Archivo mensual: febrero 2013

La independencia y la cuestión española

Me dispongo a escribir uno de los artículos más difíciles de cuantos he escrito sobre la llamada cuestión catalana, que en el fondo es también una de las grandes cuestiones españolas, por no decir la principal, al menos durante los últimos cien años. Digo que es un artículo difícil porque lo que pretendo es condensar en él mi opinión sobre la cuestión de la forma más honesta posible, es decir, renunciando a emplear paños calientes para disimular aquellos aspectos de mi juicio que intuyo pueden, hasta cierto punto, desnaturalizar a los ojos de los independentistas mi oposición frontal a la secesión de Cataluña.

En primer lugar, quiero constatar la sensación que tengo últimamente de que los catalanes que queremos seguir siendo españoles nos estamos replegando y dejando a menudo en manos de los catalanes que quieren dejar de serlo la representación y la articulación de nuestros intereses colectivos, como si admitiéramos que ellos tienen más derecho a ostentar esa responsabilidad que nosotros por el solo hecho de sentirse solamente catalanes, como si su catalanidad fuera más pura, más legítima por ser excluyente. Nuestra autocontención, nuestra condescendencia ha permitido a los independentistas actuar de continuo como si Cataluña fuera ya virtualmente independiente y les ha dado alas para imponer, entre otras ideas, la creencia de que el referéndum de independencia que propugnan constituye la quintaesencia del principio democrático, cuando a mi juicio representa más bien la negación de dicho principio, así como el fracaso de nuestro proyecto sugestivo de vida en común, que diría Ortega. Nótese que Ortega no empleaba al buen tuntún el adjetivo “sugestivo” sino que lo hacía desde el conocimiento de la complejidad española y desde el convencimiento de que sólo a través de la sugestión y de la voluntad de alcanzar acuerdos se conseguiría la anhelada vertebración de España. Los nacionalistas maximalistas, por el contrario, nunca han creído en las soluciones transaccionales ni en la sugestión mutua, porque ven en la negociación un escollo para implantar sus objetivos monistas. Antes que aceptar el verdadero sentido de la política, el de la negociación constructiva, prefieren alimentar la sensación de agravio entre la sociedad a la que dicen querer emancipar, cuando en realidad no hacen más que encadenarla con su actitud a la más improductiva y mórbida de las melancolías.

Ahora bien, defender la independencia de Cataluña es un objetivo político tan legítimo como defender su permanencia en España. Lo que ya no me parece tan legítimo es justificar tal objetivo sobre la base de mentiras y agravios imaginarios ni plantearlo en términos inaceptables para el Estado central con el manifiesto objetivo de imposibilitar la resolución de la cuestión catalana dentro de España. Y eso es precisamente lo que están haciendo CiU y su socio parlamentario, ERC, al plantear la cuestión no como un objetivo político sino como un derecho inalienable del pueblo catalán, eufemísticamente denominado derecho a decidir. Creo sinceramente que el referéndum de independencia no es de ninguna manera una exigencia ni democrática ni justa, sino en todo caso una válvula de escape al callejón sin salida en el que no nos ha metido el Estado español, sino precisamente los políticos nacionalistas al presentar la independencia como una suerte de piedra filosofal contra la crisis, en un ejercicio de diletantismo político sin parangón que, una vez más, pone de manifiesto su proverbial y nefasta inclinación a dar respuestas fáciles a problemas complejos. Así pues, yo agradezco la intención del gobierno central de preservar la unidad de España como espacio de convivencia intrínsecamente plural, pero creo, como ya he dicho otras veces, que España necesita una ley en la línea de la Clarity Act canadiense, que prevé un complejo proceso de negociaciones políticas para el caso de que una mayoría clara de los ciudadanos de Quebec votara, siempre en respuesta a una pregunta clara, a favor de la secesión de la provincia francófona.

Decía Duran Lleida, en el debate sobre el estado de la nación, que “España no saldrá adelante sin resolver la cuestión catalana”. Pues bien, estoy de acuerdo con Duran, si bien yo añadiría que tampoco Cataluña saldrá adelante sin resolver la cuestión española. Pero cuidado que la cuestión catalana puede resolverse por las buenas, mediante el diálogo y el acuerdo dentro de la legalidad para que Cataluña permanezca en España; o por las malas, mediante la ruptura incluso unilateral como en última instancia plantea el líder de ERC, Oriol Junqueras. Sin embargo, la cuestión española en Cataluña es mucho más difícil de resolver desde fuera de España, porque somos muchos los que en Cataluña nos sentimos catalanes en cuanto españoles y viceversa. Así, si desde el poder político se nos impone la idea de que ambos sentimientos son irreconciliables, nuestra manera de interpretar la realidad cambiará necesariamente y muchas de las cosas que hasta ahora nos parecían plausibles y aun deseables en aras de la convivencia–por ejemplo, la protección de la lengua catalana como patrimonio cultural que reconoce la Constitución española- quizá dejen de parecérnoslo. La principal virtud de nuestro Estado constitucional ha sido y es precisamente su capacidad para integrar su heterogeneidad, el pluralismo interno no sólo del todo sino también de las partes, pues si la nación española –la única nación política, además de cultural, de cuantas conforman España- es intrínsecamente plural por definición, no lo son menos el resto de las naciones culturales españolas, entre ellas por supuesto la catalana.

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El poder de los lobbis (I)

Mariano Rajoy anunciaba la semana pasada que la Ley de Transparencia promovida por el Gobierno se aplicará no sólo a las administraciones públicas, sino también a los partidos políticos. Así pues, la actividad de los partidos se verá por fin sensiblemente acotada por criterios de transparencia y buenas prácticas que de haberse implementado antes probablemente nos hubieran ahorrado no pocos sonrojos colectivos. A tal respecto, me parece especialmente interesante echar un vistazo al papel de los lobbis o grupos de presión en el proceso de toma de decisiones políticas. De ahí que haya decidido escribir una serie de tres artículos sobre los grupos de interés: primero, en los Estados Unidos; segundo, en la Unión Europea; y, por último, en España.

La voz inglesa lobby, que significa literalmente pasillo, antecámara o vestíbulo, hace también referencia, según recoge la propia Real Academia de la Lengua Española, a un grupo de personas influyentes organizado para presionar a favor de determinados intereses, acepción que en seguida trae a la memoria la cinematográfica imagen de los pasillos del Capitolio de Washington, donde su presencia es tan notable como cotidiana. Sin embargo, el término hunde sus raíces en los albores del siglo XIX, cuando surgen los denominados lobby agents, intermediarios entre la sociedad civil decimonónica y la clase política del Parlamento del Estado de Nueva York.

El poder y la influencia de los lobbis en todo el mundo, y muy especialmente en los Estados Unidos, es una realidad incontestable por más que los gobernantes se empeñen en demostrar su independencia y su compromiso con el interés general. La presencia de los grupos de interés en todos los ámbitos de decisión, tanto nacionales como supranacionales, se pone de manifiesto periódicamente y se concretiza en muchas de las decisiones adoptadas por los diferentes gobiernos. Prueba de ello es la contumaz propensión de los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos a condescender ante los intereses de lobbis como la Asociación Nacional del Rifle (NRA, en sus siglas en inglés), que en 2005 logró tras muchos desvelos la aprobación por el Congreso estadounidense de la Ley de Protección del Comercio Lícito de Armas, sancionada por el entonces presidente George W. Bush.

Los principales lobbis o grupos de presión estadounidenses representan los intereses de la práctica totalidad de las actividades humanas. Así, pues, existen lobbis financieros, industriales, ecologistas, feministas, étnicos, religiosos, etcétera, etcétera. De entre todos ellos, descuellan poderosamente el lobby armamentista y el lobby del petróleo, lo que no es de extrañar toda vez que EE.UU. es la primera potencia militar, así como el mayor importador de petróleo del mundo.

Para bien o para mal, la acción de estos grupos de presión en los Estados Unidos está perfectamente delimitada y regulada, desde 1995, por una ley que establece el registro obligatorio de los lobbis, así como un desglose detallado de sus ingresos y de sus gastos. Ya en 1946 se había  promulgado la Federal Regulation of Lobbying Act, primer reconocimiento formal de la actividad de los lobbis a escala nacional, que tuvo un efecto catártico sobre su imagen pública. Y es que la actividad de estos grupos no había sido siempre bien vista por la puritana sociedad norteamericana, llegando a ser tipificada como delito en la Constitución del Estado de Georgia, de 1877.

Ni que decir tiene que no es casual que fuera precisamente en 1946, recién acabada la II Guerra Mundial, cuando el Gobierno de Harry S. Truman se decidió a regular la actividad de los lobbis. La guerra había terminado y el rápido crecimiento empresarial y financiero que vivió EE.UU. en los años inmediatamente posteriores, especialmente el sector de las exportaciones, trajo consigo la aparición de una legión de intermediarios que diariamente atestaba los pasillos del Parlamento estadounidense en busca de acuerdos beneficiosos para sus intereses, a cambio de su apoyo político. Fue sin duda la belle époque de los grupos de interés norteamericanos, hasta tal punto que en 1956 John Fitzgerald Kennedy señalaba:

“Los lobbistas son en la mayoría de los casos técnicos expertos y capaces de explicar temas complejos y difíciles de una manera clara y comprensible. Sostienen diálogos personales con miembros del Congreso en los cuales explican en detalle la razón de las posiciones que defienden (…) preparan resúmenes, análisis de leyes proyectos y memoranda para uso de los legisladores y de las comisiones. Son necesariamente maestros en sus temas y, de hecho, casi siempre proveen estadísticas útiles e información difícil de obtener. (…) Hablan en nombre de los varios intereses económicos, comerciales y otros de tipo funcional de esta nación, sirven a un útil propósito y han asumido un importante papel en el proceso legislativo”.

El peso de los lobbis creció exponencialmente con el pasar de los años, extendiéndose su campo de acción más allá de las causas de índole económica y empresarial, e introduciéndose en ámbitos como la defensa de los derechos civiles, el medio ambiente, la seguridad y protección del consumidor, el cuidado de la salud, etc. Pero llegó un momento, a principios de la década de 1960, en que lo estadounidenses empezaron a tener la preocupante sensación de que los lobbis, sobre todo algunos como el del petróleo, el del tabaco o el armamentista, se habían convertido en los auténticos dueños de la política nacional. Hasta el punto de que el general Eisenhower en su discurso de despedida como presidente de los Estados Unidos (17 de enero de 1961) alertaba de los peligros derivados del creciente poder de la industria armamentística en la política estadounidense. Eisenhower avisaba:

“Esta conjunción de una inmensa estructura militar y una gran industria armamentística es nueva en la historia americana. (…) Debemos tener cuidado ante esta adquisición de influencia ilimitada, visible o invisible, del complejo militar-industrial. El potencial del crecimiento desastroso de un poder fuera de lugar existe y persistirá”.

Para muchos, la guerra de Vietnam, la primera guerra del Golfo, así como la ominosa política belicista desplegada por la Administración Bush son fiel trasunto del “crecimiento desastroso de un poder fuera de lugar”, que, pese a las admoniciones del presidente Eisenhower, existe y persistirá en los Estados Unidos. Los lobbis alcanzaron allí las más altas cotas de impopularidad tras estallar, en 2005, el escándalo del lobbista Jack Abramoff, considerado por muchos el mayor escándalo de corrupción parlamentaria de la historia de EE.UU. Aunque por lo menos allí los grupos de presión están perfectamente identificados, lo que sin duda facilita su control y la exigencia de que se sometan a preceptivos mecanismos de rendición de cuentas.

 

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El velo de la independencia

La noticia de que la Abogacía del Estado ve motivos para recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la resolución 5/X del Parlamento catalán, que bajo el título Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña proclama al pueblo de Cataluña como sujeto político y jurídico soberano, es la predecible señal que esperaban los impulsores de la declaración para poner en marcha la siguiente fase del juego: el escarnio público del Estado por su naturaleza antidemocrática. Por ejemplo, el inefable portavoz del gobierno catalán, Francesc Homs, no ha tardado en advertir que “esto no es democracia”, afirmación que, dicho sea de paso, pone de relieve su característica fatuidad en la medida en que no se limita sólo a valorar una decisión probable sino que va más allá al fijar por sí y ante sí el significado de la palabra “democracia”.

El caso es que, hasta ahora, todo está saliendo según lo previsto por la alianza CiU-ERC y su tonto útil –por decirlo en palabras de Karl Marx- en este particular, ICV-EUiA, lo cual paradójicamente viene a demostrar todo lo contrario de lo que denuncian Homs y compañía, toda vez que la previsibilidad en la actuación de los poderes públicos no es contingente, sino condición sine qua non para la salvaguardia de la seguridad jurídica que debe presidir el funcionamiento de cualquier Estado democrático de Derecho. Así pues, juegan –porque su liviana actitud sólo se entiende si se concibe como un juego; de consecuencias ominosas para la sociedad catalana, eso sí- con ventaja porque pueden prever de antemano los pasos que con arreglo a Derecho darán las instituciones del Estado que en todo caso respetan las reglas del juego. En cambio, quienes se proponen subvertir el orden constitucional desde un Parlamento autonómico, es decir, desde dentro del Estado se pueden permitir en su objetivo especular e improvisar en función de los márgenes de previsibilidad de la actuación del Estado central como si esa exigencia de previsibilidad no fuera con ellos, como si su poder no emanase de la misma fuente que el resto de los poderes de ese Estado que pretenden fragmentar: el conjunto del pueblo español y la Constitución.

Pero ¿por qué obran a sabiendas de forma tan manifiestamente desleal? ¿Por qué no persiguen sus legítimos objetivos políticos, como se ha hecho en Quebec y en Escocia,  dentro de los márgenes legales establecidos? Pues sencillamente porque, al menos CiU y ERC, actúan con doblez y reserva mental cuando retóricamente distinguen entre derecho a decidir e independencia. Para ellos ambos objetivos son indisociables y simultáneos, de ahí que en ningún caso contemplen la posibilidad de dar la batalla por el derecho a decidir a secas siguiendo los cauces legalmente establecidos, es decir, o bien mediante una reforma constitucional, o bien mediante una reforma de la ley orgánica que regula las modalidades de referéndum, o bien mediante la aprobación de una ley orgánica específica sobre el referéndum de autodeterminación en la línea de lo que se ha hecho en el Reino Unido para el caso escocés. El problema es que ninguna de esas vías favorece de suyo la causa independentista, entre otras cosas porque todas ellas implican aceptar la verdadera esencia de la democracia, que no es otra que la gestión de la pluralidad dentro de un marco legal establecido de consuno por una determinada comunidad política.

Sin embargo, no resulta difícil correr el velo de la reserva mental de los suscriptores de la resolución, pues ellos mismos se empeñan en insistir de continuo en que necesitan “cargarse de razones” para justificar su estrategia. De esta forma están reconociendo implícitamente que en todo momento actúan buscando la oposición de Madrid, apostando siempre por la opción más difícil de conciliar con el orden constitucional en lugar de explorar vías de acuerdo mucho menos provechosas a la causa independentista. La intención es clara: se trata de extremar el envite descartando cualquier posibilidad de solución de la cuestión catalana dentro de la legalidad española con el objetivo último de demostrar que en España no hay nada que hacer y que por tanto la única salida es la independencia. A eso se refieren cuando hablan de “cargarse de razones”. Se trata sin duda de un ejercicio de racionalización en el sentido psicoanalítico del término. En psicoanálisis, la racionalización es un mecanismo de autodefensa que se da cuando un sujeto pretende justificar mediante una explicación pretendidamente lógica y aceptable para el resto determinados actos propios que, de otra forma, resultarían difícilmente justificables.

Si finalmente el gobierno central recurre ante el TC la resolución del Parlamento catalán, su respuesta será de todo punto conforme a derecho y por tanto previsible. De hecho, de no hacerlo, el gobierno estaría desatendiendo sus obligaciones. Los impulsores de la declaración soberanista lo sabían de antemano y de ahí que hicieran la declaración que hicieron, mucho más ambiciosa y totalizante que las anteriores aprobadas por la Cámara catalana. Lo dicho, todo está saliendo a pedir de boca para CiU, ERC y su tonto útil en este particular, ICV-EUiA. Al menos por ahora, porque tarde o temprano se verán en la obligación de afrontar una realidad mucho más compleja que sus ensueños monistas. No en vano han decidido unilateralmente que el consenso constitucional está roto, que no quieren seguir compartiendo un espacio de convivencia y de solidaridad con el resto de los españoles, que no quieren seguir compartiendo mieles y hieles bajo el paraguas de un mismo Estado con castellanos, andaluces, vascos, gallegos y demás pueblos de España. Vale. Pero algún día tendrán que afrontar el hecho de que su anhelada independencia no sólo les separa del resto de los españoles, sino sobre todo de muchos catalanes que preferimos seguir siendo plurales y diversos en nuestra propia identidad. Quizá entonces se den cuenta de que, en lugar de solucionar un problema, su aventura nos está sumiendo en otro mucho más severo, insoportable y difícil de remediar.

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La tiranía de lo instantáneo

El viernes, dos días después de la publicación en El País de los supuestos apuntes contables manuscritos del extesorero del PP Luis Bárcenas, participé en una tertulia radiofónica en la que, a pesar de que comparto la desazón generalizada por la magnitud que ha alcanzado el fenómeno de la corrupción en España, defendí con insistencia la necesidad de respetar la presunción de inocencia a la que todos tenemos derecho como ciudadanos de un Estado democrático y de Derecho y abogué por evitar los juicios paralelos que tanto menudean últimamente en los medios de comunicación. Ni que decir tiene que condené la corrupción política que parece multiplicarse por momentos y amenaza con derrumbar nuestro espacio de convivencia. Pero quizá el hecho de que me negase a dar por buena la información de El País y por tanto a criticar al PP en su conjunto como no podía ser de otra manera dado el alcance cualitativo y cuantitativo de la noticia –al igual que en su día me negué en el mismo programa y en otros a aceptar la información de El Mundo sobre las cuentas en Suiza de la familia Pujol y compañía- pudo ser interpretado como una muestra de condescendencia o incluso conformidad con la corrupción. Nada más lejos de la realidad.

Creo sinceramente que España necesita un pacto por la transparencia y contra la corrupción –véase mi artículo La diferencia entre Lincoln y un Bárcenas cualquiera-, que debe incluir al conjunto de los partidos políticos con representación parlamentaria, y que dado el avanzado estado de descomposición en que se encuentra ya la reputación de nuestra cosa pública debe comprender medidas drásticas y aun exorbitantes y ejemplarizantes. Así son las cosas: en estos momentos más vale pecar por carta de más que por carta de menos. Nuestro sistema necesita desprenderse de la imagen de impunidad y mamandurria generalizada que se impone entre la opinión pública, y para ello ya no bastan afeites ni composturas sino que se requieren urgentemente medidas audaces e integrales ordenadas a prestigiar la política y asegurar en la medida de lo posible la responsabilidad de nuestras clases dirigentes en cuanto procuradoras del interés general y por tanto administradoras de fondos públicos.

Sin embargo, mi intención al apelar a la presunción de inocencia, por un lado, y advertir, por otro, sobre los devastadores efectos sociopolíticos de los juicios paralelos en los medios de comunicación no era otra que llamar la atención sobre la tendencia, a mi juicio demasiado extendida entre tertulianos y ciudadanos de a pie, a validar a cierra ojos esos juicios como si provinieran de una suerte de oráculo esencialmente imparcial y desinteresado y no de organizaciones orientadas –legítimamente, todo sea dicho- a influir en la opinión pública y en última instancia a obtener así beneficios económicos. En una democracia los medios de comunicación tienen la obligación moral de fiscalizar la acción de los poderes públicos actuando con responsabilidad como creadores de opinión y como contrapeso a los poderes constituidos, pero lamentablemente demasiado a menudo olvidan esa exigencia y se entregan desaforadamente a la estridencia, el efectismo y la intriga política, no ya por criterios de actualidad sino de instantaneidad y resonancia. Decía Ortega que “la vida real es de cierto pura actualidad; pero la visión periodística deforma esta verdad reduciendo lo actual a lo instantáneo y lo instantáneo a lo resonante”. Esta actitud redunda en una sobreabundancia de noticias periodísticas que, a pesar de no ser ni rigurosas, ni contrastadas ni veraces, generan sin solución de continuidad multitud de comentarios en las redes sociales y en tertulias de radio y televisión, de suerte que hechos a menudo poco probados, cuando no directamente falsos, acaban por sedimentar en nuestro imaginario colectivo y adquieren la condición de verdades categóricas.

Creo, en definitiva, que no hay que confundir la libertad de expresión con la obligación de opinar de todo y en todo momento, porque si olvidamos esto sólo podemos favorecer la confusión y el desgobierno. Es más, considero que de lo que no se puede hablar hay que callar -por decirlo mutatis mutandis en palabras de Wittgenstein- por lo menos hasta que se pueda hablar de ello con conocimiento de causa y sin hacer seguidismo de la opinión publicada. Los medios de comunicación deben complementar la acción de los poderes constituidos, no sustituirlos ni mucho menos entorpecer su labor imponiendo una ominosa tiranía de lo instantáneo que condena a nuestra sociedad a la más absoluta interinidad cognitiva.

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