De Lengua y Religión

(Artículo publicado en el ABC el 23 de mayo de 2013)

Los ataques a la llamada ley Wert se recrudecen por momentos. Las críticas constructivas a una ley cuyo objetivo es mejorar la calidad de nuestro maltrecho sistema educativo (crónicamente por debajo de la media de la OCDE, según el informe PISA) son siempre legítimas y aun deseables, pero lo que no es de recibo es criticar la ley desde posiciones apriorísticas, y eso es precisamente lo que se está haciendo, al menos, en dos aspectos importantes del proyecto: la cuestión lingüística y la asignatura de Religión.

En torno a la primera cuestión, el Gobierno catalán se escandaliza ante la previsión de la ley de detraer de las transferencias del Estado a la Generalitat el coste de escolarizar en castellano en centros privados. Cuando lo realmente escandaloso es que la Generalitat se niegue sistemáticamente a cumplir la Ley y las sentencias judiciales y a asumir de buen grado el mandato del Tribunal Constitucional (TC) de implantar en Cataluña un modelo de bilingüismo equilibrado en el que el castellano sea también lengua vehicular de la enseñanza juntamente con el catalán. Lo que pretende la ley con esta medida es presionar a la Generalitat para que haga lo que debería hacer motu proprio: adaptar su modelo educativo a la doctrina del TC. No trata de instituir un derecho a recibir la enseñanza exclusivamente en castellano, sino de compeler a los poderes públicos catalanes a que reconozcan las dos lenguas cooficiales como vehiculares, es decir, no sólo como objeto de enseñanza sino como lenguas docentes.

En cuanto a la reintroducción de la Religión como asignatura evaluable, conviene recordar que la ley Wert se incardina en el modelo de laicidad positiva y abierta que predomina en la mayoría de los países de nuestro entorno, que se caracteriza tanto por la obligación de los poderes públicos de ofrecer la asignatura de Religión como por la exigencia de garantizar la voluntariedad de la elección de los ciudadanos. Entronca así con la Constitución española, que en su artículo 27.3 reconoce “el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Por cierto, nuestra Constitución es a tal respecto mucho menos ambiciosa que otras como la suiza, que en su artículo 15.3 reconoce sin ambages “el derecho a seguir una enseñanza religiosa”. En la escuela pública, se entiende.

Es importante aclarar que la ley Wert no privilegia la Religión sino que la equipara con el resto de las asignaturas alternativas también evaluables, lo que sin duda realza la importancia de una asignatura fundamental para la formación humanística de quienes la elijan libremente, pero que mientras siga sin ser objeto de evaluación no dejará de ser considerada a efectos prácticos como una materia de segundo orden.

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