La “Ley sobre la claridad” canadiense y su recepción en España (I)

Tras varias semanas de inactividad, hoy reinauguro mi blog con el objetivo de hacerlo más ameno, y quiero hacerlo dedicándole una serie de entradas a mi buen amigo Edu, con quien he mantenido en los últimos años tantas y tantas conversaciones sobre algunas de las cuestiones que dan vida a este blog. No en vano, fue él quien me envió hace unos días un interesantísimo artículo en torno a la llamada “Ley sobre la claridad” canadiense, cuyo autor sostenía que tarde o temprano nuestro país necesitará también una ley similar al objeto de resolver, o al menos amortiguar, las tensiones territoriales que ponen en jaque la pervivencia de España tal y como la conocemos hoy. Pues bien, no sólo estoy de acuerdo con ello, sino que además considero que una ley así sería perfectamente compatible con nuestra Constitución. Pero cuidado, Edu, que esto no quiere ni mucho menos decir que me hayas convencido sobre la necesidad de reconocer el derecho a la autodeterminación externa –es decir, fuera del Estado existente al que pertenecen- de las Comunidades Autónomas españolas. Todo lo contrario.

Conviene recordar, de entrada, que el principio de la autodeterminación de los pueblos en Derecho internacional sólo afecta a los pueblos sometidos a un imperio colonial, circunstancia que en modo alguno se da en el caso de nuestras CCAA. Al margen de los partidarios convencidos –por supuesto, tan legítimos como sus opositores-, también hay quien opina que reconocer el derecho a la libre determinación de las CCAA redundaría en un fortalecimiento del Estado en la medida en que desproveería a los partidos nacionalistas de su principal caballo de batalla: el espantajo de la secesión con el que de continuo chantajean al Estado central para lograr sus objetivos políticos. Así, el independentismo dejaría de ser un problema de ámbito estatal para convertirse en un problema de ámbito estrictamente autonómico. Sin embargo, yo sigo pensando que reconocer constitucionalmente tal derecho podría tener efectos divisivos potencialmente perversos para la cohesión social, así en el interior de las CCAA como en el conjunto de la sociedad española, pues ello supondría reconocer de facto el derecho a la secesión unilateral del País Vasco, Cataluña, Galicia, etc. De ahí que la “Ley sobre la claridad” canadiense -que prevé un complejo proceso de negociaciones políticas para el caso de que una mayoría clara de los quebequenses votara, siempre en respuesta a una pregunta clara, a favor de la secesión de Quebec- me parezca una solución altamente recomendable para los casos canadiense y español. No en vano, se trata de dos Estados democráticos de Derecho cuyos gobiernos representan al conjunto del pueblo o de los pueblos que los habitan, basándose en los principios de libertad, igualdad y no discriminación. Así pues, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo canadiense cabe considerar que los pueblos que conforman los Estados canadiense y español -con independencia del significado que se le dé a la voz “pueblo”- deben alcanzar su autodeterminación en el marco de los Estados existentes a los que pertenecen.

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Archivado bajo Derecho Público, Nacional

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