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El “familismo amoral” de los Pujol

(Artículo publicado en ABC el 31/07/2014)

En su obra Las bases morales de una sociedad atrasada (1958), el politólogo estadounidense Edward C. Banfield emplea el concepto de “familismo amoral” para describir la cultura política predominante en una población del sur de Italia caracterizada por la ausencia de cualquier tipo de compromiso ni ético ni moral entre ciudadanos. Al habitante medio de esa población sólo le concierne lo que le ocurra a su familia nuclear, es decir, a su cónyuge y/o a sus hijos, mientras que lo que le pueda suceder al resto de su familia, y no digamos ya al resto de la sociedad, le trae sin cuidado. Así, el interés particular está por encima de todo y el interés público brilla por su ausencia. Este patrón de conducta es propio de sociedades económica y culturalmente atrasadas en las que predomina el clientelismo y una honda desconfianza en las instituciones sociales y políticas, de ahí que estas resulten en la práctica completamente inservibles para el fin que se les supone.

Está claro que ese no es el caso de la sociedad catalana, históricamente una de las comunidades más desarrolladas económica y culturalmente del sur de Europa; la única región de España que, gracias tanto a la mentalidad menestral de su sociedad como a la incontestable hegemonía de su industria en el otrora vasto mercado español, se incorporó a la primera revolución industrial. Sin embargo, después de la escandalosa confesión del expresidente Pujol sobre su evasión fiscal cabe concluir que, paradójicamente, en Cataluña el familismo amoral ha alcanzado la sublimación. No en vano aquí el problema no es que el ciudadano de a pie anteponga los intereses de su familia nuclear al interés general o desprecie las instituciones, sino que quien ha confesado haber hecho ambas cosas ha sido precisamente aquel que durante más de tres décadas se ha autoerigido en garante de los intereses generales de Cataluña con un discurso moralizante rayano en lo mesiánico. Pujol, como buen nacionalista, no se cansó de exigir a los catalanes sacrificios en aras del bien común, pero él no dudó en demediar el bienestar de sus “administrados” sustrayéndose de sus obligaciones con la hacienda pública en beneficio y utilidad de su señora e hijos y, si nos atenemos a la inconexa versión oficial, en perjuicio incluso de su hermana que supuestamente nada sabía de sus turbios manejos. Familismo amoral de libro.

A lo largo de su dilatada carrera, Pujol confundió sistemáticamente lo privado con lo público, desterrando a tal efecto el concepto acuñado por Tarradellas de “ciudadano de Cataluña”, entonces tan necesario como inaudito tras cuarenta años de nacionalismo enajenante, y resituando en el centro del debate público en Cataluña conceptos como el de “pueblo” o “nación”, tan fatigosos entonces como ahora.

Cuando Pujol se posicionó públicamente a favor de la independencia, es decir, después de treinta años cocinándola a hurtadillas y proclamando su lealtad a España, muchos de sus feligreses lo entendieron como la señal de San Pedro, símbolo de los arrepentidos, y abrazaron maquinalmente la causa independentista, como si, al igual que se supone que San Pedro tiene las llaves del paraíso celestial, Pujol tuviera las del paraíso terrenal. Lo que, sin duda, no esperaban es que las únicas llaves de Pujol fueran las del paraíso fiscal.

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El poder de los lobbis (I)

Mariano Rajoy anunciaba la semana pasada que la Ley de Transparencia promovida por el Gobierno se aplicará no sólo a las administraciones públicas, sino también a los partidos políticos. Así pues, la actividad de los partidos se verá por fin sensiblemente acotada por criterios de transparencia y buenas prácticas que de haberse implementado antes probablemente nos hubieran ahorrado no pocos sonrojos colectivos. A tal respecto, me parece especialmente interesante echar un vistazo al papel de los lobbis o grupos de presión en el proceso de toma de decisiones políticas. De ahí que haya decidido escribir una serie de tres artículos sobre los grupos de interés: primero, en los Estados Unidos; segundo, en la Unión Europea; y, por último, en España.

La voz inglesa lobby, que significa literalmente pasillo, antecámara o vestíbulo, hace también referencia, según recoge la propia Real Academia de la Lengua Española, a un grupo de personas influyentes organizado para presionar a favor de determinados intereses, acepción que en seguida trae a la memoria la cinematográfica imagen de los pasillos del Capitolio de Washington, donde su presencia es tan notable como cotidiana. Sin embargo, el término hunde sus raíces en los albores del siglo XIX, cuando surgen los denominados lobby agents, intermediarios entre la sociedad civil decimonónica y la clase política del Parlamento del Estado de Nueva York.

El poder y la influencia de los lobbis en todo el mundo, y muy especialmente en los Estados Unidos, es una realidad incontestable por más que los gobernantes se empeñen en demostrar su independencia y su compromiso con el interés general. La presencia de los grupos de interés en todos los ámbitos de decisión, tanto nacionales como supranacionales, se pone de manifiesto periódicamente y se concretiza en muchas de las decisiones adoptadas por los diferentes gobiernos. Prueba de ello es la contumaz propensión de los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos a condescender ante los intereses de lobbis como la Asociación Nacional del Rifle (NRA, en sus siglas en inglés), que en 2005 logró tras muchos desvelos la aprobación por el Congreso estadounidense de la Ley de Protección del Comercio Lícito de Armas, sancionada por el entonces presidente George W. Bush.

Los principales lobbis o grupos de presión estadounidenses representan los intereses de la práctica totalidad de las actividades humanas. Así, pues, existen lobbis financieros, industriales, ecologistas, feministas, étnicos, religiosos, etcétera, etcétera. De entre todos ellos, descuellan poderosamente el lobby armamentista y el lobby del petróleo, lo que no es de extrañar toda vez que EE.UU. es la primera potencia militar, así como el mayor importador de petróleo del mundo.

Para bien o para mal, la acción de estos grupos de presión en los Estados Unidos está perfectamente delimitada y regulada, desde 1995, por una ley que establece el registro obligatorio de los lobbis, así como un desglose detallado de sus ingresos y de sus gastos. Ya en 1946 se había  promulgado la Federal Regulation of Lobbying Act, primer reconocimiento formal de la actividad de los lobbis a escala nacional, que tuvo un efecto catártico sobre su imagen pública. Y es que la actividad de estos grupos no había sido siempre bien vista por la puritana sociedad norteamericana, llegando a ser tipificada como delito en la Constitución del Estado de Georgia, de 1877.

Ni que decir tiene que no es casual que fuera precisamente en 1946, recién acabada la II Guerra Mundial, cuando el Gobierno de Harry S. Truman se decidió a regular la actividad de los lobbis. La guerra había terminado y el rápido crecimiento empresarial y financiero que vivió EE.UU. en los años inmediatamente posteriores, especialmente el sector de las exportaciones, trajo consigo la aparición de una legión de intermediarios que diariamente atestaba los pasillos del Parlamento estadounidense en busca de acuerdos beneficiosos para sus intereses, a cambio de su apoyo político. Fue sin duda la belle époque de los grupos de interés norteamericanos, hasta tal punto que en 1956 John Fitzgerald Kennedy señalaba:

“Los lobbistas son en la mayoría de los casos técnicos expertos y capaces de explicar temas complejos y difíciles de una manera clara y comprensible. Sostienen diálogos personales con miembros del Congreso en los cuales explican en detalle la razón de las posiciones que defienden (…) preparan resúmenes, análisis de leyes proyectos y memoranda para uso de los legisladores y de las comisiones. Son necesariamente maestros en sus temas y, de hecho, casi siempre proveen estadísticas útiles e información difícil de obtener. (…) Hablan en nombre de los varios intereses económicos, comerciales y otros de tipo funcional de esta nación, sirven a un útil propósito y han asumido un importante papel en el proceso legislativo”.

El peso de los lobbis creció exponencialmente con el pasar de los años, extendiéndose su campo de acción más allá de las causas de índole económica y empresarial, e introduciéndose en ámbitos como la defensa de los derechos civiles, el medio ambiente, la seguridad y protección del consumidor, el cuidado de la salud, etc. Pero llegó un momento, a principios de la década de 1960, en que lo estadounidenses empezaron a tener la preocupante sensación de que los lobbis, sobre todo algunos como el del petróleo, el del tabaco o el armamentista, se habían convertido en los auténticos dueños de la política nacional. Hasta el punto de que el general Eisenhower en su discurso de despedida como presidente de los Estados Unidos (17 de enero de 1961) alertaba de los peligros derivados del creciente poder de la industria armamentística en la política estadounidense. Eisenhower avisaba:

“Esta conjunción de una inmensa estructura militar y una gran industria armamentística es nueva en la historia americana. (…) Debemos tener cuidado ante esta adquisición de influencia ilimitada, visible o invisible, del complejo militar-industrial. El potencial del crecimiento desastroso de un poder fuera de lugar existe y persistirá”.

Para muchos, la guerra de Vietnam, la primera guerra del Golfo, así como la ominosa política belicista desplegada por la Administración Bush son fiel trasunto del “crecimiento desastroso de un poder fuera de lugar”, que, pese a las admoniciones del presidente Eisenhower, existe y persistirá en los Estados Unidos. Los lobbis alcanzaron allí las más altas cotas de impopularidad tras estallar, en 2005, el escándalo del lobbista Jack Abramoff, considerado por muchos el mayor escándalo de corrupción parlamentaria de la historia de EE.UU. Aunque por lo menos allí los grupos de presión están perfectamente identificados, lo que sin duda facilita su control y la exigencia de que se sometan a preceptivos mecanismos de rendición de cuentas.

 

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