La lengua y la espiral del silencio

La crispación por la cuestión lingüística se intensifica por enésima vez en Cataluña. Esta vez a cuento del auto -que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictó hace ya más de un mes, concretamente el 6 de marzo- en el que el TSJC, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional (TC) y del Tribunal Supremo (TS), clarifica su posición con respecto a la presencia del castellano en las aulas catalanas. El aparato político de la Generalitat, con la consejera de Educación Irene Rigau al frente, no ha tardado en pasar el auto por el alambique del victimismo. Este proceso de destilación debidamente amplificado por el correspondiente aparato periodístico, rendido de forma acrítica al discurso político predominante, ha desembocado en un titular tan falaz como perverso: “El TSJC obliga a que la clase sea en castellano si un solo alumno lo ha pedido”.

Pues bien, este último auto del TSJC no dice en ningún caso que basta con que un alumno lo solicite para que todas las clases del grupo del que forma parte el alumno tengan que ser en castellano, que es lo que al fin y al cabo dicen Rigau y compañía que dice el TSJC. No, este auto de 6 de marzo de 2013 viene a precisar otro auto del TSJC de 3 de enero de 2013, en el que el tribunal, con base en la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional y las sucesivas sentencias del Tribunal Supremo, requería a la consejería de Educación “para que adopte cuantas medidas sean precisas para adaptar el sistema de enseñanza lingüística (…) a la nueva situación creada por la declaración de la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional, que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza de Cataluña junto con el catalán”. Así pues, lo único que hace el TSJC es aplicar la doctrina del TC en esta materia y, concretamente, en este último auto aclarar que la educación en ambas lenguas oficiales, catalán y castellano, no debe implementarse de manera individualizada, es decir, limitada a los alumnos que lo soliciten, sino de forma grupal. En definitiva, las principales precisiones de este auto con respecto a los anteriores del TSJC son dos: por un lado, que no se reduce a la atención individualizada la presencia del castellano como lengua vehicular en el aula; y por otro, que el derecho de los alumnos catalanes a recibir la enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano, no debe estar sujeta a la solicitud expresa de los padres, sino que debe ser entendida como un derecho universal de los niños catalanes.

Se trata, en definitiva, de algo tan lógico y coherente como convertir el castellano junto con el catalán en lengua vehicular de la educación -que es, en definitiva, lo que pide el auto del TSJC-, lo que no significa necesariamente perjudicar al catalán; ni siquiera implica por fuerza equiparar el número de horas de clase que se imparten en cada una de las dos lenguas. Se trata, sencillamente, de adaptar nuestro modelo actual a la realidad social, lo que se podría hacer sin dejar de considerar el catalán la clave de bóveda: el centro de gravedad, en expresión del TC.

Históricamente la implantación de la inmersión lingüística en Cataluña se ha sustentado sobre la base del consenso social que supuestamente concita dicho modelo entre la población catalana. No en vano, en Cataluña parece existir, a tenor del discurso político de los sucesivos gobiernos de la Generalitat, así como de la información publicada por la mayoría de los medios de comunicación de ámbito estrictamente catalán, una muy mayoritaria aquiescencia en torno al modelo educativo de inmersión lingüística en catalán, así como en relación con la plausibilidad del limitado uso público del castellano en lugares como el Parlamento o la televisión pública de Cataluña. Con todo, no resulta fácil encontrar estudios que acrediten fehacientemente ese consenso social al que apelan constantemente los políticos nacionalistas para defender la necesidad de mantener el modelo de inmersión lingüística.

Ese supuesto consenso descansa en tres principios que los inquilinos de la Generalitat, los de hoy y los de ayer, han repetido hasta la saciedad: primero, que la lengua catalana está en peligro de extinción, argumento pro inmersión cuando menos discutible y que, en definitiva, legitima la escasa presencia del castellano, no sólo en la educación sino en la vida pública de las instituciones catalanas. Segundo, que el modelo actual es el único capaz de garantizar la igualdad de oportunidades y el buen funcionamiento del tan traído y llevado “ascensor social”. Y tercero, que la adopción de un modelo educativo en el que la lengua castellana tuviera una mayor presencia derivaría irremisiblemente en un proceso de segregación social por razones lingüísticas. La inconsistencia de estos tres argumentos se cae por su propio peso, pero en este sentido la sociedad catalana es fiel trasunto de lo que la politóloga alemana Elisabeth Noelle-Neumann define como la espiral del silencio, que hace referencia a la opinión pública como una forma de control social en la que los individuos adaptan su comportamiento a las actitudes predominantes sobre lo que es aceptable y lo que no. La espiral del silencio en Cataluña impide un debate sereno y equilibrado sobre el modelo lingüístico y permite a los partidos nacionalistas seguir defendiendo la inmersión lingüística como condición sine qua non para la supervivencia misma del catalán, como si no fuera posible preservarlo e incluso realzarlo con un sistema educativo bilingüe y aun trilingüe.

Ya en 1932 Ortega apuntaba, con motivo de los debates parlamentarios sobre el primer Estatuto de Autonomía de Cataluña, el llamado Estatuto de Nuria, una explicación plausible al décalage que ya entonces existía y hoy sigue existiendo entre el sentir mayoritario y la cotidianidad de los catalanes, que emplean alternativamente el catalán y el castellano con absoluta normalidad, y su posterior comportamiento electoral concediendo a ese nacionalismo cada vez más rupturista la responsabilidad de gobernar con arreglo a su visión parcial y empobrecedora de la realidad catalana.

“Los demás coinciden con ellos –con los nacionalistas catalanes-, por lo menos parcialmente, en el sentimiento, pero no coinciden en las fórmulas políticas; lo que pasa es que no se atreven a decirlo, que no osan manifestar su discrepancia, porque no hay nada más fácil, faltando, claro está a la veracidad, que esos exacerbados les tachen entonces de anticatalanes”, decía Ortega. Pues bien, eso es lo que en mi opinión les ocurre también hoy día a muchos catalanes en cuestiones como la de la lengua: que no se atreven a decir que, sin dejar de defender la necesidad de proteger la lengua catalana, no están dispuestos a aceptar que la lengua castellana ocupe un lugar testimonial en el sistema educativo catalán. De hecho, la interacción y la cotidianidad del uso alternativo de ambas lenguas en la calle, los comercios y las conversaciones con los amigos y con la familia son sin duda un ejemplo de civismo y respeto por los demás, hasta tal punto que no resulta descabellado argumentar que, mal que les pese a los nacionalistas que trasueñan una Cataluña monolingüe, constituye hoy en día nuestro auténtico hecho diferencial, no solo con el resto de España, sino con el resto del mundo. ¿Por qué no trasladar el bilingüismo al sistema educativo?

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Archivado bajo La cuestión catalana, Nacional

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