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… Y al salir de Catalunya Ràdio

Miércoles 12 de octubre de 2016. Salgo de Catalunya Ràdio cansado, por no decir hasta las narices, de rebatir -siempre en minoría unipersonal- las falacias que copan por completo el debate público catalán. Por orgullo prefiero pensar que acabo de participar en un debate, aunque en el fondo soy consciente de que he sido objeto de un atropello, el enésimo, impropio de una sociedad democrática, tratándose como se trata de una radio pública que pagamos entre todos los ciudadanos, compartamos o no el descarado objetivo de los medios dependientes de la Generalitat, que no es otro que la ruptura entre Cataluña y el resto de España.

En esta ocasión el tema del día era la celebración de la fiesta nacional de España, la Hispanidad, y tres de los cuatro tertulianos compartían sin apenas matices la grotesca tesis de que se trata de una fiesta de origen franquista, que conmemora nada menos que un genocidio perpetrado por “los españoles”, lo que, en definitiva, se supone que demuestra una vez más el carácter esencialmente antidemocrático, incluso inhumano y en cualquier caso perverso de España y de los españoles.

Poco importa el hecho de que el 12 de octubre se celebre por todo el mundo desde mucho antes de que naciera el dictador de El Ferrol. En España, por lo menos desde 1918. Da igual, el día de la Hispanidad es una fiesta franquista y sanseacabó, lo cual por supuesto supone la constatación de que el actual Estado español no es más que la continuación del régimen franquista. También el himno, la Marcha Real de 1761, y la bandera de España, de 1785, son por arte de bilibirloque nacionalista obra de Franco, nacido en 1892. Cuando, el otro día en Catalunya Ràdio, trataba de que mis contertulios asumieran que Franco no fue un hombre excepcional de longevidad sobrenatural como Fausto, que vendió su alma a Mefistófeles a cambio de la inmortalidad, y que por tanto no tenía ningún sentido atribuirle tanto alcance histórico, uno de ellos exclamó: “¡Ah!, ¿no? ¿Y entonces por qué ahora el himno no tiene letra? Antes tenía una, la de Pemán, pero se la tuvieron que quitar porque era franquista”, concluyó respondiéndose a su pregunta bajo la atenta mirada de los otros dos contertulios, arrobados ante tamaño despliegue de conocimiento.

La verdad es que para alguien medianamente leído no resulta fácil estar a la altura en este tipo de coloquios. El caso es que la letra de Pemán ni siquiera es del periodo franquista, sino que el poeta gaditano la escribió por encargo de otro dictador, Miguel Primo de Rivera, que por cierto se enseñoreó del poder en España espoleado por la burguesía catalana, que -como explica el historiador israelí Shlomo Ben Ami- fue la que creó la atmósfera histérica que ungió a Primo de Rivera con la aureola de “salvador”. Pero eso forma parte de la historia de Cataluña que los nacionalistas han tenido a bien borrar para franquear el paso hacia Ítaca. Lo mismo ocurre con la importante participación de catalanes en el descubrimiento y colonización de América. Los nombres de, entre otros, Pere Margarit, Gaspar de Portolà, Pere Alberni o Joan Orpí, fundador de la Nueva Barcelona en Venezuela, han sido debidamente obviados para que en días como el de la tertulia de marras mis contertulios pudieran hablar cómodamente del genocidio cometido por “los españoles”.

Sea como fuere, la letra de Pemán solo fue oficial durante apenas 35 años de los ¡255! que tiene la Marcha Real. Pero el himno de España, al igual que su bandera, es una herencia franquista, ¡claro que sí! Los nacionalistas lo reconstruyen todo, o directamente se lo inventan. Y si la Historia no coincide con su interpretación, pues tanto peor para la Historia. Tan convencidos están de la potencia de su aparato de propaganda que ni siquiera les preocupa que su reconstrucción de autoconsumo no sea de ninguna manera compatible con la historiografía rigurosa de los principales historiadores de aquí, como Jaume Vicens Vives, y de fuera, como John H. Elliot.

De la misma manera que pretenden borrar de la historia la participación catalana en la conquista de América, tampoco les interesa que trascienda que los diputados catalanes, entre otros Ramon Llàtzer de Dou, fueron de los más escépticos cuando las Cortes de Cádiz abolieron el Santo Oficio; ni que algunos de los principales esclavistas españoles fueron catalanes. Presentan a España -Cataluña aparte, claro está- como un país atrasado, ultraconservador y oscurantista, pero soslayan episodios incómodos como la Guerra dels Malcontents, una insurrección de carácter absolutista y antiliberal, antecedente de las Guerras Carlistas, que estalló en Cataluña en 1827 al grito de “Visca el Rei i mori el mal govern!”. Ni que decir tiene que tampoco eran catalanes algunos de los principales patrocinadores del alzamiento del 18 de julio de 1936, como Francesc Cambó y Joaquim Bau; ni dos de los principales ideólogos del nacionalcatolicismo, Isidre Gomà y Enric Pla i Deniel; ni muchos de los ministros de Franco como Pere Gual i Villalbí o Laureano López Rodó.

Los nacionalistas han trazado una línea divisoria moral que recorre la historia desde la Antigüedad hasta nuestros días. A un lado, quedan “los españoles” con su colonización, su imperialismo, su tráfico de esclavos, su militarismo, su Inquisición, su absolutismo, su autoritarismo, su africanidad y su naturaleza corrupta y costumbres bárbaras. Al otro, los catalanes, que nada tenemos que ver con toda esa inmundicia española y que nos parecemos mucho más a los europeos septentrionales. De ahí que nos queramos ir. Así de fácil. No hay duda de que todo eso flota en el ambiente de la Cataluña nacionalista.

“Los españoles”, claro, están siempre en el lado oscuro de la historia. Así, la colonización española, a diferencia de la inglesa, fue esencialmente destructora, un “genocidio” por emplear el término más repetido estos días por políticos y tertulianos nacionalistas y populistas. Debe de resultar tan cómodo opinar sin necesidad de documentarse previamente leyendo, por ejemplo, a uno de los hispanistas más prestigiosos, Elliot, que, en su obra Imperios del mundo atlántico. España y Gran Bretaña en América (1492-1830), analiza las similitudes y diferencias entre ambas colonizaciones. Elliot concluye que “la colonización española fue mucho más inclusiva que la británica” y atribuye el juicio en contrario a una mezcla de “pereza intelectual, narcisismo anglosajón y prejuicios creados por la Leyenda Negra”. Basta cambiar “anglosajón” por “nacionalista catalán” para entender el festival de ignorancia que hemos visto estos días por estos pagos, donde predomina la pereza intelectual y la Leyenda Negra se ha convertido en dogma de fe.

Lo preocupante es que ese tipo de cosas las dicen sin ningún rubor periodistas, historiadores, profesores de Universidad, etcétera. Así pues, es probable que, por decirlo en palabras de Julián Marías, todo ello no proceda de la “falta de información”, sino del “exceso de deformación”, y eso “tiene menos que ver con la ciencia histórica que con la política”.

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Lo que nos jugamos mañana

No era la primera vez en los últimos tiempos que Artur Mas se desmadraba, pero cuando el otro día leí sus palabras hablando como si fuera un jefe indio y comparando Cataluña con una reserva sioux, sentí una mezcla entre vergüenza ajena e indignación. Hace tiempo que Mas no está a la altura de su posición institucional, pero esto ya pasa de castaño oscuro. Es urgente recuperar el prestigio de la Generalitat y dejar atrás este periodo de descrédito de Cataluña tanto en el resto de España como en el mundo. (Algunos todavía no nos hemos repuesto de imágenes como la de Roger Albinyana, secretario de asuntos exteriores de la Generalitat, posando ufano al lado de un puñado de congresistas estadounidenses partidarios del “derecho a decidir”, todos ellos extremistas próximos al Tea Party).

Por supuesto, tampoco es la primera vez que un nacionalista compara impunemente la situación de Cataluña con la de una colonia o con la de una reserva india. De hecho, se trata de un lugar común en nuestro debate público. Yo aguanto a diario esa clase de comparaciones ulcerantes en tertulias de radio y televisión, proferidas con toda naturalidad por mis contertulios, algunos de ellos indígenas, otros criollos y otros directamente colonos arrepentidos, por utilizar su repugnante lenguaje. Pero una cosa es que lo hagan tertulianos y políticos de medio pelo, y otra muy distinta es que lo haga todo un presidente de la Generalitat.

Cuando Mas llama “grandes jefes” a Mariano Rajoy, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que vienen aquí, a la “reserva catalana” (sic) “a decirnos lo que nos conviene”, no solo les está llamando a ellos colonizadores sino que nos está llamando colonos, y por tanto habitantes ilegítimos de Cataluña, a los potenciales votantes de esos partidos. Sus palabras denotan hasta qué punto se ha echado al monte y lo poco que le importa ya la convivencia entre los catalanes, y entre estos y el resto de los españoles.

Rajoy, Sánchez e Iglesias tienen el mismo derecho que Mas a dirigirse a la sociedad catalana. Pero Mas solo quiere precipitar la ruptura, y qué mejor manera de hacerlo que dividiendo a los catalanes entre colonos, que apoyan a los “grandes jefes” de la metrópoli, y aborígenes, que lógicamente apoyan al libertador del siglo XXI, Artur Mas i Gavarró. Ese es el primer paso para que una vez proclamada la independencia se inicie el correspondiente proceso de descolonización. Quiero pensar que Mas no es consciente de hasta qué punto pueden llegar a resultar ofensivas sus palabras para cientos de miles de catalanes que ni se consideran colonos ni tienen la sensación de vivir en una reserva india, salvo cuando ven a alguno de sus gobernantes hacer el indio como lo ha hecho Mas.

El proceso de descolonización asoma cuando los líderes independentistas invitan a los bancos catalanes a marcharse de Cataluña en caso de independencia; cuando la CUP propone “replantear” la continuidad de funcionarios del Estado español en Barcelona; o cuando el Gobierno presidido por Mas pone en marcha a través del juez Santiago Vidal un proceso de reclutamiento de jueces para cubrir las plazas que queden vacantes en una hipotética Cataluña independiente. Al parecer, la Generalitat estima que unos 250 jueces de los 800 con destino actualmente en Cataluña se irían de aquí en caso de secesión. Déu n’hi do! En este irregular proceso para acceder a la judicatura del Estado catalán los candidatos no tendrían por qué ser jueces de carrera, ni siquiera por el tercer turno como el propio Vidal: basta con ser abogado. Entre esto y la diplomacia en manos de Albinyana… ¡Dios salve a Cataluña!

¡Que se vayan los bancos! ¡Que se vayan los jueces! ¡Que se vayan los empresarios desafectos!, claman Mas, Junqueras, Romeva, Forcadell, Fernández el de la chancla y compañía, autoerigidos en propietarios de Cataluña. Ellos determinan quiénes son los adversarios del pueblo de Cataluña; quiénes forman parte del pueblo catalán y quiénes no; replantean a su sabor la continuidad de funcionarios en Barcelona y proponen cortes de mangas colectivos a los “grandes jefes de Madrid”. Todo con una sonrisa democrática.

Poco les interesa a los nacionalistas la importancia de esas entidades bancarias para la economía catalana. Tanto les da que esos funcionarios del Estado español cuya presencia pretenden “replantear” tengan aquí su familia, sus amigos, su vida. Sé de alguno que, aun siendo madrileño, en cuanto pudo elegir destino no dudó en pedir Barcelona porque siempre fue un enamorado de Cataluña. De eso hace ya 35 años. Su tercer hijo nació aquí, también sus nietos. Son catalanes y no quieren dejar de ser españoles. Pero no por el abyecto interés de mantener la nacionalidad española para preservar la ciudadanía europea, sino porque se sienten parte de esa realidad humana, política y social y no quieren dejar en la estacada al resto de los españoles en la prosecución de ese proyecto sugestivo de vida en común llamado España. Nadie tiene derecho a dejarlos fuera. Conviene tenerlo muy presente mañana. Nos jugamos mucho. La convivencia entre catalanes y la concordia con el resto de los españoles, ni más ni menos.

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¿Relatos? No, gracias

(Extensión del artículo publicado en El País el 16 de enero del 2015)

Uno de los argumentos más repetidos últimamente en Cataluña para explicar el auge del independentismo -que a mi juicio es, en todo caso, anterior al inicio oficial del proceso soberanista, como ya apuntaba en mi penúltimo artículo en Crónica Global- consiste en la idea de que los independentistas han sabido construir un relato ilusionante sobre las bondades de la secesión, mientras que los unionistas o, mejor, los constitucionalistas hemos sido incapaces de elaborar un relato sugestivo en pro de la unidad de España.

De entrada, sorprende la naturalidad con que algunos, implícitamente, reconocen satisfechos que la secesión se basa en un relato inventado, una fábula, un cuento para no dormir basado en una espuria reconstrucción del pasado, una obscena interpretación del presente y una utópica proyección del futuro posterior al inminente advenimiento de la independencia, cuando por fin los catalanes volveremos a ser libres después de trescientos años de opresión española.

Poco importa que la versión oficial de una Cataluña soberana y democrática anterior a 1714 se compadezca mal con la historia generalmente aceptada por los historiadores serios –Raymond Carr, John H. Elliott o Henry Kamen, entre otros, han mostrado su estupefacción ante ese relato mágico construido por el nacionalismo en aras de la independencia-. Pero ¿qué necesidad tienen los independentistas de ajustarse a la realidad histórica, pudiendo inventársela a placer prevaliéndose del -relativamente comprensible- desconocimiento general a tal respecto? Se non è vero, è ben trovato, que dicen en italiano.

Pasado, presente y futuro configuran en el imaginario nacionalista un relato coherente basado en la persecución sistemática del pueblo catalán por el Estado español -curiosa persecución aquella que, en la práctica, ha desembocado en una eclosión independentista radicada en la región más rica y más avanzada de España, ¡dichoso hostigamiento!-. La persecución se extiende, al menos, desde 1714 hasta nuestros días estableciendo un continuo que va desde Felipe V hasta Felipe VI y de Rafael Casanova a Artur Mas. Todo cuadra, la narración histórica es redonda. Nada falta ni sobra.

Por supuesto, la historia que narran los nacionalistas es teleológica, es decir, tiene un propósito que subyace en todo momento de esa historia y que no es otro que la independencia de Cataluña. Así, los catalanes siempre han aspirado a librarse del resto de España, es decir, en realidad siempre han sido independentistas -diga lo que diga la historiografía más solvente, Rafael Casanova, Antoni de Capmany, el general Prim o Francesc Pi i i Margall eran independentistas a carta cabal-, por lo que los catalanes de hoy no tenemos más remedio que actuar de acuerdo con el guión escrito, desempeñando cada cual su papel en esta tragicomedia. Los que siempre han vivido conforme al relato dominante no tienen más que seguir haciéndolo a su sabor, mientras que los que ni siquiera hemos leído el libreto subyacente sólo tenemos que aceptar a tientas nuestro papel de comparsa y plegarnos a esa etérea voluntad del pueblo a la que apelaba el presidente Mas en las elecciones del 2012.

El nacional-independentismo constituye un ejemplo paradigmático de lo que el pensador británico John Gray denomina “religiones políticas” contemporáneas, basadas en “mitos laicos” que “reproducen la forma narrativa del género apocalíptico cristiano” y que no son más que “modos de aceptar aquello que es imposible saber”. Así, el nacionalismo, en la medida en que renuncia a un conocimiento mínimamente ecuánime de la realidad, sólo puede ser un acto de fe en una comunidad imaginada como blanco de una conspiración planetaria -esencialmente española- cuyo objetivo es acabar con dicha comunidad. “Lo único que nos podría y nos podrá salvar -del intento de España de ‘residualizar’ (sic) a los catalanes- sería y será el pensamiento y la actitud independentistas”, decía en marzo del 2012 uno de los padres de la criatura, Jordi Pujol. Y esa es precisamente la base apocalíptica del relato independentista que su sucesor, Artur Mas, propala a los cuatro vientos, sin ir más lejos en su último mensaje de fin de año: “El Estado nos quiere divididos porque sabe que así somos más vulnerables”.

Señala Gray que “los espejismos colectivos de persecución sirven para fortalecer una frágil sensación de acción propia”, observación que me parece perfectamente aplicable al caso que nos ocupa, pues la acción de gobierno de la Generalitat en estos últimos dos años ha estado definitivamente marcada por el victimismo y el ensimismamiento. Pero lo cierto es que esa pretendida autoafirmación reactiva conlleva necesariamente el alejamiento entre los catalanes que creen experimentarla y los que no vivimos nuestra catalanidad conforme a ese relato divisivo que, desgraciadamente, preside nuestra vida pública como una suerte de fe revelada.

De ahí la importancia de seguir poniendo en cuestión los dogmas de ese “credo secular” que es el independentismo, aun a riesgo de pasar a engrosar la ya de por sí abundante demonología del nacionalismo, lo cual, bien mirado, no dejaría de ser un honor comoquiera que ésta incluye en una sola lista negra a pensadores foráneos de la talla de Carr, Elliott, Kamen o, más recientemente, Jürgen Habermas, que se unen a demonios patrios como Félix de Azúa, Fernando Savater, Mario Vargas Llosa o cualquiera que cuestione el “relato”. La pregunta es clara: ¿hay alguien que se oponga al relato dominante que no sea un facha según el propio relato? Gray concluye que esos credos seculares “son más irracionales que ninguna fe tradicional, aunque sólo sea porque se esfuerzan mucho más por dar muestras de racionalidad”. Supongo que ese esfuerzo es lo que en su día llevó a Jaume Sobrequés, director del simposio España contra Cataluña, una mirada histórica (1714-2014) perpetrado al calor del relato, a catalogar de “científico y académico” lo que el demonio Elliot había tildado de disparate.

La historia no está escrita, sino que somos nosotros como individuos, y no como meros espectadores de un relato sumamente reduccionista que todo lo explica, los responsables de ella. España -Cataluña incluida- es como es: esencialmente imperfecta, con sus grandezas y sus miserias. Por supuesto que es perfectible, pero sólo desde el realismo reformista y no a partir de relatos basados en sueños de liberación colectiva que hablan de países nuevos, que por alguna impenetrable razón nada tendrán que ver con los viejos, sueños que, al despertar, sólo pueden generar frustración.

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¿Cataluña debería tener un gobierno normal?

(Artículo publicado en ABC el 17/04/2014)

Artur Mas reconoce que el escenario más probable que baraja es el de transformar las próximas elecciones autonómicas en un plebiscito. La ley electoral no prevé la modalidad de elecciones plebiscitarias, es decir, o bien se celebran elecciones, o bien se hace un referéndum, y un plebiscito no es otra cosa que un referéndum. Intentar celebrar un referéndum encubierto puede incluso constituir un fraude de ley, pero si la legalidad de la fórmula resulta cuando menos dudosa, lo que no admite discusión es que en ningún caso los resultados de esos comicios podrían derivar en consecuencias jurídicas vinculantes para nadie. Así, al margen de que no es lo mismo contar votos que escaños –nuestro sistema electoral proporcional corregido garantiza una representatividad por territorios que en la práctica supone una sobrerrepresentación de las provincias de Girona, Lleida y Tarragona-, una independencia proclamada de resultas de un hipotético triunfo electoral de los partidos independentistas no tendría validez jurídica alguna.

Ahora bien, lo que sí es legítimo es que Mas convoque elecciones anticipadas –y quizá lo mejor sería que lo hiciera cuanto antes- y lo haga con un programa nítidamente independentista y no protegido por el banderín de enganche del derecho a decidir como en las elecciones del 2012. No en vano, como acertadamente señaló Rubalcaba en el debate de la semana pasada en el Congreso, el derecho a la autodeterminación es un derecho concebido para irse y no para quedarse. Deshagamos de una vez este entuerto: CiU no ha ganado nunca unas elecciones con un programa explícitamente independentista, entre otras cosas porque con toda probabilidad ello hubiera significado la ruptura de la federación en la medida en que se supone que Unió no es independentista. Ni siquiera está claro que Convergència sea tan unánimemente independentista como parece. En todo caso, llegados a este punto no es de recibo que el partido que está pilotando un proceso cuya única finalidad plausible es la independencia no se haya presentado nunca a unas elecciones con un programa inequívocamente independentista.

Los promotores del referéndum en Cataluña se empeñan en seguir presentándolo como la quintaesencia de la democracia, en contra de la experimentada opinión del exministro de Asuntos Intergubernamentales de Canadá e inspirador de la célebre Ley de Claridad canadiense, Stéphane Dion, que recuerda siempre que puede que “un referéndum de autodeterminación es un traumatismo social”. De ahí que lo más lógico hubiera sido que, antes de empezar a plantearnos si nos convenía embarcamos en tamaño trastorno, los ciudadanos de Cataluña hubiéramos tenido la oportunidad de conocer de antemano la opinión sin ambages de nuestros partidos políticos en torno a la independencia, no sólo la de CiU sino también la de otros que, como ICV-EUiA, han jugado interesadamente la carta de la ambigüedad.

No vale eso que dice el líder ecosocialista Joan Herrera de que “primero hay que ganar el derecho a decidir” y luego ya se verá cuál es la posición del partido con respecto a la independencia. Si a lo que aspiran es a la independencia de Cataluña, que se presenten a las próximas elecciones con un programa claramente independentista; y si los partidos inequívocamente independentistas obtienen de esta forma una mayoría suficiente para gobernar, entonces sí estarán a mi juicio legitimados para promover dentro del marco legal y constitucional vigente la celebración de un referéndum (consultivo) de secesión.

Precisamente en Quebec, de donde procede Dion, se han celebrado hace unos días unas elecciones de inequívocos tintes plebiscitarios. Eran unas elecciones y no un referéndum, pero la campaña electoral había sido un auténtico plebiscito sobre la oportunidad de convocar un nuevo referéndum sobre la secesión de Quebec como los de 1980 y 1995. Pues bien, bajo el revelador lema “Juntos, nos ocuparemos de los problemas reales”, el Partido Liberal, contrario a la celebración de un nuevo referéndum, obtuvo la mayoría absoluta con 70 escaños de los 125 de que se compone el Parlamento quebequés. Por su parte, los defensores del referéndum, los nacionalistas del Partido Quebequés (PQ), han cosechado sus peores resultados desde la década de 1970 obteniendo menos de la mitad de escaños (30) que el Partido Liberal. Un auténtico descalabro del separatismo, que, según el editorial del 7 de abril del diario The Globe and Mail, uno de los más influyentes de Canadá, podría haber sido todavía peor de haber durado la campaña una semana más, pues la intención de voto a la Coalición para el Futuro de Quebec (CAQ en sus siglas en francés, una formación soberanista, pero no independentista, y contraria también a la celebración de un nuevo referéndum) se disparó en las encuestas de los últimos días y a punto estuvo de igualar al PQ en voto popular en las urnas. Estas elecciones han sido, según The Globe and Mail, “un referéndum sobre si Quebec debería tener un gobierno normal”, es decir, un gobierno que evite el traumatismo social de un referéndum secesionista y que intente hacer lo que hacen los gobiernos normales: gobernar. Y los votantes han respondido con un aplastante “Sí”.

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Un principio de caso único

(Artículo publicado en Crónica Global el 10 de enero de 2014)

Los partidarios del llamado derecho a decidir de Cataluña se empeñan en identificarlo con un supuesto principio universal de “radicalidad democrática” que al parecer consiste paradójicamente en establecer que el pueblo catalán tiene derecho a autodeterminarse de manera unilateral e independiente de lo que digan la Constitución y las leyes. En teoría, un principio es una norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta, es decir, una pauta general. Sin embargo, la originalidad del principio de radicalidad democrática al que apelan los nacionalistas catalanes es que es un principio de caso único, porque sólo es aplicable al pueblo catalán y, además, se limita a una única cuestión: ¿continuidad en España o secesión?

Pero ese principio de caso único no es una inocente contradicción en los términos, sino una  arbitrariedad en toda regla que sólo puede responder a la intención de sus ideólogos de enmascarar determinadas maniobras u objetivos políticos que ni siquiera ellos mismos consideran razonables en sus actuales planteamientos. No en vano tales planteamientos, cuyo único objetivo es hacer creer al mundo que las demandas independentistas son la quintaesencia de la democracia en contraposición con el carácter pretendidamente antidemocrático de lo que ellos denominan el “Estado español”, se basan esencialmente en dos imposturas a cual más arbitraria:

1.- Falseamiento selectivo de la historia. Los independentistas catalanes se empeñan en presentar la Guerra de Sucesión y el subsiguiente proceso de centralización del poder implantado en España por los Borbones –proveniente de la innovadora Francia, no lo olvidemos- como el inicio de una supuesta ilegitimidad democrática del Estado español, como si las instituciones catalanas abolidas tras la caída de Barcelona en 1714 fueran instituciones democráticas, y no puramente aristocráticas y estamentales, y como si en el resto de los Estados de nuestro entorno no hubieran tenido lugar procesos similares de racionalización administrativa y eliminación de barreras aduaneras interiores. Y es que, siguiendo la lógica independentista, no existiría entre nuestros vecinos europeos ningún Estado moderno legítimamente democrático, pues lo ocurrido tras la Guerra de Sucesión y la implantación del absolutismo en España se parece mucho a lo ocurrido poco antes o después en Francia, Austria, Rusia e incluso en Inglaterra antes de la Revolución Gloriosa de 1688. Es decir, si la historia moderna de España es por definición antidemocrática como sostienen los nacionalistas catalanes, no lo es menos la de esos otros países, algunos de cuyos gobernantes han recibido recientemente una carta y un memorándum de parte del presidente Mas pidiéndoles apoyo en su determinación de celebrar este año una consulta que acabe con “tres siglos de sumisión del pueblo catalán” (sic). Es de suponer que, a cambio, el presidente autonómico se comprometerá al menos a no pasar la historia de aquellos Estados –si es que hay alguno- que tengan a bien brindarle su apoyo por el implacable tamiz del independentismo catalán, pues es evidente que ninguno de ellos pasaría el test de calidad democrática elaborado por los secesionistas catalanes.  

2.- Falseamiento selectivo del presente. Los independentistas catalanes no se conforman con moldear arbitrariamente la historia, sino que hacen lo propio con el pasado más reciente y aun con el presente. Se empeñan ahora en hacernos creer, y en hacer creer al mundo, que la Constitución de 1978 carece de legitimidad democrática. Tanto es así que le achacan una doble falta de legitimidad: por un lado, por las circunstancias excepcionales en que fue aprobada tras la dictadura franquista, y, por otro, porque la mayoría de los catalanes de hoy no habían nacido o todavía eran menores de edad en 1978.

Olvidan que las dos supuestas faltas que pretenden endosarle a nuestra Carta Magna son comunes a las Constituciones de la mayoría de los países de nuestro entorno. ¿Acaso algún independentista catalán discute la legitimidad democrática de la Constitución alemana, la Ley Fundamental de Bonn de 1949, que fue redactada por un órgano constituido a instancias del mando militar de las zonas de ocupación estadounidense, británica y francesa tras la Segunda Guerra Mundial y que nunca fue sometida a referéndum de todo el pueblo alemán? ¿O la de la Constitución japonesa de 1945, redactada por una veintena de expertos estadounidenses durante la ocupación aliada posterior a la Segunda Guerra Mundial y que hasta ahora no ha sido objeto de ninguna reforma? ¿Discute alguno el valor de la Constitución italiana de 1947 o el de la francesa de 1958 por el hecho de que la inmensa mayoría de sus ciudadanos no las hayan votado? Por no hablar de la Constitución de los Estados Unidos, de 1787, que con frecuencia es presentada por comentaristas y tertulianos independentistas como ejemplo de Constitución flexible, pese a tratarse de una Constitución tan rígida como la que más cuya última enmienda, por cierto, se aprobó en 1971, hace más de cuarenta años. Desde entonces, no ha habido más reformas a excepción de la entrada en vigor de la enmienda 27 en 1992, a pesar de haber sido remitida por la Cámara de Representantes a las asambleas legislativas de los Estados para su aprobación más de ¡200 años antes!, en 1789. ¡Qué dirían los nacionalistas catalanes, tan inclinados a magnificar cualquier nadería para intentar probar la baja calidad de la democracia española, si en España una reforma constitucional hubiera tardado 200 años en ver la luz…!

Las Constituciones son, por definición, textos orientados a perdurar en el tiempo, porque su finalidad es dotar de seguridad y estabilidad la convivencia de una determinada comunidad humana sobre la base del respeto a los derechos individuales y de las minorías. De hecho, es la salvaguarda de los intereses de las minorías estructurales que integran España, y no precisamente la defensa de los intereses coyunturales respectivos de los grandes partidos nacionales (PP y PSOE) como sostienen los nacionalistas, la principal justificación de la necesidad de alcanzar grandes consensos si lo que se pretende es reformar la Constitución, consensos imposibles de alcanzar por un solo partido por muy mayoritario que sea.         

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Hacer algo juntos

(Artículo publicado en Crónica Global el 6/11/2013)

El Congreso de los Diputados aprobó la semana pasada una moción de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), con el apoyo del PP y del PSOE -a excepción del PSC, que se abstuvo-, en la que se rechazaba absolutamente el derecho a decidir del pueblo catalán y, al mismo tiempo, se afirmaba de manera no menos absoluta que el sujeto de ese pretendido derecho no es otro que el pueblo español.

Pues bien, si nos atenemos a la literalidad de la Constitución, cuyo artículo 1.2 establece que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”, está claro que la moción de UPyD tiene todo el sentido. Pero no creo que la mejor manera de salir al paso de las aspiraciones independentistas del gobierno catalán sea trasladar a las Cortes Generales el bizantino debate sobre quién es el sujeto nacional del supuesto derecho a decidir, es decir, el sujeto de soberanía, y, menos todavía, hacerlo apelando exclusivamente a argumentos de derecho positivo y de lógica institucional. Tales argumentos jurídicos, por muy pertinentes y legítimos que sean desde el punto de vista democrático y constitucional -que lo son-, no dejan de ser contingentes y, por tanto, susceptibles por definición de cambiar con el tiempo y el devenir de la sociedad. De ahí que resulte, en mi opinión, poco convincente poner en solfa el derecho a decidir del pueblo catalán no por lo que ese supuesto derecho tiene sin duda de arbitrario y totalizador en una sociedad intrínsecamente plural y diversa como la catalana (conviene recordar que la opción “tan catalán como español” es la mayoritaria en todas las encuestas en las que a los catalanes se nos ha preguntado por nuestra adscripción identitaria), sino por el hecho de que sea el pueblo catalán y no el español el sujeto del que se predica el derecho.

Es verdad que la Constitución establece que “la soberanía nacional reside en el pueblo español”, pero no es menos cierto que también “reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones” que integran España, es decir, reconoce la existencia en España de otras realidades nacionales aparte de la española -que es la única nación política que conoce nuestra Carta Magna-, en implícita alusión a las nacionalidades o, si se quiere, naciones culturales de Cataluña, el País Vasco y Galicia. Ese poder político propio que la Constitución reconoce a las comunidades autónomas, que en modo alguno puede considerarse soberanía sino únicamente autonomía constitucional, supone en la práctica una limitación considerable a la soberanía del pueblo español. Tanto es así que, de la misma manera que podemos afirmar que el pueblo español constituido en nación no goza de absoluta soberanía exterior o jurídico-internacional, no resulta descabellado afirmar que tampoco ostenta la plena soberanía interior. Así, en el hipotético y, por ahora, nada probable caso de que se convocase un referéndum de reforma constitucional en el que la mayoría del pueblo español a excepción de los catalanes votase a favor de la supresión de las comunidades autónomas y de la centralización de todas las competencias en el Estado, el principio de autonomía consagrado por la Constitución no permitiría al Estado soslayar la decisión de los catalanes a favor del régimen autonómico. Otro tanto ocurriría en el caso de que se celebrase en toda España un no menos probable referéndum sobre la independencia de Cataluña y la mayoría de los españoles a excepción de los catalanes votase en contra de la secesión. ¿Qué sentido tendría entonces mirar hacia otro lado y obviar la voluntad de los catalanes? A mi juicio, ninguno.

No creo que vayamos a solventar el problema catalán, o mejor dicho, el problema español enfrascándonos en un interminable debate sobre sujetos de soberanía. Al contrario, esa discusión sólo puede generar frustración y un recíproco sentimiento de agravio entre catalanes y españoles no catalanes. Algunos consideramos que ha llegado un punto en que la cuestión catalana sólo puede resolverse por elevación, es decir, a través de un gran pacto de Estado entre los dos grandes partidos nacionales para llevar a cabo una ambiciosa reforma constitucional e institucional que sirva para galvanizar el sentimiento de adhesión al proyecto colectivo de todos los españoles, incluidos por supuesto los catalanes.

Decía Edmund Burke en sus Reflexiones sobre la Revolución en Francia que “un Estado que carezca de posibilidades de cambio es un Estado sin medios de conservación”, y advertía de que “sin dichas posibilidades, incluso se puede arriesgar la parte de la Constitución que más fervorosamente se desea conservar”. Es imprescindible que el gobierno central y el conjunto del pueblo español tomen conciencia de que lo que está ocurriendo en Cataluña no es un asunto privativo de los catalanes, sino que probablemente sea el más grave de los problemas que tenemos planteados los españoles, y de que si resultase que no somos capaces de encontrar entre todos posibilidades razonables de cambio, España tampoco tendría medios de conservación.

Las naciones todas son constructos ideológicos que, como diría el ideólogo de la unificación italiana Giuseppe Mazzini, nacen y mueren como los individuos. La longevidad de cualquier nación no depende de lo que digan las leyes, sino de su capacidad para mantener la adhesión de sus ciudadanos al proyecto común, lo que en tiempos democráticos como los actuales sólo puede lograrse mediante la persuasión. Es decir, consiguiendo que el proyecto sugestivo de vida en común del que hablaba Ortega salga periódicamente airoso del plebiscito cotidiano del que hablaba Renan, que partiendo del pasado compartido se proyecta sobre el futuro también conjunto. Decía Ortega que los grupos que conforman una nación no conviven por estar juntos, sino para “hacer algo juntos”. Pues de eso se trata.

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El señuelo de la consulta

(Artículo publicado en Crónica Global el 09/10/2013)

No cabe duda de que el independentismo ha sabido aprovechar la crisis para ampliar considerablemente sus bases sociales. Pero acaso su logro más importante sea haber sabido disfrazar su único, particular y hasta ahora siempre minoritario objetivo, la secesión de Cataluña, tras el velo de otro aparentemente mucho más sugestivo, transaccional y, sobre todo, más fácilmente aceptable para el conjunto de los ciudadanos de Cataluña: el llamado “derecho a decidir”.

Se trata, en el fondo, de un señuelo que los independentistas utilizan para dar a entender que ese “problema de Cataluña” del que, en abstracto, hablaba Artur Mas en el último Debate de Política General se encuentra fuera de Cataluña, en Madrid o en el Estado español que nos niega ese supuesto derecho, y no en la propia sociedad catalana. Soslayan los independentistas que la sociedad que dicen querer emancipar es mucho más compleja y diversa de lo que ellos pretenden, y se empeñan en presentar la consulta como el remedio definitivo que arrancará de raíz el problema de Cataluña porque los catalanes seremos por fin dueños de nuestro destino, como si hasta ahora no lo hubiéramos sido. ¿Afrontarán algún día los secesionistas el hecho de que su anhelada independencia no sólo les separa del resto de los españoles, sino sobre todo de muchos catalanes que preferimos seguir siendo plurales y diversos en nuestra propia identidad? Quizá entonces se den cuenta de que, en lugar de solucionar un problema, su maniquea aventura nos ha sumido en otro mucho más severo, insoportable y difícil de remediar.

Sea como fuere, los independentistas no sólo han logrado situar su objetivo en el centro de nuestro debate público como si fuera un anhelo compartido por todos los catalanes, sino que además han conseguido neutralizar la oposición dentro de Cataluña. Primero, tildándola de antidemocrática a las primeras de cambio y, segundo, acusándola de practicar lo que ellos llaman el “discurso del miedo”. Lo primero se traduce en una actitud de autocontención, cuando no de condescendencia, entre quienes se oponen a la ruptura con el resto de España (sobre todo entre quienes defienden el “derecho a decidir” pero no la independencia: PSC, Unió Democràtica e incluso, en ocasiones, ICV-EUiA) lo que ha permitido a los independentistas actuar de continuo como si Cataluña fuera ya virtualmente independiente y les ha dado alas para imponer, entre otras ideas, la creencia de que la consulta que propugnan constituye la quintaesencia del principio democrático, pretensión que resulta como mínimo discutible, entre otras cosas, porque no se puede obviar que cuando se proclama la subjetividad política y jurídica del pueblo catalán se está negando la del conjunto del pueblo español que reconoce la Constitución.

En cuanto al tan traído y llevado “discurso del miedo”, resulta cuando menos insólito que, precisamente aquellos que se empeñan en presentar la mejor etapa de la historia de Cataluña en términos objetivos de bienestar social, crecimiento económico y autogobierno -los treinta y cinco años que van desde la aprobación de la Constitución de 1978 hasta nuestros días- como un período oscuro de privaciones y sinsabores que los catalanes debemos superar si no queremos que “la catalanidad desaparezca” (Jordi Pujol dixit), se atrevan a atribuir el “discurso del miedo” a quienes se limitan a advertir de los riesgos que conllevaría la independencia. Paradójicamente, son los propios independentistas quienes a diario dan fe, aunque de manera involuntaria, de las bondades de formar parte de España cuando afirman que Cataluña es uno de los motores económicos de Europa, una de las regiones más dinámicas del Sur de Europa con un PIB similar al de Finlandia o Dinamarca, además de ser la avanzadilla cultural de España. ¿Pero no habíamos quedado en que somos un pueblo secularmente oprimido y expoliado? Pues bien, parece que para los independentistas no supone un contrasentido el hecho de defender algo y su contrario al mismo tiempo, lo cual me parece perfectamente coherente con su determinación de alcanzar la independencia a todo trance, sin reparar en riesgos.

Sin embargo, lo que ya no resulta tan coherente es que aquellos que se manifiestan a favor del derecho a decidir pero en contra de la independencia se alineen con los independentistas en su sistemática campaña de desmerecimiento de los innegables progresos y consecuciones del sistema autonómico y de la democracia española en general. Así, rebajando los avances y amplificando sobremanera las fallas de nuestro actual Estado, lo único que consiguen es hacerles el juego a los independentistas y, de paso, desarmarse de antemano de cara a una hipotética consulta sobre el futuro político de Cataluña en la que supuestamente habrían de defender la continuidad de Cataluña en España. Al fin y al cabo, ¿cómo van a defenderla, llegado el caso, quienes no ven en ella más que perjuicios?

Llegados a este punto, quizá convenga recordar lo obvio: ser partidario del Estado autonómico, de un Estado regional asimétrico, de un Estado federal o de un Estado confederal no es ser partidario de la independencia, sino, en todo caso, de reformar el Estado español y, en última instancia, de la unidad de España. Y la unidad de la España constitucional no es sinónimo de un Estado antidemocrático, ni unitarista ni centralista como algunos pretenden, sino de un Estado de Derecho que reconoce y garantiza la autonomía de las nacionalidades y regiones que lo integran, así como los derechos y libertades fundamentales de sus ciudadanos en cuanto ciudadanos, con independencia de su adscripción identitaria.

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