La “Ley sobre la claridad” canadiense y su recepción en España (II): paradojas de la comparación

Allá por el mes de marzo de 2012 escribí el que debía ser el primero de una serie de artículos en torno a la llamada “Ley sobre la claridad”, aprobada por la Cámara de los Comunes canadiense en el año 2000 y basada en un dictamen consultivo emitido por el Tribunal Supremo de Canadá en respuesta a una pregunta del Parlamento federal sobre si una hipotética secesión unilateral de la provincia de Quebec sin el consentimiento de Canadá sería contraria, por un lado, a la Constitución y, por otro, al derecho internacional.

En aquel primer artículo –que hasta hoy no había tenido continuidad, pero que la fuerza de los hechos acaecidos en Cataluña en los últimos días me obliga a retomar con la esperanza de arrojar algo de luz sobre el tema con dos nuevos artículos- explicaba la base sobre la que el Alto Tribunal fundamentaba su dictamen, a saber: que el derecho a la autodeterminación no es aplicable a Quebec –como tampoco lo es a Cataluña-, porque allí no se dan las condiciones que prevé el derecho internacional para su aplicación; sin embargo, si los quebequeses optasen de forma “suficientemente clara” por la secesión, el Gobierno canadiense debería atender sus reclamaciones de acuerdo con el principio democrático y reconocer la legitimidad del proyecto independentista.

Así pues, la “Ley sobre la claridad” no consagra el derecho a la autodeterminación de Quebec, no lo juridifica por así decir, pero sí abre la puerta a la posibilidad de que la provincia pueda emprender un proceso secesionista de acuerdo con la legalidad canadiense e internacional. Es decir, el derecho a la autodeterminación no es condición sine qua non para alcanzar la independencia por la vía de la negociación entre la provincia o región y el Estado matriz; es más, no existe en el mundo ningún Estado democrático de Derecho cuya Constitución reconozca el derecho a la autodeterminación de las partes que lo integran. Sí lo hacía, por ejemplo, la Constitución de la URSS pero, como tantas otras cosas en aquel Estado de partido único, ese reconocimiento era puramente nominal, y si no, que se lo pregunten a los húngaros, a los polacos o a los checos.

Paradójicamente, los nacionalistas siguen insistiendo en proponer el caso canadiense como modelo a seguir, pese a que una lectura atenta del texto de la “Ley sobre la claridad” pone de manifiesto la distancia sideral que media entre el maximalismo rupturista de las demandas nacionalistas –sublimado en el órdago de Mas a Rajoy: “o pacto fiscal o independencia”, o “todo o nada”-  y el espíritu transaccional y preceptivo de la ley canadiense. El caso es que no sé si dicen lo que saben, pero lo que está claro es que no saben lo que dicen.

Pues bien, aparte del quebequés, otro de los casos que últimamente fascina al nacionalismo catalán es el escocés. Se llenan la boca hablando del premier David Cameron, cuya actitud ante la determinación del primer ministro escocés, Alex Salmond, de convocar un referéndum sobre la independencia contraponen con la respuesta de Rajoy y por extensión del Estado español ante los planes del gobierno catalán. De nuevo, hablan por hablar y emiten juicios de intenciones que en el fondo no son más que prejuicios y palabras hueras, pues hasta ahora las reacciones del gobierno español no han sido las propias de un Estado autoritario ni antidemocrático, sino sencillamente las de un gobierno que vela por el interés general y por la integridad territorial del Estado. Ni ruido de sables ni tanques ni nada que se le parezca. Ni más ni menos que lo que ha hecho Cameron, sencillamente lo mismo que haría cualquier gobernante responsable y comprometido con el conjunto de la ciudadanía a la que representa.

Pero, puestos a hablar, hablemos del caso del Reino Unido en general, que no del caso británico en particular, pues conviene recordar que se trata del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por cierto una región ésta última cuya población manifestó en las urnas su voluntad de permanecer en el Reino Unido cuando entre 1918 y 1921 el resto de Irlanda inició el camino a la secesión. Ni que decir tiene que aquella ruptura fue traumática para el conjunto de los irlandeses e inesperada para los líderes nacionalistas, que en su afán por cortar de raíz con el Reino Unido nunca tuvieron en cuenta la sensibilidad de sus paisanos unionistas. A este tenor la furibunda propaganda antiespañola que como si tal cosa practican los líderes nacionalistas, que se empeñan en presentar a España como un país carpetovetónico y antidemocrático supone un menosprecio, por no decir un desprecio, de la sensibilidad de muchos catalanes, amén de un insulto a la inteligencia. Baste recordar el vídeo de campaña de CiU para las últimas elecciones catalanas en el que un individuo disfrazado de mapa de España rojo y gualdo le robaba la cartera a un indefenso ciudadano presumiblemente catalán. Nada más lejos de mi intención que magnificar la importancia de esa insustancial chuscada, pero el hecho es que lamentablemente es la sublimación de la matraca del expolio fiscal con que los dirigentes de CiU, ERC y compañía nos golpean a diario.

Creo que haríamos bien los catalanes en tener en cuenta el ejemplo de Quebec y el del Ulster, así como el de Bruselas, capital de Flandes pero también de Bélgica y de la Unión Europea, ciudad cosmopolita y plurilingüe donde las haya pero de mayoría francófona, y cuya población rechaza mayoritariamente la división de Bélgica que proponen los nacionalistas flamencos. De hecho, otro de los puntos destacados de la “Ley sobre la claridad” es el hecho de que, de la misma manera que los nacionalistas quebequeses proclaman la divisibilidad del territorio canadiense, el territorio de Quebec tampoco debe ser indivisible, es decir, que si una parte delimitada del territorio de Quebec -una circunscripción electoral, por ejemplo- vota en contra de la secesión, ésta seguirá formando parte de Canadá. Luego si España no es indivisible, tampoco lo es Cataluña.

El problema es que para los nacionalistas catalanes Cataluña, o mejor, su monolítica idea de Cataluña es un concepto que está por encima de la gente, de los habitantes de Cataluña, la mayoría de los cuales se siguen sintiendo tan catalanes como españoles y no quieren renunciar a ninguna de las dos cosas. ¡Ay, la realidad!

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3 comentarios

Archivado bajo La cuestión catalana, Nacional

3 Respuestas a “La “Ley sobre la claridad” canadiense y su recepción en España (II): paradojas de la comparación

  1. ramon alos sampol

    Llegados a estas alturas, donde el catalanismo pone todas las fichas sobre la opción de la independencia, resulta muy evidente que la única opción para que este proceso se detenga es la movilización masiva de los catalanes que somos unionistas. Debemos ser mucho mas activistas para contrarrestar una propaganda separatista que no duerme nunca, que se expresa por innumerables canales de comunicación y que obviamente se libra de los recortes presupuestarios. Aunque viendo actitudes como las del PSC, esta idea parece mas utópica que la propia independencia

  2. Eduardo

    Nacho:
    Me parece muy interesante el ejemplo de Quebec y, sobre todo, la ley de claridad (que me parece espectacular, por lo clara y por lo valiente). Como has dicho, la ley de claridad respondía al dictamen del Tribunal Supremo de Canadá que, aunque concluyó que no existía derecho a la autodeterminación de Quebec, sí reconoció la obligación política de negociar una secesión si una mayoría cualificada de quebequeses manifestaba de forma clara su voluntad de separarse de Canadá.
    Hemos tenido oportunidad de comentar este tema en el pasado y me pregunto si tu opinión ha cambiado: en el caso catalán, si los partidos independentistas -entre los que, por vez primera sin ambages, habrá que incluir a CIU- obtienen una mayoría cualificada en las próximas elecciones, cosa por otro lado no descartable, ¿crees que el Gobierno debería, siguiendo los pasos de Canadá, establecer el proceso para que Cataluña, o cualquier otra región/comunidad autónoma, pueda independizarse si sus ciudadanos -mayoritariamente y de forma clara- así lo quieren?
    Como sabes, mi opinión es que sí. Un sí rotundo. Que algunos consideremos que buena parte de los que se dicen independentistas están manipulados no debe ser excusa -creo- para aceptar que la mayoría de un pueblo decida, mediante el voto, su destino. De lo contrario, nos cargamos el principio democrático, que ha de ser también el derecho a equivocarse (y, si no, que se lo digan a los votantes de Zapatitos o a los de Rajoy). Cuestión distinta es qué mayoría sería necesaria o qué pasaría con aquellas zonas dentro de la región de que se trate que no estuvieran a favor de la secesión (lo que, por cierto, podría dar resultados muy paradójicos en Cataluña); pero ese sería un segundo análisis, y me interesa conocer tu opinión sobre el primero. Un abrazo, Edu

    • No, Edu, mi opinión no ha variado con respecto a la última vez que hablamos del tema: sigo siendo esencialmente contrario al reconocimiento constitucional del derecho a la autodeterminación externa -en la línea del principio de autodeterminación recogido por la Carta de las Naciones Unidas y circunscrito exclusivamente a territorios sometidos a dominación colonial- de regiones u otras entidades subestatales que, como Cataluña, el País Vasco, Quebec o Escocia, forman parte de Estados democráticos y de derecho en donde los ciudadanos tienen la oportunidad de ejercer su derecho a la autodeterminación interna a través de los mecanismos electorales convencionales, sobre todo en elecciones o referendos.

      Sigo pensando que la autodeterminación tiene efectos potencialmente divisivos, disolventes y por tanto a mi juicio indeseables para sociedades abiertas y plurales como la catalana, por lo que creo que la única vía razonable hacia la independencia de estos territorios es la de la negociación con el Estado desde el más escrupuloso respeto a nuestro marco legal e institucional. A tal respecto, me preocupa especialmente la ominosa contraposición que los políticos nacionalistas llevan años alentando entre la legitimidad del pueblo y la de las instituciones democráticas -sólo hay que recordar expresiones como la de “choque de legitimidades”, tan peregrinas como habituales en el discurso político y mediático de este país tras la sentencia del Estatut-.

      Sobre las consecuencias de esa irresponsable entronización de las multitudes y de esa concepción de la democracia como el poder omnímodo de las masas por encima de todo, te recomiendo que leas -y sé que lo harás- el artículo del secretario de Estado de Cultura José María Lasalle ayer en El País (http://elpais.com/elpais/2012/09/27/opinion/1348742489_812495.html), en el que el autor apunta que “sustituir la institucionalidad deliberativa por el griterío de la población no es democracia, como tampoco lo es defender que la voluntad de un pueblo está por encima de las leyes”. Y eso es precisamente lo que se está haciendo de continuo desde el gobierno catalán. Vivimos, Edu, en una democracia parlamentaria, sí pero con la particularidad extendida en todas las democracias occidentales, escarmentadas por la experiencia de la segunda guerra mundial, de que además de parlamentaria es también constitucional, pues la Constitución es precisamente el límite último a los posibles excesos de una concepción populista de la democracia, la garantía de nuestros derechos y libertades ante las tentaciones decisionistas de nuestros políticos.

      Por último, estoy contigo en que el gobierno español cometería un error de bulto si, en caso de resultar de las próximas elecciones catalanas una mayoría clara en pro de la independencia, se niega en redondo a hablar de ello con quienes ostentes a partir de entonces las responsabilidades de gobierno en Cataluña. Hay que estar abierto hablar, pero siempre, por supuesto, sobre la base de los cuatro puntos fundamentales de la “Ley sobre la claridad”: 1.- Una pregunta clara y sin ambages. 2.- Una mayoría clara a favor de la independencia y de votos válidos emitidos. 3.- Los territorios que no quieran independizarse pueden votar por permanecer en España. 4.- La votación no se repite hasta pasados, por lo menos, 20 ó 25 años.

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