Archivo mensual: enero 2013

Sánchez Piñol y la Historia

El pasado 27 de enero el escritor Albert Sánchez Piñol publicó en La Vanguardia el artículo Francesc de Carreras y 1714, con el que pretendía enmendar la plana a Carreras, que el 9 de enero había publicado en el mismo diario el artículo Elliot y el debate catalán. Pero en su enmienda incurre en una serie de resbalones conceptuales que necesariamente oscurecen su razonamiento, de suerte que lo que intentaba ser una corrección se convierte en una sucesión de imprecisiones y errores condensados en un pastiche argumental que sólo puede generar confusión entre los lectores. Tal es la inanidad gnoseológica de algunos de los argumentos de Piñol que no creo que ni el propio Carreras encuentre el más mínimo resquicio de razonabilidad en ellos que le permita entablar ninguna batalla dialéctica. Veamos.

Empecemos por el final, pues en última instancia Sánchez Piñol espera a destaparse en el último párrafo, cuando sugiere que Carreras no es más que un neolerrouxista, demagogo e histrión partidista militante en un supuesto revisionismo histórico españolista. Vaya, pues podría haber empezado por ahí el replicador, porque de haber sabido que su artículo no respondía más que a su inquina personal por Carreras me habría ahorrado la molestia de leerlo. No en vano comete, a mi juicio, un inmenso error al rematar su artículo con un argumento ad hominem, sobre todo con uno tan anticuado como inconsistente: el supuesto lerrouxismo de todo aquel que no comulgue con la visión nacionalista dominante en Cataluña, como si ésta fuera la única genuinamente catalana desde tiempos inmemoriales y cualquier otra fuera de suyo ilegítima o alógena. En buena lógica, esta postrera invectiva, que es fiel trasunto del maniqueísmo que destila el artículo en su conjunto, debería invalidar todo lo anterior, pero como en este país la buena lógica escasea quizá convenga aclarar algunas cosas.

En primer lugar, Piñol acepta por lo menos que el 11 de septiembre de 1714 fue el epílogo de una guerra de sucesión a la corona de España provocada por el enfrentamiento entre las grandes potencias europeas, y no una guerra de secesión ni nada que se le parezca. Pero acto seguido añade que dentro de España esta guerra “enfrentaba dos concepciones del poder político, la catalana y la castellana, radicalmente opuestas”. Supongo que considera que, tratándose de Cataluña y de Castilla, al decir “radicalmente opuestas” ya queda suficientemente claro para los lectores cuál es la buena y progresista y cuál la mala y retrógrada, de ahí que no sienta la obligación de explicarse. Olvida, empero, que no todos los catalanes vivimos instalados en la más absoluta autocomplacencia, lo que, dicho sea de paso, no nos convierte ni en renegados ni en descastados. Piñol comete aquí varios errores. Primero, reduce al Principado de Cataluña el apoyo a la causa austracista dentro de España, cuando en todo caso podríamos hablar del conjunto de los territorios de la antigua Corona de Aragón. Ello por no hablar de que los contornos de la contienda no fueron ni mucho menos tan exactos sino que austracistas y borbónicos se repartieron a lo largo y ancho de España -en Cataluña hubo vigatans y botiflers-, al igual que por ejemplo iba a suceder en la Guerra Civil con republicanos y nacionales.

Piñol asegura que “cada vez más, los historiadores consideran el absolutismo borbónico como un paréntesis retrógrado de la historia europea, no sólo en materia de libertades sino también para el desarrollo económico”. No sé a qué historiadores se referirá Piñol, pero lo que está claro es que el absolutismo no es un invento borbónico sino un fenómeno global que no se circunscribe a Francia y España, sino que se extiende por toda la Europa continental –e incluso en Inglaterra hasta la Revolución Gloriosa de 1688- en países como Prusia, Rusia y Austria, éste último por cierto bajo el gobierno de los Austrias. De hecho, según el propio Elliot, el cambio que supuso en España la implantación de la Nueva Planta bajo los Borbones “llegó demasiado tarde y por mal camino”. Y añade: “Si Olivares –valido de Felipe IV- hubiera tenido éxito en sus guerras, el cambio se habría producido sin duda alguna setenta años antes y la historia de España hubiera podido seguir derroteros muy distintos”. Así pues, queda claro que el absolutismo no fue una forma de gobierno privativa de los Borbones, sino una práctica muy extendida en la Europa moderna.

Tampoco sé de dónde se saca Piñol eso de que el absolutismo borbónico fuera un paréntesis retrógrado de la historia europea. El absolutismo como forma de gobierno implicaba una concepción más racional del poder público en la medida en que suponía entre otras cosas despojar poco a poco a los señores feudales de su poder político, así como el sometimiento de nobles y clérigos al poder regio, todo ello unido al resurgir del comercio y de la industria de la mano de la burguesía, que proveía al Estado monárquico tanto de dinero como de administradores competentes. Este progreso económico trajo aparejado un protagonismo cada vez mayor de la burguesía urbana en los foros de decisión política, por ejemplo en las Cortes catalanas, donde constituían el grueso del denominado brazo real o popular. Imagino que es esta última denominación -popular- y no la primera -real- la que ha llevado a Piñol a creer que fue la “presión popular” la que “obligó –a las autoridades barcelonesas- a organizar la lucha” el once de septiembre de 1714. Nada tiene que ver, empero, el significado actual de la voz “popular” con el que tenía a principios del siglo XVIII.

Por último, quisiera recordarle a Piñol que tanto Carreras como Elliot coinciden en su razonamiento con el historiador catalán por excelencia, Jaume Vicens Vives, que sostiene que los Decretos de Nueva Planta coincidieron con el despertar de la economía catalana y la transformación de la agricultura, en la medida en que “hicieron del campesinado un elemento social exclusivamente productivo, no necesariamente ligado a las vicisitudes históricas colectivas”. Vicens Vives, que siempre fue muy crítico con la interpretación romántica de buena parte de la historiografía catalana ochocentista, empeñada en idealizar la época de la monarquía Habsburgo en España, reivindica los efectos beneficiosos que sobre la economía catalana tuvo la nueva planta financiera del Principado que se fue desarrollando a todo lo largo del siglo XVIII y que culminó con el decreto que establecía la libertad de comercio con América para el conjunto de los territorios de la monarquía hispánica, acabando así con el secular monopolio de los puertos de Sevilla y Cádiz. “Territorialmente, hubo regiones más beneficiadas que otras por esta medida. En España, por ejemplo, Cataluña resultó extraordinariamente favorecida”, concluye Vicens Vives. Aunque, claro, supongo que tanto Vicens Vives como Ferran Soldevila o incluso su discípulo Joan Mercader no eran más que unos neolerrouxistas, demagogos e histriones partidistas militantes en un supuesto revisionismo histórico españolista.

1 comentario

Archivado bajo Historia, La cuestión catalana

El perquè de la disciplina de vot

Encara ressona la polèmica entorn de la decisió de cinc diputats del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) de trencar la disciplina de vot en la votació sobre l’efectista declaració de sobirania aprovada la setmana passada pel Parlament de Catalunya. Una vegada més, es posa en entredit la qualitat de la nostra democràcia, tot comparant-la amb la d’altres països com ara els Estats Units, a on no existeix la disciplina de partit tal com l’entenem aquí. Es tracta, però, d’un gran error que rau en la nostra inclinació a comparar allò que no es pot comparar: un sistema proporcional amb llistes tancades i bloquejades, com el que tenim aquí, amb un sistema majoritari amb llistes obertes i circumscripcions uninominals com el d’allà, que d’altra banda dóna past al bipartidisme de què tant abominen alguns comentaristes patris. D’això n’ha parlat assenyadament avui el viceprimer secretari i portaveu del PSC en una entrevista al canal 3/24, en què ha reivindicat la sobirania del PSC i el seu propi dret a decidir.

No fa falta dir que el nostre sistema és millorable, més que més ara que es multipliquen els casos de corrupció als nostres partits, però convé entendre el perquè del nostre sistema polític i la raó per la qual al seu dia es va situar els partits polítics en una posició preeminent en l’entramat politicoinstitucional de l’Estat espanyol postfranquista. Al 1978 sortíem d’una dictadura que prohibia tots els partits polítics tret d’un, la Falange –després, això sí, de modelar-lo a la seva faiçó nacionalcatòlica-, per la qual cosa es va considerar convenient amb vista a la consolidació democràtica reforçar el pes d’aquelles estructures que en essència millor representaven el pluralisme de la nostra societat i per tant la negació del pensament únic de la dictadura: els partits polítics. De cabdillismes i personalismes ja n’hi restàvem servits després de quaranta anys d’autoritarisme. És per això que a Espanya els partits polítics van esdevenir la clau de volta de la transició democràtica, una transició –recordem-ho- que, per molt que ara s’intenti desvirtuar des de determinats posicionaments ideològics, va despertar al seu temps l’admiració gairebé unànime de la comunitat internacional pel seu caràcter transaccional i integrador.

Heus aquí, doncs, l’explicació del nostre sistema electoral, proporcional -encara que corregit- i amb llistes tancades i bloquejades configurades per la direcció de cadascun dels partits, i del nostre sistema de partits, que s’adiu amb la categoria de pluripartidisme limitat que descriu l’estasiologia. Doncs bé, la disciplina de partit és consubstancial al nostre sistema en la mesura que aquí no votem un candidat individual sinó una llista tancada, és a dir, que els nostres representants ho són en tant que escollits per la direcció del partit per a defensar un determinat programa en el marc de les institucions representatives. Els nostres diputats no són escollits directament pel poble sinó mitjançant la seva pertinença a un determinat partit. Un funcionament sense disciplina de vot només es concebible en el marc d’un sistema amb llistes obertes, o almenys desbloquejades, o si els diputats s’escullen en circumscripcions uninominals com als Estats Units o al Regne Unit.

Per tant, abans d’aplaudir a borbolls la decisió dels cinc diputats del PSC que es van abstenir en la precitada votació i condemnar de passada la sanció imposada per la direcció del partit, convé conèixer la realitat. D’altra banda, ja he dit que el nostre sistema és molt millorable, fins i tot crec que és urgent reduir l’omnipresència dels partits en àmbits de la realitat que no els hi pertoquen. Però compte, que convé no idealitzar altres sistemes, perquè, tot i que és evident que l’extraversió dels partits nord-americans sovint afavoreix l’elecció dels millors candidats en pro de l’interès general, tampoc no és or tot el que lluu. El sistema nord-americà té també els seus defectes i riscos, dels quals jo en destacaria cinc: 1) pot afavorir els personalismes i tot sovint relegar a l’oblit el debat ideològic i programàtic; 2) pot afeblir la cohesió interna dels partits, tot produint disfuncions intrapartidàries que en última instància poden acabar derivant en inestabilitat governamental; 3) pot arribar a distorsionar les propostes del partit de resultes de la participació d’outsiders, ja siguin independents o fins i tot, en cas de primàries obertes, votants d’altres partits; 4) pot augmentar el risc de clientelisme a mesura que els pronòstics electorals s’estrenyen; i 5) pot prolongar excessivament els períodes electorals, amb tot el que això pot comportar en termes d’inestabilitat i crispació social.

Deja un comentario

Archivado bajo Nacional

Una soberana chapuza

La declaración de soberanía acordada por CiU y ERC y aprobada por el parlamento catalán es la culminación de una estrategia tramposa y equívoca concertada por ambas formaciones y cuyo único objetivo no es –conviene señalarlo- ni el derecho a decidir de los catalanes, ni el reconocimiento de Cataluña como sujeto político y jurídico soberano ni mucho menos la libertad del pueblo de Cataluña, sino lisa y llanamente la independencia.

De entrada, hay que decir que no se trata más que de una mera declaración institucional sin valor jurídico alguno y por tanto no vinculante, ni siquiera para el propio parlamento que la sanciona. De hecho, no es la primera declaración de este tipo que aprueba la Cámara catalana, sino una más de una cadena de resoluciones cuyo primer eslabón data del año 1989, si bien la escalada expresiva entre aquella y la que se acaba de aprobar es innegable y pone de manifiesto la gravedad del desafío independentista a nuestro Estado de Derecho. La resolución ahora aprobada es un confuso pastiche en el que se recoge una serie de argumentos jurídicos, políticos e incluso históricos inconexos entre sí pero ensamblados soberanamente, claro está, para la ocasión por los proponentes. Veamos.

Uno de los principios que, según el texto, deben informar el derecho a decidir del pueblo catalán es el de la legitimidad democrática, que entre otras cosas debe garantizar “la pluralidad de opciones y el respeto a todas ellas”. Y esto se dice en un texto en cuyo preámbulo se afirma que la actitud del Estado español (sic) con respecto a Cataluña “crea las bases para una involución en el autogobierno que hoy se expresa con total claridad en los aspectos políticos, competenciales, financieros, sociales, culturales, y lingüísticos”. Ahí es nada. ¿Involución en el autogobierno con respecto a qué o a cuándo? Curiosa manera de respetar la pluralidad de opciones cuando ya de entrada se parte de premisas marcadamente ideológicas y en todo caso más que discutibles. No en vano las cotas de autogobierno en Cataluña son homologables a las de las regiones de los Estados más descentralizados del mundo. Además, las competencias de la Generalitat no han hecho más que ampliarse desde la aprobación del primer Estatut en 1979 hasta alcanzar hoy en día un grado de autogobierno prácticamente incomparable, incluso después de la tan traída y llevada sentencia del Tribunal Constitucional sobre el actual Estatut.

Otro de los principios que consagra la resolución es el del diálogo con el Estado español –como si Cataluña no formase ya parte de él-, las instituciones europeas y el conjunto de la comunidad internacional. Una vez más, el nacionalismo catalán dice proponer diálogo cuando lo que en realidad está planteando es un trágala a todas luces inconstitucional, pues  llaman al diálogo pero sólo después de proclamar al pueblo catalán “sujeto político y jurídico soberano”, contraviniendo el artículo 1.2 de nuestra Constitución, que establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español. Acusan a Rajoy de no querer dialogar, a pesar de que el presidente del gobierno central se ha mostrado en todo momento abierto a dialogar en el marco de la Constitución, y curiosamente contraponen su actitud con la de los gobiernos de Canadá y el Reino Unido, cuando la principal diferencia entre el caso catalán y los casos quebequés y escocés es precisamente el hecho de que allí nunca se ha puesto en duda la soberanía de los Parlamentos de Ottawa y Londres en esta materia.

La resolución apela de nuevo a Europa como si el presidente de la Comisión Europea no hubiera dejado meridianamente claro que cuando un territorio se separa del Estado al que pertenece tiene que empezar desde cero para lograr su admisión como Estado miembro de la UE. Hablan de los principios fundacionales de la UE, particularmente de los derechos fundamentales de los ciudadanos, pero olvidan que no existe un demos europeo sino que somos ciudadanos europeos en cuanto ciudadanos de un Estado miembro, en este caso de España.

Por último, cabe constatar que, de acuerdo con la Resolución 2625 de la Asamblea General de la ONU, los catalanes ya nos autodeterminamos en la medida en que formamos parte de un Estado democrático de Derecho cuyo gobierno representa al conjunto del pueblo o de los pueblos que lo habitan, basándose en los principios de libertad, igualdad y no discriminación. De ahí que convenga deshacer el entuerto de una vez por todas: el pueblo catalán en ningún caso puede ser sujeto del derecho de autodeterminación reconocido por la ONU, conque declaraciones como la de ayer no son más que faramallas de cara a la galería encaminadas a confundir al ciudadano de a pie. El pueblo o los pueblos que conforman España -con independencia del significado que se le dé a la voz “pueblo”- deben alcanzar su autodeterminación en el marco del ordenamiento jurídico que los ampara: la Constitución y, en este caso, el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Deja un comentario

Archivado bajo La cuestión catalana, Nacional

La diferencia entre Lincoln y un Bárcenas cualquiera

Los casos de corrupción se multiplican por momentos a lo largo y ancho de la geografía española. Tanto es así que gana fuerza entre nuestra opinión pública la idea de que el único fenómeno auténticamente nacional, realmente igualatorio de todos los pueblos de España, es una concepción utilitaria de la política como pasaporte al enriquecimiento ilícito e impune. Ni que decir tiene que la corrupción no es un mal privativo de España, pero por desgracia la corrupción política ha dejado de ser una mera anécdota en nuestro país para convertirse, en el mejor de los casos, en una anécdota bastante categórica. De ahí que se imponga la necesidad perentoria de un gran pacto nacional por la transparencia y contra la corrupción, en la línea de otros grandes acuerdos inclusivos por definición como los Pactos de la Moncloa. La mal llamada clase política de este país necesita urgentemente una catarsis, que debería ir acompañada de un ejercicio generalizado de introspección en el seno de la ciudadanía española acerca de nuestra actitud con respecto a esta lacra, pues hasta ahora la respuesta de nuestra sociedad ha fluctuado mayoritariamente entre dos clases de reacciones alternativas, distintas pero igualmente indeseables para nuestra salud democrática.

Por un lado, están los posibilistas, es decir, quienes piensan que la corrupción se halla tan sólidamente instalada en nuestra clase política que hay que aceptarla como una constante y no ya como una variable del proceso político. Quienes experimentan esta reacción tienden a cerrar filas en torno a su partido predilecto y, lejos de abandonar el proceso político, desdramatizan sus corruptelas tildándolas de deslices aislados, en contraposición con las del resto de los partidos, estructurales fuentes de irreparables daños sociales. Ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio; y así, en lugar de ayudar, tienden a favorecer la persistencia del mal.

Por otro lado, están los desafectos, es decir, aquellos que en vista de la putrefacción que contamina nuestra política han perdido definitivamente la confianza en ella como medio para la resolución de conflictos y, en definitiva, para la ordenación de nuestra vida colectiva. Al contrario que los posibilistas, los desafectos toman la parte por el todo y renuncian a participar en el proceso político, de suerte que en lugar de ayudar tienden también a favorecer la persistencia del mal. Olvidan las palabras de Confucio: “Quien comete un error y no lo corrige comete otro aún mayor”.

Pero la corrupción política no es, insisto, un mal privativo de España, sino que se halla en todas partes y en todas las épocas. De lo contrario, no se explicaría entre otras cosas que a mediados del siglo XIX Lord Acton dijera aquello de que “el poder corrompe y el poder absoluto tiende a corromper absolutamente”. Más o menos en la misma época en que Acton formulaba su célebre máxima en Inglaterra, en los Estados Unidos el presidente Lincoln –de actualidad gracias a la película de Steven Spielberg, muy recomendable por cierto-  recurría a la corrupción para convertirse, en palabras de uno de sus más acerbos críticos dentro del Partido Republicano, Thaddeus Stevens, en “artífice y cómplice del acto más grande del siglo XIX”: la abolición de la esclavitud y la reunificación del país tras la Guerra de Secesión. Pues sí, Lincoln luchó por la realización de sus nobles ideales a toda costa, hasta tal punto que no dudó en recurrir a la corrupción y al tráfico de influencias para lograr la aprobación por la Cámara de Representantes de la famosa decimotercera enmienda de la Constitución estadounidense.

La diferencia entre Lincoln y un Bárcenas cualquiera está en que Lincoln reunía las tres cualidades fundamentales que según el filósofo Max Weber debe reunir un político: la pasión, el sentido de la responsabilidad y la mesura. La primera de ellas, la pasión, la entiende Weber en el sentido de “positividad”, de entrega apasionada a una causa -en el caso de Lincoln, la abolición de la esclavitud y la reconstrucción del país-, y no en el sentido de lo que Weber denomina “excitación estéril”, y la contrapone con la vanidad, “un enemigo muy trivial y demasiado humano” que no consiste en otra cosa que en el disfrute hedonista e irresponsable del poder por el poder. De hecho, según Weber, no es la pasión la cualidad psicológica decisiva para el político, sino la mesura porque “la pasión no convierte a un hombre en político si no está al servicio de una ‘causa’ y no hace de la responsabilidad para con esa causa la estrella que oriente la acción”. Todo lo contrario de nuestros políticos corruptos, que adolecen de los dos principales vicios que, según Weber, puede tener un político: la ausencia de finalidades objetivas y la falta de responsabilidad. Basta con repasar someramente y sin partidismo el comportamiento errático de parte de nuestras actuales clases dirigentes para suscribir sin faltar una coma las palabras de Weber.

2 comentarios

Archivado bajo Nacional

Respirar en Cataluña

Para empezar, debo confesar que lo del euro por receta no me pareció de entrada tan mala idea como medida extraordinaria para incrementar los ingresos de la administración catalana con el objetivo de preservar dentro de lo posible nuestro Estado de bienestar. Creo sinceramente que lo que no se puede hacer es criticar sistemáticamente proyectos e iniciativas por el solo hecho de no estar de acuerdo con sus proponentes, pues con ello sólo se consigue obstruir la acción de gobierno porque sí en un ejercicio de filibusterismo descarado. Es más, me pasma la naturalidad con que la oposición y la mayoría de los medios afines a ella–los de hoy y los de ayer, que en esto son intercambiables- critican las medidas de austeridad que adoptan los gobiernos de turno, al mismo tiempo que censuran cualquier subida de impuestos, por muy razonable que ésta pueda ser en términos de eficiencia y equidad del sector público. ¿Pero es que no se dan cuenta de que nuestro Estado de bienestar tal y como está concebido no resulta sostenible en las actuales circunstancias? ¿Acaso piensan que podemos seguir endeudándonos ad eternum y sin consecuencias?

De ahí que a pesar de no estar en absoluto de acuerdo con la deriva independentista de CiU, ya ostensible en la pasada legislatura cuando se aprobó la medida, trate de analizar sine ira et studio cada una de las medidas que la federación nacionalista viene adoptando desde que en el 2010 recuperara el poder en Cataluña. Así, ésta era una más dentro de la ley de medidas fiscales y financieras que el gobierno catalán logró sacar adelante en el Parlamento autonómico en marzo de 2012. Orientada a racionalizar el gasto en sanidad, y en el bien entendido de que su finalidad era antes disuasoria que recaudatoria, la medida contemplaba -en contra de lo que sostenían sus detractores- una serie de exenciones o protecciones a las rentas más bajas, así como límites a la norma con vistas a proteger a los pacientes crónicos. Con todo, en líneas generales la tasa no sentó bien entre el contribuyente de a pie, entre otras cosas seguramente porque términos, como exenciones, protecciones o límites presentes en la ley, suelen perderse en el piélago de los medios de comunicación.

A pesar de mi inicial aceptación, había un detalle que a mi modo de ver hacía difícilmente justificable la implantación de la tasa: su ámbito de aplicación territorial se limitaba a Cataluña, por lo que los ciudadanos catalanes acabaríamos pagando más que el resto de los españoles por los medicamentos, es decir, la norma autonómica contravendría de facto el principio de igualdad y no discriminación que en todo Estado de Derecho que se precie debe presidir la actuación de los poderes públicos.

El gobierno central recurrió la tasa ante el Tribunal Constitucional (TC) con el objetivo de evitar que los ciudadanos de Cataluña siguiéramos pagando un sobreprecio por los medicamentos, es decir, con el objetivo de proteger a los ciudadanos catalanes, tanto a los que estábamos más o menos de acuerdo con la tasa como a los que no, de lo que el Ejecutivo de Rajoy entendía además como una extralimitación competencial del gobierno catalán. Ahora el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del gobierno central, decretando la suspensión por cinco meses del euro por receta. Normalidad constitucional, ni más ni menos. El problema es que el gobierno catalán, con su portavoz Francesc Homs a la cabeza, parece no querer entender algo que debiera ser tan elemental para alguien que se dedica a la política como el funcionamiento de un Estado de Derecho. Esto o lo que es peor: que pretenda a sabiendas confundirnos a todos sobre las relaciones entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que cuando menos desde Montesquieu es sabido que no sólo deben permanecer separados sino que además deben equilibrarse y controlarse mutuamente.

Así funciona en España, pero también por ejemplo en los Estados Unidos, donde por cierto todavía están a la espera de una sentencia de la Corte Suprema federal–homologable a nuestro TC- sobre los matrimonios homosexuales en California, estado en el que en el año 2008 se introdujo una reforma en la Constitución estatal (de California) que consagra el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Este cambio, que de facto ilegaliza el matrimonio homosexual, vino dado por una iniciativa popular de reforma constitucional que los californianos aprobaron en referéndum el mismo día, por más señas, que mayoritariamente votaron por Obama en las elecciones presidenciales. Sin embargo, después de un largo periplo judicial, este polémico artículo de la Constitución estatal está sobre la mesa de la Corte Suprema, que ahora debe pronunciarse sobre su adecuación a la Constitución federal (de los Estados Unidos). Es decir, la Corte Suprema federal puede acabar revocando una decisión adoptada en referéndum por el pueblo de California, y sin embargo allí ningún político californiano pone en solfa la autoridad del Alto Tribunal.

Al señor Homs le debe de parecer muy ingenioso lo de que “cualquier día declararán inconstitucional respirar en catalán”. A mí personalmente me parece patético. Lo que no descarto es que, de seguir así, algún día resulte difícil respirar en Cataluña.

Deja un comentario

Archivado bajo Derecho Público, La crisis del Estado de bienestar, La cuestión catalana, Nacional

La concordia aún es posible

La llamada cuestión catalana parece haber llegado a un punto de no retorno, a un callejón sin salida en el que muchos catalanes deseábamos no haber entrado nunca. Ahora nos tiramos de los pelos, pero en parte es culpa nuestra: quizá deberíamos haberlo pensado antes y no haber favorecido con nuestro silencio, salvo honrosas excepciones, el triunfo de la visión más cerril y extremosa del discurso nacionalista, la que siempre ha planteado las relaciones entre Cataluña y el resto de España como un pulso constante y desigual, basándose en el mito de la persecución sistemática del pueblo catalán por el pérfido Estado español, como si los catalanes hubieran sido poco más o menos que los parias de la historia de España.

En contra de lo que pretenden Mas, Junqueras y compañía, muchos catalanes contemplamos con preocupación la deriva independentista del gobierno de la Generalitat: algunos porque seguimos creyendo en mayor o menor medida en la viabilidad de España como proyecto sugestivo de vida en común, por decirlo en palabras de Ortega; otros, sencillamente porque se resisten a presenciar la más que probable quiebra de la convivencia en Cataluña, caso de consumarse la independencia. De hecho, la sola celebración de un referéndum sobre la independencia, si llegase a celebrarse, llevaría aparejada una división social en Cataluña sin precedentes en los últimos treinta años y constituiría ya de por sí un fracaso de Cataluña y de España en su conjunto, pues supondría nuestra derrota como sociedad abierta capaz de resolver nuestras discrepancias de forma tranquila en el marco de nuestro contrato social constituyente, nuestra Carta Magna de 1978, y sin llegar a escenarios calamitosos para, al menos, la mitad de la población.

Rajoy ya ha mostrado reiteradamente su disposición a dialogar en el marco de la Constitución, como ya hiciera por cierto antes, después y supongo que también durante la reunión que mantuvo con Mas en La Moncloa con motivo del llamado pacto fiscal. Otra cosa es que no esté dispuesto a aceptar trágalas, ni de Mas ni de nadie. En cambio, mucho me temo -aunque espero equivocarme- que de nuevo lo que pretende el recién constituido gobierno catalán es precisamente todo lo contrario de lo que dice pretender de entrada. Me parece que lo que en el fondo intentan es saltarse una vez más la legalidad vigente y forzar el encontronazo con el gobierno central, el “choque de trenes” o de “barcos” por decirlo en palabras del presidente de la Generalitat, con el objetivo de seguir alimentando la idea de que España oprime a Cataluña. Lo más perverso de esta sibilina estrategia es la utilización que los partidos nacionalistas han hecho del pueblo catalán como ariete para alcanzar sus objetivos de construcción nacional, como si estos no fueran sino la realización política de los deseos del pueblo. A tal efecto han puesto en circulación, con notable resonancia mediática por cierto, ideas tan absurdas como la del “choque de legitimidades” entre el pueblo catalán y las instituciones democráticas del Estado, como si éstas no fueran también producto de la voluntad de los catalanes y del conjunto de los españoles expresada en las urnas. Los nacionalistas insisten hasta la náusea en contraponer democracia y Estado de Derecho, como si ambas cosas no fueran indisociables, cuando menos desde la segunda posguerra mundial coincidiendo con la aparición en Europa occidental de la forma de Estado más justa y perfecta hasta ahora conocida: el Estado democrático de Derecho. Olvidan que desde entonces la democracia no ha de entenderse como la simple regla de la mayoría, sino que necesariamente debe llevar aparejada la protección de los derechos y libertades individuales y de las minorías, así como la sujeción al imperio de la ley.

El derecho a la autodeterminación que los nacionalistas catalanes han convertido en dogma de fe no es ni mucho menos aplicable a nuestro caso, pues constituye una perversión del derecho a la autodeterminación de los pueblos que, tras la Segunda Guerra Mundial, catalizó el necesario proceso de descolonización. Más aún, los catalanes ya nos autodeterminamos cotidianamente, tanto por nuestra voluntad expresada en momentos históricos señalados tales como el referéndum sobre la Constitución del 78, como con nuestro voto en las sucesivas elecciones municipales, autonómicas y generales. Es más, hablar de derecho a la autodeterminación en el caso catalán puede incluso resultar ofensivo para otros pueblos que sí se encuentran en una situación de dominación colonial u ocupación militar.

Soy partidario, eso sí, de hacer una lectura progresiva y abierta de nuestro Estado constitucional, así como de que, dentro del marco constitucional, el Estado sea tan flexible y dialogante como sea posible con vistas a acomodar las reclamaciones de las nacionalidades y regiones que lo integran. El Derecho debe ser dinámico y responder progresivamente a las necesidades y demandas fundamentales de la sociedad, sin soslayar, claro está, los antecedentes históricos, el contexto y la cultura política de la comunidad cuya convivencia debe regular. Es decir, el Estado debe estar abierto al cambio y, en la medida en que muchos catalanes han optado de forma más o menos clara por un cambio en el statu quo, el gobierno central cometería un grave error no reconociendo la legitimidad de dicha aspiración.

Decía Edmund Burke, en sus Reflexiones sobre la Revolución francesa, que “un Estado que carezca de posibilidades de cambio es un Estado sin medios de conservación”, y advertía de que “sin dichas posibilidades, incluso se puede arriesgar la parte de la Constitución que más fervorosamente se desea conservar”. Pues bien, el Estado español -que hasta ahora ha funcionado y en muchos aspectos sigue funcionando razonablemente bien- necesita sin duda reformas, entre otras una revisión de su modelo de estructuración territorial, así como de la financiación autonómica. No hay por qué derribar el edificio entero, pero sí es necesario reparar la parte defectuosa. De ahí que resulte más conveniente que nunca que la disposición al diálogo que hasta ahora ha mostrado Rajoy cristalice en decididas propuestas de mejora. Los catalanes que seguimos creyendo en el proyecto sugestivo de vida en común que es España y que no queremos ver ni la quiebra de la convivencia dentro de Cataluña ni su separación del resto de España, esperamos que nuestros gobernantes Mas y Rajoy, Rajoy y Mas, actúen con alteza de miras y renunciando a posiciones maximalistas, sabiendo que, parafraseando de nuevo a Burke, “se levantarán sospechas respecto a su fidelidad a la causa. La moderación será estigmatizada como virtud de cobardes, y el compromiso como prudencia de traidores”. La concordia aún es posible.

1 comentario

Archivado bajo La cuestión catalana, Nacional

Conocer el pasado a tiempo

No cabe duda de que la historia es importante, pero conviene estudiarla a fondo y no utilizarla al buen tuntún y a discreción como arma arrojadiza, pues las consecuencias de ello pueden ser devastadoras. Pues bien, la irresponsabilidad con que políticos y, en general, opinantes nacionalistas recurren a la historia para justificar sus anhelos rupturistas resulta de todo punto inaceptable. De continuo hablan de 1714, es decir, de la Guerra de Sucesión Española como de una guerra entre Cataluña y España –en su delirio llegan incluso a confundir sucesión con secesión- y no como lo que fue en realidad: un conflicto sucesorio de alcance internacional en el que dos de las principales dinastías europeas, los Borbones y los Habsburgo, se disputaron a la muerte de Carlos II el trono de una España ya venida a menos, pero todavía en posesión de un vasto imperio colonial. Además de su dimensión internacional, la conflagración tuvo también su vertiente civil o interna, pero en contra de lo que pretende el nacionalismo catalán no fue una guerra entre Cataluña y España, sino un conflicto mucho más complejo en el que los partidarios de las dos dinastías enfrentadas se repartían por toda la geografía española.

Viene esto a cuento de un intercambio de opiniones que mantuve el pasado miércoles 2 de enero en La Rambla (BTV) con el historiador y periodista Enric Vila, que insistía en traer constantemente a colación la Guerra de Sucesión, como si ésta fuera el origen de todos los males que afectan a Cataluña. Otra de los tertulianos, la diputada de Ciutadans en el parlamento de Cataluña Carina Mejías, de convicciones firmes aunque de suyo integradora, manifestaba una vez acabado el programa su perplejidad ante la insistencia de Vila con la monserga de 1714. Mejías defendía, con razón, la necesidad de pasar página y hablar de lo que de verdad importa, es decir, de los problemas que preocupan a los ciudadanos: el paro, el fracaso escolar, la cohesión social, etc. Personalmente, estoy de acuerdo en que de poco sirve apelar a la historia cuando de lo que realmente se trata es de solucionar los acuciantes problemas de la gente, pero no es menos cierto que la historia no es sólo el relato de nuestra singladura colectiva, sino que a menudo es también un mecanismo de control social de primer orden. Ya lo decía Orwell: “Quien controla el pasado controla el futuro. Quien controla el presente controla el pasado”.

Poco les importa a los nacionalistas que el historiador catalán por excelencia en el siglo XX, Jaume Vicens Vives, explique en su Notícia de Catalunya que entonces el objetivo de las clases dirigentes catalanas no era otro que “adquirir, a través de la victoria del Archiduque (Carlos de Austria), un lugar preeminente en la política española”. Es más, Vicens Vives constata que “la voluntad (de los catalanes) de intervenir en las cosas de España se inaugura en  tono mayor durante la Guerra de Sucesión”. Por otra parte, Vicens Vives sostiene que los Decretos de Nueva Planta coincidieron con el despertar de la economía catalana y la transformación de la agricultura, en la medida en que “hicieron del campesinado un elemento social exclusivamente productivo, no necesariamente ligado a las vicisitudes históricas colectivas”. Vicens Vives, que siempre fue muy crítico con la interpretación romántica de buena parte de la historiografía catalana ochocentista, empeñada en idealizar la época de la monarquía Habsburgo en España, reivindica los efectos beneficiosos que sobre la economía catalana tuvo la nueva planta financiera del Principado que se fue desarrollando a todo lo largo del siglo XVIII y que culminó con el decreto que establecía la libertad de comercio con América para el conjunto de los territorios de la monarquía hispánica, acabando así con el secular monopolio de los puertos de Sevilla y Cádiz. “Territorialmente, hubo regiones más beneficiadas que otras por esta medida. En España, por ejemplo, Cataluña resultó extraordinariamente favorecida”, concluye Vicens Vives.

Así y todo, poco les importa a los nacionalistas la inconsistencia desde el punto de vista histórico del argumento de los trescientos años de sometimiento forzado al Estado español, que entre otros defiende con tanta ligereza el presidente Mas y que –conviene recordarlo- se encuentra en la base de la pretensión del recién constituido gobierno de la Generalitat de celebrar un referéndum de independencia en septiembre de 2014. Poco les importa que este argumento no resista ningún tipo de análisis riguroso mientras sirva a la causa de la confrontación en la medida en que fomenta en la sociedad catalana la idea de que Cataluña lleva demasiado tiempo sin regir su propio destino, sin ejercer en definitiva su derecho a la autodeterminación, como si los catalanes no hubieran participado de forma decisiva en la elaboración y posterior aprobación de la Constitución española de 1978, por no hablar de la importante participación catalana en todas y cada una de las épocas y regímenes anteriores. Quizá no recuerdan o no quieren recordar que de los siete ponentes de nuestra carta magna, los llamados padres de la Constitución, dos eran catalanes, Miquel Roca Junyent i el desaparecido Jordi Solé Tura, ni que ambos tuvieron un papel tan decisivo como el que más en la redacción del texto constitucional. Uno y otro, por cierto, representaban dos sensibilidades políticas bien diferentes entre sí: Roca, nacionalista moderado y partidario de la intervención de los catalanes en los asuntos del Estado, hasta el punto de que llegó a liderar el Partido Reformista Democrático, que en 1986 concurrió a las elecciones generales de 1986 aunque con escaso éxito. Por su parte, Solé Tura, uno de los grandes líderes de la izquierda catalana de la transición democrática, primero en el PSUC y luego en el PSC-PSOE, defensor tenaz del federalismo y por tanto de la concordia entre los pueblos de España y muy crítico con el nacionalismo exclusivista que ahora parece imponerse en Cataluña.

Es decir, la España de hoy, como la de ayer, es obra y responsabilidad de todos, y por supuesto también de los catalanes, de ahí que resulte tan deshonesta la pretensión de que a Cataluña no le queda otra salida que la independencia debido a la proverbial perversidad del Estado español para con los catalanes. Es cierto que nunca antes el prestigio de nuestro proyecto sugestivo de vida en común, por decirlo en palabras de Ortega, había estado tan por los suelos. Y en este estado de opinión los catalanes muy probablemente deberemos afrontar un referéndum sobre la independencia de Cataluña, ya sea en el otoño de 2014 o cuando al partido de gobierno, CiU, y a su socio parlamentario, ERC, les parezca oportuno, es decir, en el momento que consideren más propicio a sus intereses, por supuesto independientemente de lo que digan la Constitución y nuestro Estado de Derecho.

Mientras no controlemos nuestro pasado, es decir, mientras lo desconozcamos y dejemos que el nacionalismo dominante lo desdibuje a su antojo, difícilmente controlaremos nuestro futuro; y para conocer nuestro pasado debemos necesariamente recuperar nuestro presente, que en Cataluña está ahora en manos del discurso nacionalista dominante. Antes de que sea demasiado tarde.

4 comentarios

Archivado bajo Historia, La cuestión catalana, Nacional