaluces, vascos, gallegos y demás pueblos de España. Vale. Pero algún día tendrán que afrontar el hecho de que su anhelada independencia no sólo les separa del resto de los españoles, sino sobre todo de muchos catalanes que preferimos seguir siendo plurales y diversos en nuestra propia identidad. Quizá entonces se den cuenta de que, en lugar de solucionar un problema, su aventura nos está sumiendo en otro mucho más severo, insoportable y difícil de remediar.

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La diferencia entre Lincoln y un Bárcenas cualquiera

Los casos de corrupción se multiplican por momentos a lo largo y ancho de la geografía española. Tanto es así que gana fuerza entre nuestra opinión pública la idea de que el único fenómeno auténticamente nacional, realmente igualatorio de todos los pueblos de España, es una concepción utilitaria de la política como pasaporte al enriquecimiento ilícito e impune. Ni que decir tiene que la corrupción no es un mal privativo de España, pero por desgracia la corrupción política ha dejado de ser una mera anécdota en nuestro país para convertirse, en el mejor de los casos, en una anécdota bastante categórica. De ahí que se imponga la necesidad perentoria de un gran pacto nacional por la transparencia y contra la corrupción, en la línea de otros grandes acuerdos inclusivos por definición como los Pactos de la Moncloa. La mal llamada clase política de este país necesita urgentemente una catarsis, que debería ir acompañada de un ejercicio generalizado de introspección en el seno de la ciudadanía española acerca de nuestra actitud con respecto a esta lacra, pues hasta ahora la respuesta de nuestra sociedad ha fluctuado mayoritariamente entre dos clases de reacciones alternativas, distintas pero igualmente indeseables para nuestra salud democrática.

Por un lado, están los posibilistas, es decir, quienes piensan que la corrupción se halla tan sólidamente instalada en nuestra clase política que hay que aceptarla como una constante y no ya como una variable del proceso político. Quienes experimentan esta reacción tienden a cerrar filas en torno a su partido predilecto y, lejos de abandonar el proceso político, desdramatizan sus corruptelas tildándolas de deslices aislados, en contraposición con las del resto de los partidos, estructurales fuentes de irreparables daños sociales. Ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio; y así, en lugar de ayudar, tienden a favorecer la persistencia del mal.

Por otro lado, están los desafectos, es decir, aquellos que en vista de la putrefacción que contamina nuestra política han perdido definitivamente la confianza en ella como medio para la resolución de conflictos y, en definitiva, para la ordenación de nuestra vida colectiva. Al contrario que los posibilistas, los desafectos toman la parte por el todo y renuncian a participar en el proceso político, de suerte que en lugar de ayudar tienden también a favorecer la persistencia del mal. Olvidan las palabras de Confucio: “Quien comete un error y no lo corrige comete otro aún mayor”.

Pero la corrupción política no es, insisto, un mal privativo de España, sino que se halla en todas partes y en todas las épocas. De lo contrario, no se explicaría entre otras cosas que a mediados del siglo XIX Lord Acton dijera aquello de que “el poder corrompe y el poder absoluto tiende a corromper absolutamente”. Más o menos en la misma época en que Acton formulaba su célebre máxima en Inglaterra, en los Estados Unidos el presidente Lincoln –de actualidad gracias a la película de Steven Spielberg, muy recomendable por cierto-  recurría a la corrupción para convertirse, en palabras de uno de sus más acerbos críticos dentro del Partido Republicano, Thaddeus Stevens, en “artífice y cómplice del acto más grande del siglo XIX”: la abolición de la esclavitud y la reunificación del país tras la Guerra de Secesión. Pues sí, Lincoln luchó por la realización de sus nobles ideales a toda costa, hasta tal punto que no dudó en recurrir a la corrupción y al tráfico de influencias para lograr la aprobación por la Cámara de Representantes de la famosa decimotercera enmienda de la Constitución estadounidense.

La diferencia entre Lincoln y un Bárcenas cualquiera está en que Lincoln reunía las tres cualidades fundamentales que según el filósofo Max Weber debe reunir un político: la pasión, el sentido de la responsabilidad y la mesura. La primera de ellas, la pasión, la entiende Weber en el sentido de “positividad”, de entrega apasionada a una causa -en el caso de Lincoln, la abolición de la esclavitud y la reconstrucción del país-, y no en el sentido de lo que Weber denomina “excitación estéril”, y la contrapone con la vanidad, “un enemigo muy trivial y demasiado humano” que no consiste en otra cosa que en el disfrute hedonista e irresponsable del poder por el poder. De hecho, según Weber, no es la pasión la cualidad psicológica decisiva para el político, sino la mesura porque “la pasión no convierte a un hombre en político si no está al servicio de una ‘causa’ y no hace de la responsabilidad para con esa causa la estrella que oriente la acción”. Todo lo contrario de nuestros políticos corruptos, que adolecen de los dos principales vicios que, según Weber, puede tener un político: la ausencia de finalidades objetivas y la falta de responsabilidad. Basta con repasar someramente y sin partidismo el comportamiento errático de parte de nuestras actuales clases dirigentes para suscribir sin faltar una coma las palabras de Weber.

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