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Cataluña y la Unión Europea

(Artículo publicado en el ABC el 23/09/2013)

El vicepresidente de la Comisión Europea Joaquín Almunia ha vuelto a reiterar por enésima vez la opinión de la UE sobre la hipotética independencia de una región de un Estado miembro: el nuevo Estado se convertiría en un Estado tercero y partiría de cero a la hora de solicitar su entrada en la Unión. Pero los independentistas catalanes no están dispuestos a permitir que nada ni nadie les agüe la fiesta; y si para ello tienen que inventarse una realidad paralela, lo harán si inmutarse.

Entre las posibilidades de ese nuevo orden internacional que se caracteriza por su elasticidad para adaptarse a los designios de sus hacedores, destaca en primer lugar, y por orden cronológico, la teoría de la ampliación interna de la UE. La idea que entre otros defiende –aunque es cierto que cada vez con menos ahínco por culpa de la terquedad de Barroso, Almunia y compañía- Oriol Junqueras consiste esencialmente en que, en el caso de que Cataluña se independizara, el nuevo Estado catalán no quedaría automáticamente fuera de la UE y tendría el mismo derecho que España –“lo que quedara de España”, dicen- a erigirse como sucesor del Estado español en la UE y en el resto de las organizaciones internacionales de las que a día de hoy forma parte. Parece increíble que aquellos que desde siempre han basado su estrategia separatista en la contraposición no ya entre Cataluña y Castilla o el resto de España, sino directamente entre Cataluña y España, sobre la base de que Cataluña no es España, pretendan ahora decir que España sin Cataluña deja de ser España.

La Vía Catalana de la Diada se inspiró en la Cadena Báltica que en 1989 atravesó Estonia, Letonia y Lituania en pro de la independencia de las tres repúblicas de la Unión Soviética, poco antes de la caída del Muro de Berlín y del desmembramiento de la URSS. Pues bien, el caso de la Unión Soviética es considerado por la doctrina internacionalista más autorizada como un caso de secesión de Estados –las repúblicas bálticas y el resto de las repúblicas soviéticas-, de ahí que tras el desmembramiento Rusia asumiera la personalidad jurídica de la URSS en las organizaciones internacionales y tratados suscritos por esta, mientras que los nuevos Estados, incluidas por supuesto las repúblicas bálticas, tuvieron que solicitar de nuevo su ingreso. Ni que decir tiene que el caso de España, un Estado democrático de Derecho, nada tiene que ver con el de la Unión Soviética, un Estado totalitario donde no se respetaban ni los principios democráticos ni los derechos fundamentales, pero el ejemplo permite comprobar cómo opera en caso de secesión el principio de la continuidad de los Estados. En el caso de una hipotética independencia de Cataluña, el principio de continuidad hace que España permanezca en la UE, mientras que el territorio desgajado tendría que solicitar su entrada en organizaciones internacionales como la ONU, la OTAN o la UE, de acuerdo con las normas relativas a la adquisición de la calidad de miembro, que en el caso de la UE exigen la unanimidad de los Estados miembros.

Debilitada la hipótesis de la ampliación interna de la UE, los separatistas se apuntan ahora a la no menos incierta modalidad de la independencia a la carta, que, según el llamado Consejo Asesor para la Transición Nacional, consistiría en que las autoridades catalanas proclamaran la independencia permitiendo a los ciudadanos optar por conservar la nacionalidad española como subterfugio para asegurar la permanencia de Cataluña en la UE. Dejando a un lado la evidencia de que las autoridades del hipotético Estado catalán independiente no serían competentes en la atribución o pérdida de la nacionalidad española, la idea es sencillamente delirante, pues la condición de miembro de la UE la ostentan los Estados y no los ciudadanos. ¿Pero es que no se dan cuenta de que ni siquiera el hecho de que la mayoría de los ciudadanos de Cataluña mantuviéramos la nacionalidad española convertiría a su anhelado Estado catalán en miembro de pleno derecho de la UE con voz y voto en sus principales órganos de decisión? ¿No son capaces de distinguir el ámbito privado de la esfera pública? Parece ser que no.

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El poder de los lobbis (I)

Mariano Rajoy anunciaba la semana pasada que la Ley de Transparencia promovida por el Gobierno se aplicará no sólo a las administraciones públicas, sino también a los partidos políticos. Así pues, la actividad de los partidos se verá por fin sensiblemente acotada por criterios de transparencia y buenas prácticas que de haberse implementado antes probablemente nos hubieran ahorrado no pocos sonrojos colectivos. A tal respecto, me parece especialmente interesante echar un vistazo al papel de los lobbis o grupos de presión en el proceso de toma de decisiones políticas. De ahí que haya decidido escribir una serie de tres artículos sobre los grupos de interés: primero, en los Estados Unidos; segundo, en la Unión Europea; y, por último, en España.

La voz inglesa lobby, que significa literalmente pasillo, antecámara o vestíbulo, hace también referencia, según recoge la propia Real Academia de la Lengua Española, a un grupo de personas influyentes organizado para presionar a favor de determinados intereses, acepción que en seguida trae a la memoria la cinematográfica imagen de los pasillos del Capitolio de Washington, donde su presencia es tan notable como cotidiana. Sin embargo, el término hunde sus raíces en los albores del siglo XIX, cuando surgen los denominados lobby agents, intermediarios entre la sociedad civil decimonónica y la clase política del Parlamento del Estado de Nueva York.

El poder y la influencia de los lobbis en todo el mundo, y muy especialmente en los Estados Unidos, es una realidad incontestable por más que los gobernantes se empeñen en demostrar su independencia y su compromiso con el interés general. La presencia de los grupos de interés en todos los ámbitos de decisión, tanto nacionales como supranacionales, se pone de manifiesto periódicamente y se concretiza en muchas de las decisiones adoptadas por los diferentes gobiernos. Prueba de ello es la contumaz propensión de los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos a condescender ante los intereses de lobbis como la Asociación Nacional del Rifle (NRA, en sus siglas en inglés), que en 2005 logró tras muchos desvelos la aprobación por el Congreso estadounidense de la Ley de Protección del Comercio Lícito de Armas, sancionada por el entonces presidente George W. Bush.

Los principales lobbis o grupos de presión estadounidenses representan los intereses de la práctica totalidad de las actividades humanas. Así, pues, existen lobbis financieros, industriales, ecologistas, feministas, étnicos, religiosos, etcétera, etcétera. De entre todos ellos, descuellan poderosamente el lobby armamentista y el lobby del petróleo, lo que no es de extrañar toda vez que EE.UU. es la primera potencia militar, así como el mayor importador de petróleo del mundo.

Para bien o para mal, la acción de estos grupos de presión en los Estados Unidos está perfectamente delimitada y regulada, desde 1995, por una ley que establece el registro obligatorio de los lobbis, así como un desglose detallado de sus ingresos y de sus gastos. Ya en 1946 se había  promulgado la Federal Regulation of Lobbying Act, primer reconocimiento formal de la actividad de los lobbis a escala nacional, que tuvo un efecto catártico sobre su imagen pública. Y es que la actividad de estos grupos no había sido siempre bien vista por la puritana sociedad norteamericana, llegando a ser tipificada como delito en la Constitución del Estado de Georgia, de 1877.

Ni que decir tiene que no es casual que fuera precisamente en 1946, recién acabada la II Guerra Mundial, cuando el Gobierno de Harry S. Truman se decidió a regular la actividad de los lobbis. La guerra había terminado y el rápido crecimiento empresarial y financiero que vivió EE.UU. en los años inmediatamente posteriores, especialmente el sector de las exportaciones, trajo consigo la aparición de una legión de intermediarios que diariamente atestaba los pasillos del Parlamento estadounidense en busca de acuerdos beneficiosos para sus intereses, a cambio de su apoyo político. Fue sin duda la belle époque de los grupos de interés norteamericanos, hasta tal punto que en 1956 John Fitzgerald Kennedy señalaba:

“Los lobbistas son en la mayoría de los casos técnicos expertos y capaces de explicar temas complejos y difíciles de una manera clara y comprensible. Sostienen diálogos personales con miembros del Congreso en los cuales explican en detalle la razón de las posiciones que defienden (…) preparan resúmenes, análisis de leyes proyectos y memoranda para uso de los legisladores y de las comisiones. Son necesariamente maestros en sus temas y, de hecho, casi siempre proveen estadísticas útiles e información difícil de obtener. (…) Hablan en nombre de los varios intereses económicos, comerciales y otros de tipo funcional de esta nación, sirven a un útil propósito y han asumido un importante papel en el proceso legislativo”.

El peso de los lobbis creció exponencialmente con el pasar de los años, extendiéndose su campo de acción más allá de las causas de índole económica y empresarial, e introduciéndose en ámbitos como la defensa de los derechos civiles, el medio ambiente, la seguridad y protección del consumidor, el cuidado de la salud, etc. Pero llegó un momento, a principios de la década de 1960, en que lo estadounidenses empezaron a tener la preocupante sensación de que los lobbis, sobre todo algunos como el del petróleo, el del tabaco o el armamentista, se habían convertido en los auténticos dueños de la política nacional. Hasta el punto de que el general Eisenhower en su discurso de despedida como presidente de los Estados Unidos (17 de enero de 1961) alertaba de los peligros derivados del creciente poder de la industria armamentística en la política estadounidense. Eisenhower avisaba:

“Esta conjunción de una inmensa estructura militar y una gran industria armamentística es nueva en la historia americana. (…) Debemos tener cuidado ante esta adquisición de influencia ilimitada, visible o invisible, del complejo militar-industrial. El potencial del crecimiento desastroso de un poder fuera de lugar existe y persistirá”.

Para muchos, la guerra de Vietnam, la primera guerra del Golfo, así como la ominosa política belicista desplegada por la Administración Bush son fiel trasunto del “crecimiento desastroso de un poder fuera de lugar”, que, pese a las admoniciones del presidente Eisenhower, existe y persistirá en los Estados Unidos. Los lobbis alcanzaron allí las más altas cotas de impopularidad tras estallar, en 2005, el escándalo del lobbista Jack Abramoff, considerado por muchos el mayor escándalo de corrupción parlamentaria de la historia de EE.UU. Aunque por lo menos allí los grupos de presión están perfectamente identificados, lo que sin duda facilita su control y la exigencia de que se sometan a preceptivos mecanismos de rendición de cuentas.

 

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La otra democracia en América

Ayer fui al cine a ver Los idus de marzo, una buena película que pone al descubierto la parte más sórdida de la democracia estadounidense y de su sistema político. Un sistema sin duda admirable entre otras cosas por su proverbial estabilidad y su singular sistema de pesos y contrapesos que equilibran los poderes del Estado, así como por su concepción de los partidos políticos esencialmente como instrumentos contingentes de servicio público. Esta concepción utilitarista -en las antípodas de nuestra partitocracia, que sitúa a los partidos como valores en sí mismos en el centro del proceso político y que a menudo favorece la confusión entre el interés del partido y el interés del Estado- se concretiza, por ejemplo, en el hecho de que sean los estados, y no los partidos, los que convocan las elecciones primarias de republicanos y demócratas, en algunos casos abiertas incluso a la participación de no afiliados.

Ni que decir tiene que esta extraversión de los partidos contribuye, al igual que otras disposiciones como las listas abiertas, a la elección de los mejores candidatos en pro del interés general, pero cuidado que no es oro todo lo que reluce. Pues el modelo estadounidense tiene también sus defectos, entre los que a mi juicio cabe destacar sobre todo cinco, a saber, por este orden: 1) favorece los personalismos al tiempo que a veces relega a un segundo plano el debate ideológico y programático; 2) debilita la cohesión interna de los partidos, dando lugar a disfunciones intrapartidarias que en última instancia pueden acabar resultando en inestabilidad gubernamental; 3) puede llegar a distorsionar las propuestas del partido de resultas de la participación de outsiders, ya sean independientes o incluso votantes de otro partido; 4) aumenta el riesgo de clientelismo a medida que los resultados se aprietan; y 5) prolonga excesivamente los periodos electorales, con todo lo que ello conlleva frecuentemente en términos de inestabilidad y crispación social.

Algo de ello se apunta en Los idus de marzo, además de una crítica al cinismo de algunos políticos que en público se llenan la boca hablando de valores como la honestidad y la integridad, mientras que en privado se comportan como auténticos perdularios. ¡Ay, si Tocqueville levantara la cabeza…!

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