Archivo mensual: septiembre 2014

Autodeterminación predeterminada

(Artículo publicado en El País el 29 de agosto de 2014)

Uno de los argumentos más repetidos, aunque no por ello menos peregrino, de los partidarios de la independencia de Cataluña es que quienes nos oponemos a ella nos obstinamos en dar siempre la misma respuesta, basada principalmente en la Constitución y las leyes. “¡Esta no es una cuestión jurídica!”, objetan. Como si la creación de un Estado no fuera una cuestión eminentemente jurídica o la estatalidad de un sujeto político no dependiera forzosamente de un acto legal como es el reconocimiento de tal condición por la comunidad internacional de Estados.

La condición de Estado no es un hecho físico objetivo como la construcción de un edificio de oficinas o de un pabellón deportivo, sino la consolidación efectiva de un estatus legal. Los Estados no existen en el espacio físico, sino únicamente en el espacio jurídico. Así que deshagamos de una vez el entuerto: estamos, sin duda, ante una cuestión jurídica. Es decir, Artur Mas, Oriol Junqueras o incluso Carme Forcadell pueden salir mañana mismo al balcón de la Generalitat y proclamar la independencia de Cataluña mediante una declaración unilateral o, lo que en la práctica es exactamente lo mismo, después de un referéndum a la búlgara como el previsto para el próximo 9 de noviembre. Pero saben, o deberían saber, que eso sería hacer castillos en el aire, pues nadie en su sano juicio puede pretender que semejante declaración tuviera ninguna efectividad jurídica, es decir, aplicabilidad práctica alguna, porque saben, o deberían saber, que ninguno de los principales Estados de la comunidad internacional reconocerá jamás un Estado surgido de un acto contrario al ordenamiento constitucional de un Estado miembro de la Unión Europea y, como tal, de indiscutible índole democrática.

Desde Prat de la Riba (1870-1917), los nacionalistas catalanes siempre habían diferenciado interesadamente entre “Estado”, entidad política artificial y contingente, y “nación”, entidad natural, histórica y necesaria, “anterior y superior (sic) a la voluntad de los hombres”. Por supuesto, lo importante para ellos -al menos hasta la Diada del 2012- era que Cataluña fuera nación. En la nomenclatura nacionalista adoptada incluso por algunos partidos supuestamente no nacionalistas y convenientemente divulgada por TV3 la palabra “Estado” quedaba hasta entonces reservada a España, que a fuerza de repetición no sólo había dejado de ser nación sino incluso de ser España, para volver a ser como en el franquismo “el Estado español” o, simplemente, “el Estado”. Curiosamente, Salazar en Portugal o Getulio Vargas en Brasil, ambos nacionalistas redomados como Franco, hablaban mucho menos de nación que de Estado (el “Estado Novo”), por lo que cabe concluir que, paradójicamente, cuando los nacionalistas se desatan tienden a relegar el vocablo “nación” de su discurso y a emplear en su defecto, y por doquier, la palabra “Estado”.

En todo caso, como dice Gellner (1925-1995), uno de los grandes teóricos del nacionalismo, los nacionalistas consideran que la nación y el Estado “están hechos el uno para el otro, que el uno sin el otro son algo incompleto y trágico”. Así pues, era previsible que en cuanto los nacionalistas catalanes entrevieran que su proyecto de construcción nacional alcanzaba velocidad de crucero intentarían completar su obra proclamando el Estado catalán a todo trance. Al fin y al cabo,  ¿por qué habría de ser el nacionalismo catalán diferente de los demás nacionalismos?

El nacionalismo se basa en el decimonónico “principio de las nacionalidades” según el cual cada nación tiene derecho a tener su propio Estado, principio que alcanzó su máximo apogeo tras la Primera Guerra Mundial con los célebres catorce puntos del presidente estadounidense Woodrow Wilson. Pero la idea wilsoniana de promover la autodeterminación en Europa central y del este tras la caída del imperio de los Habsburgo no derivó en la creación de una serie de naciones-Estado cívicas, sino en la propagación de un nacionalismo étnico basado en la negación del “otro” y en el odio contra las minorías internas.

En un mundo de sociedades plurales y entrelazadas en el que comunidades culturales y territorios nunca coinciden exactamente, el principio de las nacionalidades sólo puede aplicarse en detrimento de los valores modernos de la libertad individual y el cosmopolitismo. Con todo, los nacionalistas se empeñan en que la política y las leyes se acomoden a esa “realidad natural”, esa nación suya a la que personifican atribuyéndole una voluntad, una conciencia, una memoria y, en definitiva, una identidad única como si de un individuo se tratara, olvidando que si ya de por sí resulta bastante complicado atribuir una identidad homogénea a una persona, atribuírsela a una nación entera resulta sencillamente quimérico. En paralelo a esa ominosa humanización de la nación, los nacionalistas tienden a deshumanizar a los individuos que la conforman, apelando de continuo a la “voluntad del pueblo”, a la “conciencia colectiva”, etc., de suerte que la tan traída y llevada autodeterminación deviene en predeterminación, pues las fuerzas impersonales de la nación están por encima de la voluntad libre de sus ciudadanos.

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Los enemigos de Cataluña que no son tales

(Artículo publicado en Crónica Global el 28 de agosto de 2014)

Nación, Estado, Soberanía… Desde hace una década en Cataluña no se habla de otra cosa, y no será por falta de temas más importantes para los ciudadanos de Cataluña, otrora indiscutible motor económico y vanguardia cultural de España, pero últimamente demediada por la obsesión identitaria de su clase dirigente.

Por supuesto, la cosa venía de antes, pero todo se empezó a precipitar cuando, en el año 2003, las fuerzas que luego compondrían los dos tripartitos (PSC, ERC, ICV-EUiA) -entonces todavía en la oposición- firmaron el “Pacto del Tinell”, por el que se comprometían a impulsar, en caso de sumar la mayoría suficiente para formar gobierno, una reforma del Estatuto catalán. De paso, se comprometieron como quien no quiere la cosa a excluir al PP de cualquier pacto de gobierno o de legislatura, en una de las decisiones más antidemocráticas que se recuerdan en España desde 1978. Descartar de entrada cualquier acuerdo con un partido tan democrático como el que más, que a la sazón no sólo gobernaba España con mayoría absoluta sino que además había obtenido en las últimas elecciones generales el apoyo de nada menos que 768.318 catalanes, por los ¡190.292! de ERC y los ¡119.290! de ICV-EUiA, resulta sencillamente vergonzoso. De ahí a catalogar al PP de enemigo de Cataluña, como desde entonces han hecho impunemente dirigentes de las fuerzas del Tinell y de otros partidos, el paso es corto.

Así pues, Cataluña ya tenía su propio enemigo exterior, el PP, y además su particular enemigo interior, también el PP. Dos por el precio de uno. De acuerdo con la lógica “amigo-enemigo”, acuñada por el principal teórico del nacionalsocialismo, Carl Schmitt, el PP era a Cataluña lo mismo que a la España de Franco el separatismo, el judaísmo, la masonería y el comunismo juntos. En suma, la anti-Cataluña. Por suerte para el PP, pronto habría de compartir esa distinción con otros partidos como Ciudadanos, UPyD o incluso, paradojas del destino, el PSC, que, al paso que sus antiguos socios del Tinell redoblaban su desafío al Estado de Derecho en pos de un referéndum ilegal, se veía forzado a reconocer sus errores y asumir su edípico castigo. De esta forma, a juzgar por las últimas elecciones autonómicas, Cataluña tiene ya casi tantos enemigos como amigos en términos de voto popular, es decir, el imaginario enemigo interno se multiplica a causa del corrimiento antojadizo de quienes pretenden monopolizar la catalanidad.

Llegaron a la Generalitat y se pusieron a ello. Pero, más que una reforma del Estatuto de 1979 -el Estatuto de Sau, que ya situaba a Cataluña entre los entes subestatales con mayor autogobierno del mundo y que además había contado con un notable consenso no sólo entre los partidos sino también entre los ciudadanos de Cataluña que lo aprobaron en referéndum: 88,14% de votos afirmativos y una participación del 59,7% del electorado-, lo que el primer tripartito pretendía era hacer un nuevo Estatuto basado en la bilateralidad entre Cataluña y España, como si de dos realidades oponibles se tratara. Ya entonces se partía de la base de que Cataluña era un sujeto político y jurídico soberano, por lo que poco importaba lo que después pudiera decir el Tribunal Constitucional (TC) sobre los recursos contra el Estatuto: sí, el del PP, el partido excluido de antemano por un pacto antidemocrático, cosa que a menudo se olvida, pero también los del Defensor del Pueblo y el Gobierno de Aragón, entre otros.

Es más, el concertado ostracismo del PP no es lo único que sistemáticamente olvidan quienes lo promovieron. Olvidan que el PP no tuvo la posibilidad de presentar ante el TC un recurso previo de inconstitucionalidad -es decir, anterior al referéndum de aprobación del Estatuto- porque nuestro ordenamiento jurídico no lo prevé desde que, en 1985, fue suprimido por el gobierno de Felipe González. Pero lo que ya resulta el colmo del cinismo es que olviden también que el mismo Consejo de Garantías Estatutarias (antes Consejo Consultivo) -cuyo último dictamen sobre la Ley de Consultas que prepara el Parlamento catalán es presentado por los soberanistas como aval incontestable a su determinación de convocar un referéndum de autodeterminación- ya advertía en el año 2005 sobre los posibles vicios de inconstitucionalidad del Estatuto aprobado por la Cámara catalana. Entre otras cosas, el Consejo avisaba (véase el Fundamento 2 del dictamen de 2005) de que el sustantivo “nación” y el adjetivo “nacional” aplicados a Cataluña sólo podían ser constitucionales en la medida en que no entraran en contradicción con el término “nación” que recoge la Constitución española en su artículo 2, que hace referencia al concepto de soberanía y que sólo es predicable con respecto a la nación española. Lo mismo que, mutatis mutandis, diría el TC 5 años después, que Cataluña no es sujeto de soberanía; por lo que la indignación con que los promotores del Estatuto recibieron la sentencia sólo puede entenderse como un ejercicio de deshonestidad. Poco o nada les importaba lo que dijera el Alto Tribunal -que, por otra parte, dictó una sentencia de lo más deferente con el Legislador autonómico- sobre el Estatuto; tanto es así que la manifestación en contra de la sentencia fue convocada antes de conocer su contenido íntegro. Eso también lo olvidan. Y lo último que olvidan es que el entonces presidente de la Generalitat, José Montilla, que había decidido encabezar la manifestación bajo el profético lema “Som una nació. Nosaltres decidim” tuvo que salir escoltado huyendo de la vesania de los intolerantes. Es importante recordarlo porque en el olvido está el triunfo de la versión monolítica de Cataluña que quienes lo fomentan quieren imponer.

Nación, Estado, Soberanía… Han pasado diez años y seguimos hablando de lo mismo día tras día, como una pesadilla que se repite y de la que los catalanes sólo despertaremos el día que constatemos en bloque lo que muchos ya venimos advirtiendo desde hace tiempo: que los supuestos enemigos de Cataluña, los de siempre y los de nuevo cuño, ni eran ni son tales.

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El “familismo amoral” de los Pujol

(Artículo publicado en ABC el 31/07/2014)

En su obra Las bases morales de una sociedad atrasada (1958), el politólogo estadounidense Edward C. Banfield emplea el concepto de “familismo amoral” para describir la cultura política predominante en una población del sur de Italia caracterizada por la ausencia de cualquier tipo de compromiso ni ético ni moral entre ciudadanos. Al habitante medio de esa población sólo le concierne lo que le ocurra a su familia nuclear, es decir, a su cónyuge y/o a sus hijos, mientras que lo que le pueda suceder al resto de su familia, y no digamos ya al resto de la sociedad, le trae sin cuidado. Así, el interés particular está por encima de todo y el interés público brilla por su ausencia. Este patrón de conducta es propio de sociedades económica y culturalmente atrasadas en las que predomina el clientelismo y una honda desconfianza en las instituciones sociales y políticas, de ahí que estas resulten en la práctica completamente inservibles para el fin que se les supone.

Está claro que ese no es el caso de la sociedad catalana, históricamente una de las comunidades más desarrolladas económica y culturalmente del sur de Europa; la única región de España que, gracias tanto a la mentalidad menestral de su sociedad como a la incontestable hegemonía de su industria en el otrora vasto mercado español, se incorporó a la primera revolución industrial. Sin embargo, después de la escandalosa confesión del expresidente Pujol sobre su evasión fiscal cabe concluir que, paradójicamente, en Cataluña el familismo amoral ha alcanzado la sublimación. No en vano aquí el problema no es que el ciudadano de a pie anteponga los intereses de su familia nuclear al interés general o desprecie las instituciones, sino que quien ha confesado haber hecho ambas cosas ha sido precisamente aquel que durante más de tres décadas se ha autoerigido en garante de los intereses generales de Cataluña con un discurso moralizante rayano en lo mesiánico. Pujol, como buen nacionalista, no se cansó de exigir a los catalanes sacrificios en aras del bien común, pero él no dudó en demediar el bienestar de sus “administrados” sustrayéndose de sus obligaciones con la hacienda pública en beneficio y utilidad de su señora e hijos y, si nos atenemos a la inconexa versión oficial, en perjuicio incluso de su hermana que supuestamente nada sabía de sus turbios manejos. Familismo amoral de libro.

A lo largo de su dilatada carrera, Pujol confundió sistemáticamente lo privado con lo público, desterrando a tal efecto el concepto acuñado por Tarradellas de “ciudadano de Cataluña”, entonces tan necesario como inaudito tras cuarenta años de nacionalismo enajenante, y resituando en el centro del debate público en Cataluña conceptos como el de “pueblo” o “nación”, tan fatigosos entonces como ahora.

Cuando Pujol se posicionó públicamente a favor de la independencia, es decir, después de treinta años cocinándola a hurtadillas y proclamando su lealtad a España, muchos de sus feligreses lo entendieron como la señal de San Pedro, símbolo de los arrepentidos, y abrazaron maquinalmente la causa independentista, como si, al igual que se supone que San Pedro tiene las llaves del paraíso celestial, Pujol tuviera las del paraíso terrenal. Lo que, sin duda, no esperaban es que las únicas llaves de Pujol fueran las del paraíso fiscal.

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