El compromiso de Rajoy con Cataluña

Se espera con expectación, sobre todo desde Cataluña, que en otoño Rajoy responda a la carta de Mas y que la respuesta esté a la altura del presidente del Gobierno de un Estado democrático de Derecho. Sin embargo, a menudo se deja de lado que el destinatario de la carta debe responder al contenido de esta, que no olvidemos que parte de una serie de apriorismos como el llamado “derecho a decidir” de todo punto inaceptables, no ya para el Gobierno español de turno sino para cualquier Estado democrático de Derecho.

De entrada, porque el remitente se empeña en proclamar el carácter democrático de su aspiración, olvidando que la democracia no es sólo la regla de la mayoría, sino también la sujeción de los poderes públicos a la ley; el respeto a los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos como tales, con independencia de sus adscripción ideológica o identitaria; y la protección de las minorías. Es decir, a pesar de prescindir de aspectos tan esenciales de la concepción contemporánea de la democracia, o sea, de la democracia constitucional, la carta presenta la consulta como la quintaesencia de la democracia. Primer apriorismo inaceptable de la carta.

Por otra parte, la carta plantea la independencia de Cataluña no como un objetivo político sino como un derecho, es decir, apelando al derecho de autodeterminación de Cataluña en los términos que recoge la ONU, aunque disimulando bajo el eufemismo del “derecho a decidir”. Pues bien, tan evidente resulta a la luz de las resoluciones y acuerdos de las Naciones Unidas que este derecho se limita al caso de pueblos que se hallen en una situación de dominación colonial u ocupación militar, como que ni Cataluña, ni el País Vasco ni ninguna otra nacionalidad o región española se hallan en esta situación. Pero a pesar de la puerilidad de tal pretensión el apunte no es accesorio, puesto que en la práctica hace referencia a un aspecto medular de la carta de marras y, en general, del discurso del Gobierno catalán. Soslayando la evidencia, los independentistas insisten en atribuir de entrada al pueblo de Cataluña la condición de sujeto político y jurídico soberano –véase la declaración soberanista aprobada el pasado 23 de enero por el Parlamento de Cataluña, ahora suspendida por el Tribunal Constitucional-, contraviniendo así los dos primeros artículos de la Constitución española, que atribuyen la soberanía nacional al conjunto del pueblo español y consagran la indisoluble unidad de la nación española. Segundo apriorismo inaceptable de la carta.

Es decir, el punto de partida institucional de la travesía a Ítaca es a todas luces inconstitucional y el canal es, por tanto, innavegable; y eso no es culpa de Madrid, sino del patrón Mas y su contramaestre Junqueras, que parece ser quien dirige las maniobras desde la sombra con el único objetivo de provocar el tan traído y llevado “choque de barcos”. Quieren llegar a Ítaca rápido y a toda costa, aunque sea en cuadro y tras un calamitoso naufragio. Cuando digo que quien imposibilita el diálogo a este respecto no es Madrid me refiero a que en España -a diferencia de otros países como Alemania, donde la Constitución prevé algunas cláusulas de intangibilidad, es decir, preceptos como el de la unidad del Estado que son irreformables- la secesión es un objetivo político perfectamente legal y legítimo siempre que se acometa desde el más escrupuloso respeto a la legalidad y no tratando de eludirla mediante apriorismos inaceptables, como digo, para cualquier Estado democrático de Derecho. Prueba de ello es que no hay en el mundo ni un solo Estado democrático que reconozca a sus territorios integrantes el derecho a la autodeterminación, ni siquiera Canadá o el Reino Unido, los casos que los nacionalistas catalanes traen siempre en la boca. De hecho, las habituales alusiones de políticos y tertulianos nacionalistas al caso de Canadá o, mejor dicho, de Quebec, donde ya se han celebrado dos referéndums sobre la independencia, resultan especialmente equívocas porque suelen obviar el hecho de que los dos referéndums (1980 y 1995) son anteriores a la aprobación de la Ley de Claridad (2000). Conviene recordar que desde su aprobación no se ha vuelto a celebrar ningún referéndum, precisamente porque su letra choca frontalmente con la interpretación unilateral de la democracia que propugnaban antaño los partidarios de la secesión de Quebec y hogaño los de la independencia de Cataluña, en la medida en que establece entre otras cosas que “la secesión de una provincia, para ser legal, requeriría una reforma de la Constitución de Canadá” y que “una modificación de ese tipo exigiría necesariamente negociaciones sobre la secesión en las que participarían en especial los gobiernos del conjunto de las provincias y de Canadá”. Es decir, nada de subjetividad política y jurídica, ni de derecho de autodeterminación ni de contraponer legalidad y legitimidad democrática. Democracia constitucional, nada más.

CiU y ERC no persiguen una consulta ajustada a los procedimientos que establece la Constitución de cara a una modificación tan sustancial del marco de convivencia de todos los españoles, sino precisamente la supresión de ese espacio en un intento descarado de aprovechar pro domo súa la crisis que desde hace un lustro viene sufriendo nuestro país. Pero resulta que la Constitución española, como todas en mayor o menor medida, tiene como uno de sus principales objetivos preservar la estabilidad política y la predictibilidad en la actuación de los poderes públicos, principios que en definitiva tienden a garantizar la seguridad jurídica que debe presidir el funcionamiento de todo Estado de Derecho. La Constitución actúa, en palabras del noruego Jon Elster, como una suerte de precompromiso o autorrestricción que nos blinda contra nuestra propia inclinación a tomar decisiones oportunistas e inopinadas en momentos de crisis como los actuales. Rajoy debe mostrar su disposición dialogadora en el marco de la Constitución, cuya reforma es y debe ser difícil aunque no imposible, y sobre todo mantenerse firme en su compromiso constitucional con los ciudadanos de Cataluña y del conjunto de España. 

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3 comentarios

Archivado bajo Derecho Público, La cuestión catalana, Nacional

3 Respuestas a “El compromiso de Rajoy con Cataluña

  1. Jesús

    Nacho, ara feia temps que no parlàvem, i es troba a faltar una mica en aquest temps d’ebullició política. EN tot cas et deixo la meva opinió al respecte

    No es tracta d’un problema jurídic, sinó d’un problema polític. No ens trobem davant la disjuntiva d’un ciutadà davant una llei que l’ha de complir sí o sí (el tan citat exemple :vull decidir pagar impostos o no pagar-los, que em sembla d’un ridícul còsmic). Ens trobem davant un nombrós grup de ciutadans d’un ens polític reconegut a la Constitució, (la CA de Catalunya) que així ho han expressat de forma reiterada des de fa més de 30 anys, amb el seu vot diferencial al seus òrgans d’autogovern constitucionals (com és el Parlament de Catalunya) comunitat que té una reclamació política, no és una reclamació referent al codi penal o al codi civil. Rebaixar-ho al nivell de complir la llei de la mateixa manera que s’han de pagar impostos, tirar la brossa al contenidor o no fer mal als nostres conciutadans ho trobo d’una pobresa lamentable, d’altra banda pròpia de la escassa tradició i tarannà democràtic de la dreta espanyola, i que el veritable moviment de fons és impedir de totes les formes possibles la independència de Catalunya disfressant-ho en l’eufemisme de la suposada il•legalitat.

    Parapetar-se darrere un text legal no soluciona el problema, encara que per al govern espanyol, no existeixi tal problema. La Constitució preveu la seva reforma. En tot cas, PP i PSOE, si tan esmenten la constitució, poden fer una reforma exprés de la Constitució tal com van fer el 2011, i llavors esdevindria legal. La Constitució no és un escull insalvable. O també poden fer una pirueta legal esquivant la Constitució, tal com van fer amb el referèndum andalús de 1980.

    En tot cas, si apliquem el suposat criteri jurídic, que soluciona? Impedir la celebració d’una consulta, referèndum o l’eufemisme que es vulgui, i llavors el problema s’extingueix? Una reclamació política declarant-la il•legal, ja la donem per finiquitada? Llavors s’esdevé una dictadura de la majoria, una oclocràcia, contradient el que tu mateix has dit, que ha de fer una democràcia, respectar les minories. Arribats aquí ja no es una democràcia. Perdona la expressió, però és una actitud molt espanyola.

    El govern espanyol (i el PSOE) si tan segurs es veuen de la seva posició, podrien declarar públicament la seva oposició a la independència de Catalunya i la celebració de qualsevol referèndum respecte al tema…Perquè no ho fan?

    • Hola Jesús,

      Ja saps que valoro molt la teva opinió, perquè per sobre de tot ets una persona assenyada i, sobretot, documentada. Per això la teva opinió sempre és benvinguda, encara que sigui des de la discrepància. Estic d’acord amb algunes de les coses que dius al teu comentari, com ara que no es pot fer la comparació entre la relació que mantenen amb la llei els ciutadans i la que mantenen els poders públics. Això es fa de continu i crec que l’única cosa que fa és adulterar el debat. També és cert que aquests paral·lelismes s’estableixen en els dos sentits. És a dir, de la mateixa manera que no és pot comparar el comportament col·lectiu d’un poble representat per un conjunt d’institucions, tampoc no es pot comparar els drets que són inalienables als homes amb els drets que corresponen a les col·lectivitats. Això a banda de la barbaritat que suposa el fet de pretendre aplicar a Catalunya el dret d’autodeterminació, que qualsevol persona mínimament documentada sap que no és aplicable al cas català, perquè Catalunya ni és una colònia ni està sotmesa a un poder militar opressor. Catalunya ja exerceix l’autodeterminació interna, que és la que segon les Nacions Unides correspon als ciutadans d’Estats que es condueixen amb respecte als drets humans i que tinguin un Govern que represente al conjunt dels ciutadans sense cap discriminació. Aquest és el cas d’Espanya, sens dubte.

      L’apel·lació al respecte a la legalitat no és supèrflua ni accessòria, sinó substantiva, perquè el respecte a les lleis és la nostra garantia contra les pulsions decisionistes dels nostres governants en moments de crisi com els actuals.

      Més enllà dels teus comentaris sobre la suposada excepcionalitat espanyola -que no entraré a rebatre, perquè ja saps que no hi estic gens d’acord-, estic d’acord en què la resposta a la pretensió del Govern català i d’una part important de la ciutadania de Catalunya no pot ser només jurídica: no es pot ventilar tan fàcilment un problema d’aquesta envergadura. Aquí hi ha d’haver un diàleg seré en què les dues parts siguin molt conscients que hauran de renunciar a part de les seves pretensions per assolir acords raonables.

      Ja saps que jo mai he estat partidari de reconèixer el dret a l’autodeterminació de les CCAA. No fa falta que et digui que això no és ser més ni menys demòcrata, sinó senzillament voler evitar el trauma que, en qualsevol cas, suposa per a una societat un procés d’independència. Això ho ha dit en més d’una ocasió Stéphane Dion, exministre canadenc considerat el factòtum de la Llei de Claredat. I això no és discurs de la por, sinó l’expressió d’una opinió subjectiva sobre les possibles conseqüències d’un projecte polític, opinió basada en l’experiència en aquest cas del Quebec i, com a mínim, tan respectable com la dels que defensen la independència.

      Per últim, ja sap que jo sovint em pregunto a qui beneficia aquesta situació i la resposta és sempre la mateixa: a ningú. I per tant, arribats a aquest punt, em fa l’efecte que la celebració d’alguna mena de consulta en el temps i forma adequats -és a dir, no seguint fil per randa el tempo marcat pels qui tenen pressa per marxar, sinó intentant fer-la quan la crisi econòmica s’hagi apaivagat i en un entorn de molta més pluralitat en els mitjans, sobretot en els públics- és possiblement una de les poques sortides a l’atzucac en què ens trobem.

      Una abraçada,
      Nacho

      • Jesús

        No vull entrar ara aquí en una espiral interminable ara de debat. Ja tindrem temps en el futur de seguir parlant. Només et deixo la meva resposta a la teva opinió

        Entenc perfectament les raons d’Stepahne Dion, que la secessió d’un estat democràtic pot ser traumàtica, jo tampoc m’apunto a la teoria que necessariament en un nou estat català brollaria mel de les fonts, ni discursos similars. Crec sincerament que els contres, que n’hi ha uns quants serien superats pels pros. Efectivament pot ser traumàtic, però la veritat es que una secessió en una democràcia consolidada (no es el cas de Sudan, Iugolsàvia o Timor Oriental) no s’ha donat mai, es un procés inèdit a Europa Occidental, ja que fins a la data, els conflictes territorials es resolien manu militari. La veritat es que no ho podem saber perquè no hi ha precedents. Només tenim indicis. És el discurs de les emocions, més que un discurs racional. Però es que en el bàndol independentista la majoria del discurs també és emocional, no ho nego.

        Segueixo pensant en la por al resultat o a establir un precedent per a al futur en la intenció de negar el referèndum, no tant en la doctrina de la ONU, quan efectivament no es compleixen els requisits en els processos de descolonització, encara que si que es donarien algun supòsits segons Allen Buchanan que teoritza sobre el tema com la redistribució injusta del recursos. Ni tampoc la doctrina recentment enunciada de Fèlix Ovejero sobre la immoralitat de trencar espais democràtics consolidats. En tot cas ho trobo una discussió bizantina, poden trobar arguments a favor i en contra. Tot i que el nacionalisme català s’emmiralla en el Quebec, cada cas és diferent. El cas escocès és diferent. El problema català, no és només català, sinó també espanyol, de la seva incapacitat de trobar un encaix territorial, quan a Europa Occidental els problemes territorials ja van ser resolts fa temps. L’existència d’un grup polític diferenciat i la falta d’un projecte comú és l’arrel del problema, parafrasejant Ortega y Gasset. O com deia Ernest Lluch, uns son Àustries i els altres Borbons. Són dos cultures polítiques diferents

        Una abraçada

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