Archivo de la etiqueta: Independència

Autodeterminación predeterminada

(Artículo publicado en El País el 29 de agosto de 2014)

Uno de los argumentos más repetidos, aunque no por ello menos peregrino, de los partidarios de la independencia de Cataluña es que quienes nos oponemos a ella nos obstinamos en dar siempre la misma respuesta, basada principalmente en la Constitución y las leyes. “¡Esta no es una cuestión jurídica!”, objetan. Como si la creación de un Estado no fuera una cuestión eminentemente jurídica o la estatalidad de un sujeto político no dependiera forzosamente de un acto legal como es el reconocimiento de tal condición por la comunidad internacional de Estados.

La condición de Estado no es un hecho físico objetivo como la construcción de un edificio de oficinas o de un pabellón deportivo, sino la consolidación efectiva de un estatus legal. Los Estados no existen en el espacio físico, sino únicamente en el espacio jurídico. Así que deshagamos de una vez el entuerto: estamos, sin duda, ante una cuestión jurídica. Es decir, Artur Mas, Oriol Junqueras o incluso Carme Forcadell pueden salir mañana mismo al balcón de la Generalitat y proclamar la independencia de Cataluña mediante una declaración unilateral o, lo que en la práctica es exactamente lo mismo, después de un referéndum a la búlgara como el previsto para el próximo 9 de noviembre. Pero saben, o deberían saber, que eso sería hacer castillos en el aire, pues nadie en su sano juicio puede pretender que semejante declaración tuviera ninguna efectividad jurídica, es decir, aplicabilidad práctica alguna, porque saben, o deberían saber, que ninguno de los principales Estados de la comunidad internacional reconocerá jamás un Estado surgido de un acto contrario al ordenamiento constitucional de un Estado miembro de la Unión Europea y, como tal, de indiscutible índole democrática.

Desde Prat de la Riba (1870-1917), los nacionalistas catalanes siempre habían diferenciado interesadamente entre “Estado”, entidad política artificial y contingente, y “nación”, entidad natural, histórica y necesaria, “anterior y superior (sic) a la voluntad de los hombres”. Por supuesto, lo importante para ellos -al menos hasta la Diada del 2012- era que Cataluña fuera nación. En la nomenclatura nacionalista adoptada incluso por algunos partidos supuestamente no nacionalistas y convenientemente divulgada por TV3 la palabra “Estado” quedaba hasta entonces reservada a España, que a fuerza de repetición no sólo había dejado de ser nación sino incluso de ser España, para volver a ser como en el franquismo “el Estado español” o, simplemente, “el Estado”. Curiosamente, Salazar en Portugal o Getulio Vargas en Brasil, ambos nacionalistas redomados como Franco, hablaban mucho menos de nación que de Estado (el “Estado Novo”), por lo que cabe concluir que, paradójicamente, cuando los nacionalistas se desatan tienden a relegar el vocablo “nación” de su discurso y a emplear en su defecto, y por doquier, la palabra “Estado”.

En todo caso, como dice Gellner (1925-1995), uno de los grandes teóricos del nacionalismo, los nacionalistas consideran que la nación y el Estado “están hechos el uno para el otro, que el uno sin el otro son algo incompleto y trágico”. Así pues, era previsible que en cuanto los nacionalistas catalanes entrevieran que su proyecto de construcción nacional alcanzaba velocidad de crucero intentarían completar su obra proclamando el Estado catalán a todo trance. Al fin y al cabo,  ¿por qué habría de ser el nacionalismo catalán diferente de los demás nacionalismos?

El nacionalismo se basa en el decimonónico “principio de las nacionalidades” según el cual cada nación tiene derecho a tener su propio Estado, principio que alcanzó su máximo apogeo tras la Primera Guerra Mundial con los célebres catorce puntos del presidente estadounidense Woodrow Wilson. Pero la idea wilsoniana de promover la autodeterminación en Europa central y del este tras la caída del imperio de los Habsburgo no derivó en la creación de una serie de naciones-Estado cívicas, sino en la propagación de un nacionalismo étnico basado en la negación del “otro” y en el odio contra las minorías internas.

En un mundo de sociedades plurales y entrelazadas en el que comunidades culturales y territorios nunca coinciden exactamente, el principio de las nacionalidades sólo puede aplicarse en detrimento de los valores modernos de la libertad individual y el cosmopolitismo. Con todo, los nacionalistas se empeñan en que la política y las leyes se acomoden a esa “realidad natural”, esa nación suya a la que personifican atribuyéndole una voluntad, una conciencia, una memoria y, en definitiva, una identidad única como si de un individuo se tratara, olvidando que si ya de por sí resulta bastante complicado atribuir una identidad homogénea a una persona, atribuírsela a una nación entera resulta sencillamente quimérico. En paralelo a esa ominosa humanización de la nación, los nacionalistas tienden a deshumanizar a los individuos que la conforman, apelando de continuo a la “voluntad del pueblo”, a la “conciencia colectiva”, etc., de suerte que la tan traída y llevada autodeterminación deviene en predeterminación, pues las fuerzas impersonales de la nación están por encima de la voluntad libre de sus ciudadanos.

Anuncios

Deja un comentario

Archivado bajo La cuestión catalana, Nacional

Un principio de caso único

(Artículo publicado en Crónica Global el 10 de enero de 2014)

Los partidarios del llamado derecho a decidir de Cataluña se empeñan en identificarlo con un supuesto principio universal de “radicalidad democrática” que al parecer consiste paradójicamente en establecer que el pueblo catalán tiene derecho a autodeterminarse de manera unilateral e independiente de lo que digan la Constitución y las leyes. En teoría, un principio es una norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta, es decir, una pauta general. Sin embargo, la originalidad del principio de radicalidad democrática al que apelan los nacionalistas catalanes es que es un principio de caso único, porque sólo es aplicable al pueblo catalán y, además, se limita a una única cuestión: ¿continuidad en España o secesión?

Pero ese principio de caso único no es una inocente contradicción en los términos, sino una  arbitrariedad en toda regla que sólo puede responder a la intención de sus ideólogos de enmascarar determinadas maniobras u objetivos políticos que ni siquiera ellos mismos consideran razonables en sus actuales planteamientos. No en vano tales planteamientos, cuyo único objetivo es hacer creer al mundo que las demandas independentistas son la quintaesencia de la democracia en contraposición con el carácter pretendidamente antidemocrático de lo que ellos denominan el “Estado español”, se basan esencialmente en dos imposturas a cual más arbitraria:

1.- Falseamiento selectivo de la historia. Los independentistas catalanes se empeñan en presentar la Guerra de Sucesión y el subsiguiente proceso de centralización del poder implantado en España por los Borbones –proveniente de la innovadora Francia, no lo olvidemos- como el inicio de una supuesta ilegitimidad democrática del Estado español, como si las instituciones catalanas abolidas tras la caída de Barcelona en 1714 fueran instituciones democráticas, y no puramente aristocráticas y estamentales, y como si en el resto de los Estados de nuestro entorno no hubieran tenido lugar procesos similares de racionalización administrativa y eliminación de barreras aduaneras interiores. Y es que, siguiendo la lógica independentista, no existiría entre nuestros vecinos europeos ningún Estado moderno legítimamente democrático, pues lo ocurrido tras la Guerra de Sucesión y la implantación del absolutismo en España se parece mucho a lo ocurrido poco antes o después en Francia, Austria, Rusia e incluso en Inglaterra antes de la Revolución Gloriosa de 1688. Es decir, si la historia moderna de España es por definición antidemocrática como sostienen los nacionalistas catalanes, no lo es menos la de esos otros países, algunos de cuyos gobernantes han recibido recientemente una carta y un memorándum de parte del presidente Mas pidiéndoles apoyo en su determinación de celebrar este año una consulta que acabe con “tres siglos de sumisión del pueblo catalán” (sic). Es de suponer que, a cambio, el presidente autonómico se comprometerá al menos a no pasar la historia de aquellos Estados –si es que hay alguno- que tengan a bien brindarle su apoyo por el implacable tamiz del independentismo catalán, pues es evidente que ninguno de ellos pasaría el test de calidad democrática elaborado por los secesionistas catalanes.  

2.- Falseamiento selectivo del presente. Los independentistas catalanes no se conforman con moldear arbitrariamente la historia, sino que hacen lo propio con el pasado más reciente y aun con el presente. Se empeñan ahora en hacernos creer, y en hacer creer al mundo, que la Constitución de 1978 carece de legitimidad democrática. Tanto es así que le achacan una doble falta de legitimidad: por un lado, por las circunstancias excepcionales en que fue aprobada tras la dictadura franquista, y, por otro, porque la mayoría de los catalanes de hoy no habían nacido o todavía eran menores de edad en 1978.

Olvidan que las dos supuestas faltas que pretenden endosarle a nuestra Carta Magna son comunes a las Constituciones de la mayoría de los países de nuestro entorno. ¿Acaso algún independentista catalán discute la legitimidad democrática de la Constitución alemana, la Ley Fundamental de Bonn de 1949, que fue redactada por un órgano constituido a instancias del mando militar de las zonas de ocupación estadounidense, británica y francesa tras la Segunda Guerra Mundial y que nunca fue sometida a referéndum de todo el pueblo alemán? ¿O la de la Constitución japonesa de 1945, redactada por una veintena de expertos estadounidenses durante la ocupación aliada posterior a la Segunda Guerra Mundial y que hasta ahora no ha sido objeto de ninguna reforma? ¿Discute alguno el valor de la Constitución italiana de 1947 o el de la francesa de 1958 por el hecho de que la inmensa mayoría de sus ciudadanos no las hayan votado? Por no hablar de la Constitución de los Estados Unidos, de 1787, que con frecuencia es presentada por comentaristas y tertulianos independentistas como ejemplo de Constitución flexible, pese a tratarse de una Constitución tan rígida como la que más cuya última enmienda, por cierto, se aprobó en 1971, hace más de cuarenta años. Desde entonces, no ha habido más reformas a excepción de la entrada en vigor de la enmienda 27 en 1992, a pesar de haber sido remitida por la Cámara de Representantes a las asambleas legislativas de los Estados para su aprobación más de ¡200 años antes!, en 1789. ¡Qué dirían los nacionalistas catalanes, tan inclinados a magnificar cualquier nadería para intentar probar la baja calidad de la democracia española, si en España una reforma constitucional hubiera tardado 200 años en ver la luz…!

Las Constituciones son, por definición, textos orientados a perdurar en el tiempo, porque su finalidad es dotar de seguridad y estabilidad la convivencia de una determinada comunidad humana sobre la base del respeto a los derechos individuales y de las minorías. De hecho, es la salvaguarda de los intereses de las minorías estructurales que integran España, y no precisamente la defensa de los intereses coyunturales respectivos de los grandes partidos nacionales (PP y PSOE) como sostienen los nacionalistas, la principal justificación de la necesidad de alcanzar grandes consensos si lo que se pretende es reformar la Constitución, consensos imposibles de alcanzar por un solo partido por muy mayoritario que sea.         

Deja un comentario

Archivado bajo Uncategorized

El señuelo de la consulta

(Artículo publicado en Crónica Global el 09/10/2013)

No cabe duda de que el independentismo ha sabido aprovechar la crisis para ampliar considerablemente sus bases sociales. Pero acaso su logro más importante sea haber sabido disfrazar su único, particular y hasta ahora siempre minoritario objetivo, la secesión de Cataluña, tras el velo de otro aparentemente mucho más sugestivo, transaccional y, sobre todo, más fácilmente aceptable para el conjunto de los ciudadanos de Cataluña: el llamado “derecho a decidir”.

Se trata, en el fondo, de un señuelo que los independentistas utilizan para dar a entender que ese “problema de Cataluña” del que, en abstracto, hablaba Artur Mas en el último Debate de Política General se encuentra fuera de Cataluña, en Madrid o en el Estado español que nos niega ese supuesto derecho, y no en la propia sociedad catalana. Soslayan los independentistas que la sociedad que dicen querer emancipar es mucho más compleja y diversa de lo que ellos pretenden, y se empeñan en presentar la consulta como el remedio definitivo que arrancará de raíz el problema de Cataluña porque los catalanes seremos por fin dueños de nuestro destino, como si hasta ahora no lo hubiéramos sido. ¿Afrontarán algún día los secesionistas el hecho de que su anhelada independencia no sólo les separa del resto de los españoles, sino sobre todo de muchos catalanes que preferimos seguir siendo plurales y diversos en nuestra propia identidad? Quizá entonces se den cuenta de que, en lugar de solucionar un problema, su maniquea aventura nos ha sumido en otro mucho más severo, insoportable y difícil de remediar.

Sea como fuere, los independentistas no sólo han logrado situar su objetivo en el centro de nuestro debate público como si fuera un anhelo compartido por todos los catalanes, sino que además han conseguido neutralizar la oposición dentro de Cataluña. Primero, tildándola de antidemocrática a las primeras de cambio y, segundo, acusándola de practicar lo que ellos llaman el “discurso del miedo”. Lo primero se traduce en una actitud de autocontención, cuando no de condescendencia, entre quienes se oponen a la ruptura con el resto de España (sobre todo entre quienes defienden el “derecho a decidir” pero no la independencia: PSC, Unió Democràtica e incluso, en ocasiones, ICV-EUiA) lo que ha permitido a los independentistas actuar de continuo como si Cataluña fuera ya virtualmente independiente y les ha dado alas para imponer, entre otras ideas, la creencia de que la consulta que propugnan constituye la quintaesencia del principio democrático, pretensión que resulta como mínimo discutible, entre otras cosas, porque no se puede obviar que cuando se proclama la subjetividad política y jurídica del pueblo catalán se está negando la del conjunto del pueblo español que reconoce la Constitución.

En cuanto al tan traído y llevado “discurso del miedo”, resulta cuando menos insólito que, precisamente aquellos que se empeñan en presentar la mejor etapa de la historia de Cataluña en términos objetivos de bienestar social, crecimiento económico y autogobierno -los treinta y cinco años que van desde la aprobación de la Constitución de 1978 hasta nuestros días- como un período oscuro de privaciones y sinsabores que los catalanes debemos superar si no queremos que “la catalanidad desaparezca” (Jordi Pujol dixit), se atrevan a atribuir el “discurso del miedo” a quienes se limitan a advertir de los riesgos que conllevaría la independencia. Paradójicamente, son los propios independentistas quienes a diario dan fe, aunque de manera involuntaria, de las bondades de formar parte de España cuando afirman que Cataluña es uno de los motores económicos de Europa, una de las regiones más dinámicas del Sur de Europa con un PIB similar al de Finlandia o Dinamarca, además de ser la avanzadilla cultural de España. ¿Pero no habíamos quedado en que somos un pueblo secularmente oprimido y expoliado? Pues bien, parece que para los independentistas no supone un contrasentido el hecho de defender algo y su contrario al mismo tiempo, lo cual me parece perfectamente coherente con su determinación de alcanzar la independencia a todo trance, sin reparar en riesgos.

Sin embargo, lo que ya no resulta tan coherente es que aquellos que se manifiestan a favor del derecho a decidir pero en contra de la independencia se alineen con los independentistas en su sistemática campaña de desmerecimiento de los innegables progresos y consecuciones del sistema autonómico y de la democracia española en general. Así, rebajando los avances y amplificando sobremanera las fallas de nuestro actual Estado, lo único que consiguen es hacerles el juego a los independentistas y, de paso, desarmarse de antemano de cara a una hipotética consulta sobre el futuro político de Cataluña en la que supuestamente habrían de defender la continuidad de Cataluña en España. Al fin y al cabo, ¿cómo van a defenderla, llegado el caso, quienes no ven en ella más que perjuicios?

Llegados a este punto, quizá convenga recordar lo obvio: ser partidario del Estado autonómico, de un Estado regional asimétrico, de un Estado federal o de un Estado confederal no es ser partidario de la independencia, sino, en todo caso, de reformar el Estado español y, en última instancia, de la unidad de España. Y la unidad de la España constitucional no es sinónimo de un Estado antidemocrático, ni unitarista ni centralista como algunos pretenden, sino de un Estado de Derecho que reconoce y garantiza la autonomía de las nacionalidades y regiones que lo integran, así como los derechos y libertades fundamentales de sus ciudadanos en cuanto ciudadanos, con independencia de su adscripción identitaria.

Deja un comentario

Archivado bajo Uncategorized

El rerefons de la independència

(Article publicat a Crònica Global el 18/09/2013)

Admeto que, mentre escoltava atentament els discursos dels líders dels grups parlamentaris catalans amb motiu del Debat de Política General intentant fer-ne una anàlisi des del punt de vista de la comunicació política, de sobte em va assaltar un sorprenent sentiment de fraternitat cap alguns amb qui pràcticament no comparteixo cap altra cosa que la condició de català, com ara el mateix president Mas. No el conec personalment i, per tant, més enllà de les profundes discrepàncies ideològiques sóc incapaç de sentir una animadversió personal cap a ell, però l’altre dia em vaig adonar d’una cosa que ja intuïa però que mai no havia vist amb tanta claredat: no vull separar-me ni d’ell ni de la immensa majoria dels meus conciutadans, sigui quina sigui la seva ideologia. Entenc que quan dic això estic desposseint la política catalana i, per extensió, l’espanyola d’una de les seves principals raons de ser avui dia, per no dir la més fonamental: la confrontació entre partidaris i detractors de la independència, essencialment basada en la dialèctica amic/enemic de la qual parlava Carl Schmitt. Aquesta dialèctica consisteix a tenir molt clar quins són els nostres amics, és a dir, els qui demostren la seva adhesió indestructible a la nostra causa, sense matisos. Tota la resta són enemics: o estàs amb mi o estàs contra mi. A la Catalunya d’avui “la moderació serà estigmatitzada com a virtut de covards”, parafrasejant un del pares del pensament liberal conservador, Edmund Burke, a la seva obra Reflexions sobre la Revolució Francesa. Si t’entestes a trobar fórmules transaccionals o de concòrdia et penjaran el capell d’anticatalà o botifler.

Òbviament, a mi el que em preocupa no són ni Mas ni Junqueras, sinó en Jaume, l’amo del bar de la cantonada amb qui sempre he mantingut una relació personal estupenda però que, des que va començar el procés de reduïment de la política catalana a la qüestió de la independència, s’ha enterbolit considerablement. El problema per a mi no són els líders polítics sinó en Jaume, o el veí del quart, o encara més, el meu sogre. Insisteixo, jo no em vull separar d’ells i per això no entenc la seva fixació, perquè no ens enganyéssim, la independència que Mas i Junqueras interessadament plantegen en termes estrictament territorials o polítics (ahir van arribar a dir que estimen Espanya, però que no es fien de l’Estat espanyol) cal plantejar-la també o, més ben dit, sobretot des d’un altre punt de vista al meu parer més important. Perquè és molt probable que es doni el cas que aquell amb qui no volen conviure no sigui el qui viu a Madrid, a Sevilla o a Santander, sinó el seu veí, el seu company de feina o el seu cunyat, en definitiva amb el català que viu la seva catalanitat d’una altra manera, que pot ser tant o més intensa que la dels independentistes i que, en tot cas, fins ara s’ha sentit part i d’alguna manera artífex de la societat catalana. Els independentistes haurien d’entendre que la seva anhelada independència no només suposa el trencament amb la resta d’Espanya sinó també amb prop de la meitat del poble català, aquells que preferim continuar essent plurals i diversos en la nostra pròpia identitat i que considerem que catalanitat i espanyolitat són perfectament compatibles, perquè ser catalans és la nostra manera de ser espanyols.

Abans deia que si t’entestes a trobar fórmules transaccionals o de concòrdia et penjaran el capell d’anticatalà o botifler, cosa que em sembla especialment perillosa, perquè, seguint Burke, sóc partidari de trobar solucions intermèdies que no comportin grans ruptures amb la nostra constitució històrica, en la mesura en què correm el risc de perdre herències importants que en bona part expliquen la nostra història i ens donen claus per a la interpretació del nostre present així com del nostre futur. En aquest sentit, s’ha de dir que quan els independentistes proposen acabar amb el proverbial pactisme català i desespanyolitzar Catalunya mitjançant un trencament abrupte del paraigua jurídic i de l’espai de convivència de què catalans i espanyols no catalans ens hem anat dotant, per bé o per mal, al llarg de més de cinc-cents anys el que en definitiva proposen és descatalanitzar Catalunya, en la mesura en què Catalunya és part indissociable d’Espanya i viceversa.

Deja un comentario

Archivado bajo Uncategorized

Cataluña y la Unión Europea

(Artículo publicado en el ABC el 23/09/2013)

El vicepresidente de la Comisión Europea Joaquín Almunia ha vuelto a reiterar por enésima vez la opinión de la UE sobre la hipotética independencia de una región de un Estado miembro: el nuevo Estado se convertiría en un Estado tercero y partiría de cero a la hora de solicitar su entrada en la Unión. Pero los independentistas catalanes no están dispuestos a permitir que nada ni nadie les agüe la fiesta; y si para ello tienen que inventarse una realidad paralela, lo harán si inmutarse.

Entre las posibilidades de ese nuevo orden internacional que se caracteriza por su elasticidad para adaptarse a los designios de sus hacedores, destaca en primer lugar, y por orden cronológico, la teoría de la ampliación interna de la UE. La idea que entre otros defiende –aunque es cierto que cada vez con menos ahínco por culpa de la terquedad de Barroso, Almunia y compañía- Oriol Junqueras consiste esencialmente en que, en el caso de que Cataluña se independizara, el nuevo Estado catalán no quedaría automáticamente fuera de la UE y tendría el mismo derecho que España –“lo que quedara de España”, dicen- a erigirse como sucesor del Estado español en la UE y en el resto de las organizaciones internacionales de las que a día de hoy forma parte. Parece increíble que aquellos que desde siempre han basado su estrategia separatista en la contraposición no ya entre Cataluña y Castilla o el resto de España, sino directamente entre Cataluña y España, sobre la base de que Cataluña no es España, pretendan ahora decir que España sin Cataluña deja de ser España.

La Vía Catalana de la Diada se inspiró en la Cadena Báltica que en 1989 atravesó Estonia, Letonia y Lituania en pro de la independencia de las tres repúblicas de la Unión Soviética, poco antes de la caída del Muro de Berlín y del desmembramiento de la URSS. Pues bien, el caso de la Unión Soviética es considerado por la doctrina internacionalista más autorizada como un caso de secesión de Estados –las repúblicas bálticas y el resto de las repúblicas soviéticas-, de ahí que tras el desmembramiento Rusia asumiera la personalidad jurídica de la URSS en las organizaciones internacionales y tratados suscritos por esta, mientras que los nuevos Estados, incluidas por supuesto las repúblicas bálticas, tuvieron que solicitar de nuevo su ingreso. Ni que decir tiene que el caso de España, un Estado democrático de Derecho, nada tiene que ver con el de la Unión Soviética, un Estado totalitario donde no se respetaban ni los principios democráticos ni los derechos fundamentales, pero el ejemplo permite comprobar cómo opera en caso de secesión el principio de la continuidad de los Estados. En el caso de una hipotética independencia de Cataluña, el principio de continuidad hace que España permanezca en la UE, mientras que el territorio desgajado tendría que solicitar su entrada en organizaciones internacionales como la ONU, la OTAN o la UE, de acuerdo con las normas relativas a la adquisición de la calidad de miembro, que en el caso de la UE exigen la unanimidad de los Estados miembros.

Debilitada la hipótesis de la ampliación interna de la UE, los separatistas se apuntan ahora a la no menos incierta modalidad de la independencia a la carta, que, según el llamado Consejo Asesor para la Transición Nacional, consistiría en que las autoridades catalanas proclamaran la independencia permitiendo a los ciudadanos optar por conservar la nacionalidad española como subterfugio para asegurar la permanencia de Cataluña en la UE. Dejando a un lado la evidencia de que las autoridades del hipotético Estado catalán independiente no serían competentes en la atribución o pérdida de la nacionalidad española, la idea es sencillamente delirante, pues la condición de miembro de la UE la ostentan los Estados y no los ciudadanos. ¿Pero es que no se dan cuenta de que ni siquiera el hecho de que la mayoría de los ciudadanos de Cataluña mantuviéramos la nacionalidad española convertiría a su anhelado Estado catalán en miembro de pleno derecho de la UE con voz y voto en sus principales órganos de decisión? ¿No son capaces de distinguir el ámbito privado de la esfera pública? Parece ser que no.

4 comentarios

Archivado bajo Internacional, La cuestión catalana, Nacional

El compromiso de Rajoy con Cataluña

Se espera con expectación, sobre todo desde Cataluña, que en otoño Rajoy responda a la carta de Mas y que la respuesta esté a la altura del presidente del Gobierno de un Estado democrático de Derecho. Sin embargo, a menudo se deja de lado que el destinatario de la carta debe responder al contenido de esta, que no olvidemos que parte de una serie de apriorismos como el llamado “derecho a decidir” de todo punto inaceptables, no ya para el Gobierno español de turno sino para cualquier Estado democrático de Derecho.

De entrada, porque el remitente se empeña en proclamar el carácter democrático de su aspiración, olvidando que la democracia no es sólo la regla de la mayoría, sino también la sujeción de los poderes públicos a la ley; el respeto a los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos como tales, con independencia de sus adscripción ideológica o identitaria; y la protección de las minorías. Es decir, a pesar de prescindir de aspectos tan esenciales de la concepción contemporánea de la democracia, o sea, de la democracia constitucional, la carta presenta la consulta como la quintaesencia de la democracia. Primer apriorismo inaceptable de la carta.

Por otra parte, la carta plantea la independencia de Cataluña no como un objetivo político sino como un derecho, es decir, apelando al derecho de autodeterminación de Cataluña en los términos que recoge la ONU, aunque disimulando bajo el eufemismo del “derecho a decidir”. Pues bien, tan evidente resulta a la luz de las resoluciones y acuerdos de las Naciones Unidas que este derecho se limita al caso de pueblos que se hallen en una situación de dominación colonial u ocupación militar, como que ni Cataluña, ni el País Vasco ni ninguna otra nacionalidad o región española se hallan en esta situación. Pero a pesar de la puerilidad de tal pretensión el apunte no es accesorio, puesto que en la práctica hace referencia a un aspecto medular de la carta de marras y, en general, del discurso del Gobierno catalán. Soslayando la evidencia, los independentistas insisten en atribuir de entrada al pueblo de Cataluña la condición de sujeto político y jurídico soberano –véase la declaración soberanista aprobada el pasado 23 de enero por el Parlamento de Cataluña, ahora suspendida por el Tribunal Constitucional-, contraviniendo así los dos primeros artículos de la Constitución española, que atribuyen la soberanía nacional al conjunto del pueblo español y consagran la indisoluble unidad de la nación española. Segundo apriorismo inaceptable de la carta.

Es decir, el punto de partida institucional de la travesía a Ítaca es a todas luces inconstitucional y el canal es, por tanto, innavegable; y eso no es culpa de Madrid, sino del patrón Mas y su contramaestre Junqueras, que parece ser quien dirige las maniobras desde la sombra con el único objetivo de provocar el tan traído y llevado “choque de barcos”. Quieren llegar a Ítaca rápido y a toda costa, aunque sea en cuadro y tras un calamitoso naufragio. Cuando digo que quien imposibilita el diálogo a este respecto no es Madrid me refiero a que en España -a diferencia de otros países como Alemania, donde la Constitución prevé algunas cláusulas de intangibilidad, es decir, preceptos como el de la unidad del Estado que son irreformables- la secesión es un objetivo político perfectamente legal y legítimo siempre que se acometa desde el más escrupuloso respeto a la legalidad y no tratando de eludirla mediante apriorismos inaceptables, como digo, para cualquier Estado democrático de Derecho. Prueba de ello es que no hay en el mundo ni un solo Estado democrático que reconozca a sus territorios integrantes el derecho a la autodeterminación, ni siquiera Canadá o el Reino Unido, los casos que los nacionalistas catalanes traen siempre en la boca. De hecho, las habituales alusiones de políticos y tertulianos nacionalistas al caso de Canadá o, mejor dicho, de Quebec, donde ya se han celebrado dos referéndums sobre la independencia, resultan especialmente equívocas porque suelen obviar el hecho de que los dos referéndums (1980 y 1995) son anteriores a la aprobación de la Ley de Claridad (2000). Conviene recordar que desde su aprobación no se ha vuelto a celebrar ningún referéndum, precisamente porque su letra choca frontalmente con la interpretación unilateral de la democracia que propugnaban antaño los partidarios de la secesión de Quebec y hogaño los de la independencia de Cataluña, en la medida en que establece entre otras cosas que “la secesión de una provincia, para ser legal, requeriría una reforma de la Constitución de Canadá” y que “una modificación de ese tipo exigiría necesariamente negociaciones sobre la secesión en las que participarían en especial los gobiernos del conjunto de las provincias y de Canadá”. Es decir, nada de subjetividad política y jurídica, ni de derecho de autodeterminación ni de contraponer legalidad y legitimidad democrática. Democracia constitucional, nada más.

CiU y ERC no persiguen una consulta ajustada a los procedimientos que establece la Constitución de cara a una modificación tan sustancial del marco de convivencia de todos los españoles, sino precisamente la supresión de ese espacio en un intento descarado de aprovechar pro domo súa la crisis que desde hace un lustro viene sufriendo nuestro país. Pero resulta que la Constitución española, como todas en mayor o menor medida, tiene como uno de sus principales objetivos preservar la estabilidad política y la predictibilidad en la actuación de los poderes públicos, principios que en definitiva tienden a garantizar la seguridad jurídica que debe presidir el funcionamiento de todo Estado de Derecho. La Constitución actúa, en palabras del noruego Jon Elster, como una suerte de precompromiso o autorrestricción que nos blinda contra nuestra propia inclinación a tomar decisiones oportunistas e inopinadas en momentos de crisis como los actuales. Rajoy debe mostrar su disposición dialogadora en el marco de la Constitución, cuya reforma es y debe ser difícil aunque no imposible, y sobre todo mantenerse firme en su compromiso constitucional con los ciudadanos de Cataluña y del conjunto de España. 

3 comentarios

Archivado bajo Derecho Público, La cuestión catalana, Nacional

Legalitat, legitimitat i Estat de Dret

(Article publicat a El Debat.cat el 30/07/2013)

Dijous passat vaig coincidir amb Salvador Cardús, membre de l’anomenat Consell Assessor per a la Transició Nacional, en una tertúlia de ràdio en què, tot intentant justificar la idea que a Catalunya s’està donant un xoc entre legitimitat i legalitat, va establir un paral·lelisme entre la independència dels Estats Units al 1776 i una hipotètica secessió de Catalunya en un futur més o menys proper. Entenc que la temptació de comparar-nos encara que només sigui per un instant amb el naixement de l’única superpotència que ha mai hagi existit pot resultar molt atraient, però crec que convindria no forçar tant els símils perquè podem acabar caient en la caricatura.

Probablement no paga la pena entrar a rebatre una analogia tan inconsistent, perquè qualsevol analista mínimament equànime convindrà en què no té res a veure una cosa amb l’altre, però el perill de passar per alt aquesta mena d’ocurrències és que, a força de repetir-les impunement, poden acabar calant en el nostre imaginari col·lectiu. N’hi ha prou amb comprovar la frivolitat amb què polítics i, en general, opinants nacionalistes branden un dia darrere l’altre els fets de 1714 -és a dir, la desfeta del bàndol partidari de l’Arxiduc Carles d’Àustria a la Guerra de Successió Espanyola- per legitimar el seu projecte secessionista tres-cents anys després. És per això que crec que convé desmuntar el paral·lelisme de Cardús abans que es converteixi en un altre article de fe del credo independentista.

D’una banda, la independència a finals del segle divuit de tretze colònies ultramarines sotmeses al poder omnímode d’un rei -Jordi III de la Gran Bretanya- que, acuitat pel creixement desmesurat dels deutes de la Corona de resultes de la Guerra dels Set Anys, decideix inopinadament redoblar la pressió fiscal sobre les seves colònies. El malcontentament s’estén entre els habitants de les colònies, que no eren –potser convé recordar-ho- ciutadans d’un Estat democràtic de Dret sinó vassalls d’un monarca amb reminiscències absolutistes, i arriba al seu punt àlgid amb l’establiment de dos impostos sobre el timbre i el té, respectivament, que els colons es neguen a pagar mentre la metròpoli continuï negant-los el dret a enviar representants al Parlament de Londres. Recordi’s el seu lema: No taxation without representation.

Empeltats, sobretot, del pensament liberal i contractualista de John Locke, els pares fundadors George Washington, Benjamin Franklin o Thomas Jefferson, entre d’altres, van veure com la Corona amb la seva arbitrària política impositiva estava conculcant els seus drets com a anglesos reconeguts en la Carta de Drets de 1689 (Bill of Rights). Això juntament amb l’absència de mecanismes legals per capgirar la situació va empentar els colons americans a trencar la legalitat vigent onejant la bandera de la legitimitat de les seves aspiracions. Llavors, en un context colonial, protodemocràtic i d’incipiència de l’Estat de Dret, tenia tot el sentit contraposar legalitat i legitimitat; però ara, en el marc d’un Estat democràtic de Dret consolidat com el nostre legalitat i legitimitat són indissociables, per la qual cosa la comparació no té ni cap ni peus, tret que es pretengui que Catalunya és una colònia que viu sota el jou d’un Estat opressor.

Per desgràcia, els arguments estantissos d’aquesta mena sovintegen en el nostre debat polític, sobretot entre els partidaris del reconeixement del dret d’autodeterminació del poble de Catalunya. Doncs bé, en aquest sentit convé recordar que, d’acord amb la Resolució 2625 de l’Assemblea General de l’ONU, els catalans ja ens autodeterminem en la mesura que formem part d’un Estat democràtic de Dret el Govern del qual representa al conjunt del poble o dels pobles que l’habiten, basant-se en els principis de llibertat, igualtat i no discriminació. És per això que val la pena desfer l’equívoc d’una vegada per totes: el poble català en cap cas pot ser subjecte del dret d’autodeterminació reconegut per l’ONU, per la qual cosa paral·lelismes com el de Cardús només serveixen per confondre el ciutadà del comú. El poble o els pobles que conformen Espanya han d’assolir, seguint la doctrina de les Nacions Unides, la seva autodeterminació en el marc de l’ordenament jurídic que els empara, és a dir, la Constitució i, en aquest cas, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Així, doncs, molts catalans agrairíem als partidaris de l’anomenada eufemísticament transició nacional que es declaressin independentistes sense embuts, a bona fe i no mitjançant la demagògia i la faula, o en tot cas, que donin explicacions raonables de la seva posició, però sense pretendre convèncer-nos que aquesta és conseqüència inevitable de la naturalesa perversa de l’Estat espanyol, del seu centralisme, de la seva catalanofòbia, etcètera, etcètera, perquè amb això no fan més que sublimar el seu proverbial victimisme. Res de nou sota el sol.

Deja un comentario

Archivado bajo Historia, La cuestión catalana, Nacional