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El poder de los lobbis (I)

Mariano Rajoy anunciaba la semana pasada que la Ley de Transparencia promovida por el Gobierno se aplicará no sólo a las administraciones públicas, sino también a los partidos políticos. Así pues, la actividad de los partidos se verá por fin sensiblemente acotada por criterios de transparencia y buenas prácticas que de haberse implementado antes probablemente nos hubieran ahorrado no pocos sonrojos colectivos. A tal respecto, me parece especialmente interesante echar un vistazo al papel de los lobbis o grupos de presión en el proceso de toma de decisiones políticas. De ahí que haya decidido escribir una serie de tres artículos sobre los grupos de interés: primero, en los Estados Unidos; segundo, en la Unión Europea; y, por último, en España.

La voz inglesa lobby, que significa literalmente pasillo, antecámara o vestíbulo, hace también referencia, según recoge la propia Real Academia de la Lengua Española, a un grupo de personas influyentes organizado para presionar a favor de determinados intereses, acepción que en seguida trae a la memoria la cinematográfica imagen de los pasillos del Capitolio de Washington, donde su presencia es tan notable como cotidiana. Sin embargo, el término hunde sus raíces en los albores del siglo XIX, cuando surgen los denominados lobby agents, intermediarios entre la sociedad civil decimonónica y la clase política del Parlamento del Estado de Nueva York.

El poder y la influencia de los lobbis en todo el mundo, y muy especialmente en los Estados Unidos, es una realidad incontestable por más que los gobernantes se empeñen en demostrar su independencia y su compromiso con el interés general. La presencia de los grupos de interés en todos los ámbitos de decisión, tanto nacionales como supranacionales, se pone de manifiesto periódicamente y se concretiza en muchas de las decisiones adoptadas por los diferentes gobiernos. Prueba de ello es la contumaz propensión de los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos a condescender ante los intereses de lobbis como la Asociación Nacional del Rifle (NRA, en sus siglas en inglés), que en 2005 logró tras muchos desvelos la aprobación por el Congreso estadounidense de la Ley de Protección del Comercio Lícito de Armas, sancionada por el entonces presidente George W. Bush.

Los principales lobbis o grupos de presión estadounidenses representan los intereses de la práctica totalidad de las actividades humanas. Así, pues, existen lobbis financieros, industriales, ecologistas, feministas, étnicos, religiosos, etcétera, etcétera. De entre todos ellos, descuellan poderosamente el lobby armamentista y el lobby del petróleo, lo que no es de extrañar toda vez que EE.UU. es la primera potencia militar, así como el mayor importador de petróleo del mundo.

Para bien o para mal, la acción de estos grupos de presión en los Estados Unidos está perfectamente delimitada y regulada, desde 1995, por una ley que establece el registro obligatorio de los lobbis, así como un desglose detallado de sus ingresos y de sus gastos. Ya en 1946 se había  promulgado la Federal Regulation of Lobbying Act, primer reconocimiento formal de la actividad de los lobbis a escala nacional, que tuvo un efecto catártico sobre su imagen pública. Y es que la actividad de estos grupos no había sido siempre bien vista por la puritana sociedad norteamericana, llegando a ser tipificada como delito en la Constitución del Estado de Georgia, de 1877.

Ni que decir tiene que no es casual que fuera precisamente en 1946, recién acabada la II Guerra Mundial, cuando el Gobierno de Harry S. Truman se decidió a regular la actividad de los lobbis. La guerra había terminado y el rápido crecimiento empresarial y financiero que vivió EE.UU. en los años inmediatamente posteriores, especialmente el sector de las exportaciones, trajo consigo la aparición de una legión de intermediarios que diariamente atestaba los pasillos del Parlamento estadounidense en busca de acuerdos beneficiosos para sus intereses, a cambio de su apoyo político. Fue sin duda la belle époque de los grupos de interés norteamericanos, hasta tal punto que en 1956 John Fitzgerald Kennedy señalaba:

“Los lobbistas son en la mayoría de los casos técnicos expertos y capaces de explicar temas complejos y difíciles de una manera clara y comprensible. Sostienen diálogos personales con miembros del Congreso en los cuales explican en detalle la razón de las posiciones que defienden (…) preparan resúmenes, análisis de leyes proyectos y memoranda para uso de los legisladores y de las comisiones. Son necesariamente maestros en sus temas y, de hecho, casi siempre proveen estadísticas útiles e información difícil de obtener. (…) Hablan en nombre de los varios intereses económicos, comerciales y otros de tipo funcional de esta nación, sirven a un útil propósito y han asumido un importante papel en el proceso legislativo”.

El peso de los lobbis creció exponencialmente con el pasar de los años, extendiéndose su campo de acción más allá de las causas de índole económica y empresarial, e introduciéndose en ámbitos como la defensa de los derechos civiles, el medio ambiente, la seguridad y protección del consumidor, el cuidado de la salud, etc. Pero llegó un momento, a principios de la década de 1960, en que lo estadounidenses empezaron a tener la preocupante sensación de que los lobbis, sobre todo algunos como el del petróleo, el del tabaco o el armamentista, se habían convertido en los auténticos dueños de la política nacional. Hasta el punto de que el general Eisenhower en su discurso de despedida como presidente de los Estados Unidos (17 de enero de 1961) alertaba de los peligros derivados del creciente poder de la industria armamentística en la política estadounidense. Eisenhower avisaba:

“Esta conjunción de una inmensa estructura militar y una gran industria armamentística es nueva en la historia americana. (…) Debemos tener cuidado ante esta adquisición de influencia ilimitada, visible o invisible, del complejo militar-industrial. El potencial del crecimiento desastroso de un poder fuera de lugar existe y persistirá”.

Para muchos, la guerra de Vietnam, la primera guerra del Golfo, así como la ominosa política belicista desplegada por la Administración Bush son fiel trasunto del “crecimiento desastroso de un poder fuera de lugar”, que, pese a las admoniciones del presidente Eisenhower, existe y persistirá en los Estados Unidos. Los lobbis alcanzaron allí las más altas cotas de impopularidad tras estallar, en 2005, el escándalo del lobbista Jack Abramoff, considerado por muchos el mayor escándalo de corrupción parlamentaria de la historia de EE.UU. Aunque por lo menos allí los grupos de presión están perfectamente identificados, lo que sin duda facilita su control y la exigencia de que se sometan a preceptivos mecanismos de rendición de cuentas.

 

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Entender el copago

La sanidad es, junto con la educación y las pensiones, uno de los pilares de nuestro estado de bienestar, de ahí que cualquier iniciativa o propuesta orientada a mejorar nuestro actual modelo sanitario deba ser escuchada y tomada en consideración, sobre todo ahora que la crisis pone en duda la sostenibilidad de nuestro modelo. Pues bien, recientemente tuve la oportunidad de asistir a una conferencia de la profesora del IESE Núria Mas, que centró su intervención en presentar algunas conclusiones del proyecto de investigación que ella misma dirige sobre cómo crear valor en el sector sanitario, titulado Los sistemas de copago en Europa, Estados Unidos y Canadá: implicaciones para el caso español. Sus reflexiones me parecieron tan juiciosas como convincentes de cara a apuntalar nuestro sistema sanitario. Veamos.

Mas quiso lanzar de entrada un mensaje de optimismo en medio del pesimismo generalizado que rodea a España, e insistió en la calidad de nuestro sistema sanitario “admirado en todo el mundo”. Ahora bien, apuntó entre otras cosas que el gasto sanitario -que hoy en día representa ya alrededor del 9,5% del PIB- aumenta de manera exponencial, lo que en tiempos de crisis como los actuales resulta de todo punto insostenible. Este crecimiento, unido a otros factores estructurales de la economía española tales como la drástica reducción del número de personas en edad de trabajar en relación con el número de jubilados, hace hoy más necesario que nunca un replanteamiento de nuestro sistema de salud. Mas abogó por un cambio de modelo orientado sobre todo a priorizar las prestaciones ofrecidas, en la línea del NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) del Reino Unido. A este tenor constató que hoy día la mayoría de los problemas de salud de nuestra población son crónicos, y no agudos como cuando se empezó a implementar nuestro actual modelo sanitario en la década de 1980. Tanto es así que, en España, hoy en día las enfermedades crónicas representan entre el 70 y el 80 por ciento del gasto en salud. Así pues, la adecuada atención a pacientes con enfermedades crónicas debe ser desde ahora la prioridad de nuestro sistema sanitario público. En este sentido, Mas defendió la necesidad de promover la integración de todos los actores implicados en el proceso sanitario, no sólo de los médicos sino también de los pacientes y aun de los farmacéuticos. Mas citó varios ejemplos que acreditan los buenos resultados de esa mayor integración entre médicos, farmacéuticos y pacientes. Así, en Escocia los enfermos crónicos tienen la posibilidad de registrase voluntariamente con un farmacéutico que, bajo supervisión médica, controlará la correcta administración del tratamiento prescrito. Esa integración favorecerá, en su opinión, una mayor eficiencia en el gasto en salud.

Por otra parte, Mas abordó también la siempre controvertida cuestión del copago farmacéutico, una práctica extendida con éxito a lo largo y ancho de Europa, pero que en España sigue suscitando excesivas dudas. A tal respecto, ponderó las bondades del copago como una “herramienta más para racionalizar el gasto en sanidad”, toda vez que éste “tiende a reducir la utilización de los servicios sanitarios, pero siempre que se adopten las correspondientes protecciones, e incluso exenciones, a las rentas más bajas no tiene por qué afectar negativamente a la salud de las personas”. Por tanto, el copago no tiene por qué ser visto como una medida recaudatoria sino disuasoria, es decir, como un intento de reducir lo que los economistas llaman el riesgo moral, que en este caso estriba en un sistema sanitario probablemente demasiado garantista que a menudo invita a un consumo excesivo de determinados servicios. Según ella, en los países que han implantado el copago en urgencias –siempre con las consabidas protecciones, por ejemplo, a los pacientes con rentas más bajas y a los pacientes de alto riesgo- no se ha observado que la gente acuda menos a las urgencias hospitalarias.

No cabe duda de que la actual coyuntura económica, unida a nuestra estructura demográfica, obliga a un replanteamiento de nuestro sistema de salud tanto desde el lado de la oferta, con actuaciones como la de aumentar la integración de todos los actores implicados en el proceso sanitario, como desde el punto de vista de la demanda, por ejemplo: el copago. Y es que no basta con lamentarnos de nuestra suerte. Ni siquiera indignarse es suficiente: hay que actuar.

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Sobre el Estado de bienestar

Hace unos días tuve la oportunidad de asistir en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona a la conferencia de Joaquín Almunia, comisario europeo de Competencia y uno de los políticos españoles más reconocidos allende nuestras fronteras, sobre el futuro del Estado de bienestar en Europa. El discurso de Almunia me pareció interesante por su documentada aproximación al tema central de la conferencia, cuya conclusión era, por otra parte, previsible –teniendo en cuenta el quién, un exdirigente socialista, y el dónde, España, país maquinalmente rendido a la modernidad septentrional-: la solución está en los países nórdicos, sobre todo en Suecia.

Pero ¿en qué consiste esa especie de bálsamo de fierabrás en que se ha convertido el modelo sueco para el resto de los europeos? Pues bien, el modelo sueco, también llamado socialdemócrata, se caracteriza, según el sociólogo Gösta Esping-Andersen, por una fusión de elementos socialistas y liberales -cosa que a menudo se olvida en el extranjero, pero no entre los propios suecos-, fusión orientada a promover una igualdad en los estándares más elevados y no una igualdad en las necesidades mínimas. En él todos los estratos sociales están incluidos en un sistema de seguro universal, si bien los subsidios se gradúan con arreglo a los ingresos habituales. Y es que bienestar social y trabajo son las dos principales divisas de este modelo. Tanto es así que, para que el modelo funcione, el Estado está obligado a garantizar el pleno empleo, y depende en gran medida de la consecución de ese objetivo, que sin duda reduce la conflictividad social. Tanto es así que los Estados de bienestar escandinavos no son ya únicamente sistemas de provisión social, sino que, en muchos casos, se han constituido en verdaderos mecanismos de empleo. En países como Suecia o Dinamarca los Estados de bienestar dan empleo a alrededor de un 30 por ciento de la fuerza de trabajo. Asimismo, en este modelo, el Estado apuesta por una política de salarios altos a fin de evitar que haya muchos ciudadanos viviendo de las transferencias estatales.

Ahora bien, ¿hasta qué punto es aplicable el modelo sueco a España? En mi opinión, no resulta fácil. Y ello por todo lo que se ha dicho y escrito hasta ahora, a saber: que para ello sería necesario que en España hubiera menos fraude fiscal, menos corrupción política y más transparencia, más confianza ciudadana en las instituciones, más responsabilidad en el aprovechamiento de las prestaciones sociales por los ciudadanos, etcétera, etcétera. Por todo ello, sin duda, pero también -si se me permite- por una cuestión terminológica, cual es la confusión que predomina en nuestro país acerca de la naturaleza y los orígenes del Estado de bienestar sueco, pues es moneda corriente en España llamarlo alternativamente modelo sueco o modelo socialdemócrata, cuando quizá lo más justo sería llamarlo, por ejemplo, modelo socialdemócrata liberal. Ni que decir tiene que el nombre no hace la cosa, pero sin duda ese matiz favorecería un clima proclive a la implementación en España de un modelo análogo al sueco entre la inmensa mayoría de la opinión pública y la práctica totalidad de los partidos políticos españoles, aminorando la resistencia a ese modelo que hasta ahora han mostrado algunos, convencidos del origen exclusivamente socialdemócrata del mismo.

Por último, conviene recordar dos verdades incuestionables, pero no por ello siempre observadas. Primero que no hay dos sociedades iguales, por lo que resulta difícil de concebir la exportación en bloque de un determinado modelo de un país a otro, es decir, sin ni siquiera cambiar lo que se deba cambiar para ajustarlo a las particularidades del país receptor. Y segundo, que incluso  los casos de Alemania, EE.UU. y Suecia, paradigmáticos de cada uno de los tres regímenes del Estado de bienestar definidos por la literatura académica: el conservador, el liberal y el socialdemócrata, se encuentran hoy día inmersos en una transición hacia tres modelos del bienestar social capitalista postindustrial que difieren sustancialmente de los tres modelos que hasta ahora han abanderado. España debería, pues, revisar también el suyo.

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