La república, el franquismo y el “país normal”

La cuestión lingüística es principal en términos de cohesión social, pero no precisamente en los términos que defienden los nacionalistas, pues para ellos la cohesión se basa en la homogeneidad lingüística, es decir, en la idea de que si eres catalán lo “normal” es que hables catalán, al igual que si eres francés lo natural es que hables francés. Recuerdo a este respecto un encuentro que allá por el año 2008 mantuvimos una decena de estudiantes de Periodismo con el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol en su despacho de Barcelona. Aquel año tuve la suerte de tener como profesor al periodista que colaboró con Pujol en la redacción de sus memorias, Manuel Cuyàs, que fue quien organizó la visita. Vaya por delante mi agradecimiento a Pujol por su amabilidad al recibirnos, porque lo cortés no quita lo valiente, pero, dicho esto, debo señalar que recuerdo con singular tristeza como un hombre que en 1984 recibía el “Premio Español del Año” del diario ABC nos explicaba con su característica naturalidad que hacía ya un tiempo que él había tomado la decisión de hablar en catalán siempre que se encontrase en Cataluña y en el bien entendido de que su interlocutor entendiese el catalán. Nótese que el expresidente Pujol no dijo en ningún momento que, encontrándose en Cataluña, hablaría catalán invariablemente y con independencia de si su interlocutor lo entendía o no, lo cual, por otra parte, hubiera echado por tierra su reputación de hombre inteligente. Sin embargo, sus palabras estaban preñadas de esa idea perversa del “país normal”.

En las tertulias de los medios de comunicación catalanes abundan las preguntas pretendidamente retóricas tales como: “¿verdad que si te vas a Berlín hablarás alemán y si te vas a París hablarás francés?” Y la conclusión para quienes las formulan es autoevidente: “pues si vienes a Barcelona hablarás catalán”. Esta visión parcial y empobrecedora de la realidad catalana halla su fundamento intelectual en los procesos de construcción nacional que, a partir de la Revolución Francesa, se extendieron por Europa a todo lo largo del siglo XIX y entre los que cabe destacar los casos de Francia, España y el Reino Unido. Ahora bien, ese proceso de construcción nacional, esencialmente inclusivo y aun emancipador, supuso asimismo la adopción de una serie de criterios funcionales orientados a garantizar la viabilidad de los nuevos estados-nación. Existía entonces la convicción más o menos generalizada entre las respectivas élites culturales y políticas (incluidas, por supuesto, las catalanas) de la necesidad de adoptar una lengua nacional para el conjunto del territorio, aunque ello supusiera que “algunas de las nacionalidades y lenguas menores estaban condenadas a desaparecer como tales”.[1]

Es más, en contra de lo que algunos se empeñan en sostener de forma interesada, España y su historia no constituyen una excepción entre el conjunto de las naciones europeas; al contrario, su evolución es perfectamente homologable a la norma del resto de los países de nuestro entorno. Hay quien pretende que la existencia de nacionalismos periféricos en España demuestra que España no es una nación como Francia o Alemania y que la pervivencia en mayor o menor medida de lenguas como el catalán, el euskera o el gallego demuestran la resistencia de los españoles de esos territorios a sumarse a un proyecto nacional conjunto. Sin embargo, el verdadero motivo de la pervivencia de las lenguas españolas diferentes del castellano no es tanto la determinación de catalanes, vascos o gallegos de no ser españoles, sino el fracaso del Estado liberal español allí donde otros Estados liberales triunfaron, a saber: en la obra de alcanzar la unidad nacional necesaria para garantizar el desarrollo económico. A tal respecto, Juan Linz apunta las causas del fracaso del Estado español en la asimilación castellana del conjunto de los ciudadanos españoles: “El asimilacionismo castellano ha fracasado en buena medida porque durante siglos no existió una política expresa en tal sentido, y debido a la debilidad del Estado Español que apoyaba al castellano en el siglo XIX, y la ausencia de una política cultural nacionalista de alta calidad, como la que existió en la Francia post-revolucionaria”.

Ya en el siglo XX, la dictadura de Primo de Rivera y, sobre todo, los cuarenta años de franquismo trataron extemporáneamente de resolver a sangre y fuego las ineficiencias del Estado español en orden a homogeneizar España cultural y lingüísticamente, como habían hecho el Estado francés –a partir de 1789- o incluso, más tarde, el italiano y el alemán. En todo caso, el franquismo exacerbaría sobremanera la intensidad del sentimiento nacionalista en Cataluña y el País Vasco debido a las intempestivas políticas centralistas y homogeneizadoras del régimen ordenadas a aniquilar la diversidad cultural y lingüística de España, remedo anacrónico de las políticas decimonónicas de construcción nacional que en nuestro país –lastrado por la hegemonía nobiliaria y eclesiástica, así como por la debilidad de la burguesía industrial- no alcanzaron el éxito que sí habían logrado en Francia.

El franquismo dio carpetazo entre otras cosas a la denominada ley del bilingüismo, promulgada por el gobierno provisional de la Segunda República a los quince días de su llegada al poder en un comedido intento de normalizar en el ámbito escolar catalán lo que ya era normal en la calle, sobre todo en la Barcelona de los años treinta del siglo pasado: el bilingüismo. La política pertinazmente hostil con respecto a toda manifestación cultural ajena a la lengua castellana y al casticismo en general supuso un torpedo en la línea de flotación del nacionalismo catalán, singularmente apoyado en la lengua, que quiso ver en aquella la confirmación de su inmutable versión de la fatídica historia lingüística de España. Así, y aunque su supresión pueda parecer uno más de la larga lista de agravios perpetrados por el franquismo, la ley del bilingüismo republicana representaba, a mi modo de ver, un hito en la auténtica normalización lingüística de Cataluña. Sin embargo, como ya se ha dicho, el franquismo radicalizó los nacionalismos periféricos hasta el punto de vedar, quién sabe si para siempre, la posibilidad de establecer un marco de convivencia realmente respetuoso con la pluralidad lingüística de España precisamente allí donde probablemente ésta se halle con mayor intensidad, es decir, en Cataluña. Y es que la llegada de la democracia y el subsiguiente traspaso de competencias educativas a las Comunidades Autónomas resultaron en Cataluña en un modelo de inmersión lingüística en el que la presencia del castellano se ha ido reduciendo a marchas forzadas.

Tras la muerte de Franco, resultaba lógica y aun deseable la implantación de un modelo que, sin arrumbar el castellano como lengua docente –es decir, sin limitar su uso a la asignatura de lengua y literatura-, privilegiara el uso de la lengua catalana en la escolaridad pública con objeto de recuperar el tiempo perdido durante la larga noche del franquismo. Pues bien, tanto la Ley 7/1983 del Parlamento catalán como, ya desde un principio, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional apuntaban en esa dirección, pero pronto quedó claro que el objetivo de la política lingüística de los sucesivos gobiernos de la Generalitat no era el bilingüismo sino un monolingüismo en catalán a todo trance dispuesto irremisiblemente a lesionar derechos individuales consagrados por la Constitución. Todo ello, empero, en nombre de la normalización lingüística. ¡Dichosa normalidad!


[1] Hobsbawm, E., Naciones y nacionalismo desde 1780, Crítica, Barcelona, 2004, p. 43.

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