La concordia aún es posible

La llamada cuestión catalana parece haber llegado a un punto de no retorno, a un callejón sin salida en el que muchos catalanes deseábamos no haber entrado nunca. Ahora nos tiramos de los pelos, pero en parte es culpa nuestra: quizá deberíamos haberlo pensado antes y no haber favorecido con nuestro silencio, salvo honrosas excepciones, el triunfo de la visión más cerril y extremosa del discurso nacionalista, la que siempre ha planteado las relaciones entre Cataluña y el resto de España como un pulso constante y desigual, basándose en el mito de la persecución sistemática del pueblo catalán por el pérfido Estado español, como si los catalanes hubieran sido poco más o menos que los parias de la historia de España.

En contra de lo que pretenden Mas, Junqueras y compañía, muchos catalanes contemplamos con preocupación la deriva independentista del gobierno de la Generalitat: algunos porque seguimos creyendo en mayor o menor medida en la viabilidad de España como proyecto sugestivo de vida en común, por decirlo en palabras de Ortega; otros, sencillamente porque se resisten a presenciar la más que probable quiebra de la convivencia en Cataluña, caso de consumarse la independencia. De hecho, la sola celebración de un referéndum sobre la independencia, si llegase a celebrarse, llevaría aparejada una división social en Cataluña sin precedentes en los últimos treinta años y constituiría ya de por sí un fracaso de Cataluña y de España en su conjunto, pues supondría nuestra derrota como sociedad abierta capaz de resolver nuestras discrepancias de forma tranquila en el marco de nuestro contrato social constituyente, nuestra Carta Magna de 1978, y sin llegar a escenarios calamitosos para, al menos, la mitad de la población.

Rajoy ya ha mostrado reiteradamente su disposición a dialogar en el marco de la Constitución, como ya hiciera por cierto antes, después y supongo que también durante la reunión que mantuvo con Mas en La Moncloa con motivo del llamado pacto fiscal. Otra cosa es que no esté dispuesto a aceptar trágalas, ni de Mas ni de nadie. En cambio, mucho me temo -aunque espero equivocarme- que de nuevo lo que pretende el recién constituido gobierno catalán es precisamente todo lo contrario de lo que dice pretender de entrada. Me parece que lo que en el fondo intentan es saltarse una vez más la legalidad vigente y forzar el encontronazo con el gobierno central, el “choque de trenes” o de “barcos” por decirlo en palabras del presidente de la Generalitat, con el objetivo de seguir alimentando la idea de que España oprime a Cataluña. Lo más perverso de esta sibilina estrategia es la utilización que los partidos nacionalistas han hecho del pueblo catalán como ariete para alcanzar sus objetivos de construcción nacional, como si estos no fueran sino la realización política de los deseos del pueblo. A tal efecto han puesto en circulación, con notable resonancia mediática por cierto, ideas tan absurdas como la del “choque de legitimidades” entre el pueblo catalán y las instituciones democráticas del Estado, como si éstas no fueran también producto de la voluntad de los catalanes y del conjunto de los españoles expresada en las urnas. Los nacionalistas insisten hasta la náusea en contraponer democracia y Estado de Derecho, como si ambas cosas no fueran indisociables, cuando menos desde la segunda posguerra mundial coincidiendo con la aparición en Europa occidental de la forma de Estado más justa y perfecta hasta ahora conocida: el Estado democrático de Derecho. Olvidan que desde entonces la democracia no ha de entenderse como la simple regla de la mayoría, sino que necesariamente debe llevar aparejada la protección de los derechos y libertades individuales y de las minorías, así como la sujeción al imperio de la ley.

El derecho a la autodeterminación que los nacionalistas catalanes han convertido en dogma de fe no es ni mucho menos aplicable a nuestro caso, pues constituye una perversión del derecho a la autodeterminación de los pueblos que, tras la Segunda Guerra Mundial, catalizó el necesario proceso de descolonización. Más aún, los catalanes ya nos autodeterminamos cotidianamente, tanto por nuestra voluntad expresada en momentos históricos señalados tales como el referéndum sobre la Constitución del 78, como con nuestro voto en las sucesivas elecciones municipales, autonómicas y generales. Es más, hablar de derecho a la autodeterminación en el caso catalán puede incluso resultar ofensivo para otros pueblos que sí se encuentran en una situación de dominación colonial u ocupación militar.

Soy partidario, eso sí, de hacer una lectura progresiva y abierta de nuestro Estado constitucional, así como de que, dentro del marco constitucional, el Estado sea tan flexible y dialogante como sea posible con vistas a acomodar las reclamaciones de las nacionalidades y regiones que lo integran. El Derecho debe ser dinámico y responder progresivamente a las necesidades y demandas fundamentales de la sociedad, sin soslayar, claro está, los antecedentes históricos, el contexto y la cultura política de la comunidad cuya convivencia debe regular. Es decir, el Estado debe estar abierto al cambio y, en la medida en que muchos catalanes han optado de forma más o menos clara por un cambio en el statu quo, el gobierno central cometería un grave error no reconociendo la legitimidad de dicha aspiración.

Decía Edmund Burke, en sus Reflexiones sobre la Revolución francesa, que “un Estado que carezca de posibilidades de cambio es un Estado sin medios de conservación”, y advertía de que “sin dichas posibilidades, incluso se puede arriesgar la parte de la Constitución que más fervorosamente se desea conservar”. Pues bien, el Estado español -que hasta ahora ha funcionado y en muchos aspectos sigue funcionando razonablemente bien- necesita sin duda reformas, entre otras una revisión de su modelo de estructuración territorial, así como de la financiación autonómica. No hay por qué derribar el edificio entero, pero sí es necesario reparar la parte defectuosa. De ahí que resulte más conveniente que nunca que la disposición al diálogo que hasta ahora ha mostrado Rajoy cristalice en decididas propuestas de mejora. Los catalanes que seguimos creyendo en el proyecto sugestivo de vida en común que es España y que no queremos ver ni la quiebra de la convivencia dentro de Cataluña ni su separación del resto de España, esperamos que nuestros gobernantes Mas y Rajoy, Rajoy y Mas, actúen con alteza de miras y renunciando a posiciones maximalistas, sabiendo que, parafraseando de nuevo a Burke, “se levantarán sospechas respecto a su fidelidad a la causa. La moderación será estigmatizada como virtud de cobardes, y el compromiso como prudencia de traidores”. La concordia aún es posible.

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1 comentario

Archivado bajo La cuestión catalana, Nacional

Una respuesta a “La concordia aún es posible

  1. Cuicho

    La situación actual en Cataluña -para algunos límite-, ahoga a la población en un ridículo vaso de agua. Unos “se quiren marchar” de España, otros, “queremos quedarnos” en ella. El diálogo que fluye entre nuestros gobernantes, no parece el más indicado, y en medio, insisto una vez más, el Pueblo.
    ¿La cosa está tan mal? No creo. Si realmente existe una verdadera mentalidad en pro del diálogo… y la concordia, la cosa se enderezará tarde o temprano (espero que bien pronto).

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