Una soberana chapuza

La declaración de soberanía acordada por CiU y ERC y aprobada por el parlamento catalán es la culminación de una estrategia tramposa y equívoca concertada por ambas formaciones y cuyo único objetivo no es –conviene señalarlo- ni el derecho a decidir de los catalanes, ni el reconocimiento de Cataluña como sujeto político y jurídico soberano ni mucho menos la libertad del pueblo de Cataluña, sino lisa y llanamente la independencia.

De entrada, hay que decir que no se trata más que de una mera declaración institucional sin valor jurídico alguno y por tanto no vinculante, ni siquiera para el propio parlamento que la sanciona. De hecho, no es la primera declaración de este tipo que aprueba la Cámara catalana, sino una más de una cadena de resoluciones cuyo primer eslabón data del año 1989, si bien la escalada expresiva entre aquella y la que se acaba de aprobar es innegable y pone de manifiesto la gravedad del desafío independentista a nuestro Estado de Derecho. La resolución ahora aprobada es un confuso pastiche en el que se recoge una serie de argumentos jurídicos, políticos e incluso históricos inconexos entre sí pero ensamblados soberanamente, claro está, para la ocasión por los proponentes. Veamos.

Uno de los principios que, según el texto, deben informar el derecho a decidir del pueblo catalán es el de la legitimidad democrática, que entre otras cosas debe garantizar “la pluralidad de opciones y el respeto a todas ellas”. Y esto se dice en un texto en cuyo preámbulo se afirma que la actitud del Estado español (sic) con respecto a Cataluña “crea las bases para una involución en el autogobierno que hoy se expresa con total claridad en los aspectos políticos, competenciales, financieros, sociales, culturales, y lingüísticos”. Ahí es nada. ¿Involución en el autogobierno con respecto a qué o a cuándo? Curiosa manera de respetar la pluralidad de opciones cuando ya de entrada se parte de premisas marcadamente ideológicas y en todo caso más que discutibles. No en vano las cotas de autogobierno en Cataluña son homologables a las de las regiones de los Estados más descentralizados del mundo. Además, las competencias de la Generalitat no han hecho más que ampliarse desde la aprobación del primer Estatut en 1979 hasta alcanzar hoy en día un grado de autogobierno prácticamente incomparable, incluso después de la tan traída y llevada sentencia del Tribunal Constitucional sobre el actual Estatut.

Otro de los principios que consagra la resolución es el del diálogo con el Estado español –como si Cataluña no formase ya parte de él-, las instituciones europeas y el conjunto de la comunidad internacional. Una vez más, el nacionalismo catalán dice proponer diálogo cuando lo que en realidad está planteando es un trágala a todas luces inconstitucional, pues  llaman al diálogo pero sólo después de proclamar al pueblo catalán “sujeto político y jurídico soberano”, contraviniendo el artículo 1.2 de nuestra Constitución, que establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español. Acusan a Rajoy de no querer dialogar, a pesar de que el presidente del gobierno central se ha mostrado en todo momento abierto a dialogar en el marco de la Constitución, y curiosamente contraponen su actitud con la de los gobiernos de Canadá y el Reino Unido, cuando la principal diferencia entre el caso catalán y los casos quebequés y escocés es precisamente el hecho de que allí nunca se ha puesto en duda la soberanía de los Parlamentos de Ottawa y Londres en esta materia.

La resolución apela de nuevo a Europa como si el presidente de la Comisión Europea no hubiera dejado meridianamente claro que cuando un territorio se separa del Estado al que pertenece tiene que empezar desde cero para lograr su admisión como Estado miembro de la UE. Hablan de los principios fundacionales de la UE, particularmente de los derechos fundamentales de los ciudadanos, pero olvidan que no existe un demos europeo sino que somos ciudadanos europeos en cuanto ciudadanos de un Estado miembro, en este caso de España.

Por último, cabe constatar que, de acuerdo con la Resolución 2625 de la Asamblea General de la ONU, los catalanes ya nos autodeterminamos en la medida en que formamos parte de un Estado democrático de Derecho cuyo gobierno representa al conjunto del pueblo o de los pueblos que lo habitan, basándose en los principios de libertad, igualdad y no discriminación. De ahí que convenga deshacer el entuerto de una vez por todas: el pueblo catalán en ningún caso puede ser sujeto del derecho de autodeterminación reconocido por la ONU, conque declaraciones como la de ayer no son más que faramallas de cara a la galería encaminadas a confundir al ciudadano de a pie. El pueblo o los pueblos que conforman España -con independencia del significado que se le dé a la voz “pueblo”- deben alcanzar su autodeterminación en el marco del ordenamiento jurídico que los ampara: la Constitución y, en este caso, el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

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Archivado bajo La cuestión catalana, Nacional

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