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… Y al salir de Catalunya Ràdio

Miércoles 12 de octubre de 2016. Salgo de Catalunya Ràdio cansado, por no decir hasta las narices, de rebatir -siempre en minoría unipersonal- las falacias que copan por completo el debate público catalán. Por orgullo prefiero pensar que acabo de participar en un debate, aunque en el fondo soy consciente de que he sido objeto de un atropello, el enésimo, impropio de una sociedad democrática, tratándose como se trata de una radio pública que pagamos entre todos los ciudadanos, compartamos o no el descarado objetivo de los medios dependientes de la Generalitat, que no es otro que la ruptura entre Cataluña y el resto de España.

En esta ocasión el tema del día era la celebración de la fiesta nacional de España, la Hispanidad, y tres de los cuatro tertulianos compartían sin apenas matices la grotesca tesis de que se trata de una fiesta de origen franquista, que conmemora nada menos que un genocidio perpetrado por “los españoles”, lo que, en definitiva, se supone que demuestra una vez más el carácter esencialmente antidemocrático, incluso inhumano y en cualquier caso perverso de España y de los españoles.

Poco importa el hecho de que el 12 de octubre se celebre por todo el mundo desde mucho antes de que naciera el dictador de El Ferrol. En España, por lo menos desde 1918. Da igual, el día de la Hispanidad es una fiesta franquista y sanseacabó, lo cual por supuesto supone la constatación de que el actual Estado español no es más que la continuación del régimen franquista. También el himno, la Marcha Real de 1761, y la bandera de España, de 1785, son por arte de bilibirloque nacionalista obra de Franco, nacido en 1892. Cuando, el otro día en Catalunya Ràdio, trataba de que mis contertulios asumieran que Franco no fue un hombre excepcional de longevidad sobrenatural como Fausto, que vendió su alma a Mefistófeles a cambio de la inmortalidad, y que por tanto no tenía ningún sentido atribuirle tanto alcance histórico, uno de ellos exclamó: “¡Ah!, ¿no? ¿Y entonces por qué ahora el himno no tiene letra? Antes tenía una, la de Pemán, pero se la tuvieron que quitar porque era franquista”, concluyó respondiéndose a su pregunta bajo la atenta mirada de los otros dos contertulios, arrobados ante tamaño despliegue de conocimiento.

La verdad es que para alguien medianamente leído no resulta fácil estar a la altura en este tipo de coloquios. El caso es que la letra de Pemán ni siquiera es del periodo franquista, sino que el poeta gaditano la escribió por encargo de otro dictador, Miguel Primo de Rivera, que por cierto se enseñoreó del poder en España espoleado por la burguesía catalana, que -como explica el historiador israelí Shlomo Ben Ami- fue la que creó la atmósfera histérica que ungió a Primo de Rivera con la aureola de “salvador”. Pero eso forma parte de la historia de Cataluña que los nacionalistas han tenido a bien borrar para franquear el paso hacia Ítaca. Lo mismo ocurre con la importante participación de catalanes en el descubrimiento y colonización de América. Los nombres de, entre otros, Pere Margarit, Gaspar de Portolà, Pere Alberni o Joan Orpí, fundador de la Nueva Barcelona en Venezuela, han sido debidamente obviados para que en días como el de la tertulia de marras mis contertulios pudieran hablar cómodamente del genocidio cometido por “los españoles”.

Sea como fuere, la letra de Pemán solo fue oficial durante apenas 35 años de los ¡255! que tiene la Marcha Real. Pero el himno de España, al igual que su bandera, es una herencia franquista, ¡claro que sí! Los nacionalistas lo reconstruyen todo, o directamente se lo inventan. Y si la Historia no coincide con su interpretación, pues tanto peor para la Historia. Tan convencidos están de la potencia de su aparato de propaganda que ni siquiera les preocupa que su reconstrucción de autoconsumo no sea de ninguna manera compatible con la historiografía rigurosa de los principales historiadores de aquí, como Jaume Vicens Vives, y de fuera, como John H. Elliot.

De la misma manera que pretenden borrar de la historia la participación catalana en la conquista de América, tampoco les interesa que trascienda que los diputados catalanes, entre otros Ramon Llàtzer de Dou, fueron de los más escépticos cuando las Cortes de Cádiz abolieron el Santo Oficio; ni que algunos de los principales esclavistas españoles fueron catalanes. Presentan a España -Cataluña aparte, claro está- como un país atrasado, ultraconservador y oscurantista, pero soslayan episodios incómodos como la Guerra dels Malcontents, una insurrección de carácter absolutista y antiliberal, antecedente de las Guerras Carlistas, que estalló en Cataluña en 1827 al grito de “Visca el Rei i mori el mal govern!”. Ni que decir tiene que tampoco eran catalanes algunos de los principales patrocinadores del alzamiento del 18 de julio de 1936, como Francesc Cambó y Joaquim Bau; ni dos de los principales ideólogos del nacionalcatolicismo, Isidre Gomà y Enric Pla i Deniel; ni muchos de los ministros de Franco como Pere Gual i Villalbí o Laureano López Rodó.

Los nacionalistas han trazado una línea divisoria moral que recorre la historia desde la Antigüedad hasta nuestros días. A un lado, quedan “los españoles” con su colonización, su imperialismo, su tráfico de esclavos, su militarismo, su Inquisición, su absolutismo, su autoritarismo, su africanidad y su naturaleza corrupta y costumbres bárbaras. Al otro, los catalanes, que nada tenemos que ver con toda esa inmundicia española y que nos parecemos mucho más a los europeos septentrionales. De ahí que nos queramos ir. Así de fácil. No hay duda de que todo eso flota en el ambiente de la Cataluña nacionalista.

“Los españoles”, claro, están siempre en el lado oscuro de la historia. Así, la colonización española, a diferencia de la inglesa, fue esencialmente destructora, un “genocidio” por emplear el término más repetido estos días por políticos y tertulianos nacionalistas y populistas. Debe de resultar tan cómodo opinar sin necesidad de documentarse previamente leyendo, por ejemplo, a uno de los hispanistas más prestigiosos, Elliot, que, en su obra Imperios del mundo atlántico. España y Gran Bretaña en América (1492-1830), analiza las similitudes y diferencias entre ambas colonizaciones. Elliot concluye que “la colonización española fue mucho más inclusiva que la británica” y atribuye el juicio en contrario a una mezcla de “pereza intelectual, narcisismo anglosajón y prejuicios creados por la Leyenda Negra”. Basta cambiar “anglosajón” por “nacionalista catalán” para entender el festival de ignorancia que hemos visto estos días por estos pagos, donde predomina la pereza intelectual y la Leyenda Negra se ha convertido en dogma de fe.

Lo preocupante es que ese tipo de cosas las dicen sin ningún rubor periodistas, historiadores, profesores de Universidad, etcétera. Así pues, es probable que, por decirlo en palabras de Julián Marías, todo ello no proceda de la “falta de información”, sino del “exceso de deformación”, y eso “tiene menos que ver con la ciencia histórica que con la política”.

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¡Que hablen los independentistas!

(Artículo publicado en catalán el pasado 21 de agosto en la edición digital de El País)

El miércoles 3 de agosto coincidí en la tertulia de El Món a Rac1 con Marta Pascal, flamante coordinadora del Partit Demòcrata Català (PDC). Mantuve con ella un intercambio de impresiones que creo que vale la pena reproducir tal cual, pues pone de manifiesto hasta qué punto los independentistas tienen interiorizada la ominosa doctrina decisionista de Carl Schmitt, que supone la destrucción de la Constitución y del Estado de Derecho y la sustitución de la institucionalidad deliberativa por la democracia aclamativa de las muchedumbres en plazas y calles.

A cuento de la polémica sobre el fallido intento del PDC de obtener grupo propio en el Congreso, Pascal traía a colación unas supuestas palabras del diputado del PP Pablo Casado, que habría exigido a los nacionalistas que se retractasen de su voto en el Parlament a favor de la desconexión unilateral con la legalidad española. Pascal acusaba a Casado y, de paso, al Tribunal Constitucional (TC) de tratar de impedir el debate en el Parlament y en la calle, a lo que yo repuse:

-Lo que se está intentando impedir por el TC es que ustedes tomen decisiones más allá de las competencias que tiene el Parlament, que vulneren la legalidad, no solo la Constitución sino también el Estatuto de Autonomía, y que tomen decisiones como si tuvieran la mayoría que no tienen para tirar adelante su proyecto político.

-Nosotros estamos situados en un clamor (sic), que nos dice la gente: “Escuchad, dad salida política a un nuevo Estado para Cataluña”, y nosotros a través del Parlament y de las instituciones y haciendo caso absoluto a la voluntad de la gente -con el 47,8% de los votos, conviene recordarlo- le estamos dando viabilidad. Y yo no quiero formar parte de un Estado que a sus parlamentarios no les deja hacer el debate ni les deja tomar decisiones en base a una mayoría parlamentaria que existe, porque la mayoría parlamentaria de 72 diputados sale de la gente el 27 de septiembre (2015).

-Esa mayoría que no les permite ni siquiera hacer una ley electoral catalana -la mayoría cualificada que establece el Estatut para la toma de decisiones de especial trascendencia es de 90 diputados-, ¿me está diciendo que les permite tirar adelante un proceso de desconexión con la legalidad española e internacional? No me parece demasiado coherente.

-Usted, que conoce los sistemas parlamentarios, sabe que si tienes la mayoría absoluta puedes tirar adelante determinadas leyes… ¿Estamos de acuerdo o no?

-Determinadas leyes, según sus competencias. Exactamente.

-Pues están las leyes de mayoría cualificada, por ejemplo, vale, el caso de la ley electoral…

-¡Ah, la independencia no necesita una mayoría cualificada…! Yo pensaba que era una decisión de especial trascendencia.

-La independencia lo que necesita es que la mayoría esté situada en las calles y las plazas (sic), y lo que usted me demuestra es que se pasea poco por las calles y plazas de este país.

Escuchando de nuevo la tertulia, me doy cuenta de que tienen razón quienes me acusan de hablar demasiado. Está claro que debería hablar menos y dejar que los políticos y tertulianos independentistas con los que coincido diariamente se despachen a gusto, pues su discurso de un tirón, sin interrupciones, resulta demoledor para su propia causa. El discurso de Pascal, por ejemplo, es fiel trasunto del deterioro que de un tiempo a esta parte viene sufriendo el debate público en Cataluña. Le digo que no tienen mayoría suficiente para hacer lo que están haciendo y ella me recrimina que pasee poco. Alucinante. Si no fuera porque es dramático, resultaría hasta divertido. En todo caso, señora Pascal, le aseguro que pasearía hasta la extenuación siempre que nuestros gobernantes se comprometieran, a cambio, a respetar la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las resoluciones del TC, que son las bases de nuestro Estado democrático de Derecho y la garantía de nuestros derechos y libertades fundamentales como ciudadanos.

Por cierto, en la misma tertulia el periodista Vicent Sanchís me recriminó mi propensión a defender la Constitución en los debates en los que participo, tildándome de “pesado” por decir “siempre lo mismo”. En otras muchas ocasiones me he encontrado en debates con políticos y comentaristas reconviniéndome ora con paternalismo, ora con indignación por mi defensa de la Constitución como si, en lugar de defender el cumplimiento de la ley, estuviera defendiendo el tráfico de drogas, la trata de blancas o, en cualquier caso, algo muy grave. ¿Acaso alguien se imagina ese tipo de reprimendas en algún otro país civilizado, Estados Unidos por ejemplo? Come on, look at you. You are always defending the Constitution, for God’s sake! Please stop it! Quizá algún día Donald Trump… Hasta ese punto de degradación pública hemos llegado en Cataluña al calor del proceso.

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Al salir de TV3

Martes 20 de septiembre de 2016. Salgo de TV3 cansado, por no decir hasta las narices, de rebatir -siempre en minoría unipersonal- las falacias que copan por completo el debate público catalán. Que si “no nos dejan votar”; que si “Cataluña es una colonia”; que si “España maltrata a Cataluña”; que si “la gente tiene derecho a decidir”; que si “España nos roba” o, lo que es lo mismo, “nos expolia”; que si “ya está bien de solidaridad con los andaluces, que se pasan el día en el bar con el dinero de los catalanes”, que si “lo que hay que hacer no es darles pescado sino enseñarles a pescar”; que si “los niños extremeños tienen ordenadores y los catalanes no”; que si “la Constitución del 78 es herencia del franquismo”, que si “no es legítima porque la mayoría de los catalanes de hoy no la votamos”; que si “España es un Estado de baja calidad democrática”; que si “un Tribunal nunca puede estar por encima de la voluntad de un pueblo”; que si “la Guerra de Sucesión fue una guerra de España contra Cataluña, al igual que la Guerra Civil”; que si “los que se oponen al sistema de inmersión lingüística obligatoria en catalán no son partidarios de un modelo bilingüe o trilingüe como dicen, sino de exterminar la lengua catalana”; que si “Mas está procesado por poner urnas”; que si “con España no hay nada que hacer”…

Estas son algunas de las principales obscenidades que presiden nuestro malsano debate público. Ningún observador mínimamente ecuánime podrá negar la abrumadora omnipresencia en las alocuciones políticas y tertulias catalanas de toda esa patulea, que es la base argumental sobre la que se construye un género muy arraigado por estos pagos: la tertulia de tesis, esto es, aquella que se plantea como objetivo principal el desarrollo y la promoción de una determinada opinión o ideología. En Cataluña la tesis es que ésta es una nación natural, telúrica, esencialmente buena, que desde hace al menos tres siglos vive una situación de opresión insostenible dentro de un Estado artificial y pérfido, España, que por supuesto no es una nación.

La tertulia de tesis puede presentarse en dos modalidades. Por un lado, tenemos el tipo “Todos a una”, generalmente un debate a cuatro entre un independentista de toda la vida, un independentista sobrevenido, un independentista en vías de desarrollo y un “no independentista” que votó Sí-Sí en la kermés del 9-N. A veces incluso hay un quinto tertuliano, pretendidamente ambivalente pero partidario acérrimo del derecho a la autodeterminación de Cataluña, aunque lo más habitual es que hable del “derecho de la gente a decidir”, sin precisar que la única gente que tiene derecho a decidir somos los catalanes. Ni el conjunto de los españoles, ni los barceloneses ni ninguna otra gente.

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La otra modalidad de tertulia de tesis es la de “Todos contra uno”, más perversa si cabe por lo que tiene de impostada pluralidad. Cuando la realidad se reduce a un único tema, la secesión, y las tertulias resultan monográficas, entonces la presencia de un solo tertuliano opuesto a la tesis de la tertulia -que defienden de consuno los otros tres o cuatro opinantes además del moderador, a veces incluso reforzados por la opinión de algún telespectador que entra por teléfono- solo sirve para proyectar la idea de que se trata de una posición minoritaria, incluso extravagante, en la sociedad catalana. Esa pluralidad impostada, distorsionada, es la misma que se da en las series de televisión de TV3 en las que -como en su día denunció el corresponsal en España de The Wall Street Journal- “solo hablan castellano prostitutas y delincuentes”. Si de verdad tuvieran la intención de reflejar la pluralidad lingüística de Cataluña, al menos la mitad de los personajes de las series de TV3 tendrían que hablar habitualmente en castellano y el uso alternativo de ambas lenguas en el trabajo, en la calle y en los hogares de los protagonistas debería ser lo más natural. Pero, al igual que tras las tertulias de tesis separatista subyace la pretensión de que lo “normal” es ser independentista, existe en esas series de TV3 una indisimulada intención de instalar en el imaginario colectivo de los catalanes la idea de que lo “normal” en Cataluña es hablar en catalán y que el castellano es cosa de marginales e inadaptados.

Alguien que no acepte la retahíla de sinrazones de la opinión prevaleciente en los medios catalanes, y que se atreva a manifestarlo tantas veces como le parezca preciso, se verá indefectiblemente sometido a un agotador acoso y derribo por parte de sus contertulios. Es triste reconocerlo, pero la convivencia en Cataluña, si se quiere tranquila, se levanta hoy sobre la resignada asunción por muchos catalanes no nacionalistas del ofensivo decálogo nacionalista, basado en el desprecio a España y a los españoles pero sobre todo a los catalanes que nos sentimos españoles. Cada vez que oigo al presidente de la Generalitat referirse a “los demócratas del no” o a “los partidos que no quieren la independencia pero que son demócratas”, es decir los que se declaran partidarios del referéndum pero no de la secesión, se me revuelve el estómago. El resto, claro, no somos demócratas. Y Puigdemont se queda tan ancho.

Solo hay que repasar la hemeroteca para darse cuenta de que si el resto de los catalanes, los que nos sentimos en mayor o menor medida comprometidos con el proyecto común español, mostrásemos el mismo desprecio por ellos que el que ellos muestran por nosotros, la convivencia en Cataluña sería insostenible. De ahí que muchos catalanes -posiblemente la mayoría- hayan decidido mirar hacia otro lado y prefieran no discutir con la Rahola de turno, no solo en las tertulias de radio y televisión sino también en las cenas y reuniones con amigos y familiares.

Lo peor de esa actitud de resignación es que por su culpa el rosario de falacias que detallaba en el primer párrafo de este artículo ha ido calando progresivamente en la sociedad catalana, incluso entre capas de la población tradicionalmente refractarias al discurso nacionalista. Ello ha permitido a los nacionalistas erigirse en representantes exclusivos y abusivos de la catalanidad, monopolio que no solo resulta hoy por hoy fatigoso sino que puede acabar teniendo consecuencias aciagas en el futuro. En este sentido, tengo muy presente el testimonio de un ciudadano británico de a pie que el día antes del referéndum sobre la continuidad del Reino Unido en la UE, cuando todos los analistas políticos daban por hecho que la opción continuista se impondría, respondía así a la pregunta de un periodista de Antena 3: “Creo que el Brexit va a ganar, porque sus partidarios no llevan cuarenta días, como los partidarios del Brimain, sino cuarenta años haciendo campaña en contra de la UE”. Seguramente los partidarios de la continuidad del Reino Unido en la UE también pensaban que el Brexit no ocurriría nunca.

Decía al principio que aquel día salía de TV3 hasta las narices de rebatir siempre las mismas falacias. Al salir, cojo un taxi, me arrellano en el asiento y respiro tranquilo… hasta la próxima tertulia. Poco me dura la tranquilidad. El taxista, que me ha visto salir de TV3 con Carod Rovira, tiene ganas de hablar de política. Me cuenta que su familia es originaria de Salamanca y que, aunque él nació en Barcelona, sigue teniendo allí mucha familia. Me dice que él no es nacionalista, que el nacionalismo es de derechas y blablablá, pero que lo que sí que le parece innegociable es el referéndum sobre la independencia, “porque es lo más democrático, porque la gente tiene derecho a decidir…”. Ya estamos otra vez. Me malicio que el taxista no considera “gente” a sus parientes salmantinos, porque solo así se explicaría que les niegue el derecho de la gente a decidir. Supongo que “la gente” se acaba más allá del Ebro.

Después de una intensa tertulia con Carod y Empar Moliner, prefiero no entrar al trapo. Necesito un respiro. El taxista sigue hablando. Lo oigo pero no lo escucho… Me resisto a interrumpirle hasta que me dice que, como catalán, está harto de ser solidario con los andaluces. Suspiro y asumo que mi responsabilidad como ciudadano comprometido no se acaba en las tertulias. Empiezo por constatar que los impuestos no los pagan los territorios sino los ciudadanos, que la redistribución de la riqueza es un principio universal de justicia social…, pero en seguida compruebo que el prejuicio nacionalista ha hecho mella en él, que dice no ser nacionalista. Decido asumir su lenguaje por un momento y le pregunto que si, de la misma forma que como catalán está harto de ser solidario con los andaluces, también está harto como barcelonés de ser solidario con el resto de los catalanes, puesto que el “déficit fiscal” -sigo utilizando la terminología nacionalista- entre Barcelona y el resto de Cataluña es mucho mayor que el de Cataluña con el resto de España, y aquí a nadie se le ocurre decir que “Catalunya ens roba” o que Barcelona sufre un “expolio fiscal”. Me dice que quizá tenga razón, que nunca se lo había planteado desde ese punto de vista. Claro. Ya puestos, le pregunto si realmente, como barcelonés de origen charro, se siente más vinculado a un desconocido de Olot que a sus parientes de Salamanca, si de verdad cuando piensa en su “gente” piensa en el olotense y no en el salmantino. No y no. Fin de trayecto.

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Lo que nos jugamos mañana

No era la primera vez en los últimos tiempos que Artur Mas se desmadraba, pero cuando el otro día leí sus palabras hablando como si fuera un jefe indio y comparando Cataluña con una reserva sioux, sentí una mezcla entre vergüenza ajena e indignación. Hace tiempo que Mas no está a la altura de su posición institucional, pero esto ya pasa de castaño oscuro. Es urgente recuperar el prestigio de la Generalitat y dejar atrás este periodo de descrédito de Cataluña tanto en el resto de España como en el mundo. (Algunos todavía no nos hemos repuesto de imágenes como la de Roger Albinyana, secretario de asuntos exteriores de la Generalitat, posando ufano al lado de un puñado de congresistas estadounidenses partidarios del “derecho a decidir”, todos ellos extremistas próximos al Tea Party).

Por supuesto, tampoco es la primera vez que un nacionalista compara impunemente la situación de Cataluña con la de una colonia o con la de una reserva india. De hecho, se trata de un lugar común en nuestro debate público. Yo aguanto a diario esa clase de comparaciones ulcerantes en tertulias de radio y televisión, proferidas con toda naturalidad por mis contertulios, algunos de ellos indígenas, otros criollos y otros directamente colonos arrepentidos, por utilizar su repugnante lenguaje. Pero una cosa es que lo hagan tertulianos y políticos de medio pelo, y otra muy distinta es que lo haga todo un presidente de la Generalitat.

Cuando Mas llama “grandes jefes” a Mariano Rajoy, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que vienen aquí, a la “reserva catalana” (sic) “a decirnos lo que nos conviene”, no solo les está llamando a ellos colonizadores sino que nos está llamando colonos, y por tanto habitantes ilegítimos de Cataluña, a los potenciales votantes de esos partidos. Sus palabras denotan hasta qué punto se ha echado al monte y lo poco que le importa ya la convivencia entre los catalanes, y entre estos y el resto de los españoles.

Rajoy, Sánchez e Iglesias tienen el mismo derecho que Mas a dirigirse a la sociedad catalana. Pero Mas solo quiere precipitar la ruptura, y qué mejor manera de hacerlo que dividiendo a los catalanes entre colonos, que apoyan a los “grandes jefes” de la metrópoli, y aborígenes, que lógicamente apoyan al libertador del siglo XXI, Artur Mas i Gavarró. Ese es el primer paso para que una vez proclamada la independencia se inicie el correspondiente proceso de descolonización. Quiero pensar que Mas no es consciente de hasta qué punto pueden llegar a resultar ofensivas sus palabras para cientos de miles de catalanes que ni se consideran colonos ni tienen la sensación de vivir en una reserva india, salvo cuando ven a alguno de sus gobernantes hacer el indio como lo ha hecho Mas.

El proceso de descolonización asoma cuando los líderes independentistas invitan a los bancos catalanes a marcharse de Cataluña en caso de independencia; cuando la CUP propone “replantear” la continuidad de funcionarios del Estado español en Barcelona; o cuando el Gobierno presidido por Mas pone en marcha a través del juez Santiago Vidal un proceso de reclutamiento de jueces para cubrir las plazas que queden vacantes en una hipotética Cataluña independiente. Al parecer, la Generalitat estima que unos 250 jueces de los 800 con destino actualmente en Cataluña se irían de aquí en caso de secesión. Déu n’hi do! En este irregular proceso para acceder a la judicatura del Estado catalán los candidatos no tendrían por qué ser jueces de carrera, ni siquiera por el tercer turno como el propio Vidal: basta con ser abogado. Entre esto y la diplomacia en manos de Albinyana… ¡Dios salve a Cataluña!

¡Que se vayan los bancos! ¡Que se vayan los jueces! ¡Que se vayan los empresarios desafectos!, claman Mas, Junqueras, Romeva, Forcadell, Fernández el de la chancla y compañía, autoerigidos en propietarios de Cataluña. Ellos determinan quiénes son los adversarios del pueblo de Cataluña; quiénes forman parte del pueblo catalán y quiénes no; replantean a su sabor la continuidad de funcionarios en Barcelona y proponen cortes de mangas colectivos a los “grandes jefes de Madrid”. Todo con una sonrisa democrática.

Poco les interesa a los nacionalistas la importancia de esas entidades bancarias para la economía catalana. Tanto les da que esos funcionarios del Estado español cuya presencia pretenden “replantear” tengan aquí su familia, sus amigos, su vida. Sé de alguno que, aun siendo madrileño, en cuanto pudo elegir destino no dudó en pedir Barcelona porque siempre fue un enamorado de Cataluña. De eso hace ya 35 años. Su tercer hijo nació aquí, también sus nietos. Son catalanes y no quieren dejar de ser españoles. Pero no por el abyecto interés de mantener la nacionalidad española para preservar la ciudadanía europea, sino porque se sienten parte de esa realidad humana, política y social y no quieren dejar en la estacada al resto de los españoles en la prosecución de ese proyecto sugestivo de vida en común llamado España. Nadie tiene derecho a dejarlos fuera. Conviene tenerlo muy presente mañana. Nos jugamos mucho. La convivencia entre catalanes y la concordia con el resto de los españoles, ni más ni menos.

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¿Relatos? No, gracias

(Extensión del artículo publicado en El País el 16 de enero del 2015)

Uno de los argumentos más repetidos últimamente en Cataluña para explicar el auge del independentismo -que a mi juicio es, en todo caso, anterior al inicio oficial del proceso soberanista, como ya apuntaba en mi penúltimo artículo en Crónica Global- consiste en la idea de que los independentistas han sabido construir un relato ilusionante sobre las bondades de la secesión, mientras que los unionistas o, mejor, los constitucionalistas hemos sido incapaces de elaborar un relato sugestivo en pro de la unidad de España.

De entrada, sorprende la naturalidad con que algunos, implícitamente, reconocen satisfechos que la secesión se basa en un relato inventado, una fábula, un cuento para no dormir basado en una espuria reconstrucción del pasado, una obscena interpretación del presente y una utópica proyección del futuro posterior al inminente advenimiento de la independencia, cuando por fin los catalanes volveremos a ser libres después de trescientos años de opresión española.

Poco importa que la versión oficial de una Cataluña soberana y democrática anterior a 1714 se compadezca mal con la historia generalmente aceptada por los historiadores serios –Raymond Carr, John H. Elliott o Henry Kamen, entre otros, han mostrado su estupefacción ante ese relato mágico construido por el nacionalismo en aras de la independencia-. Pero ¿qué necesidad tienen los independentistas de ajustarse a la realidad histórica, pudiendo inventársela a placer prevaliéndose del -relativamente comprensible- desconocimiento general a tal respecto? Se non è vero, è ben trovato, que dicen en italiano.

Pasado, presente y futuro configuran en el imaginario nacionalista un relato coherente basado en la persecución sistemática del pueblo catalán por el Estado español -curiosa persecución aquella que, en la práctica, ha desembocado en una eclosión independentista radicada en la región más rica y más avanzada de España, ¡dichoso hostigamiento!-. La persecución se extiende, al menos, desde 1714 hasta nuestros días estableciendo un continuo que va desde Felipe V hasta Felipe VI y de Rafael Casanova a Artur Mas. Todo cuadra, la narración histórica es redonda. Nada falta ni sobra.

Por supuesto, la historia que narran los nacionalistas es teleológica, es decir, tiene un propósito que subyace en todo momento de esa historia y que no es otro que la independencia de Cataluña. Así, los catalanes siempre han aspirado a librarse del resto de España, es decir, en realidad siempre han sido independentistas -diga lo que diga la historiografía más solvente, Rafael Casanova, Antoni de Capmany, el general Prim o Francesc Pi i i Margall eran independentistas a carta cabal-, por lo que los catalanes de hoy no tenemos más remedio que actuar de acuerdo con el guión escrito, desempeñando cada cual su papel en esta tragicomedia. Los que siempre han vivido conforme al relato dominante no tienen más que seguir haciéndolo a su sabor, mientras que los que ni siquiera hemos leído el libreto subyacente sólo tenemos que aceptar a tientas nuestro papel de comparsa y plegarnos a esa etérea voluntad del pueblo a la que apelaba el presidente Mas en las elecciones del 2012.

El nacional-independentismo constituye un ejemplo paradigmático de lo que el pensador británico John Gray denomina “religiones políticas” contemporáneas, basadas en “mitos laicos” que “reproducen la forma narrativa del género apocalíptico cristiano” y que no son más que “modos de aceptar aquello que es imposible saber”. Así, el nacionalismo, en la medida en que renuncia a un conocimiento mínimamente ecuánime de la realidad, sólo puede ser un acto de fe en una comunidad imaginada como blanco de una conspiración planetaria -esencialmente española- cuyo objetivo es acabar con dicha comunidad. “Lo único que nos podría y nos podrá salvar -del intento de España de ‘residualizar’ (sic) a los catalanes- sería y será el pensamiento y la actitud independentistas”, decía en marzo del 2012 uno de los padres de la criatura, Jordi Pujol. Y esa es precisamente la base apocalíptica del relato independentista que su sucesor, Artur Mas, propala a los cuatro vientos, sin ir más lejos en su último mensaje de fin de año: “El Estado nos quiere divididos porque sabe que así somos más vulnerables”.

Señala Gray que “los espejismos colectivos de persecución sirven para fortalecer una frágil sensación de acción propia”, observación que me parece perfectamente aplicable al caso que nos ocupa, pues la acción de gobierno de la Generalitat en estos últimos dos años ha estado definitivamente marcada por el victimismo y el ensimismamiento. Pero lo cierto es que esa pretendida autoafirmación reactiva conlleva necesariamente el alejamiento entre los catalanes que creen experimentarla y los que no vivimos nuestra catalanidad conforme a ese relato divisivo que, desgraciadamente, preside nuestra vida pública como una suerte de fe revelada.

De ahí la importancia de seguir poniendo en cuestión los dogmas de ese “credo secular” que es el independentismo, aun a riesgo de pasar a engrosar la ya de por sí abundante demonología del nacionalismo, lo cual, bien mirado, no dejaría de ser un honor comoquiera que ésta incluye en una sola lista negra a pensadores foráneos de la talla de Carr, Elliott, Kamen o, más recientemente, Jürgen Habermas, que se unen a demonios patrios como Félix de Azúa, Fernando Savater, Mario Vargas Llosa o cualquiera que cuestione el “relato”. La pregunta es clara: ¿hay alguien que se oponga al relato dominante que no sea un facha según el propio relato? Gray concluye que esos credos seculares “son más irracionales que ninguna fe tradicional, aunque sólo sea porque se esfuerzan mucho más por dar muestras de racionalidad”. Supongo que ese esfuerzo es lo que en su día llevó a Jaume Sobrequés, director del simposio España contra Cataluña, una mirada histórica (1714-2014) perpetrado al calor del relato, a catalogar de “científico y académico” lo que el demonio Elliot había tildado de disparate.

La historia no está escrita, sino que somos nosotros como individuos, y no como meros espectadores de un relato sumamente reduccionista que todo lo explica, los responsables de ella. España -Cataluña incluida- es como es: esencialmente imperfecta, con sus grandezas y sus miserias. Por supuesto que es perfectible, pero sólo desde el realismo reformista y no a partir de relatos basados en sueños de liberación colectiva que hablan de países nuevos, que por alguna impenetrable razón nada tendrán que ver con los viejos, sueños que, al despertar, sólo pueden generar frustración.

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Autodeterminación predeterminada

(Artículo publicado en El País el 29 de agosto de 2014)

Uno de los argumentos más repetidos, aunque no por ello menos peregrino, de los partidarios de la independencia de Cataluña es que quienes nos oponemos a ella nos obstinamos en dar siempre la misma respuesta, basada principalmente en la Constitución y las leyes. “¡Esta no es una cuestión jurídica!”, objetan. Como si la creación de un Estado no fuera una cuestión eminentemente jurídica o la estatalidad de un sujeto político no dependiera forzosamente de un acto legal como es el reconocimiento de tal condición por la comunidad internacional de Estados.

La condición de Estado no es un hecho físico objetivo como la construcción de un edificio de oficinas o de un pabellón deportivo, sino la consolidación efectiva de un estatus legal. Los Estados no existen en el espacio físico, sino únicamente en el espacio jurídico. Así que deshagamos de una vez el entuerto: estamos, sin duda, ante una cuestión jurídica. Es decir, Artur Mas, Oriol Junqueras o incluso Carme Forcadell pueden salir mañana mismo al balcón de la Generalitat y proclamar la independencia de Cataluña mediante una declaración unilateral o, lo que en la práctica es exactamente lo mismo, después de un referéndum a la búlgara como el previsto para el próximo 9 de noviembre. Pero saben, o deberían saber, que eso sería hacer castillos en el aire, pues nadie en su sano juicio puede pretender que semejante declaración tuviera ninguna efectividad jurídica, es decir, aplicabilidad práctica alguna, porque saben, o deberían saber, que ninguno de los principales Estados de la comunidad internacional reconocerá jamás un Estado surgido de un acto contrario al ordenamiento constitucional de un Estado miembro de la Unión Europea y, como tal, de indiscutible índole democrática.

Desde Prat de la Riba (1870-1917), los nacionalistas catalanes siempre habían diferenciado interesadamente entre “Estado”, entidad política artificial y contingente, y “nación”, entidad natural, histórica y necesaria, “anterior y superior (sic) a la voluntad de los hombres”. Por supuesto, lo importante para ellos -al menos hasta la Diada del 2012- era que Cataluña fuera nación. En la nomenclatura nacionalista adoptada incluso por algunos partidos supuestamente no nacionalistas y convenientemente divulgada por TV3 la palabra “Estado” quedaba hasta entonces reservada a España, que a fuerza de repetición no sólo había dejado de ser nación sino incluso de ser España, para volver a ser como en el franquismo “el Estado español” o, simplemente, “el Estado”. Curiosamente, Salazar en Portugal o Getulio Vargas en Brasil, ambos nacionalistas redomados como Franco, hablaban mucho menos de nación que de Estado (el “Estado Novo”), por lo que cabe concluir que, paradójicamente, cuando los nacionalistas se desatan tienden a relegar el vocablo “nación” de su discurso y a emplear en su defecto, y por doquier, la palabra “Estado”.

En todo caso, como dice Gellner (1925-1995), uno de los grandes teóricos del nacionalismo, los nacionalistas consideran que la nación y el Estado “están hechos el uno para el otro, que el uno sin el otro son algo incompleto y trágico”. Así pues, era previsible que en cuanto los nacionalistas catalanes entrevieran que su proyecto de construcción nacional alcanzaba velocidad de crucero intentarían completar su obra proclamando el Estado catalán a todo trance. Al fin y al cabo,  ¿por qué habría de ser el nacionalismo catalán diferente de los demás nacionalismos?

El nacionalismo se basa en el decimonónico “principio de las nacionalidades” según el cual cada nación tiene derecho a tener su propio Estado, principio que alcanzó su máximo apogeo tras la Primera Guerra Mundial con los célebres catorce puntos del presidente estadounidense Woodrow Wilson. Pero la idea wilsoniana de promover la autodeterminación en Europa central y del este tras la caída del imperio de los Habsburgo no derivó en la creación de una serie de naciones-Estado cívicas, sino en la propagación de un nacionalismo étnico basado en la negación del “otro” y en el odio contra las minorías internas.

En un mundo de sociedades plurales y entrelazadas en el que comunidades culturales y territorios nunca coinciden exactamente, el principio de las nacionalidades sólo puede aplicarse en detrimento de los valores modernos de la libertad individual y el cosmopolitismo. Con todo, los nacionalistas se empeñan en que la política y las leyes se acomoden a esa “realidad natural”, esa nación suya a la que personifican atribuyéndole una voluntad, una conciencia, una memoria y, en definitiva, una identidad única como si de un individuo se tratara, olvidando que si ya de por sí resulta bastante complicado atribuir una identidad homogénea a una persona, atribuírsela a una nación entera resulta sencillamente quimérico. En paralelo a esa ominosa humanización de la nación, los nacionalistas tienden a deshumanizar a los individuos que la conforman, apelando de continuo a la “voluntad del pueblo”, a la “conciencia colectiva”, etc., de suerte que la tan traída y llevada autodeterminación deviene en predeterminación, pues las fuerzas impersonales de la nación están por encima de la voluntad libre de sus ciudadanos.

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Los enemigos de Cataluña que no son tales

(Artículo publicado en Crónica Global el 28 de agosto de 2014)

Nación, Estado, Soberanía… Desde hace una década en Cataluña no se habla de otra cosa, y no será por falta de temas más importantes para los ciudadanos de Cataluña, otrora indiscutible motor económico y vanguardia cultural de España, pero últimamente demediada por la obsesión identitaria de su clase dirigente.

Por supuesto, la cosa venía de antes, pero todo se empezó a precipitar cuando, en el año 2003, las fuerzas que luego compondrían los dos tripartitos (PSC, ERC, ICV-EUiA) -entonces todavía en la oposición- firmaron el “Pacto del Tinell”, por el que se comprometían a impulsar, en caso de sumar la mayoría suficiente para formar gobierno, una reforma del Estatuto catalán. De paso, se comprometieron como quien no quiere la cosa a excluir al PP de cualquier pacto de gobierno o de legislatura, en una de las decisiones más antidemocráticas que se recuerdan en España desde 1978. Descartar de entrada cualquier acuerdo con un partido tan democrático como el que más, que a la sazón no sólo gobernaba España con mayoría absoluta sino que además había obtenido en las últimas elecciones generales el apoyo de nada menos que 768.318 catalanes, por los ¡190.292! de ERC y los ¡119.290! de ICV-EUiA, resulta sencillamente vergonzoso. De ahí a catalogar al PP de enemigo de Cataluña, como desde entonces han hecho impunemente dirigentes de las fuerzas del Tinell y de otros partidos, el paso es corto.

Así pues, Cataluña ya tenía su propio enemigo exterior, el PP, y además su particular enemigo interior, también el PP. Dos por el precio de uno. De acuerdo con la lógica “amigo-enemigo”, acuñada por el principal teórico del nacionalsocialismo, Carl Schmitt, el PP era a Cataluña lo mismo que a la España de Franco el separatismo, el judaísmo, la masonería y el comunismo juntos. En suma, la anti-Cataluña. Por suerte para el PP, pronto habría de compartir esa distinción con otros partidos como Ciudadanos, UPyD o incluso, paradojas del destino, el PSC, que, al paso que sus antiguos socios del Tinell redoblaban su desafío al Estado de Derecho en pos de un referéndum ilegal, se veía forzado a reconocer sus errores y asumir su edípico castigo. De esta forma, a juzgar por las últimas elecciones autonómicas, Cataluña tiene ya casi tantos enemigos como amigos en términos de voto popular, es decir, el imaginario enemigo interno se multiplica a causa del corrimiento antojadizo de quienes pretenden monopolizar la catalanidad.

Llegaron a la Generalitat y se pusieron a ello. Pero, más que una reforma del Estatuto de 1979 -el Estatuto de Sau, que ya situaba a Cataluña entre los entes subestatales con mayor autogobierno del mundo y que además había contado con un notable consenso no sólo entre los partidos sino también entre los ciudadanos de Cataluña que lo aprobaron en referéndum: 88,14% de votos afirmativos y una participación del 59,7% del electorado-, lo que el primer tripartito pretendía era hacer un nuevo Estatuto basado en la bilateralidad entre Cataluña y España, como si de dos realidades oponibles se tratara. Ya entonces se partía de la base de que Cataluña era un sujeto político y jurídico soberano, por lo que poco importaba lo que después pudiera decir el Tribunal Constitucional (TC) sobre los recursos contra el Estatuto: sí, el del PP, el partido excluido de antemano por un pacto antidemocrático, cosa que a menudo se olvida, pero también los del Defensor del Pueblo y el Gobierno de Aragón, entre otros.

Es más, el concertado ostracismo del PP no es lo único que sistemáticamente olvidan quienes lo promovieron. Olvidan que el PP no tuvo la posibilidad de presentar ante el TC un recurso previo de inconstitucionalidad -es decir, anterior al referéndum de aprobación del Estatuto- porque nuestro ordenamiento jurídico no lo prevé desde que, en 1985, fue suprimido por el gobierno de Felipe González. Pero lo que ya resulta el colmo del cinismo es que olviden también que el mismo Consejo de Garantías Estatutarias (antes Consejo Consultivo) -cuyo último dictamen sobre la Ley de Consultas que prepara el Parlamento catalán es presentado por los soberanistas como aval incontestable a su determinación de convocar un referéndum de autodeterminación- ya advertía en el año 2005 sobre los posibles vicios de inconstitucionalidad del Estatuto aprobado por la Cámara catalana. Entre otras cosas, el Consejo avisaba (véase el Fundamento 2 del dictamen de 2005) de que el sustantivo “nación” y el adjetivo “nacional” aplicados a Cataluña sólo podían ser constitucionales en la medida en que no entraran en contradicción con el término “nación” que recoge la Constitución española en su artículo 2, que hace referencia al concepto de soberanía y que sólo es predicable con respecto a la nación española. Lo mismo que, mutatis mutandis, diría el TC 5 años después, que Cataluña no es sujeto de soberanía; por lo que la indignación con que los promotores del Estatuto recibieron la sentencia sólo puede entenderse como un ejercicio de deshonestidad. Poco o nada les importaba lo que dijera el Alto Tribunal -que, por otra parte, dictó una sentencia de lo más deferente con el Legislador autonómico- sobre el Estatuto; tanto es así que la manifestación en contra de la sentencia fue convocada antes de conocer su contenido íntegro. Eso también lo olvidan. Y lo último que olvidan es que el entonces presidente de la Generalitat, José Montilla, que había decidido encabezar la manifestación bajo el profético lema “Som una nació. Nosaltres decidim” tuvo que salir escoltado huyendo de la vesania de los intolerantes. Es importante recordarlo porque en el olvido está el triunfo de la versión monolítica de Cataluña que quienes lo fomentan quieren imponer.

Nación, Estado, Soberanía… Han pasado diez años y seguimos hablando de lo mismo día tras día, como una pesadilla que se repite y de la que los catalanes sólo despertaremos el día que constatemos en bloque lo que muchos ya venimos advirtiendo desde hace tiempo: que los supuestos enemigos de Cataluña, los de siempre y los de nuevo cuño, ni eran ni son tales.

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