El matrimonio en su máxima expresión

Las relaciones entre el poder temporal y el espiritual, el Estado y la Iglesia, nunca han sido fáciles, por más que ya el propio Jesucristo insistiera en dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Muchos han querido ver en esta frase un intento avant la lettre de separar el poder político del religioso y no seré yo quien diga lo contrario, pero en cualquier caso la religión y la política han estado indisolublemente ligadas a lo largo de la historia de eso que hoy llamamos Occidente, una referencia más cultural que geográfica cuyo principal basamento doctrinal se halla en la cultura grecolatina y la tradición judeocristiana.

Pues bien, en su afán por conquistar el espacio público Iglesia y Estado han chocado de continuo desde tiempos inmemoriales, si bien a partir del siglo XV con el Renacimiento se empieza a producir una lenta pero inexorable victoria del Estado en detrimento de la Iglesia como forma hegemónica de organización del poder, triunfo que alcanza velocidad de crucero a lo largo del siglo XIX con las sucesivas revoluciones burguesas, correlato directo de las ideas racionalistas predominantes en el precedente Siglo de las Luces.

Que nadie pretenda inferir de lo anterior que soy de los que piensan que la religión pierde todo su sentido con la Ilustración, ni siquiera que, como pretende el anticlericalismo militante, la religión sea esencialmente contraria a la ciencia o a la razón. Decía Francis Bacon que “poca ciencia aleja muchas veces de Dios y mucha ciencia conduce siempre a él” y no seré yo quien contradiga al padre del empirismo. Lo que ocurre en esencia es que al calor del pensamiento ilustrado la división entre Iglesia y Estado se consolida, de suerte que en buena lógica la Iglesia debería perder poder político y el Estado poder moral. Pero, aunque es cierto que desde entonces la tendencia general en Occidente ha sido ésta, no hace falta irse muy lejos ni en el espacio ni en el tiempo para constatar que las interferencias recíprocas han sido continuas, y así como la Iglesia ha jugado a menudo a ser Estado, el Estado ha pretendido no menos frecuentemente ser Iglesia.

El matrimonio como fundamento de la civilización

La Iglesia, por ejemplo, ha intentado por todos los medios mantener su influencia en ámbitos de la vida pública, como la educación, que antaño dominaba pero que ahora forman parte de la jurisdicción del Estado. A este tenor el Estado, que ha ido asumiendo de forma mimética muchas de las antiguas atribuciones de la Iglesia, se excede a veces en su inercia imitadora hasta el punto de querer reproducir el ejercicio del poder espiritual de la Iglesia en cuestiones morales como las modalidades del matrimonio civil, lo cual a mi modo de ver no resulta justificable desde una visión liberal del Estado.

El matrimonio es sin duda una de las instituciones más universales y por tanto menos susceptibles de apropiaciones exclusivistas. No obstante, la Iglesia en cuanto comunidad humana de adscripción voluntaria es muy libre de establecer criterios orientados a limitar el acceso de sus feligreses a una institución tan fundamental en el ideario eclesiástico como el matrimonio religioso. Sin embargo, el Estado -que en su más elevada versión se define en la segunda mitad del siglo XX a lo largo y ancho de Occidente como Estado social y democrático de Derecho- debe velar por la libertad y la plena igualdad jurídica de sus ciudadanos. De ahí que desde una perspectiva liberal resulte difícil defender la discriminación por cualquier circunstancia personal o social en el acceso a una institución como el matrimonio civil que es de todos, heterosexuales u homosexuales, creyentes, agnósticos o ateos. Da igual. Decía Vico que el matrimonio es junto con la religión y la sepultura de los muertos uno de los tres fundamentos de toda civilización, y a mi juicio el Estado no es quien para limitar el acceso del individuo a ninguno de estos tres pilares.

La constitucionalización del matrimonio homosexual

Viene esto a cuento de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la reforma del Código Civil acometida por el anterior gobierno para legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo. La sentencia, que llega siete años después del recurso de inconstitucionalidad del PP, instituye la constitucionalidad del matrimonio homosexual, en la medida en que la reforma de 2005 encuentra apoyatura en el artículo 9.2 de la Constitución, que señala que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas”.

A tal respecto, quiero hacer dos consideraciones, una de carácter formal y otra de signo material. La primera, que la sentencia supone –a pesar de la demora- un nuevo ejemplo del funcionamiento de un Estado de Derecho, pues el TC ha dictado sentencia en respuesta a un recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP con todas las de la ley, es decir, cumpliendo escrupulosamente con el procedimiento establecido constitucionalmente a tal efecto. Deshagamos este entuerto de una vez por todas: el PP no es un partido homófobo por haber presentado ese recurso, como tampoco es anticatalán por haber presentado recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto catalán. Así es como funciona un Estado de Derecho, en donde la democracia alcanza su máxima expresión gracias precisamente a su convivencia con el respeto a la Constitución y las leyes que garantizan la defensa de los derechos individuales y de las minorías. Así, los partidos nacionalistas vascos y catalanes, que se despachan a gusto acusando al PP de no respetar la democracia por recurrir al TC, presentan de continuo recursos de inconstitucionalidad contra leyes aprobadas por el Congreso de los Diputados, alegando que invaden competencias autonómicas, pero no por ello se les acusa de antidemocráticos ni de antiespañoles. Conviene recordar que la primera decisión del TC de alcance histórico fue el fallo sobre la LOAPA, en la que el Alto Tribunal en respuesta a un recurso de inconstitucionalidad firmado por casi todas las fuerzas nacionalistas rechazaba de plano el carácter orgánico de la LOAPA, anulaba la prevalencia de la norma estatal sobre la autonómica y restringía sobremanera la capacidad armonizadora del Estado. Así pues, no existe choque de legitimidades entre la voluntad del pueblo y la del TC, pues ambas son una y la misma: manifestaciones diversas de nuestra democracia constitucional.

La segunda consideración que quiero hacer sobre la sentencia del TC sobre el matrimonio homosexual es de carácter material, pues en mi opinión supone por un lado la consagración constitucional del matrimonio como institución universal, de todos y para todos, y por otro eleva el matrimonio civil a su máxima expresión y plenitud. La sentencia satisface el precepto que informa el artículo 14 de la Constitución española, que establece que “los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Tampoco el argumento semántico asiste a quienes se oponen a la constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo, pues el artículo 32 de la Constitución dice que “el hombre y la mujer” tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica, es decir, el hombre y la mujer en cuanto conjunto de seres pertenecientes al sexo masculino y al sexo femenino respectivamente. Pero en ningún caso la Constitución especifica que sólo “un hombre y una mujer” tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. Una vez más, la Constitución de 1978 emerge como un texto deliberado, madurado y esencialmente inclusivo.

Ni siquiera un nominalismo a ultranza justifica la exclusión de los homosexuales de la institución del matrimonio, pues, como la propia Real Academia de la Lengua Española reconoce, “las lenguas cambian de continuo, y lo hacen de modo especial en su componente léxico”. Y añade que los diccionarios “son una obra viva que se esfuerza en reflejar la evolución registrando nuevas formas y atendiendo a las mutaciones de significado”.

Creo, en definitiva, que la negativa a reconocer el derecho de los homosexuales a contraer matrimonio tiene una serie de implicaciones morales, es decir, referidas a la bondad o maldad de las acciones humanas, un terreno sobre el que la religión quizá tenga mucho que decir, pero sobre el que el Estado debería mantenerse decididamente neutral.

Anuncios

Deja un comentario

Archivado bajo Nacional

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s