La tiranía de lo instantáneo

El viernes, dos días después de la publicación en El País de los supuestos apuntes contables manuscritos del extesorero del PP Luis Bárcenas, participé en una tertulia radiofónica en la que, a pesar de que comparto la desazón generalizada por la magnitud que ha alcanzado el fenómeno de la corrupción en España, defendí con insistencia la necesidad de respetar la presunción de inocencia a la que todos tenemos derecho como ciudadanos de un Estado democrático y de Derecho y abogué por evitar los juicios paralelos que tanto menudean últimamente en los medios de comunicación. Ni que decir tiene que condené la corrupción política que parece multiplicarse por momentos y amenaza con derrumbar nuestro espacio de convivencia. Pero quizá el hecho de que me negase a dar por buena la información de El País y por tanto a criticar al PP en su conjunto como no podía ser de otra manera dado el alcance cualitativo y cuantitativo de la noticia –al igual que en su día me negué en el mismo programa y en otros a aceptar la información de El Mundo sobre las cuentas en Suiza de la familia Pujol y compañía- pudo ser interpretado como una muestra de condescendencia o incluso conformidad con la corrupción. Nada más lejos de la realidad.

Creo sinceramente que España necesita un pacto por la transparencia y contra la corrupción –véase mi artículo La diferencia entre Lincoln y un Bárcenas cualquiera-, que debe incluir al conjunto de los partidos políticos con representación parlamentaria, y que dado el avanzado estado de descomposición en que se encuentra ya la reputación de nuestra cosa pública debe comprender medidas drásticas y aun exorbitantes y ejemplarizantes. Así son las cosas: en estos momentos más vale pecar por carta de más que por carta de menos. Nuestro sistema necesita desprenderse de la imagen de impunidad y mamandurria generalizada que se impone entre la opinión pública, y para ello ya no bastan afeites ni composturas sino que se requieren urgentemente medidas audaces e integrales ordenadas a prestigiar la política y asegurar en la medida de lo posible la responsabilidad de nuestras clases dirigentes en cuanto procuradoras del interés general y por tanto administradoras de fondos públicos.

Sin embargo, mi intención al apelar a la presunción de inocencia, por un lado, y advertir, por otro, sobre los devastadores efectos sociopolíticos de los juicios paralelos en los medios de comunicación no era otra que llamar la atención sobre la tendencia, a mi juicio demasiado extendida entre tertulianos y ciudadanos de a pie, a validar a cierra ojos esos juicios como si provinieran de una suerte de oráculo esencialmente imparcial y desinteresado y no de organizaciones orientadas –legítimamente, todo sea dicho- a influir en la opinión pública y en última instancia a obtener así beneficios económicos. En una democracia los medios de comunicación tienen la obligación moral de fiscalizar la acción de los poderes públicos actuando con responsabilidad como creadores de opinión y como contrapeso a los poderes constituidos, pero lamentablemente demasiado a menudo olvidan esa exigencia y se entregan desaforadamente a la estridencia, el efectismo y la intriga política, no ya por criterios de actualidad sino de instantaneidad y resonancia. Decía Ortega que “la vida real es de cierto pura actualidad; pero la visión periodística deforma esta verdad reduciendo lo actual a lo instantáneo y lo instantáneo a lo resonante”. Esta actitud redunda en una sobreabundancia de noticias periodísticas que, a pesar de no ser ni rigurosas, ni contrastadas ni veraces, generan sin solución de continuidad multitud de comentarios en las redes sociales y en tertulias de radio y televisión, de suerte que hechos a menudo poco probados, cuando no directamente falsos, acaban por sedimentar en nuestro imaginario colectivo y adquieren la condición de verdades categóricas.

Creo, en definitiva, que no hay que confundir la libertad de expresión con la obligación de opinar de todo y en todo momento, porque si olvidamos esto sólo podemos favorecer la confusión y el desgobierno. Es más, considero que de lo que no se puede hablar hay que callar -por decirlo mutatis mutandis en palabras de Wittgenstein- por lo menos hasta que se pueda hablar de ello con conocimiento de causa y sin hacer seguidismo de la opinión publicada. Los medios de comunicación deben complementar la acción de los poderes constituidos, no sustituirlos ni mucho menos entorpecer su labor imponiendo una ominosa tiranía de lo instantáneo que condena a nuestra sociedad a la más absoluta interinidad cognitiva.

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