¿Relatos? No, gracias

(Extensión del artículo publicado en El País el 16 de enero del 2015)

Uno de los argumentos más repetidos últimamente en Cataluña para explicar el auge del independentismo -que a mi juicio es, en todo caso, anterior al inicio oficial del proceso soberanista, como ya apuntaba en mi penúltimo artículo en Crónica Global- consiste en la idea de que los independentistas han sabido construir un relato ilusionante sobre las bondades de la secesión, mientras que los unionistas o, mejor, los constitucionalistas hemos sido incapaces de elaborar un relato sugestivo en pro de la unidad de España.

De entrada, sorprende la naturalidad con que algunos, implícitamente, reconocen satisfechos que la secesión se basa en un relato inventado, una fábula, un cuento para no dormir basado en una espuria reconstrucción del pasado, una obscena interpretación del presente y una utópica proyección del futuro posterior al inminente advenimiento de la independencia, cuando por fin los catalanes volveremos a ser libres después de trescientos años de opresión española.

Poco importa que la versión oficial de una Cataluña soberana y democrática anterior a 1714 se compadezca mal con la historia generalmente aceptada por los historiadores serios –Raymond Carr, John H. Elliott o Henry Kamen, entre otros, han mostrado su estupefacción ante ese relato mágico construido por el nacionalismo en aras de la independencia-. Pero ¿qué necesidad tienen los independentistas de ajustarse a la realidad histórica, pudiendo inventársela a placer prevaliéndose del -relativamente comprensible- desconocimiento general a tal respecto? Se non è vero, è ben trovato, que dicen en italiano.

Pasado, presente y futuro configuran en el imaginario nacionalista un relato coherente basado en la persecución sistemática del pueblo catalán por el Estado español -curiosa persecución aquella que, en la práctica, ha desembocado en una eclosión independentista radicada en la región más rica y más avanzada de España, ¡dichoso hostigamiento!-. La persecución se extiende, al menos, desde 1714 hasta nuestros días estableciendo un continuo que va desde Felipe V hasta Felipe VI y de Rafael Casanova a Artur Mas. Todo cuadra, la narración histórica es redonda. Nada falta ni sobra.

Por supuesto, la historia que narran los nacionalistas es teleológica, es decir, tiene un propósito que subyace en todo momento de esa historia y que no es otro que la independencia de Cataluña. Así, los catalanes siempre han aspirado a librarse del resto de España, es decir, en realidad siempre han sido independentistas -diga lo que diga la historiografía más solvente, Rafael Casanova, Antoni de Capmany, el general Prim o Francesc Pi i i Margall eran independentistas a carta cabal-, por lo que los catalanes de hoy no tenemos más remedio que actuar de acuerdo con el guión escrito, desempeñando cada cual su papel en esta tragicomedia. Los que siempre han vivido conforme al relato dominante no tienen más que seguir haciéndolo a su sabor, mientras que los que ni siquiera hemos leído el libreto subyacente sólo tenemos que aceptar a tientas nuestro papel de comparsa y plegarnos a esa etérea voluntad del pueblo a la que apelaba el presidente Mas en las elecciones del 2012.

El nacional-independentismo constituye un ejemplo paradigmático de lo que el pensador británico John Gray denomina “religiones políticas” contemporáneas, basadas en “mitos laicos” que “reproducen la forma narrativa del género apocalíptico cristiano” y que no son más que “modos de aceptar aquello que es imposible saber”. Así, el nacionalismo, en la medida en que renuncia a un conocimiento mínimamente ecuánime de la realidad, sólo puede ser un acto de fe en una comunidad imaginada como blanco de una conspiración planetaria -esencialmente española- cuyo objetivo es acabar con dicha comunidad. “Lo único que nos podría y nos podrá salvar -del intento de España de ‘residualizar’ (sic) a los catalanes- sería y será el pensamiento y la actitud independentistas”, decía en marzo del 2012 uno de los padres de la criatura, Jordi Pujol. Y esa es precisamente la base apocalíptica del relato independentista que su sucesor, Artur Mas, propala a los cuatro vientos, sin ir más lejos en su último mensaje de fin de año: “El Estado nos quiere divididos porque sabe que así somos más vulnerables”.

Señala Gray que “los espejismos colectivos de persecución sirven para fortalecer una frágil sensación de acción propia”, observación que me parece perfectamente aplicable al caso que nos ocupa, pues la acción de gobierno de la Generalitat en estos últimos dos años ha estado definitivamente marcada por el victimismo y el ensimismamiento. Pero lo cierto es que esa pretendida autoafirmación reactiva conlleva necesariamente el alejamiento entre los catalanes que creen experimentarla y los que no vivimos nuestra catalanidad conforme a ese relato divisivo que, desgraciadamente, preside nuestra vida pública como una suerte de fe revelada.

De ahí la importancia de seguir poniendo en cuestión los dogmas de ese “credo secular” que es el independentismo, aun a riesgo de pasar a engrosar la ya de por sí abundante demonología del nacionalismo, lo cual, bien mirado, no dejaría de ser un honor comoquiera que ésta incluye en una sola lista negra a pensadores foráneos de la talla de Carr, Elliott, Kamen o, más recientemente, Jürgen Habermas, que se unen a demonios patrios como Félix de Azúa, Fernando Savater, Mario Vargas Llosa o cualquiera que cuestione el “relato”. La pregunta es clara: ¿hay alguien que se oponga al relato dominante que no sea un facha según el propio relato? Gray concluye que esos credos seculares “son más irracionales que ninguna fe tradicional, aunque sólo sea porque se esfuerzan mucho más por dar muestras de racionalidad”. Supongo que ese esfuerzo es lo que en su día llevó a Jaume Sobrequés, director del simposio España contra Cataluña, una mirada histórica (1714-2014) perpetrado al calor del relato, a catalogar de “científico y académico” lo que el demonio Elliot había tildado de disparate.

La historia no está escrita, sino que somos nosotros como individuos, y no como meros espectadores de un relato sumamente reduccionista que todo lo explica, los responsables de ella. España -Cataluña incluida- es como es: esencialmente imperfecta, con sus grandezas y sus miserias. Por supuesto que es perfectible, pero sólo desde el realismo reformista y no a partir de relatos basados en sueños de liberación colectiva que hablan de países nuevos, que por alguna impenetrable razón nada tendrán que ver con los viejos, sueños que, al despertar, sólo pueden generar frustración.

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Autodeterminación predeterminada

(Artículo publicado en El País el 29 de agosto de 2014)

Uno de los argumentos más repetidos, aunque no por ello menos peregrino, de los partidarios de la independencia de Cataluña es que quienes nos oponemos a ella nos obstinamos en dar siempre la misma respuesta, basada principalmente en la Constitución y las leyes. “¡Esta no es una cuestión jurídica!”, objetan. Como si la creación de un Estado no fuera una cuestión eminentemente jurídica o la estatalidad de un sujeto político no dependiera forzosamente de un acto legal como es el reconocimiento de tal condición por la comunidad internacional de Estados.

La condición de Estado no es un hecho físico objetivo como la construcción de un edificio de oficinas o de un pabellón deportivo, sino la consolidación efectiva de un estatus legal. Los Estados no existen en el espacio físico, sino únicamente en el espacio jurídico. Así que deshagamos de una vez el entuerto: estamos, sin duda, ante una cuestión jurídica. Es decir, Artur Mas, Oriol Junqueras o incluso Carme Forcadell pueden salir mañana mismo al balcón de la Generalitat y proclamar la independencia de Cataluña mediante una declaración unilateral o, lo que en la práctica es exactamente lo mismo, después de un referéndum a la búlgara como el previsto para el próximo 9 de noviembre. Pero saben, o deberían saber, que eso sería hacer castillos en el aire, pues nadie en su sano juicio puede pretender que semejante declaración tuviera ninguna efectividad jurídica, es decir, aplicabilidad práctica alguna, porque saben, o deberían saber, que ninguno de los principales Estados de la comunidad internacional reconocerá jamás un Estado surgido de un acto contrario al ordenamiento constitucional de un Estado miembro de la Unión Europea y, como tal, de indiscutible índole democrática.

Desde Prat de la Riba (1870-1917), los nacionalistas catalanes siempre habían diferenciado interesadamente entre “Estado”, entidad política artificial y contingente, y “nación”, entidad natural, histórica y necesaria, “anterior y superior (sic) a la voluntad de los hombres”. Por supuesto, lo importante para ellos -al menos hasta la Diada del 2012- era que Cataluña fuera nación. En la nomenclatura nacionalista adoptada incluso por algunos partidos supuestamente no nacionalistas y convenientemente divulgada por TV3 la palabra “Estado” quedaba hasta entonces reservada a España, que a fuerza de repetición no sólo había dejado de ser nación sino incluso de ser España, para volver a ser como en el franquismo “el Estado español” o, simplemente, “el Estado”. Curiosamente, Salazar en Portugal o Getulio Vargas en Brasil, ambos nacionalistas redomados como Franco, hablaban mucho menos de nación que de Estado (el “Estado Novo”), por lo que cabe concluir que, paradójicamente, cuando los nacionalistas se desatan tienden a relegar el vocablo “nación” de su discurso y a emplear en su defecto, y por doquier, la palabra “Estado”.

En todo caso, como dice Gellner (1925-1995), uno de los grandes teóricos del nacionalismo, los nacionalistas consideran que la nación y el Estado “están hechos el uno para el otro, que el uno sin el otro son algo incompleto y trágico”. Así pues, era previsible que en cuanto los nacionalistas catalanes entrevieran que su proyecto de construcción nacional alcanzaba velocidad de crucero intentarían completar su obra proclamando el Estado catalán a todo trance. Al fin y al cabo,  ¿por qué habría de ser el nacionalismo catalán diferente de los demás nacionalismos?

El nacionalismo se basa en el decimonónico “principio de las nacionalidades” según el cual cada nación tiene derecho a tener su propio Estado, principio que alcanzó su máximo apogeo tras la Primera Guerra Mundial con los célebres catorce puntos del presidente estadounidense Woodrow Wilson. Pero la idea wilsoniana de promover la autodeterminación en Europa central y del este tras la caída del imperio de los Habsburgo no derivó en la creación de una serie de naciones-Estado cívicas, sino en la propagación de un nacionalismo étnico basado en la negación del “otro” y en el odio contra las minorías internas.

En un mundo de sociedades plurales y entrelazadas en el que comunidades culturales y territorios nunca coinciden exactamente, el principio de las nacionalidades sólo puede aplicarse en detrimento de los valores modernos de la libertad individual y el cosmopolitismo. Con todo, los nacionalistas se empeñan en que la política y las leyes se acomoden a esa “realidad natural”, esa nación suya a la que personifican atribuyéndole una voluntad, una conciencia, una memoria y, en definitiva, una identidad única como si de un individuo se tratara, olvidando que si ya de por sí resulta bastante complicado atribuir una identidad homogénea a una persona, atribuírsela a una nación entera resulta sencillamente quimérico. En paralelo a esa ominosa humanización de la nación, los nacionalistas tienden a deshumanizar a los individuos que la conforman, apelando de continuo a la “voluntad del pueblo”, a la “conciencia colectiva”, etc., de suerte que la tan traída y llevada autodeterminación deviene en predeterminación, pues las fuerzas impersonales de la nación están por encima de la voluntad libre de sus ciudadanos.

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Los enemigos de Cataluña que no son tales

(Artículo publicado en Crónica Global el 28 de agosto de 2014)

Nación, Estado, Soberanía… Desde hace una década en Cataluña no se habla de otra cosa, y no será por falta de temas más importantes para los ciudadanos de Cataluña, otrora indiscutible motor económico y vanguardia cultural de España, pero últimamente demediada por la obsesión identitaria de su clase dirigente.

Por supuesto, la cosa venía de antes, pero todo se empezó a precipitar cuando, en el año 2003, las fuerzas que luego compondrían los dos tripartitos (PSC, ERC, ICV-EUiA) -entonces todavía en la oposición- firmaron el “Pacto del Tinell”, por el que se comprometían a impulsar, en caso de sumar la mayoría suficiente para formar gobierno, una reforma del Estatuto catalán. De paso, se comprometieron como quien no quiere la cosa a excluir al PP de cualquier pacto de gobierno o de legislatura, en una de las decisiones más antidemocráticas que se recuerdan en España desde 1978. Descartar de entrada cualquier acuerdo con un partido tan democrático como el que más, que a la sazón no sólo gobernaba España con mayoría absoluta sino que además había obtenido en las últimas elecciones generales el apoyo de nada menos que 768.318 catalanes, por los ¡190.292! de ERC y los ¡119.290! de ICV-EUiA, resulta sencillamente vergonzoso. De ahí a catalogar al PP de enemigo de Cataluña, como desde entonces han hecho impunemente dirigentes de las fuerzas del Tinell y de otros partidos, el paso es corto.

Así pues, Cataluña ya tenía su propio enemigo exterior, el PP, y además su particular enemigo interior, también el PP. Dos por el precio de uno. De acuerdo con la lógica “amigo-enemigo”, acuñada por el principal teórico del nacionalsocialismo, Carl Schmitt, el PP era a Cataluña lo mismo que a la España de Franco el separatismo, el judaísmo, la masonería y el comunismo juntos. En suma, la anti-Cataluña. Por suerte para el PP, pronto habría de compartir esa distinción con otros partidos como Ciudadanos, UPyD o incluso, paradojas del destino, el PSC, que, al paso que sus antiguos socios del Tinell redoblaban su desafío al Estado de Derecho en pos de un referéndum ilegal, se veía forzado a reconocer sus errores y asumir su edípico castigo. De esta forma, a juzgar por las últimas elecciones autonómicas, Cataluña tiene ya casi tantos enemigos como amigos en términos de voto popular, es decir, el imaginario enemigo interno se multiplica a causa del corrimiento antojadizo de quienes pretenden monopolizar la catalanidad.

Llegaron a la Generalitat y se pusieron a ello. Pero, más que una reforma del Estatuto de 1979 -el Estatuto de Sau, que ya situaba a Cataluña entre los entes subestatales con mayor autogobierno del mundo y que además había contado con un notable consenso no sólo entre los partidos sino también entre los ciudadanos de Cataluña que lo aprobaron en referéndum: 88,14% de votos afirmativos y una participación del 59,7% del electorado-, lo que el primer tripartito pretendía era hacer un nuevo Estatuto basado en la bilateralidad entre Cataluña y España, como si de dos realidades oponibles se tratara. Ya entonces se partía de la base de que Cataluña era un sujeto político y jurídico soberano, por lo que poco importaba lo que después pudiera decir el Tribunal Constitucional (TC) sobre los recursos contra el Estatuto: sí, el del PP, el partido excluido de antemano por un pacto antidemocrático, cosa que a menudo se olvida, pero también los del Defensor del Pueblo y el Gobierno de Aragón, entre otros.

Es más, el concertado ostracismo del PP no es lo único que sistemáticamente olvidan quienes lo promovieron. Olvidan que el PP no tuvo la posibilidad de presentar ante el TC un recurso previo de inconstitucionalidad -es decir, anterior al referéndum de aprobación del Estatuto- porque nuestro ordenamiento jurídico no lo prevé desde que, en 1985, fue suprimido por el gobierno de Felipe González. Pero lo que ya resulta el colmo del cinismo es que olviden también que el mismo Consejo de Garantías Estatutarias (antes Consejo Consultivo) -cuyo último dictamen sobre la Ley de Consultas que prepara el Parlamento catalán es presentado por los soberanistas como aval incontestable a su determinación de convocar un referéndum de autodeterminación- ya advertía en el año 2005 sobre los posibles vicios de inconstitucionalidad del Estatuto aprobado por la Cámara catalana. Entre otras cosas, el Consejo avisaba (véase el Fundamento 2 del dictamen de 2005) de que el sustantivo “nación” y el adjetivo “nacional” aplicados a Cataluña sólo podían ser constitucionales en la medida en que no entraran en contradicción con el término “nación” que recoge la Constitución española en su artículo 2, que hace referencia al concepto de soberanía y que sólo es predicable con respecto a la nación española. Lo mismo que, mutatis mutandis, diría el TC 5 años después, que Cataluña no es sujeto de soberanía; por lo que la indignación con que los promotores del Estatuto recibieron la sentencia sólo puede entenderse como un ejercicio de deshonestidad. Poco o nada les importaba lo que dijera el Alto Tribunal -que, por otra parte, dictó una sentencia de lo más deferente con el Legislador autonómico- sobre el Estatuto; tanto es así que la manifestación en contra de la sentencia fue convocada antes de conocer su contenido íntegro. Eso también lo olvidan. Y lo último que olvidan es que el entonces presidente de la Generalitat, José Montilla, que había decidido encabezar la manifestación bajo el profético lema “Som una nació. Nosaltres decidim” tuvo que salir escoltado huyendo de la vesania de los intolerantes. Es importante recordarlo porque en el olvido está el triunfo de la versión monolítica de Cataluña que quienes lo fomentan quieren imponer.

Nación, Estado, Soberanía… Han pasado diez años y seguimos hablando de lo mismo día tras día, como una pesadilla que se repite y de la que los catalanes sólo despertaremos el día que constatemos en bloque lo que muchos ya venimos advirtiendo desde hace tiempo: que los supuestos enemigos de Cataluña, los de siempre y los de nuevo cuño, ni eran ni son tales.

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El “familismo amoral” de los Pujol

(Artículo publicado en ABC el 31/07/2014)

En su obra Las bases morales de una sociedad atrasada (1958), el politólogo estadounidense Edward C. Banfield emplea el concepto de “familismo amoral” para describir la cultura política predominante en una población del sur de Italia caracterizada por la ausencia de cualquier tipo de compromiso ni ético ni moral entre ciudadanos. Al habitante medio de esa población sólo le concierne lo que le ocurra a su familia nuclear, es decir, a su cónyuge y/o a sus hijos, mientras que lo que le pueda suceder al resto de su familia, y no digamos ya al resto de la sociedad, le trae sin cuidado. Así, el interés particular está por encima de todo y el interés público brilla por su ausencia. Este patrón de conducta es propio de sociedades económica y culturalmente atrasadas en las que predomina el clientelismo y una honda desconfianza en las instituciones sociales y políticas, de ahí que estas resulten en la práctica completamente inservibles para el fin que se les supone.

Está claro que ese no es el caso de la sociedad catalana, históricamente una de las comunidades más desarrolladas económica y culturalmente del sur de Europa; la única región de España que, gracias tanto a la mentalidad menestral de su sociedad como a la incontestable hegemonía de su industria en el otrora vasto mercado español, se incorporó a la primera revolución industrial. Sin embargo, después de la escandalosa confesión del expresidente Pujol sobre su evasión fiscal cabe concluir que, paradójicamente, en Cataluña el familismo amoral ha alcanzado la sublimación. No en vano aquí el problema no es que el ciudadano de a pie anteponga los intereses de su familia nuclear al interés general o desprecie las instituciones, sino que quien ha confesado haber hecho ambas cosas ha sido precisamente aquel que durante más de tres décadas se ha autoerigido en garante de los intereses generales de Cataluña con un discurso moralizante rayano en lo mesiánico. Pujol, como buen nacionalista, no se cansó de exigir a los catalanes sacrificios en aras del bien común, pero él no dudó en demediar el bienestar de sus “administrados” sustrayéndose de sus obligaciones con la hacienda pública en beneficio y utilidad de su señora e hijos y, si nos atenemos a la inconexa versión oficial, en perjuicio incluso de su hermana que supuestamente nada sabía de sus turbios manejos. Familismo amoral de libro.

A lo largo de su dilatada carrera, Pujol confundió sistemáticamente lo privado con lo público, desterrando a tal efecto el concepto acuñado por Tarradellas de “ciudadano de Cataluña”, entonces tan necesario como inaudito tras cuarenta años de nacionalismo enajenante, y resituando en el centro del debate público en Cataluña conceptos como el de “pueblo” o “nación”, tan fatigosos entonces como ahora.

Cuando Pujol se posicionó públicamente a favor de la independencia, es decir, después de treinta años cocinándola a hurtadillas y proclamando su lealtad a España, muchos de sus feligreses lo entendieron como la señal de San Pedro, símbolo de los arrepentidos, y abrazaron maquinalmente la causa independentista, como si, al igual que se supone que San Pedro tiene las llaves del paraíso celestial, Pujol tuviera las del paraíso terrenal. Lo que, sin duda, no esperaban es que las únicas llaves de Pujol fueran las del paraíso fiscal.

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¿Cataluña debería tener un gobierno normal?

(Artículo publicado en ABC el 17/04/2014)

Artur Mas reconoce que el escenario más probable que baraja es el de transformar las próximas elecciones autonómicas en un plebiscito. La ley electoral no prevé la modalidad de elecciones plebiscitarias, es decir, o bien se celebran elecciones, o bien se hace un referéndum, y un plebiscito no es otra cosa que un referéndum. Intentar celebrar un referéndum encubierto puede incluso constituir un fraude de ley, pero si la legalidad de la fórmula resulta cuando menos dudosa, lo que no admite discusión es que en ningún caso los resultados de esos comicios podrían derivar en consecuencias jurídicas vinculantes para nadie. Así, al margen de que no es lo mismo contar votos que escaños –nuestro sistema electoral proporcional corregido garantiza una representatividad por territorios que en la práctica supone una sobrerrepresentación de las provincias de Girona, Lleida y Tarragona-, una independencia proclamada de resultas de un hipotético triunfo electoral de los partidos independentistas no tendría validez jurídica alguna.

Ahora bien, lo que sí es legítimo es que Mas convoque elecciones anticipadas –y quizá lo mejor sería que lo hiciera cuanto antes- y lo haga con un programa nítidamente independentista y no protegido por el banderín de enganche del derecho a decidir como en las elecciones del 2012. No en vano, como acertadamente señaló Rubalcaba en el debate de la semana pasada en el Congreso, el derecho a la autodeterminación es un derecho concebido para irse y no para quedarse. Deshagamos de una vez este entuerto: CiU no ha ganado nunca unas elecciones con un programa explícitamente independentista, entre otras cosas porque con toda probabilidad ello hubiera significado la ruptura de la federación en la medida en que se supone que Unió no es independentista. Ni siquiera está claro que Convergència sea tan unánimemente independentista como parece. En todo caso, llegados a este punto no es de recibo que el partido que está pilotando un proceso cuya única finalidad plausible es la independencia no se haya presentado nunca a unas elecciones con un programa inequívocamente independentista.

Los promotores del referéndum en Cataluña se empeñan en seguir presentándolo como la quintaesencia de la democracia, en contra de la experimentada opinión del exministro de Asuntos Intergubernamentales de Canadá e inspirador de la célebre Ley de Claridad canadiense, Stéphane Dion, que recuerda siempre que puede que “un referéndum de autodeterminación es un traumatismo social”. De ahí que lo más lógico hubiera sido que, antes de empezar a plantearnos si nos convenía embarcamos en tamaño trastorno, los ciudadanos de Cataluña hubiéramos tenido la oportunidad de conocer de antemano la opinión sin ambages de nuestros partidos políticos en torno a la independencia, no sólo la de CiU sino también la de otros que, como ICV-EUiA, han jugado interesadamente la carta de la ambigüedad.

No vale eso que dice el líder ecosocialista Joan Herrera de que “primero hay que ganar el derecho a decidir” y luego ya se verá cuál es la posición del partido con respecto a la independencia. Si a lo que aspiran es a la independencia de Cataluña, que se presenten a las próximas elecciones con un programa claramente independentista; y si los partidos inequívocamente independentistas obtienen de esta forma una mayoría suficiente para gobernar, entonces sí estarán a mi juicio legitimados para promover dentro del marco legal y constitucional vigente la celebración de un referéndum (consultivo) de secesión.

Precisamente en Quebec, de donde procede Dion, se han celebrado hace unos días unas elecciones de inequívocos tintes plebiscitarios. Eran unas elecciones y no un referéndum, pero la campaña electoral había sido un auténtico plebiscito sobre la oportunidad de convocar un nuevo referéndum sobre la secesión de Quebec como los de 1980 y 1995. Pues bien, bajo el revelador lema “Juntos, nos ocuparemos de los problemas reales”, el Partido Liberal, contrario a la celebración de un nuevo referéndum, obtuvo la mayoría absoluta con 70 escaños de los 125 de que se compone el Parlamento quebequés. Por su parte, los defensores del referéndum, los nacionalistas del Partido Quebequés (PQ), han cosechado sus peores resultados desde la década de 1970 obteniendo menos de la mitad de escaños (30) que el Partido Liberal. Un auténtico descalabro del separatismo, que, según el editorial del 7 de abril del diario The Globe and Mail, uno de los más influyentes de Canadá, podría haber sido todavía peor de haber durado la campaña una semana más, pues la intención de voto a la Coalición para el Futuro de Quebec (CAQ en sus siglas en francés, una formación soberanista, pero no independentista, y contraria también a la celebración de un nuevo referéndum) se disparó en las encuestas de los últimos días y a punto estuvo de igualar al PQ en voto popular en las urnas. Estas elecciones han sido, según The Globe and Mail, “un referéndum sobre si Quebec debería tener un gobierno normal”, es decir, un gobierno que evite el traumatismo social de un referéndum secesionista y que intente hacer lo que hacen los gobiernos normales: gobernar. Y los votantes han respondido con un aplastante “Sí”.

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La hora de la responsabilidad individual

(Artículo publicado en Crónica Global el 17 de enero de 2014)

Uno de los argumentos más repetidos últimamente por los independentistas catalanes, con Mas y Junqueras al frente, es que sus aspiraciones no van contra España ni contra su gente, sino contra una estructura político-administrativa ineficaz, corrupta y escasamente democrática como, dicen, es el Estado español. Los independentistas tratan de apropiarse, de forma ventajista y a deshora, de uno de los principales banderines de enganche –la oposición a un Estado centralista y caciquil- del catalanismo político surgido a finales del siglo XIX como movimiento regeneracionista y, por tanto, no precisamente orientado a fragmentar España sino a reformarla sobre la base del autogobierno institucional.

Ni que decir tiene que pretender reformar el Estado español apostando por una descentralización política profunda –incluso más, si cabe, que la de nuestro actual Estado de las autonomías- es un proyecto compatible con la lealtad al paisanaje de España, y con su prosperidad. En cambio, propugnar la independencia de Cataluña, que de consumarse provocaría una conmoción sin precedentes en términos sentimentales, sociales y económicos en toda España, no sólo supone la negación del proyecto reformista del primer catalanismo, sino que denota una absoluta indiferencia, cuando no desprecio, hacia los españoles no catalanes. Las cartas boca arriba, por favor.

Curiosamente, quienes dicen que la independencia de Cataluña no se idea contra España son los primeros que, cuando se les advierte de los perjuicios que la secesión comportaría para Cataluña, contestan inmediatamente que peor aún le iría a lo que quedara de España tras la ruptura, porque, como todo el mundo sabe, España sin Cataluña es un país de tres al cuarto, con regiones subsidiadas (Rull dixit) que viven a costa de la Cataluña productiva.  ¿En qué quedamos? ¿La independencia de Cataluña perjudica a España y a sus gentes o no?

Por más que los independentistas traten de desperfilar su objetivo para que parezca menos excluyente, la respuesta es evidente: por supuesto que la independencia de Cataluña es perjudicial para España en su conjunto, tanto o más que para Cataluña en particular, y no sólo en los términos económicos a los que a menudo se reduce el debate. Otra cosa es que a los nacionalistas, digan ahora lo que digan, les traiga sin cuidado el bienestar del resto de los españoles, como les traen sin cuidado los sentimientos de los catalanes que, en la prosperidad y en la adversidad, queremos seguir compartiendo con los demás españoles estructuras de Estado, un espacio conjunto de solidaridad y de convivencia y un único marco legal: el de la Constitución de 1978, en el que por supuesto caben reformas siempre que se hagan siguiendo los procedimientos establecidos al efecto por la propia Constitución, que es al fin y al cabo la que nos hemos dado entre todos los españoles.

El factor económico no es el único importante, aunque sin duda ocupa un lugar preeminente en el debate sobre la independencia y sus consecuencias, exacerbado al calor de la crisis. De ahí que la matraca del expolio fiscal (“España nos roba”, en la versión catalana del “Roma ladrona” de la Liga Norte) esté calando incluso en capas de la población hasta ahora refractarias a tales planteamientos. Pero ¿cómo es posible que España robe a los ciudadanos de Cataluña si los impuestos estatales (el tramo estatal del IRPF, el Impuesto de Sociedades, el IVA y los impuestos especiales) son iguales para todos los ciudadanos españoles? Lo que sí es cierto es que los catalanes soportamos impuestos autonómicos más altos que en otras comunidades, pero ese dinero no se va a Madrid sino que se queda en la caja de la Generalitat, por lo que, en lugar de seguir culpando a Madrid de todos nuestros males, quizá vaya siendo hora de que los catalanes empecemos a exigir responsabilidades también a nuestros gobernantes autonómicos.

La aportación de los ciudadanos de Cataluña a la Hacienda española resulta, sin duda, fundamental para el sostenimiento de nuestro actual estado de bienestar, basado en la redistribución de la renta entre ciudadanos a través del sistema fiscal. No en vano lo que los independentistas, con su proverbial tendencia al tribalismo, presentan como un expolio del Estado español a la nación catalana no es más que el funcionamiento normal de cualquier Estado social y democrático comprometido con la igualdad de todos sus ciudadanos en el acceso a los principales servicios públicos.

Los independentistas han aprovechado esta época de inquietudes y ansiedades individuales derivadas de la crisis para generar en torno a su proyecto divisivo grandes expectativas colectivas que, por otra parte, no resisten ningún análisis sensato y riguroso. Decía Popper que “el nacionalismo halaga nuestros instintos tribales, nuestras pasiones y prejuicios, y nuestro nostálgico deseo de vernos liberados de la tensión de la responsabilidad individual que procura reemplazar por la responsabilidad colectiva o de grupo”. Pues bien, de lo que se trata en estos momentos que nos ha tocado vivir es de que todos y cada uno de los catalanes nos aferremos a nuestra responsabilidad individual y asumamos desde un principio las implicaciones de nuestros propósitos. No podemos permitir que esa espectral responsabilidad colectiva, esa “voluntad del pueblo” a la que apelaba Mas en las últimas elecciones autonómicas, difumine el hecho de que la independencia de Cataluña supondría, además de la anulación de la convivencia entre catalanes, una injustificable deslealtad hacia el resto de los españoles.

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Un principio de caso único

(Artículo publicado en Crónica Global el 10 de enero de 2014)

Los partidarios del llamado derecho a decidir de Cataluña se empeñan en identificarlo con un supuesto principio universal de “radicalidad democrática” que al parecer consiste paradójicamente en establecer que el pueblo catalán tiene derecho a autodeterminarse de manera unilateral e independiente de lo que digan la Constitución y las leyes. En teoría, un principio es una norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta, es decir, una pauta general. Sin embargo, la originalidad del principio de radicalidad democrática al que apelan los nacionalistas catalanes es que es un principio de caso único, porque sólo es aplicable al pueblo catalán y, además, se limita a una única cuestión: ¿continuidad en España o secesión?

Pero ese principio de caso único no es una inocente contradicción en los términos, sino una  arbitrariedad en toda regla que sólo puede responder a la intención de sus ideólogos de enmascarar determinadas maniobras u objetivos políticos que ni siquiera ellos mismos consideran razonables en sus actuales planteamientos. No en vano tales planteamientos, cuyo único objetivo es hacer creer al mundo que las demandas independentistas son la quintaesencia de la democracia en contraposición con el carácter pretendidamente antidemocrático de lo que ellos denominan el “Estado español”, se basan esencialmente en dos imposturas a cual más arbitraria:

1.- Falseamiento selectivo de la historia. Los independentistas catalanes se empeñan en presentar la Guerra de Sucesión y el subsiguiente proceso de centralización del poder implantado en España por los Borbones –proveniente de la innovadora Francia, no lo olvidemos- como el inicio de una supuesta ilegitimidad democrática del Estado español, como si las instituciones catalanas abolidas tras la caída de Barcelona en 1714 fueran instituciones democráticas, y no puramente aristocráticas y estamentales, y como si en el resto de los Estados de nuestro entorno no hubieran tenido lugar procesos similares de racionalización administrativa y eliminación de barreras aduaneras interiores. Y es que, siguiendo la lógica independentista, no existiría entre nuestros vecinos europeos ningún Estado moderno legítimamente democrático, pues lo ocurrido tras la Guerra de Sucesión y la implantación del absolutismo en España se parece mucho a lo ocurrido poco antes o después en Francia, Austria, Rusia e incluso en Inglaterra antes de la Revolución Gloriosa de 1688. Es decir, si la historia moderna de España es por definición antidemocrática como sostienen los nacionalistas catalanes, no lo es menos la de esos otros países, algunos de cuyos gobernantes han recibido recientemente una carta y un memorándum de parte del presidente Mas pidiéndoles apoyo en su determinación de celebrar este año una consulta que acabe con “tres siglos de sumisión del pueblo catalán” (sic). Es de suponer que, a cambio, el presidente autonómico se comprometerá al menos a no pasar la historia de aquellos Estados –si es que hay alguno- que tengan a bien brindarle su apoyo por el implacable tamiz del independentismo catalán, pues es evidente que ninguno de ellos pasaría el test de calidad democrática elaborado por los secesionistas catalanes.  

2.- Falseamiento selectivo del presente. Los independentistas catalanes no se conforman con moldear arbitrariamente la historia, sino que hacen lo propio con el pasado más reciente y aun con el presente. Se empeñan ahora en hacernos creer, y en hacer creer al mundo, que la Constitución de 1978 carece de legitimidad democrática. Tanto es así que le achacan una doble falta de legitimidad: por un lado, por las circunstancias excepcionales en que fue aprobada tras la dictadura franquista, y, por otro, porque la mayoría de los catalanes de hoy no habían nacido o todavía eran menores de edad en 1978.

Olvidan que las dos supuestas faltas que pretenden endosarle a nuestra Carta Magna son comunes a las Constituciones de la mayoría de los países de nuestro entorno. ¿Acaso algún independentista catalán discute la legitimidad democrática de la Constitución alemana, la Ley Fundamental de Bonn de 1949, que fue redactada por un órgano constituido a instancias del mando militar de las zonas de ocupación estadounidense, británica y francesa tras la Segunda Guerra Mundial y que nunca fue sometida a referéndum de todo el pueblo alemán? ¿O la de la Constitución japonesa de 1945, redactada por una veintena de expertos estadounidenses durante la ocupación aliada posterior a la Segunda Guerra Mundial y que hasta ahora no ha sido objeto de ninguna reforma? ¿Discute alguno el valor de la Constitución italiana de 1947 o el de la francesa de 1958 por el hecho de que la inmensa mayoría de sus ciudadanos no las hayan votado? Por no hablar de la Constitución de los Estados Unidos, de 1787, que con frecuencia es presentada por comentaristas y tertulianos independentistas como ejemplo de Constitución flexible, pese a tratarse de una Constitución tan rígida como la que más cuya última enmienda, por cierto, se aprobó en 1971, hace más de cuarenta años. Desde entonces, no ha habido más reformas a excepción de la entrada en vigor de la enmienda 27 en 1992, a pesar de haber sido remitida por la Cámara de Representantes a las asambleas legislativas de los Estados para su aprobación más de ¡200 años antes!, en 1789. ¡Qué dirían los nacionalistas catalanes, tan inclinados a magnificar cualquier nadería para intentar probar la baja calidad de la democracia española, si en España una reforma constitucional hubiera tardado 200 años en ver la luz…!

Las Constituciones son, por definición, textos orientados a perdurar en el tiempo, porque su finalidad es dotar de seguridad y estabilidad la convivencia de una determinada comunidad humana sobre la base del respeto a los derechos individuales y de las minorías. De hecho, es la salvaguarda de los intereses de las minorías estructurales que integran España, y no precisamente la defensa de los intereses coyunturales respectivos de los grandes partidos nacionales (PP y PSOE) como sostienen los nacionalistas, la principal justificación de la necesidad de alcanzar grandes consensos si lo que se pretende es reformar la Constitución, consensos imposibles de alcanzar por un solo partido por muy mayoritario que sea.         

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