Por una Cataluña y una España de todos

A una semana de las elecciones, los partidos catalanes –huelga decir que entre ellos incluyo al PSC, al PPC y a C’s, tantas veces censurados por los nacionalistas por su españolidad, como si ser español fuera algo intrínsecamente perverso- centran sus esfuerzos no tanto en movilizar a sus adeptos como en convencer a la legión de indecisos que prevén la mayoría de las encuestas.

El carácter plebiscitario que los partidos nacionalistas le han querido atribuir a los comicios del próximo domingo ha hecho aflorar la idea del voto prestado, según la cual los partidos grandes se sienten legitimados para pedir su voto a los electores de formaciones más pequeñas en pro de una mayoría sólida que no admita dudas sobre la voluntad del pueblo. Esto es lo que está haciendo de continuo Artur Mas, pero a mi modo de ver su petición es ociosa puesto que, independientemente de que CiU alcance o no la mayoría absoluta, la composición del Parlamento catalán se prevé mayoritariamente favorable a la independencia, si a los escaños de la federación les sumamos los de ERC y aun los de Solidaritat per la Independència. Así pues, si el objetivo es el mismo, romper con España, que lo es, entonces ¿qué más da si ello se intenta desde una mayoría absoluta o con una mayoría simple reforzada por los escaños de otras formaciones también independentistas?

Pero así como, a mi juicio, no cabe a efectos prácticos hablar de voto prestado en la actual coyuntura, pues en la lógica plebiscitaria que se quiere imponer tanto da votar a CiU que a ERC, sí creo que tiene sentido hablar de voto usurpado. Éste es el voto que CiU pretende obtener sobre la base de una mentira esencial –y no sólo de una o varias mentiras contingentes, porque en eso CiU no difiere del resto de los partidos, pues todos ellos sin excepción desdibujan su propio programa cuando alcanzan el poder- y en virtud de una ambigüedad tan calculada como tramposa. Sólo así se entiende el voto de muchos catalanes que sin tener en principio nada fundamental en contra del resto de España se han dejado seducir, en el momento más difícil de la historia reciente de España, por el mito del expolio fiscal y de la catalanofobia que el nacionalismo pretende mayoritaria más allá del Ebro.

Lo del expolio fiscal o, en su versión más extrema, el lema “España nos roba” es una boutade colosal que el nacionalismo catalán llevaba años cultivando, aunque con escaso éxito hasta el estallido de la crisis. Entonces, cuando el desplome de los ingresos públicos en España se precipitó, pasando de un 41,1% del PIB en 2007 a un 35,1% en 2011 –la caída más severa de todos los países de la Unión Europea, según datos de Eurostat, la Oficina de Estadística de la Comisión Europea-, y sólo entonces el mito del expolio fiscal encontró acomodo en el imaginario colectivo de los catalanes. Ni que decir tiene que esta caída ha tenido, tiene y sin duda seguirá teniendo efectos perversos sobre nuestro Estado de bienestar y por tanto sobre las condiciones de vida del común de los españoles, y no sólo de los catalanes. Ello unido a las políticas de austeridad y consolidación fiscal aplicadas en Cataluña y en el conjunto de España e impuestas en gran medida desde Bruselas -por otra parte orientadas, conviene recordarlo, a amortiguar los efectos perversos de una excesiva inclinación al crédito en el bien entendido de que a la larga vivir de prestado resulta siempre más caro e incierto- ha puesto en jaque nuestro modelo económico. 

Sin embargo, esto no se soluciona enunciando mitos como el del expolio fiscal, sino proponiendo soluciones plausibles, arrimando el hombro y prestándose a negociar a su debido tiempo un nuevo modelo de financiación con la administración central y con el resto de las comunidades autónomas de régimen común, porque por desgracia con las otras dos –País Vasco y Navarra- no hay nada que negociar, al menos por ahora.

Ahora bien, para desechar el mito del expolio fiscal basta con comprobar que, por un lado, la contribución de Cataluña al Estado está en la línea de las otras dos comunidades autónomas con más renta, la Comunidad de Madrid y Baleares; y, por otro, que el déficit fiscal de todas ellas concuerda con el que tienen, por ejemplo, los länder más ricos de Alemania, como Baviera o Baden Wurtemberg, o incluso los estados ricos de uno de los países menos redistributivos del mundo como los Estados Unidos, caso de California, Nueva York o Nueva Jersey. Pues bien, España no es ni con mucho uno de los estados más redistributivos, pero en todo caso la Constitución de 1978 consigna la igualdad entre ciudadanos como uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, lo que, junto con el principio de solidaridad territorial consagrado en el artículo 2 de nuestra carta magna, justifica la redistribución de la renta entre las regiones ricas y las pobres. Y en España la diferencia entre unas y otras es notable, pues la convergencia entre comunidades sigue siendo una de nuestras asignaturas pendientes, de ahí que las transferencias de renta sean ingentes. No cabe duda de que el actual modelo –reformado, dicho sea de paso, en 2009 bajo la influencia de la reforma del Estatuto catalán y celebrado entonces por el conjunto de las fuerzas políticas que impulsaron la reforma estatutaria- es revisable y perfectible, pero en modo alguno ello justifica el mito del expolio. No en vano se trata de una explicación por demás simplificadora y vaga, pero que encierra un trasfondo perverso: los catalanes no estamos comprometidos ni emocional, ni moral ni históricamente a colaborar en la cohesión territorial de España y si hasta ahora lo hemos hecho ha sido en el mejor de los casos a consecuencia de una casualidad histórica y en el peor a causa del sometimiento del pueblo catalán al Estado español. Y así el nacionalismo catalán consigue por la vía del dinero lo que no había conseguido hasta ahora por la vía del sentimiento: una ruptura originaria entre Cataluña y el resto de España.        

La estudiada vaguedad conceptual del discurso de Mas, plasmada en el programa electoral de CiU, en el que la palabra independencia brilla por su ausencia, permite a CiU albergar la expectativa de alcanzar la mayoría absoluta gracias en parte a esos electores, que siguen creyendo que CiU es aún un partido nacionalista, sí, pero capaz de supeditar sus más extremados ideales políticos en pro del interés general de los catalanes e incluso del conjunto de los españoles. Pero esto ya no es así: CiU ambiciona la secesión de Cataluña, la separación del resto de España, tanto como ERC. Ni más ni menos. Así que si alguien piensa votar a CiU con la esperanza de que tras las elecciones las cosas vuelvan a su cauce y el pacto y la negociación vuelvan a sobreponerse a la algarada y la ruptura, que se vaya olvidando.

CiU se ha echado al monte y está apostando fuerte por la independencia, porque sus dirigentes son conscientes de que difícilmente se volverán a encontrar con una ocasión tan propicia para separar Cataluña del resto de España aprovechando la extrema debilidad en que se encuentra nuestro país, debilidad en la que todos, incluidos nosotros los catalanes, tenemos nuestra parte de culpa. Esta voluntad de aprovechar la actual coyuntura se pone de manifiesto en el último vídeo de campaña de CiU, en el que bajo el título “Hagámoslo posible” el presidente de la Generalitat llama a la participación el próximo 25 de noviembre “porque estamos ante una oportunidad histórica, una oportunidad que no estará siempre”. Yo personalmente no estoy dispuesto a participar de este falseamiento de la historia de Cataluña y por supuesto me niego dejar en la estacada al resto de los españoles, pues eso es precisamente lo que pretende hacer CiU en los próximos años, pero no creo en absoluto que ésta sea la voluntad mayoritaria del pueblo de Cataluña. De ahí la importancia de ir a votar el próximo domingo.             

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Archivado bajo La cuestión catalana, Nacional

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