El señuelo de la consulta

(Artículo publicado en Crónica Global el 09/10/2013)

No cabe duda de que el independentismo ha sabido aprovechar la crisis para ampliar considerablemente sus bases sociales. Pero acaso su logro más importante sea haber sabido disfrazar su único, particular y hasta ahora siempre minoritario objetivo, la secesión de Cataluña, tras el velo de otro aparentemente mucho más sugestivo, transaccional y, sobre todo, más fácilmente aceptable para el conjunto de los ciudadanos de Cataluña: el llamado “derecho a decidir”.

Se trata, en el fondo, de un señuelo que los independentistas utilizan para dar a entender que ese “problema de Cataluña” del que, en abstracto, hablaba Artur Mas en el último Debate de Política General se encuentra fuera de Cataluña, en Madrid o en el Estado español que nos niega ese supuesto derecho, y no en la propia sociedad catalana. Soslayan los independentistas que la sociedad que dicen querer emancipar es mucho más compleja y diversa de lo que ellos pretenden, y se empeñan en presentar la consulta como el remedio definitivo que arrancará de raíz el problema de Cataluña porque los catalanes seremos por fin dueños de nuestro destino, como si hasta ahora no lo hubiéramos sido. ¿Afrontarán algún día los secesionistas el hecho de que su anhelada independencia no sólo les separa del resto de los españoles, sino sobre todo de muchos catalanes que preferimos seguir siendo plurales y diversos en nuestra propia identidad? Quizá entonces se den cuenta de que, en lugar de solucionar un problema, su maniquea aventura nos ha sumido en otro mucho más severo, insoportable y difícil de remediar.

Sea como fuere, los independentistas no sólo han logrado situar su objetivo en el centro de nuestro debate público como si fuera un anhelo compartido por todos los catalanes, sino que además han conseguido neutralizar la oposición dentro de Cataluña. Primero, tildándola de antidemocrática a las primeras de cambio y, segundo, acusándola de practicar lo que ellos llaman el “discurso del miedo”. Lo primero se traduce en una actitud de autocontención, cuando no de condescendencia, entre quienes se oponen a la ruptura con el resto de España (sobre todo entre quienes defienden el “derecho a decidir” pero no la independencia: PSC, Unió Democràtica e incluso, en ocasiones, ICV-EUiA) lo que ha permitido a los independentistas actuar de continuo como si Cataluña fuera ya virtualmente independiente y les ha dado alas para imponer, entre otras ideas, la creencia de que la consulta que propugnan constituye la quintaesencia del principio democrático, pretensión que resulta como mínimo discutible, entre otras cosas, porque no se puede obviar que cuando se proclama la subjetividad política y jurídica del pueblo catalán se está negando la del conjunto del pueblo español que reconoce la Constitución.

En cuanto al tan traído y llevado “discurso del miedo”, resulta cuando menos insólito que, precisamente aquellos que se empeñan en presentar la mejor etapa de la historia de Cataluña en términos objetivos de bienestar social, crecimiento económico y autogobierno -los treinta y cinco años que van desde la aprobación de la Constitución de 1978 hasta nuestros días- como un período oscuro de privaciones y sinsabores que los catalanes debemos superar si no queremos que “la catalanidad desaparezca” (Jordi Pujol dixit), se atrevan a atribuir el “discurso del miedo” a quienes se limitan a advertir de los riesgos que conllevaría la independencia. Paradójicamente, son los propios independentistas quienes a diario dan fe, aunque de manera involuntaria, de las bondades de formar parte de España cuando afirman que Cataluña es uno de los motores económicos de Europa, una de las regiones más dinámicas del Sur de Europa con un PIB similar al de Finlandia o Dinamarca, además de ser la avanzadilla cultural de España. ¿Pero no habíamos quedado en que somos un pueblo secularmente oprimido y expoliado? Pues bien, parece que para los independentistas no supone un contrasentido el hecho de defender algo y su contrario al mismo tiempo, lo cual me parece perfectamente coherente con su determinación de alcanzar la independencia a todo trance, sin reparar en riesgos.

Sin embargo, lo que ya no resulta tan coherente es que aquellos que se manifiestan a favor del derecho a decidir pero en contra de la independencia se alineen con los independentistas en su sistemática campaña de desmerecimiento de los innegables progresos y consecuciones del sistema autonómico y de la democracia española en general. Así, rebajando los avances y amplificando sobremanera las fallas de nuestro actual Estado, lo único que consiguen es hacerles el juego a los independentistas y, de paso, desarmarse de antemano de cara a una hipotética consulta sobre el futuro político de Cataluña en la que supuestamente habrían de defender la continuidad de Cataluña en España. Al fin y al cabo, ¿cómo van a defenderla, llegado el caso, quienes no ven en ella más que perjuicios?

Llegados a este punto, quizá convenga recordar lo obvio: ser partidario del Estado autonómico, de un Estado regional asimétrico, de un Estado federal o de un Estado confederal no es ser partidario de la independencia, sino, en todo caso, de reformar el Estado español y, en última instancia, de la unidad de España. Y la unidad de la España constitucional no es sinónimo de un Estado antidemocrático, ni unitarista ni centralista como algunos pretenden, sino de un Estado de Derecho que reconoce y garantiza la autonomía de las nacionalidades y regiones que lo integran, así como los derechos y libertades fundamentales de sus ciudadanos en cuanto ciudadanos, con independencia de su adscripción identitaria.

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