Archivo mensual: noviembre 2012

Por una Cataluña y una España de todos

A una semana de las elecciones, los partidos catalanes –huelga decir que entre ellos incluyo al PSC, al PPC y a C’s, tantas veces censurados por los nacionalistas por su españolidad, como si ser español fuera algo intrínsecamente perverso- centran sus esfuerzos no tanto en movilizar a sus adeptos como en convencer a la legión de indecisos que prevén la mayoría de las encuestas.

El carácter plebiscitario que los partidos nacionalistas le han querido atribuir a los comicios del próximo domingo ha hecho aflorar la idea del voto prestado, según la cual los partidos grandes se sienten legitimados para pedir su voto a los electores de formaciones más pequeñas en pro de una mayoría sólida que no admita dudas sobre la voluntad del pueblo. Esto es lo que está haciendo de continuo Artur Mas, pero a mi modo de ver su petición es ociosa puesto que, independientemente de que CiU alcance o no la mayoría absoluta, la composición del Parlamento catalán se prevé mayoritariamente favorable a la independencia, si a los escaños de la federación les sumamos los de ERC y aun los de Solidaritat per la Independència. Así pues, si el objetivo es el mismo, romper con España, que lo es, entonces ¿qué más da si ello se intenta desde una mayoría absoluta o con una mayoría simple reforzada por los escaños de otras formaciones también independentistas?

Pero así como, a mi juicio, no cabe a efectos prácticos hablar de voto prestado en la actual coyuntura, pues en la lógica plebiscitaria que se quiere imponer tanto da votar a CiU que a ERC, sí creo que tiene sentido hablar de voto usurpado. Éste es el voto que CiU pretende obtener sobre la base de una mentira esencial –y no sólo de una o varias mentiras contingentes, porque en eso CiU no difiere del resto de los partidos, pues todos ellos sin excepción desdibujan su propio programa cuando alcanzan el poder- y en virtud de una ambigüedad tan calculada como tramposa. Sólo así se entiende el voto de muchos catalanes que sin tener en principio nada fundamental en contra del resto de España se han dejado seducir, en el momento más difícil de la historia reciente de España, por el mito del expolio fiscal y de la catalanofobia que el nacionalismo pretende mayoritaria más allá del Ebro.

Lo del expolio fiscal o, en su versión más extrema, el lema “España nos roba” es una boutade colosal que el nacionalismo catalán llevaba años cultivando, aunque con escaso éxito hasta el estallido de la crisis. Entonces, cuando el desplome de los ingresos públicos en España se precipitó, pasando de un 41,1% del PIB en 2007 a un 35,1% en 2011 –la caída más severa de todos los países de la Unión Europea, según datos de Eurostat, la Oficina de Estadística de la Comisión Europea-, y sólo entonces el mito del expolio fiscal encontró acomodo en el imaginario colectivo de los catalanes. Ni que decir tiene que esta caída ha tenido, tiene y sin duda seguirá teniendo efectos perversos sobre nuestro Estado de bienestar y por tanto sobre las condiciones de vida del común de los españoles, y no sólo de los catalanes. Ello unido a las políticas de austeridad y consolidación fiscal aplicadas en Cataluña y en el conjunto de España e impuestas en gran medida desde Bruselas -por otra parte orientadas, conviene recordarlo, a amortiguar los efectos perversos de una excesiva inclinación al crédito en el bien entendido de que a la larga vivir de prestado resulta siempre más caro e incierto- ha puesto en jaque nuestro modelo económico. 

Sin embargo, esto no se soluciona enunciando mitos como el del expolio fiscal, sino proponiendo soluciones plausibles, arrimando el hombro y prestándose a negociar a su debido tiempo un nuevo modelo de financiación con la administración central y con el resto de las comunidades autónomas de régimen común, porque por desgracia con las otras dos –País Vasco y Navarra- no hay nada que negociar, al menos por ahora.

Ahora bien, para desechar el mito del expolio fiscal basta con comprobar que, por un lado, la contribución de Cataluña al Estado está en la línea de las otras dos comunidades autónomas con más renta, la Comunidad de Madrid y Baleares; y, por otro, que el déficit fiscal de todas ellas concuerda con el que tienen, por ejemplo, los länder más ricos de Alemania, como Baviera o Baden Wurtemberg, o incluso los estados ricos de uno de los países menos redistributivos del mundo como los Estados Unidos, caso de California, Nueva York o Nueva Jersey. Pues bien, España no es ni con mucho uno de los estados más redistributivos, pero en todo caso la Constitución de 1978 consigna la igualdad entre ciudadanos como uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, lo que, junto con el principio de solidaridad territorial consagrado en el artículo 2 de nuestra carta magna, justifica la redistribución de la renta entre las regiones ricas y las pobres. Y en España la diferencia entre unas y otras es notable, pues la convergencia entre comunidades sigue siendo una de nuestras asignaturas pendientes, de ahí que las transferencias de renta sean ingentes. No cabe duda de que el actual modelo –reformado, dicho sea de paso, en 2009 bajo la influencia de la reforma del Estatuto catalán y celebrado entonces por el conjunto de las fuerzas políticas que impulsaron la reforma estatutaria- es revisable y perfectible, pero en modo alguno ello justifica el mito del expolio. No en vano se trata de una explicación por demás simplificadora y vaga, pero que encierra un trasfondo perverso: los catalanes no estamos comprometidos ni emocional, ni moral ni históricamente a colaborar en la cohesión territorial de España y si hasta ahora lo hemos hecho ha sido en el mejor de los casos a consecuencia de una casualidad histórica y en el peor a causa del sometimiento del pueblo catalán al Estado español. Y así el nacionalismo catalán consigue por la vía del dinero lo que no había conseguido hasta ahora por la vía del sentimiento: una ruptura originaria entre Cataluña y el resto de España.        

La estudiada vaguedad conceptual del discurso de Mas, plasmada en el programa electoral de CiU, en el que la palabra independencia brilla por su ausencia, permite a CiU albergar la expectativa de alcanzar la mayoría absoluta gracias en parte a esos electores, que siguen creyendo que CiU es aún un partido nacionalista, sí, pero capaz de supeditar sus más extremados ideales políticos en pro del interés general de los catalanes e incluso del conjunto de los españoles. Pero esto ya no es así: CiU ambiciona la secesión de Cataluña, la separación del resto de España, tanto como ERC. Ni más ni menos. Así que si alguien piensa votar a CiU con la esperanza de que tras las elecciones las cosas vuelvan a su cauce y el pacto y la negociación vuelvan a sobreponerse a la algarada y la ruptura, que se vaya olvidando.

CiU se ha echado al monte y está apostando fuerte por la independencia, porque sus dirigentes son conscientes de que difícilmente se volverán a encontrar con una ocasión tan propicia para separar Cataluña del resto de España aprovechando la extrema debilidad en que se encuentra nuestro país, debilidad en la que todos, incluidos nosotros los catalanes, tenemos nuestra parte de culpa. Esta voluntad de aprovechar la actual coyuntura se pone de manifiesto en el último vídeo de campaña de CiU, en el que bajo el título “Hagámoslo posible” el presidente de la Generalitat llama a la participación el próximo 25 de noviembre “porque estamos ante una oportunidad histórica, una oportunidad que no estará siempre”. Yo personalmente no estoy dispuesto a participar de este falseamiento de la historia de Cataluña y por supuesto me niego dejar en la estacada al resto de los españoles, pues eso es precisamente lo que pretende hacer CiU en los próximos años, pero no creo en absoluto que ésta sea la voluntad mayoritaria del pueblo de Cataluña. De ahí la importancia de ir a votar el próximo domingo.             

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El matrimonio en su máxima expresión

Las relaciones entre el poder temporal y el espiritual, el Estado y la Iglesia, nunca han sido fáciles, por más que ya el propio Jesucristo insistiera en dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Muchos han querido ver en esta frase un intento avant la lettre de separar el poder político del religioso y no seré yo quien diga lo contrario, pero en cualquier caso la religión y la política han estado indisolublemente ligadas a lo largo de la historia de eso que hoy llamamos Occidente, una referencia más cultural que geográfica cuyo principal basamento doctrinal se halla en la cultura grecolatina y la tradición judeocristiana.

Pues bien, en su afán por conquistar el espacio público Iglesia y Estado han chocado de continuo desde tiempos inmemoriales, si bien a partir del siglo XV con el Renacimiento se empieza a producir una lenta pero inexorable victoria del Estado en detrimento de la Iglesia como forma hegemónica de organización del poder, triunfo que alcanza velocidad de crucero a lo largo del siglo XIX con las sucesivas revoluciones burguesas, correlato directo de las ideas racionalistas predominantes en el precedente Siglo de las Luces.

Que nadie pretenda inferir de lo anterior que soy de los que piensan que la religión pierde todo su sentido con la Ilustración, ni siquiera que, como pretende el anticlericalismo militante, la religión sea esencialmente contraria a la ciencia o a la razón. Decía Francis Bacon que “poca ciencia aleja muchas veces de Dios y mucha ciencia conduce siempre a él” y no seré yo quien contradiga al padre del empirismo. Lo que ocurre en esencia es que al calor del pensamiento ilustrado la división entre Iglesia y Estado se consolida, de suerte que en buena lógica la Iglesia debería perder poder político y el Estado poder moral. Pero, aunque es cierto que desde entonces la tendencia general en Occidente ha sido ésta, no hace falta irse muy lejos ni en el espacio ni en el tiempo para constatar que las interferencias recíprocas han sido continuas, y así como la Iglesia ha jugado a menudo a ser Estado, el Estado ha pretendido no menos frecuentemente ser Iglesia.

El matrimonio como fundamento de la civilización

La Iglesia, por ejemplo, ha intentado por todos los medios mantener su influencia en ámbitos de la vida pública, como la educación, que antaño dominaba pero que ahora forman parte de la jurisdicción del Estado. A este tenor el Estado, que ha ido asumiendo de forma mimética muchas de las antiguas atribuciones de la Iglesia, se excede a veces en su inercia imitadora hasta el punto de querer reproducir el ejercicio del poder espiritual de la Iglesia en cuestiones morales como las modalidades del matrimonio civil, lo cual a mi modo de ver no resulta justificable desde una visión liberal del Estado.

El matrimonio es sin duda una de las instituciones más universales y por tanto menos susceptibles de apropiaciones exclusivistas. No obstante, la Iglesia en cuanto comunidad humana de adscripción voluntaria es muy libre de establecer criterios orientados a limitar el acceso de sus feligreses a una institución tan fundamental en el ideario eclesiástico como el matrimonio religioso. Sin embargo, el Estado -que en su más elevada versión se define en la segunda mitad del siglo XX a lo largo y ancho de Occidente como Estado social y democrático de Derecho- debe velar por la libertad y la plena igualdad jurídica de sus ciudadanos. De ahí que desde una perspectiva liberal resulte difícil defender la discriminación por cualquier circunstancia personal o social en el acceso a una institución como el matrimonio civil que es de todos, heterosexuales u homosexuales, creyentes, agnósticos o ateos. Da igual. Decía Vico que el matrimonio es junto con la religión y la sepultura de los muertos uno de los tres fundamentos de toda civilización, y a mi juicio el Estado no es quien para limitar el acceso del individuo a ninguno de estos tres pilares.

La constitucionalización del matrimonio homosexual

Viene esto a cuento de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la reforma del Código Civil acometida por el anterior gobierno para legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo. La sentencia, que llega siete años después del recurso de inconstitucionalidad del PP, instituye la constitucionalidad del matrimonio homosexual, en la medida en que la reforma de 2005 encuentra apoyatura en el artículo 9.2 de la Constitución, que señala que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas”.

A tal respecto, quiero hacer dos consideraciones, una de carácter formal y otra de signo material. La primera, que la sentencia supone –a pesar de la demora- un nuevo ejemplo del funcionamiento de un Estado de Derecho, pues el TC ha dictado sentencia en respuesta a un recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP con todas las de la ley, es decir, cumpliendo escrupulosamente con el procedimiento establecido constitucionalmente a tal efecto. Deshagamos este entuerto de una vez por todas: el PP no es un partido homófobo por haber presentado ese recurso, como tampoco es anticatalán por haber presentado recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto catalán. Así es como funciona un Estado de Derecho, en donde la democracia alcanza su máxima expresión gracias precisamente a su convivencia con el respeto a la Constitución y las leyes que garantizan la defensa de los derechos individuales y de las minorías. Así, los partidos nacionalistas vascos y catalanes, que se despachan a gusto acusando al PP de no respetar la democracia por recurrir al TC, presentan de continuo recursos de inconstitucionalidad contra leyes aprobadas por el Congreso de los Diputados, alegando que invaden competencias autonómicas, pero no por ello se les acusa de antidemocráticos ni de antiespañoles. Conviene recordar que la primera decisión del TC de alcance histórico fue el fallo sobre la LOAPA, en la que el Alto Tribunal en respuesta a un recurso de inconstitucionalidad firmado por casi todas las fuerzas nacionalistas rechazaba de plano el carácter orgánico de la LOAPA, anulaba la prevalencia de la norma estatal sobre la autonómica y restringía sobremanera la capacidad armonizadora del Estado. Así pues, no existe choque de legitimidades entre la voluntad del pueblo y la del TC, pues ambas son una y la misma: manifestaciones diversas de nuestra democracia constitucional.

La segunda consideración que quiero hacer sobre la sentencia del TC sobre el matrimonio homosexual es de carácter material, pues en mi opinión supone por un lado la consagración constitucional del matrimonio como institución universal, de todos y para todos, y por otro eleva el matrimonio civil a su máxima expresión y plenitud. La sentencia satisface el precepto que informa el artículo 14 de la Constitución española, que establece que “los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Tampoco el argumento semántico asiste a quienes se oponen a la constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo, pues el artículo 32 de la Constitución dice que “el hombre y la mujer” tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica, es decir, el hombre y la mujer en cuanto conjunto de seres pertenecientes al sexo masculino y al sexo femenino respectivamente. Pero en ningún caso la Constitución especifica que sólo “un hombre y una mujer” tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. Una vez más, la Constitución de 1978 emerge como un texto deliberado, madurado y esencialmente inclusivo.

Ni siquiera un nominalismo a ultranza justifica la exclusión de los homosexuales de la institución del matrimonio, pues, como la propia Real Academia de la Lengua Española reconoce, “las lenguas cambian de continuo, y lo hacen de modo especial en su componente léxico”. Y añade que los diccionarios “son una obra viva que se esfuerza en reflejar la evolución registrando nuevas formas y atendiendo a las mutaciones de significado”.

Creo, en definitiva, que la negativa a reconocer el derecho de los homosexuales a contraer matrimonio tiene una serie de implicaciones morales, es decir, referidas a la bondad o maldad de las acciones humanas, un terreno sobre el que la religión quizá tenga mucho que decir, pero sobre el que el Estado debería mantenerse decididamente neutral.

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