Archivo mensual: septiembre 2012

La “Ley sobre la claridad” canadiense y su recepción en España (II): paradojas de la comparación

Allá por el mes de marzo de 2012 escribí el que debía ser el primero de una serie de artículos en torno a la llamada “Ley sobre la claridad”, aprobada por la Cámara de los Comunes canadiense en el año 2000 y basada en un dictamen consultivo emitido por el Tribunal Supremo de Canadá en respuesta a una pregunta del Parlamento federal sobre si una hipotética secesión unilateral de la provincia de Quebec sin el consentimiento de Canadá sería contraria, por un lado, a la Constitución y, por otro, al derecho internacional.

En aquel primer artículo –que hasta hoy no había tenido continuidad, pero que la fuerza de los hechos acaecidos en Cataluña en los últimos días me obliga a retomar con la esperanza de arrojar algo de luz sobre el tema con dos nuevos artículos- explicaba la base sobre la que el Alto Tribunal fundamentaba su dictamen, a saber: que el derecho a la autodeterminación no es aplicable a Quebec –como tampoco lo es a Cataluña-, porque allí no se dan las condiciones que prevé el derecho internacional para su aplicación; sin embargo, si los quebequeses optasen de forma “suficientemente clara” por la secesión, el Gobierno canadiense debería atender sus reclamaciones de acuerdo con el principio democrático y reconocer la legitimidad del proyecto independentista.

Así pues, la “Ley sobre la claridad” no consagra el derecho a la autodeterminación de Quebec, no lo juridifica por así decir, pero sí abre la puerta a la posibilidad de que la provincia pueda emprender un proceso secesionista de acuerdo con la legalidad canadiense e internacional. Es decir, el derecho a la autodeterminación no es condición sine qua non para alcanzar la independencia por la vía de la negociación entre la provincia o región y el Estado matriz; es más, no existe en el mundo ningún Estado democrático de Derecho cuya Constitución reconozca el derecho a la autodeterminación de las partes que lo integran. Sí lo hacía, por ejemplo, la Constitución de la URSS pero, como tantas otras cosas en aquel Estado de partido único, ese reconocimiento era puramente nominal, y si no, que se lo pregunten a los húngaros, a los polacos o a los checos.

Paradójicamente, los nacionalistas siguen insistiendo en proponer el caso canadiense como modelo a seguir, pese a que una lectura atenta del texto de la “Ley sobre la claridad” pone de manifiesto la distancia sideral que media entre el maximalismo rupturista de las demandas nacionalistas –sublimado en el órdago de Mas a Rajoy: “o pacto fiscal o independencia”, o “todo o nada”-  y el espíritu transaccional y preceptivo de la ley canadiense. El caso es que no sé si dicen lo que saben, pero lo que está claro es que no saben lo que dicen.

Pues bien, aparte del quebequés, otro de los casos que últimamente fascina al nacionalismo catalán es el escocés. Se llenan la boca hablando del premier David Cameron, cuya actitud ante la determinación del primer ministro escocés, Alex Salmond, de convocar un referéndum sobre la independencia contraponen con la respuesta de Rajoy y por extensión del Estado español ante los planes del gobierno catalán. De nuevo, hablan por hablar y emiten juicios de intenciones que en el fondo no son más que prejuicios y palabras hueras, pues hasta ahora las reacciones del gobierno español no han sido las propias de un Estado autoritario ni antidemocrático, sino sencillamente las de un gobierno que vela por el interés general y por la integridad territorial del Estado. Ni ruido de sables ni tanques ni nada que se le parezca. Ni más ni menos que lo que ha hecho Cameron, sencillamente lo mismo que haría cualquier gobernante responsable y comprometido con el conjunto de la ciudadanía a la que representa.

Pero, puestos a hablar, hablemos del caso del Reino Unido en general, que no del caso británico en particular, pues conviene recordar que se trata del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por cierto una región ésta última cuya población manifestó en las urnas su voluntad de permanecer en el Reino Unido cuando entre 1918 y 1921 el resto de Irlanda inició el camino a la secesión. Ni que decir tiene que aquella ruptura fue traumática para el conjunto de los irlandeses e inesperada para los líderes nacionalistas, que en su afán por cortar de raíz con el Reino Unido nunca tuvieron en cuenta la sensibilidad de sus paisanos unionistas. A este tenor la furibunda propaganda antiespañola que como si tal cosa practican los líderes nacionalistas, que se empeñan en presentar a España como un país carpetovetónico y antidemocrático supone un menosprecio, por no decir un desprecio, de la sensibilidad de muchos catalanes, amén de un insulto a la inteligencia. Baste recordar el vídeo de campaña de CiU para las últimas elecciones catalanas en el que un individuo disfrazado de mapa de España rojo y gualdo le robaba la cartera a un indefenso ciudadano presumiblemente catalán. Nada más lejos de mi intención que magnificar la importancia de esa insustancial chuscada, pero el hecho es que lamentablemente es la sublimación de la matraca del expolio fiscal con que los dirigentes de CiU, ERC y compañía nos golpean a diario.

Creo que haríamos bien los catalanes en tener en cuenta el ejemplo de Quebec y el del Ulster, así como el de Bruselas, capital de Flandes pero también de Bélgica y de la Unión Europea, ciudad cosmopolita y plurilingüe donde las haya pero de mayoría francófona, y cuya población rechaza mayoritariamente la división de Bélgica que proponen los nacionalistas flamencos. De hecho, otro de los puntos destacados de la “Ley sobre la claridad” es el hecho de que, de la misma manera que los nacionalistas quebequeses proclaman la divisibilidad del territorio canadiense, el territorio de Quebec tampoco debe ser indivisible, es decir, que si una parte delimitada del territorio de Quebec -una circunscripción electoral, por ejemplo- vota en contra de la secesión, ésta seguirá formando parte de Canadá. Luego si España no es indivisible, tampoco lo es Cataluña.

El problema es que para los nacionalistas catalanes Cataluña, o mejor, su monolítica idea de Cataluña es un concepto que está por encima de la gente, de los habitantes de Cataluña, la mayoría de los cuales se siguen sintiendo tan catalanes como españoles y no quieren renunciar a ninguna de las dos cosas. ¡Ay, la realidad!

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La profecía autocumplida del presidente Mas

Llevo días queriendo escribir sobre lo ocurrido en Cataluña en las últimas dos semanas, desde la multitudinaria manifestación de la Diada hasta la convocatoria de elecciones anticipadas de ayer, pero reconozco que la magnitud de los hechos me ha cogido un poco a contrapié y no me ha resultado fácil ordenar mis ideas con objeto de ofrecer una opinión ponderada, juiciosa y alejada del sentimentalismo a mis  lectores, pocos o muchos.

Pero, después de oír ayer al presidente de la Generalitat, Artur Mas, en el Parlamento catalán hablando de autodeterminación y convocando unas elecciones de indiscutible signo plebiscitario, creo que ha llegado la hora de hablar, pues de lo contrario la visión exclusivista de Cataluña que los nacionalistas defienden a capa y espada se impondrá plácidamente y sin apenas oposición interior. Hasta ahora entendía el silencio o el desinterés de la inmensa mayoría de los que no comparten esa visión, en la medida en que desde hace muchos años cualquier manifestación pública -por razonable que ésta sea- contraria al credo nacionalista es inmediatamente tildada de anticatalana, de reaccionaria o, peor aún, de fascista por los habituales guardianes de las esencias.

Mediante la repetición sistemática de dogmas tan perversos como intelectualmente inconsistentes, a saber: el expolio fiscal, el genocidio lingüístico y cultural y, en definitiva, el desprecio sistemático a todo lo catalán que según ellos impera en el resto de España, los nacionalistas han aprovechado el actual contexto de crisis económica y social para acelerar su hasta ahora gradual proceso de ruptura con el Estado español. Pero que nadie se llame a engaño: su gradualismo era pura estrategia; si hubieran podido lanzar el órdago definitivo antes, lo hubieran hecho sin pestañear. No lo han hecho sencillamente porque hasta la llegada de la crisis España no sólo iba bien en general en términos económicos y de cohesión social, sino que además les iba bien a los propios nacionalistas, en la medida en que la falta de concreción de la Constitución de 1978 en materia de distribución territorial del poder ha favorecido un desarrollo extenso, aunque a menudo contingente, del Estado autonómico.

Sin embargo, al mismo tiempo que el autogobierno catalán se extendía hasta situarse en niveles competenciales propios de los estados federales más descentralizados del mundo, los nacionalistas seguían avivando a discreción el fuego de la confrontación con el resto de España e incitando a la opinión pública catalana a interpretar cualquier discrepancia entre el poder central y el autonómico en clave de arbitrariedad orientada a suprimir la autonomía catalana. En este sentido el nacionalismo catalán, encarnado en el presidente Mas, dio ayer un paso más en su hoja de ruta hacia la profecía autocumplida: “Ha llegado la hora de ejercer el derecho a la autodeterminación”, sentenció Mas ufano y autoerigido en libertador de Cataluña, como si hasta ahora los catalanes no nos hubiéramos autodeterminado nunca, ni en elecciones ni en referéndums, como si hasta su llegada al poder hubiéramos sido una sociedad heterónoma sojuzgada por un poder colonial.

CiU y el resto de las formaciones nacionalistas llevaban tiempo preparando el terreno aludiendo machaconamente al expolio fiscal (“España nos roba”, en la versión catalana del “Roma ladrona” de la Liga Norte de Umberto Bossi), pero hasta la llegada de la crisis el discurso no había calado hondo. Ahora, con un Estado atenazado por la caída libre de los ingresos tributarios de resultas de la galopante crisis económica, los nacionalistas presentan los recortes que se han visto obligados a aplicar en materias tan sensibles como la sanidad, la educación y los servicios sociales como el corolario necesario de la iniquidad del Estado español. Ahora, por fin, todo el mundo ve lo que estos aventajados zahoríes de la política llevaban años advirtiendo. Lo dicho, una auténtica profecía autocumplida.

Poco importa que la crisis haya obligado al conjunto de las autonomías, así como al Estado central, a aplicar también recortes al Estado de bienestar. Poco importa el hecho de que los impuestos los paguen los ciudadanos y no los territorios y que, en consecuencia, en las regiones donde se concentran los mayores niveles de renta el Estado recaude más impuestos con vistas a favorecer la igualdad entre ciudadanos y la cohesión social. Poco importa que esto ocurra en todos los estados auténticamente democráticos del mundo: las regiones más pobres reciben más financiación per cápita que las regiones más ricas. Poco importa el hecho de que el principal mercado de las empresas catalanas siga siendo con mucho el resto de España y que los principales socios comerciales de Cataluña sean otras comunidades como Aragón, la Comunidad de Madrid o la Comunidad Valenciana.

Los nacionalistas siguen planteando la cuestión catalana como si el hecho de haber formado parte de España hasta ahora no hubiera favorecido el crecimiento industrial y comercial de Cataluña, y sobre todo como si la independencia no fuera a tener consecuencias devastadoras sobre el PIB catalán a medio plazo. Pero, claro, como dijo ayer Mas, hay momentos históricos en los que “hay que jugársela”. Pues bien: ¡Que se la juegue él!, pero que no pretenda embarcarnos a todos los catalanes en su irresponsable huida hacia delante.

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