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Respirar en Cataluña

Para empezar, debo confesar que lo del euro por receta no me pareció de entrada tan mala idea como medida extraordinaria para incrementar los ingresos de la administración catalana con el objetivo de preservar dentro de lo posible nuestro Estado de bienestar. Creo sinceramente que lo que no se puede hacer es criticar sistemáticamente proyectos e iniciativas por el solo hecho de no estar de acuerdo con sus proponentes, pues con ello sólo se consigue obstruir la acción de gobierno porque sí en un ejercicio de filibusterismo descarado. Es más, me pasma la naturalidad con que la oposición y la mayoría de los medios afines a ella–los de hoy y los de ayer, que en esto son intercambiables- critican las medidas de austeridad que adoptan los gobiernos de turno, al mismo tiempo que censuran cualquier subida de impuestos, por muy razonable que ésta pueda ser en términos de eficiencia y equidad del sector público. ¿Pero es que no se dan cuenta de que nuestro Estado de bienestar tal y como está concebido no resulta sostenible en las actuales circunstancias? ¿Acaso piensan que podemos seguir endeudándonos ad eternum y sin consecuencias?

De ahí que a pesar de no estar en absoluto de acuerdo con la deriva independentista de CiU, ya ostensible en la pasada legislatura cuando se aprobó la medida, trate de analizar sine ira et studio cada una de las medidas que la federación nacionalista viene adoptando desde que en el 2010 recuperara el poder en Cataluña. Así, ésta era una más dentro de la ley de medidas fiscales y financieras que el gobierno catalán logró sacar adelante en el Parlamento autonómico en marzo de 2012. Orientada a racionalizar el gasto en sanidad, y en el bien entendido de que su finalidad era antes disuasoria que recaudatoria, la medida contemplaba -en contra de lo que sostenían sus detractores- una serie de exenciones o protecciones a las rentas más bajas, así como límites a la norma con vistas a proteger a los pacientes crónicos. Con todo, en líneas generales la tasa no sentó bien entre el contribuyente de a pie, entre otras cosas seguramente porque términos, como exenciones, protecciones o límites presentes en la ley, suelen perderse en el piélago de los medios de comunicación.

A pesar de mi inicial aceptación, había un detalle que a mi modo de ver hacía difícilmente justificable la implantación de la tasa: su ámbito de aplicación territorial se limitaba a Cataluña, por lo que los ciudadanos catalanes acabaríamos pagando más que el resto de los españoles por los medicamentos, es decir, la norma autonómica contravendría de facto el principio de igualdad y no discriminación que en todo Estado de Derecho que se precie debe presidir la actuación de los poderes públicos.

El gobierno central recurrió la tasa ante el Tribunal Constitucional (TC) con el objetivo de evitar que los ciudadanos de Cataluña siguiéramos pagando un sobreprecio por los medicamentos, es decir, con el objetivo de proteger a los ciudadanos catalanes, tanto a los que estábamos más o menos de acuerdo con la tasa como a los que no, de lo que el Ejecutivo de Rajoy entendía además como una extralimitación competencial del gobierno catalán. Ahora el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del gobierno central, decretando la suspensión por cinco meses del euro por receta. Normalidad constitucional, ni más ni menos. El problema es que el gobierno catalán, con su portavoz Francesc Homs a la cabeza, parece no querer entender algo que debiera ser tan elemental para alguien que se dedica a la política como el funcionamiento de un Estado de Derecho. Esto o lo que es peor: que pretenda a sabiendas confundirnos a todos sobre las relaciones entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que cuando menos desde Montesquieu es sabido que no sólo deben permanecer separados sino que además deben equilibrarse y controlarse mutuamente.

Así funciona en España, pero también por ejemplo en los Estados Unidos, donde por cierto todavía están a la espera de una sentencia de la Corte Suprema federal–homologable a nuestro TC- sobre los matrimonios homosexuales en California, estado en el que en el año 2008 se introdujo una reforma en la Constitución estatal (de California) que consagra el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Este cambio, que de facto ilegaliza el matrimonio homosexual, vino dado por una iniciativa popular de reforma constitucional que los californianos aprobaron en referéndum el mismo día, por más señas, que mayoritariamente votaron por Obama en las elecciones presidenciales. Sin embargo, después de un largo periplo judicial, este polémico artículo de la Constitución estatal está sobre la mesa de la Corte Suprema, que ahora debe pronunciarse sobre su adecuación a la Constitución federal (de los Estados Unidos). Es decir, la Corte Suprema federal puede acabar revocando una decisión adoptada en referéndum por el pueblo de California, y sin embargo allí ningún político californiano pone en solfa la autoridad del Alto Tribunal.

Al señor Homs le debe de parecer muy ingenioso lo de que “cualquier día declararán inconstitucional respirar en catalán”. A mí personalmente me parece patético. Lo que no descarto es que, de seguir así, algún día resulte difícil respirar en Cataluña.

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