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El precio de cuestionar la inmersión

El debate sobre la lengua en Cataluña resulta kafkiano para cualquiera que no comulgue con el dogma del nacionalismo lingüístico dominante en el debate público catalán. El adjetivo no es gratuito, sino que describe fielmente la sensación que muchos catalanes experimentamos cada vez que tratamos de debatir con honestidad sobre el modelo de inmersión obligatoria que impera en Cataluña. La situación resulta invariablemente absurda y angustiosa, esto es kafkiana, lo cual suele provocar que la mayoría de los discrepantes acaben resignándose y rehuyendo la discusión, por no adentrarse en la ciénaga de falsedades e imposturas que los nacionalistas llevan más de tres décadas espesando para evitar el debate racional. Doy fe de que la experiencia resulta agotadora por la desfachatez con que políticos y tertulianos nacionalistas distorsionan la realidad, pervirtiendo las palabras y atribuyendo indefectiblemente a quienes criticamos la inmersión veleidades anticatalanas. De ahí que entienda la resignación de algunos, aunque no la comparta.

Cualquier observador de la realidad política y mediática catalana sabe que hay temas que, en un momento u otro, aparecen en casi todos los debates. Son temas recurrentes como el de la inmersión lingüística, que los nacionalistas tratan con la comodidad de saber que el debate está neutralizado de antemano. Ello es así no solo por su facilidad para desenfocar a conveniencia sus propios planteamientos, sino sobre todo por la naturalidad con que los nacionalistas desvirtúan los de quienes cuestionamos la inmersión, empeñándose en asegurar que defendemos lo que la mayoría de los críticos nunca hemos defendido: un modelo monolingüe en castellano o la separación de los alumnos por razón de lengua. Demuestran muy poca confianza en la bondad del sistema de inmersión que defienden, cuando necesitan tergiversar sistemáticamente los planteamientos de quienes nos oponemos. Así neutralizan el debate, y lo hacen porque saben positivamente que si éste se abriese ahora en el seno de la sociedad catalana, y se permitiese que cada cual defendiese en igualdad de condiciones sus posiciones sin que nadie las falsee, es muy probable que la mayoría de los catalanes apostásemos por abandonar el monolingüismo actual en pro de un modelo bilingüe o trilingüe.

Hace pocos días, concretamente el martes pasado en la tertulia de Els Matins de TV3, viví uno más de esos episodios kafkianos que llevan a muchos catalanes a desistir de la esperanza de que algún día en Cataluña podamos disfrutar de un sistema educativo respetuoso con el bilingüismo estructural de nuestra sociedad. La composición de la mesa era tan plural como de costumbre: en esta ocasión había un independentista de extrema izquierda (Marc Sallas, de la CUP), un independentista de izquierda (Josep-Lluís Carod-Rovira), una humorista independentista (Empar Moliner) y finalmente, para poder presentar la francachela nacionalista como un debate equilibrado, un servidor.

Carod sacó el tema de la lengua, y la discusión subsiguiente fue un ejemplo paradigmático de la deshonestidad con que los nacionalistas plantean este debate:

1) Los nacionalistas acusando a Ciudadanos, al PP y a cualquiera que se atreva a discutir la inmersión de defender el monolingüismo en castellano y de querer acabar así con la lengua catalana.

2) Los nacionalistas (sí, los mismos que promueven escraches a familias que piden educación bilingüe para sus hijos) negando que la inmersión suponga la exclusión del castellano de la escolaridad pública. (La pregunta es: ¿entonces por qué se ponen histéricos cuando el Tribunal Constitucional dice que el castellano ha de ser también vehicular en las aulas catalanas o cuando el TSJC, ante los reiterados incumplimientos de sus sentencias, fija en un 25% el número de horas de castellano a la semana?).

3) Los nacionalistas acusando al discrepante -en este caso, yo- de mentir sobre la realidad de las escuelas catalanas, e incluso de querer “practicarle la eutanasia” (sic) a la lengua catalana, a pesar de que yo no había hecho ningún juicio de valor, sino que me había limitado a manifestar mi preferencia por un modelo bilingüe.

Y 4) los nacionalistas negándose a responder preguntas tan sencillas como: a) ¿debería el castellano ser lengua vehicular en las escuelas catalanas junto con el catalán? Y b) ¿sois partidarios -Marc, Josep-Lluís, Empar- de un sistema bilingüe?

Como se puede ver en el vídeo adjunto, ninguno de mis tres contertulios se dignó responder a mis preguntas, exactamente las mismas que le hice a la consejera de Educación de la Generalitat, Meritxell Ruiz, el pasado 1 de diciembre en El Debat de la 1, que también escurrió el bulto. Se niegan a responder porque saben que su modelo es injusto, primero porque lesiona el derecho de los niños castellanohablantes a recibir la enseñanza también en su lengua materna, pero no solo, pues el actual sistema perjudica sobremanera a los hijos de familias catalanohablantes que viven en entornos prácticamente monolingües de la Cataluña interior.

La alternativa a la inmersión lingüística no es la segregación por razón de lengua. De hecho, no hay ningún partido con representación en el Parlamento catalán que pida nada semejante. El PP y Ciudadanos proponen un modelo en el que el catalán y el castellano -como lenguas propias de la mayoría de los catalanes- y ahora también el inglés tengan una presencia equilibrada, las tres como lenguas vehiculares. No pretenden ni hacer desparecer el catalán, ni perpetrar un genocidio lingüístico ni ninguna de las maldades que los nacionalistas les acostumbran a atribuir. Por tanto, atáqueseles por lo que pretenden, el trilingüismo en las aulas, pero no por lo que a los nacionalistas les gustaría que pretendieran.

¿Qué necesidad tienen los partidarios de la inmersión de distorsionar la propuesta de Ciudadanos y el PP? ¿Por qué no la critican sin desnaturalizarla? ¿No será porque en el fondo la consideran de lo más razonable? ¿Quizá porque coincide con lo que muchos de ellos ofrecen a sus hijos? ¿Por qué razón habrían de criminalizar una propuesta que coincide con el proyecto educativo de los colegios privados y concertados que muchos de ellos escogen para su prole? Pues bien, en lugar de admitir que les gusta y que comparten la propuesta de Ciudadanos y el PP y que por ello llevan a sus hijos a colegios trilingües, estos defensores de la inmersión de los hijos de los demás deforman la realidad para presentar la generalización de su opción como una amenaza para la supervivencia del catalán.

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Tres anécdotas bastante categóricas

Perich lengua

Primera. Recuerdo la contrariedad de Pilar Rahola con un reportero del programa Migdia de 8TV por dirigirse en castellano a un entrevistado, concretamente el primer alumno gitano de un conocido colegio de Badalona que accedía a la universidad. “No entiendo por qué le habla en castellano, me parece una discriminación”, recriminó impasible Rahola, que acto seguido soltó como un resorte algunos de los tópicos más habituales del victimismo lingüístico. Que si los catalanohablantes todavía tienen el “estigma” de hablar en castellano cuando les hablan en castellano, que si “los únicos que cambian de lengua son los catalanohablantes”, que si “el catalán siempre cede” y blablablá. Ni que decir tiene que tales manifestaciones no son nuevas ni originales, sino que, por desgracia, forman parte de nuestra cotidianidad, de ahí que Rahola y compañía las presenten como lo más normal del mundo y que cuando alguien se las rebate le acaben diciendo, en el mejor de los casos, cosas como lo que me dijo a mí Rahola: “¡Hijo mío, qué pesado eres…!” Claro, ¡con lo fácil que sería que todos aceptáramos su verdad sin rechistar! Y es que ¿a quién se le ocurre preguntarle en castellano a un castellanohablante? ¡Discriminación!

En honor a la verdad, cabe decir que aquel día la patrona nacionalista no hiperventiló ni se enfureció como otras veces. Habló de discriminación a un castellanohablante ¡por hablarle en castellano!, y lo hizo como quien dice algo la mar de normal (véase el vídeo). Sin acritud, o mejor dicho, sin más acritud que de costumbre.

Segunda. Rahola habló con la misma naturalidad con que otra tertuliana -de origen castellanohablante pero ferviente activista pro “derecho a vivir plenamente en catalán”-, de cuyo nombre no quiero acordarme porque a pesar de todo le tengo simpatía, me llamó la atención por hablarle en castellano al personal de seguridad del edificio del Grupo Godó. “Pero ¿por qué les hablas en castellano?”, me preguntó preocupada. “Los vigilantes de seguridad también hablan catalán, no les discrimines”, añadió. En lugar de limitarme a decirle que se metiera en sus asuntos mi natural dialogante, unido a la tolerancia a la estupidez que he ido desarrollando en el fragor de los medios, me llevó a darle de entrada una explicación razonada sobre la base de mi reconfortante costumbre de adaptarme siempre que puedo a la lengua de mi interlocutor. Resulta que siempre que he oído hablar a esos dos guardas entre ellos, así como con las recepcionistas, lo hacían en castellano, de ahí que yo me dirija a ellos también en esa lengua, que por otra parte es mi lengua materna. “Ya, pero hablándoles en castellano les haces de menos… Así no se integrarán nunca”, repuso ella en tono compasivo. Vaya, así que les hago de menos por hablarles en su lengua, que para más inri es la lengua materna de la mayoría de los catalanes, por lo que no hay duda de que mi ofensiva actitud supone un obstáculo para su integración social. Constaté la gravedad del caso y preferí cambiar de tema.

Pero de nada sirve mirar hacia otro lado, pues la lógica esencialista que destilan propuestas como la del derecho a vivir plenamente en catalán se encuentra en la base de nuestro sistema educativo. Poco importa que un sistema de “inmersión lingüística” (hasta el término resulta inquietante) como el nuestro no exista en ningún otro país civilizado; tampoco que no pocos expertos se hayan manifestado en contra de este sistema, que pretende educar al 50% de los alumnos en una lengua distinta de la materna, con el impacto que eso tiene sobre el aprendizaje.

Poco importa, obviamente, que la imposición del catalán como única lengua vehicular de la escolaridad pública sea una barrera de entrada para “extranjeros” (por supuesto incluyendo, a efectos nacionalistas/independentistas, a otros españoles) que quieran venir un tiempo a Cataluña a vivir con sus hijos, con lo enriquecedor que ello puede resultar para todos.

Tercera. A tal respecto, me permito contar una última anécdota personal que me parece de lo más reveladora de hasta qué punto ha calado esa absurda lógica. Tuvo lugar en una guardería privada de Barcelona. Mientras mi mujer, mi hijo de año y medio y yo esperábamos en la entrada a que la directora saliese a recibirnos, me fijé en que, más allá de los típicos murales de clase, las paredes del centro estaban empapeladas con recortes de prensa. En seguida observé que uno de ellos estaba repetido varias veces, lo cual me llevó a deducir que se trataba de algo importante para el centro. Era un artículo sobre la importancia de la lengua materna, que, a grandes rasgos, hablaba de un estudio con niños chinos adoptados en Canadá que demostraba que su cerebro seguía respondiendo a la lengua materna aunque hubieran salido de su lugar de origen en los primeros meses de vida y no hubieran vuelto a practicar el chino. El artículo me pareció interesante.

Poco después, la directora nos hizo pasar a su despacho y nos explicó las líneas maestras de su proyecto educativo, que me pareció más que correcto. Sin embargo, la directora se encargó de echarlo todo por tierra cuando -antes de que yo le preguntara por el tema lingüístico- me dijo: “Veo que tú le hablas -al niño- en catalán y tu mujer en castellano”. No sé qué le hizo suponer tal cosa, pero el caso es que normalmente los dos le hablamos al pequeño en castellano -sin perjuicio de que con frecuencia le digamos cosas en catalán, entre otras cosas porque es la lengua en la que le habla parte de su familia materna- y así se lo hice saber a la directora, a lo que ella, con la misma naturalidad con que Rahola reconvino al reportero de 8TV, respondió: “Tranquilos, que aquí ‘sólo’ se le hablará en catalán”. Claro, ya se sabe que eso de la lengua materna es importante para todo el mundo… excepto para los niños castellanohablantes (Véase la viñeta que “El Perich” publicaba en El Periódico el 21/09/1993).

Por supuesto, me fui “tranquilamente”… para no volver. Busqué y encontré otra guardería, también privada, en la que castellano y catalán tienen una presencia equilibrada en el aula. Lo malo es que de esa lógica perversa uno puede escapar mientras se pueda permitir llevar a sus hijos a centros privados bilingües o incluso trilingües, como hacen la mayoría de nuestros políticos, empezando por el presidente Mas. De momento, al resto no le queda otra que estar tranquilo, que aquí “sólo” se les hablará en catalán.

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Por encima de la media española

(Artículo publicado en el ABC el 5 de junio de 2013)

Cada vez que alguien se atreve a cuestionar el modelo catalán de inmersión lingüística los inquilinos de la Generalitat reaccionan de inmediato negando, por un lado, que en Cataluña haya un conflicto social por motivos lingüísticos y afirmando, por otro, que el nivel de castellano de los escolares catalanes está por encima de la media española. Lo primero es cierto, aunque no precisamente de resultas del monolingüismo oficial sino a pesar de él y gracias a la convivencia por lo general amable entre catalanohablantes y castellanohablantes. Lo segundo, en cambio, resulta cuando menos discutible.

La semana pasada el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, aseguraba a propósito de la ley Wert que “no hay motivos pedagógicos que justifiquen atentar (sic) contra el sistema de inmersión lingüística”, porque, según él, el Ministerio de Educación dispone de datos que indican que los alumnos catalanes tienen un conocimiento del castellano superior a la media española. Homs fue esta vez menos taxativo que el 8 de septiembre de 2011 cuando, en Los desayunos de TVE, afirmó que al finalizar la enseñanza secundaria obligatoria “el propio Ministerio de Educación  hace unos exámenes sobre el conocimiento del castellano en el conjunto de España (…) y resulta que Cataluña está por encima de la media española, es decir, por encima de Comunidades Autónomas donde sólo se habla castellano”.

El caso es que no existe ningún examen de alcance nacional, es decir, igual para todos los alumnos españoles con independencia de su lugar de residencia, que periódicamente evalúe y permita comparar al finalizar la enseñanza secundaria obligatoria el dominio del castellano que tienen los escolares de cada una de las Comunidades Autónomas. Deshagamos de una vez para siempre este equívoco. Lo que sí hubo en el 2010 fue una prueba de carácter muestral llamada evaluación general de diagnóstico, en la que entre otras cosas se evaluó la competencia en comunicación lingüística de una muestra de 1.500 alumnos de segundo de la ESO –y por tanto no al finalizar la Enseñanza Secundaria Obligatoria, como apuntaba Homs- de 50 centros por cada comunidad. Al igual que el informe PISA, la evaluación general de diagnóstico no evalúa específicamente conocimientos sino competencias, de ahí que concluir a partir de los resultados de una única prueba, cuyo objetivo ni siquiera es evaluar el conocimiento en sentido estricto de la lengua, que los niños catalanes tienen un conocimiento del castellano superior a la media española resulte de todo punto opinable.

Aun siendo así, Cataluña ocupaba un discreto undécimo lugar en la clasificación difundida por el Ministerio en el 2010, que está en la base de la jactancia de Homs. Entonces, Cataluña obtuvo en el apartado de competencia en comunicación lingüística una puntuación de 502 puntos, sólo dos por encima del promedio nacional –es decir, en línea con la media española- y muy por debajo de las comunidades punteras: Navarra, Comunidad de Madrid y Castilla y León. Conviene hacer constar que este último dato contrasta con los resultados de las últimas ediciones del informe PISA, en donde Cataluña casi siempre se ha situado entre las comunidades con mejores resultados. Quizá la diferencia entre una y otra prueba radique en la lengua en que se hacen las pruebas. Recordemos que las pruebas PISA en Cataluña se hacen en catalán.

En todo caso, resulta descorazonador que el objetivo de Cataluña, sin duda una de las comunidades más desarrolladas desde el punto de vista social, económico y cultural, se cifre en que sus educandos superen en el dominio del castellano a algunas Comunidades Autónomas en las que sólo se habla castellano, tres por más señas: Canarias, Extremadura y Andalucía –comunidades que tradicionalmente suelen cosechar los resultados más discretos en las evaluaciones nacionales e internacionales del sistema educativo-, pues el resto de las que están por debajo de Cataluña son Baleares, Comunidad Valenciana, Galicia y Ceuta y Melilla, territorios en los que en mayor o menor medida el castellano coexiste también con otras lenguas cooficiales o no.

Por último, conviene recordar que el castellano no es sólo la lengua materna de más de la mitad de los ciudadanos de Cataluña, lo que por sí solo justificaría que el castellano fuera también lengua vehicular de la educación juntamente con el catalán, posibilidad que el Gobierno catalán se niega sistemáticamente a aceptar. La excelencia en el dominio del castellano constituye además un recurso inestimable en una economía cada vez más globalizada. De ahí que resulte inexplicable la poquedad de los objetivos de la Generalitat con respecto a su aprendizaje.

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La lengua y la espiral del silencio

La crispación por la cuestión lingüística se intensifica por enésima vez en Cataluña. Esta vez a cuento del auto -que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictó hace ya más de un mes, concretamente el 6 de marzo- en el que el TSJC, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional (TC) y del Tribunal Supremo (TS), clarifica su posición con respecto a la presencia del castellano en las aulas catalanas. El aparato político de la Generalitat, con la consejera de Educación Irene Rigau al frente, no ha tardado en pasar el auto por el alambique del victimismo. Este proceso de destilación debidamente amplificado por el correspondiente aparato periodístico, rendido de forma acrítica al discurso político predominante, ha desembocado en un titular tan falaz como perverso: “El TSJC obliga a que la clase sea en castellano si un solo alumno lo ha pedido”.

Pues bien, este último auto del TSJC no dice en ningún caso que basta con que un alumno lo solicite para que todas las clases del grupo del que forma parte el alumno tengan que ser en castellano, que es lo que al fin y al cabo dicen Rigau y compañía que dice el TSJC. No, este auto de 6 de marzo de 2013 viene a precisar otro auto del TSJC de 3 de enero de 2013, en el que el tribunal, con base en la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional y las sucesivas sentencias del Tribunal Supremo, requería a la consejería de Educación “para que adopte cuantas medidas sean precisas para adaptar el sistema de enseñanza lingüística (…) a la nueva situación creada por la declaración de la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional, que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza de Cataluña junto con el catalán”. Así pues, lo único que hace el TSJC es aplicar la doctrina del TC en esta materia y, concretamente, en este último auto aclarar que la educación en ambas lenguas oficiales, catalán y castellano, no debe implementarse de manera individualizada, es decir, limitada a los alumnos que lo soliciten, sino de forma grupal. En definitiva, las principales precisiones de este auto con respecto a los anteriores del TSJC son dos: por un lado, que no se reduce a la atención individualizada la presencia del castellano como lengua vehicular en el aula; y por otro, que el derecho de los alumnos catalanes a recibir la enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano, no debe estar sujeta a la solicitud expresa de los padres, sino que debe ser entendida como un derecho universal de los niños catalanes.

Se trata, en definitiva, de algo tan lógico y coherente como convertir el castellano junto con el catalán en lengua vehicular de la educación -que es, en definitiva, lo que pide el auto del TSJC-, lo que no significa necesariamente perjudicar al catalán; ni siquiera implica por fuerza equiparar el número de horas de clase que se imparten en cada una de las dos lenguas. Se trata, sencillamente, de adaptar nuestro modelo actual a la realidad social, lo que se podría hacer sin dejar de considerar el catalán la clave de bóveda: el centro de gravedad, en expresión del TC.

Históricamente la implantación de la inmersión lingüística en Cataluña se ha sustentado sobre la base del consenso social que supuestamente concita dicho modelo entre la población catalana. No en vano, en Cataluña parece existir, a tenor del discurso político de los sucesivos gobiernos de la Generalitat, así como de la información publicada por la mayoría de los medios de comunicación de ámbito estrictamente catalán, una muy mayoritaria aquiescencia en torno al modelo educativo de inmersión lingüística en catalán, así como en relación con la plausibilidad del limitado uso público del castellano en lugares como el Parlamento o la televisión pública de Cataluña. Con todo, no resulta fácil encontrar estudios que acrediten fehacientemente ese consenso social al que apelan constantemente los políticos nacionalistas para defender la necesidad de mantener el modelo de inmersión lingüística.

Ese supuesto consenso descansa en tres principios que los inquilinos de la Generalitat, los de hoy y los de ayer, han repetido hasta la saciedad: primero, que la lengua catalana está en peligro de extinción, argumento pro inmersión cuando menos discutible y que, en definitiva, legitima la escasa presencia del castellano, no sólo en la educación sino en la vida pública de las instituciones catalanas. Segundo, que el modelo actual es el único capaz de garantizar la igualdad de oportunidades y el buen funcionamiento del tan traído y llevado “ascensor social”. Y tercero, que la adopción de un modelo educativo en el que la lengua castellana tuviera una mayor presencia derivaría irremisiblemente en un proceso de segregación social por razones lingüísticas. La inconsistencia de estos tres argumentos se cae por su propio peso, pero en este sentido la sociedad catalana es fiel trasunto de lo que la politóloga alemana Elisabeth Noelle-Neumann define como la espiral del silencio, que hace referencia a la opinión pública como una forma de control social en la que los individuos adaptan su comportamiento a las actitudes predominantes sobre lo que es aceptable y lo que no. La espiral del silencio en Cataluña impide un debate sereno y equilibrado sobre el modelo lingüístico y permite a los partidos nacionalistas seguir defendiendo la inmersión lingüística como condición sine qua non para la supervivencia misma del catalán, como si no fuera posible preservarlo e incluso realzarlo con un sistema educativo bilingüe y aun trilingüe.

Ya en 1932 Ortega apuntaba, con motivo de los debates parlamentarios sobre el primer Estatuto de Autonomía de Cataluña, el llamado Estatuto de Nuria, una explicación plausible al décalage que ya entonces existía y hoy sigue existiendo entre el sentir mayoritario y la cotidianidad de los catalanes, que emplean alternativamente el catalán y el castellano con absoluta normalidad, y su posterior comportamiento electoral concediendo a ese nacionalismo cada vez más rupturista la responsabilidad de gobernar con arreglo a su visión parcial y empobrecedora de la realidad catalana.

“Los demás coinciden con ellos –con los nacionalistas catalanes-, por lo menos parcialmente, en el sentimiento, pero no coinciden en las fórmulas políticas; lo que pasa es que no se atreven a decirlo, que no osan manifestar su discrepancia, porque no hay nada más fácil, faltando, claro está a la veracidad, que esos exacerbados les tachen entonces de anticatalanes”, decía Ortega. Pues bien, eso es lo que en mi opinión les ocurre también hoy día a muchos catalanes en cuestiones como la de la lengua: que no se atreven a decir que, sin dejar de defender la necesidad de proteger la lengua catalana, no están dispuestos a aceptar que la lengua castellana ocupe un lugar testimonial en el sistema educativo catalán. De hecho, la interacción y la cotidianidad del uso alternativo de ambas lenguas en la calle, los comercios y las conversaciones con los amigos y con la familia son sin duda un ejemplo de civismo y respeto por los demás, hasta tal punto que no resulta descabellado argumentar que, mal que les pese a los nacionalistas que trasueñan una Cataluña monolingüe, constituye hoy en día nuestro auténtico hecho diferencial, no solo con el resto de España, sino con el resto del mundo. ¿Por qué no trasladar el bilingüismo al sistema educativo?

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