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El compromiso de Rajoy con Cataluña

Se espera con expectación, sobre todo desde Cataluña, que en otoño Rajoy responda a la carta de Mas y que la respuesta esté a la altura del presidente del Gobierno de un Estado democrático de Derecho. Sin embargo, a menudo se deja de lado que el destinatario de la carta debe responder al contenido de esta, que no olvidemos que parte de una serie de apriorismos como el llamado “derecho a decidir” de todo punto inaceptables, no ya para el Gobierno español de turno sino para cualquier Estado democrático de Derecho.

De entrada, porque el remitente se empeña en proclamar el carácter democrático de su aspiración, olvidando que la democracia no es sólo la regla de la mayoría, sino también la sujeción de los poderes públicos a la ley; el respeto a los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos como tales, con independencia de sus adscripción ideológica o identitaria; y la protección de las minorías. Es decir, a pesar de prescindir de aspectos tan esenciales de la concepción contemporánea de la democracia, o sea, de la democracia constitucional, la carta presenta la consulta como la quintaesencia de la democracia. Primer apriorismo inaceptable de la carta.

Por otra parte, la carta plantea la independencia de Cataluña no como un objetivo político sino como un derecho, es decir, apelando al derecho de autodeterminación de Cataluña en los términos que recoge la ONU, aunque disimulando bajo el eufemismo del “derecho a decidir”. Pues bien, tan evidente resulta a la luz de las resoluciones y acuerdos de las Naciones Unidas que este derecho se limita al caso de pueblos que se hallen en una situación de dominación colonial u ocupación militar, como que ni Cataluña, ni el País Vasco ni ninguna otra nacionalidad o región española se hallan en esta situación. Pero a pesar de la puerilidad de tal pretensión el apunte no es accesorio, puesto que en la práctica hace referencia a un aspecto medular de la carta de marras y, en general, del discurso del Gobierno catalán. Soslayando la evidencia, los independentistas insisten en atribuir de entrada al pueblo de Cataluña la condición de sujeto político y jurídico soberano –véase la declaración soberanista aprobada el pasado 23 de enero por el Parlamento de Cataluña, ahora suspendida por el Tribunal Constitucional-, contraviniendo así los dos primeros artículos de la Constitución española, que atribuyen la soberanía nacional al conjunto del pueblo español y consagran la indisoluble unidad de la nación española. Segundo apriorismo inaceptable de la carta.

Es decir, el punto de partida institucional de la travesía a Ítaca es a todas luces inconstitucional y el canal es, por tanto, innavegable; y eso no es culpa de Madrid, sino del patrón Mas y su contramaestre Junqueras, que parece ser quien dirige las maniobras desde la sombra con el único objetivo de provocar el tan traído y llevado “choque de barcos”. Quieren llegar a Ítaca rápido y a toda costa, aunque sea en cuadro y tras un calamitoso naufragio. Cuando digo que quien imposibilita el diálogo a este respecto no es Madrid me refiero a que en España -a diferencia de otros países como Alemania, donde la Constitución prevé algunas cláusulas de intangibilidad, es decir, preceptos como el de la unidad del Estado que son irreformables- la secesión es un objetivo político perfectamente legal y legítimo siempre que se acometa desde el más escrupuloso respeto a la legalidad y no tratando de eludirla mediante apriorismos inaceptables, como digo, para cualquier Estado democrático de Derecho. Prueba de ello es que no hay en el mundo ni un solo Estado democrático que reconozca a sus territorios integrantes el derecho a la autodeterminación, ni siquiera Canadá o el Reino Unido, los casos que los nacionalistas catalanes traen siempre en la boca. De hecho, las habituales alusiones de políticos y tertulianos nacionalistas al caso de Canadá o, mejor dicho, de Quebec, donde ya se han celebrado dos referéndums sobre la independencia, resultan especialmente equívocas porque suelen obviar el hecho de que los dos referéndums (1980 y 1995) son anteriores a la aprobación de la Ley de Claridad (2000). Conviene recordar que desde su aprobación no se ha vuelto a celebrar ningún referéndum, precisamente porque su letra choca frontalmente con la interpretación unilateral de la democracia que propugnaban antaño los partidarios de la secesión de Quebec y hogaño los de la independencia de Cataluña, en la medida en que establece entre otras cosas que “la secesión de una provincia, para ser legal, requeriría una reforma de la Constitución de Canadá” y que “una modificación de ese tipo exigiría necesariamente negociaciones sobre la secesión en las que participarían en especial los gobiernos del conjunto de las provincias y de Canadá”. Es decir, nada de subjetividad política y jurídica, ni de derecho de autodeterminación ni de contraponer legalidad y legitimidad democrática. Democracia constitucional, nada más.

CiU y ERC no persiguen una consulta ajustada a los procedimientos que establece la Constitución de cara a una modificación tan sustancial del marco de convivencia de todos los españoles, sino precisamente la supresión de ese espacio en un intento descarado de aprovechar pro domo súa la crisis que desde hace un lustro viene sufriendo nuestro país. Pero resulta que la Constitución española, como todas en mayor o menor medida, tiene como uno de sus principales objetivos preservar la estabilidad política y la predictibilidad en la actuación de los poderes públicos, principios que en definitiva tienden a garantizar la seguridad jurídica que debe presidir el funcionamiento de todo Estado de Derecho. La Constitución actúa, en palabras del noruego Jon Elster, como una suerte de precompromiso o autorrestricción que nos blinda contra nuestra propia inclinación a tomar decisiones oportunistas e inopinadas en momentos de crisis como los actuales. Rajoy debe mostrar su disposición dialogadora en el marco de la Constitución, cuya reforma es y debe ser difícil aunque no imposible, y sobre todo mantenerse firme en su compromiso constitucional con los ciudadanos de Cataluña y del conjunto de España. 

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Respirar en Cataluña

Para empezar, debo confesar que lo del euro por receta no me pareció de entrada tan mala idea como medida extraordinaria para incrementar los ingresos de la administración catalana con el objetivo de preservar dentro de lo posible nuestro Estado de bienestar. Creo sinceramente que lo que no se puede hacer es criticar sistemáticamente proyectos e iniciativas por el solo hecho de no estar de acuerdo con sus proponentes, pues con ello sólo se consigue obstruir la acción de gobierno porque sí en un ejercicio de filibusterismo descarado. Es más, me pasma la naturalidad con que la oposición y la mayoría de los medios afines a ella–los de hoy y los de ayer, que en esto son intercambiables- critican las medidas de austeridad que adoptan los gobiernos de turno, al mismo tiempo que censuran cualquier subida de impuestos, por muy razonable que ésta pueda ser en términos de eficiencia y equidad del sector público. ¿Pero es que no se dan cuenta de que nuestro Estado de bienestar tal y como está concebido no resulta sostenible en las actuales circunstancias? ¿Acaso piensan que podemos seguir endeudándonos ad eternum y sin consecuencias?

De ahí que a pesar de no estar en absoluto de acuerdo con la deriva independentista de CiU, ya ostensible en la pasada legislatura cuando se aprobó la medida, trate de analizar sine ira et studio cada una de las medidas que la federación nacionalista viene adoptando desde que en el 2010 recuperara el poder en Cataluña. Así, ésta era una más dentro de la ley de medidas fiscales y financieras que el gobierno catalán logró sacar adelante en el Parlamento autonómico en marzo de 2012. Orientada a racionalizar el gasto en sanidad, y en el bien entendido de que su finalidad era antes disuasoria que recaudatoria, la medida contemplaba -en contra de lo que sostenían sus detractores- una serie de exenciones o protecciones a las rentas más bajas, así como límites a la norma con vistas a proteger a los pacientes crónicos. Con todo, en líneas generales la tasa no sentó bien entre el contribuyente de a pie, entre otras cosas seguramente porque términos, como exenciones, protecciones o límites presentes en la ley, suelen perderse en el piélago de los medios de comunicación.

A pesar de mi inicial aceptación, había un detalle que a mi modo de ver hacía difícilmente justificable la implantación de la tasa: su ámbito de aplicación territorial se limitaba a Cataluña, por lo que los ciudadanos catalanes acabaríamos pagando más que el resto de los españoles por los medicamentos, es decir, la norma autonómica contravendría de facto el principio de igualdad y no discriminación que en todo Estado de Derecho que se precie debe presidir la actuación de los poderes públicos.

El gobierno central recurrió la tasa ante el Tribunal Constitucional (TC) con el objetivo de evitar que los ciudadanos de Cataluña siguiéramos pagando un sobreprecio por los medicamentos, es decir, con el objetivo de proteger a los ciudadanos catalanes, tanto a los que estábamos más o menos de acuerdo con la tasa como a los que no, de lo que el Ejecutivo de Rajoy entendía además como una extralimitación competencial del gobierno catalán. Ahora el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del gobierno central, decretando la suspensión por cinco meses del euro por receta. Normalidad constitucional, ni más ni menos. El problema es que el gobierno catalán, con su portavoz Francesc Homs a la cabeza, parece no querer entender algo que debiera ser tan elemental para alguien que se dedica a la política como el funcionamiento de un Estado de Derecho. Esto o lo que es peor: que pretenda a sabiendas confundirnos a todos sobre las relaciones entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que cuando menos desde Montesquieu es sabido que no sólo deben permanecer separados sino que además deben equilibrarse y controlarse mutuamente.

Así funciona en España, pero también por ejemplo en los Estados Unidos, donde por cierto todavía están a la espera de una sentencia de la Corte Suprema federal–homologable a nuestro TC- sobre los matrimonios homosexuales en California, estado en el que en el año 2008 se introdujo una reforma en la Constitución estatal (de California) que consagra el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Este cambio, que de facto ilegaliza el matrimonio homosexual, vino dado por una iniciativa popular de reforma constitucional que los californianos aprobaron en referéndum el mismo día, por más señas, que mayoritariamente votaron por Obama en las elecciones presidenciales. Sin embargo, después de un largo periplo judicial, este polémico artículo de la Constitución estatal está sobre la mesa de la Corte Suprema, que ahora debe pronunciarse sobre su adecuación a la Constitución federal (de los Estados Unidos). Es decir, la Corte Suprema federal puede acabar revocando una decisión adoptada en referéndum por el pueblo de California, y sin embargo allí ningún político californiano pone en solfa la autoridad del Alto Tribunal.

Al señor Homs le debe de parecer muy ingenioso lo de que “cualquier día declararán inconstitucional respirar en catalán”. A mí personalmente me parece patético. Lo que no descarto es que, de seguir así, algún día resulte difícil respirar en Cataluña.

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La “Ley sobre la claridad” canadiense y su recepción en España (I)

Tras varias semanas de inactividad, hoy reinauguro mi blog con el objetivo de hacerlo más ameno, y quiero hacerlo dedicándole una serie de entradas a mi buen amigo Edu, con quien he mantenido en los últimos años tantas y tantas conversaciones sobre algunas de las cuestiones que dan vida a este blog. No en vano, fue él quien me envió hace unos días un interesantísimo artículo en torno a la llamada “Ley sobre la claridad” canadiense, cuyo autor sostenía que tarde o temprano nuestro país necesitará también una ley similar al objeto de resolver, o al menos amortiguar, las tensiones territoriales que ponen en jaque la pervivencia de España tal y como la conocemos hoy. Pues bien, no sólo estoy de acuerdo con ello, sino que además considero que una ley así sería perfectamente compatible con nuestra Constitución. Pero cuidado, Edu, que esto no quiere ni mucho menos decir que me hayas convencido sobre la necesidad de reconocer el derecho a la autodeterminación externa –es decir, fuera del Estado existente al que pertenecen- de las Comunidades Autónomas españolas. Todo lo contrario.

Conviene recordar, de entrada, que el principio de la autodeterminación de los pueblos en Derecho internacional sólo afecta a los pueblos sometidos a un imperio colonial, circunstancia que en modo alguno se da en el caso de nuestras CCAA. Al margen de los partidarios convencidos –por supuesto, tan legítimos como sus opositores-, también hay quien opina que reconocer el derecho a la libre determinación de las CCAA redundaría en un fortalecimiento del Estado en la medida en que desproveería a los partidos nacionalistas de su principal caballo de batalla: el espantajo de la secesión con el que de continuo chantajean al Estado central para lograr sus objetivos políticos. Así, el independentismo dejaría de ser un problema de ámbito estatal para convertirse en un problema de ámbito estrictamente autonómico. Sin embargo, yo sigo pensando que reconocer constitucionalmente tal derecho podría tener efectos divisivos potencialmente perversos para la cohesión social, así en el interior de las CCAA como en el conjunto de la sociedad española, pues ello supondría reconocer de facto el derecho a la secesión unilateral del País Vasco, Cataluña, Galicia, etc. De ahí que la “Ley sobre la claridad” canadiense -que prevé un complejo proceso de negociaciones políticas para el caso de que una mayoría clara de los quebequenses votara, siempre en respuesta a una pregunta clara, a favor de la secesión de Quebec- me parezca una solución altamente recomendable para los casos canadiense y español. No en vano, se trata de dos Estados democráticos de Derecho cuyos gobiernos representan al conjunto del pueblo o de los pueblos que los habitan, basándose en los principios de libertad, igualdad y no discriminación. Así pues, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo canadiense cabe considerar que los pueblos que conforman los Estados canadiense y español -con independencia del significado que se le dé a la voz “pueblo”- deben alcanzar su autodeterminación en el marco de los Estados existentes a los que pertenecen.

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