Sobre el Estado de bienestar

Hace unos días tuve la oportunidad de asistir en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona a la conferencia de Joaquín Almunia, comisario europeo de Competencia y uno de los políticos españoles más reconocidos allende nuestras fronteras, sobre el futuro del Estado de bienestar en Europa. El discurso de Almunia me pareció interesante por su documentada aproximación al tema central de la conferencia, cuya conclusión era, por otra parte, previsible –teniendo en cuenta el quién, un exdirigente socialista, y el dónde, España, país maquinalmente rendido a la modernidad septentrional-: la solución está en los países nórdicos, sobre todo en Suecia.

Pero ¿en qué consiste esa especie de bálsamo de fierabrás en que se ha convertido el modelo sueco para el resto de los europeos? Pues bien, el modelo sueco, también llamado socialdemócrata, se caracteriza, según el sociólogo Gösta Esping-Andersen, por una fusión de elementos socialistas y liberales -cosa que a menudo se olvida en el extranjero, pero no entre los propios suecos-, fusión orientada a promover una igualdad en los estándares más elevados y no una igualdad en las necesidades mínimas. En él todos los estratos sociales están incluidos en un sistema de seguro universal, si bien los subsidios se gradúan con arreglo a los ingresos habituales. Y es que bienestar social y trabajo son las dos principales divisas de este modelo. Tanto es así que, para que el modelo funcione, el Estado está obligado a garantizar el pleno empleo, y depende en gran medida de la consecución de ese objetivo, que sin duda reduce la conflictividad social. Tanto es así que los Estados de bienestar escandinavos no son ya únicamente sistemas de provisión social, sino que, en muchos casos, se han constituido en verdaderos mecanismos de empleo. En países como Suecia o Dinamarca los Estados de bienestar dan empleo a alrededor de un 30 por ciento de la fuerza de trabajo. Asimismo, en este modelo, el Estado apuesta por una política de salarios altos a fin de evitar que haya muchos ciudadanos viviendo de las transferencias estatales.

Ahora bien, ¿hasta qué punto es aplicable el modelo sueco a España? En mi opinión, no resulta fácil. Y ello por todo lo que se ha dicho y escrito hasta ahora, a saber: que para ello sería necesario que en España hubiera menos fraude fiscal, menos corrupción política y más transparencia, más confianza ciudadana en las instituciones, más responsabilidad en el aprovechamiento de las prestaciones sociales por los ciudadanos, etcétera, etcétera. Por todo ello, sin duda, pero también -si se me permite- por una cuestión terminológica, cual es la confusión que predomina en nuestro país acerca de la naturaleza y los orígenes del Estado de bienestar sueco, pues es moneda corriente en España llamarlo alternativamente modelo sueco o modelo socialdemócrata, cuando quizá lo más justo sería llamarlo, por ejemplo, modelo socialdemócrata liberal. Ni que decir tiene que el nombre no hace la cosa, pero sin duda ese matiz favorecería un clima proclive a la implementación en España de un modelo análogo al sueco entre la inmensa mayoría de la opinión pública y la práctica totalidad de los partidos políticos españoles, aminorando la resistencia a ese modelo que hasta ahora han mostrado algunos, convencidos del origen exclusivamente socialdemócrata del mismo.

Por último, conviene recordar dos verdades incuestionables, pero no por ello siempre observadas. Primero que no hay dos sociedades iguales, por lo que resulta difícil de concebir la exportación en bloque de un determinado modelo de un país a otro, es decir, sin ni siquiera cambiar lo que se deba cambiar para ajustarlo a las particularidades del país receptor. Y segundo, que incluso  los casos de Alemania, EE.UU. y Suecia, paradigmáticos de cada uno de los tres regímenes del Estado de bienestar definidos por la literatura académica: el conservador, el liberal y el socialdemócrata, se encuentran hoy día inmersos en una transición hacia tres modelos del bienestar social capitalista postindustrial que difieren sustancialmente de los tres modelos que hasta ahora han abanderado. España debería, pues, revisar también el suyo.

Manuel Fraga, in memóriam

La noticia del día es sin duda la muerte ayer de Manuel Fraga. Pues bien, espero equivocarme, pero supongo que no tardaré en oír en la calle, en el trabajo, en el autobús o en el supermercado palabras de satisfacción, quiero pensar que no tanto por la muerte del hombre como por la desaparición del que para algunos no era más que el último reducto del franquismo, el político que para algunos parece que sólo vivió hasta la muerte del dictador, pues todo lo que hizo después -su participación en la elaboración de la Constitución, sus desvelos por aglutinar el centroderecha español en un partido conservador en la línea de sus admirados tories británicos, y por supuesto su labor al frente de la Xunta de Galicia- no tiene ninguna importancia a ojos de sus detractores. Paradójicamente, son ellos -sus detractores- quienes a mi juicio constituyen el último vestigio del franquismo: el antifranquismo sociológico.

¿Que Fraga es uno de los padres de la Constitución? ¡Bah, naderías…! Los mismos que han convertido -con todo el merecimiento, sin duda- a otros como Solé Tura, Roca o Peces Barba en indiscutibles padres de la patria, figuras fundamentales en la construcción de la España democrática, le niegan a Fraga el pan y la sal. Sí, sí, pero fue ministro de Franco, repiten como autómatas. De nada sirve que fuera considerado un díscolo o, peor aún, un reformista por sus propios correligionarios. El antifranquismo sociológico quiere convertir a Fraga en un siniestro personaje plano de la historia de España, en un antihéroe anodino, previsible y sin matices, en el mejor de los casos; la antítesis de Carrillo, el personaje redondo por definición, capaz de evolucionar desde el comunismo dogmático y totalitario al eurocomunismo progresista y abierto al siglo XXI. Esa doble vara de medir es fiel trasunto de lo que Ferdinand Mount, en su día asesor de Margaret Thatcher, llamó “asimetría de la tolerancia”, tendencia asaz extendida en la Europa occidental consistente básicamente en aplaudir a la izquierda por lo mismo por lo que se censura a la derecha.

No, Fraga no es en absoluto un personaje plano de nuestra historia, sino un político polifacético de convicciones graníticas, radical -en el sentido etimológico del término- y acostumbrado a navegar contra corriente. Su personalidad, su ideología y sus decisiones son por supuesto discutibles. ¡No faltaba más! Lo que no es negociable es su condición de hombre de Estado, de padre de la patria y, sobre todo, su derecho a descansar en paz como uno de los políticos españoles más importantes de la transición democrática.

Catalunya, Escòcia i la UE

L’anunci del primer ministre d’Escòcia, Alex Salmond, de convocar un referèndum sobre la independència per a la tardor de 2014 ha desfermat l’eufòria dels independentistes escocesos, i de retruc ha esperonat els partidaris de la independència de Catalunya. Lògic. Nogensmenys, alguns analistes nostrats s’afanyen a fer càlculs equívocs i de dubtosa aplicació pràctica envers l’endemà d’una hipotètica independència d’Escòcia (o de Catalunya). Doncs bé, sobre aquest particular una de les qüestions que més amoïna els independentistes escocesos (i catalans) és sens dubte la de la integració del nou Estat escocès (o català) a la Unió Europea.

Ara bé, no fa falta dir que els partidaris de la independència no permetran que la realitat faci malbé els seus somnis irredemptistes, i ja s’afanyen a trobar arguments en pro del seu objectiu. En aquest context apareix la peregrina teoria de la secessió interna defensada pertot arreu pel professor de Dret Constitucional Antoni Abat i Ninet, entre d’altres. Segons ell, el dret internacional no impediria que Escòcia o Catalunya es convertissin de manera pràcticament automàtica en un nou estat membre de la UE, emparant-se en la Convenció de Viena de 1978 sobre successió d’Estats en matèria de tractats, la qual cosa és si més no discutible. D’entrada perquè la dita convenció preveu la seva aplicació en “tot tractat que sigui instrument constitutiu d’una organització internacional, sense perjudici de les normes relatives a l’adquisició de la qualitat de membre…”. I quant als requisits per entrar a la UE, el criteri és clar: s’exigeix la unanimitat dels Estats membres, és a dir, per evitar l’entrada d’un nou membre n’hi ha prou amb que un d’ells s’hi oposi.

Abat i Ninet, autor de l’estudi Catalunya independent en el si de la UE, defensa que “si Catalunya s’independitzés, la resta de l’Estat espanyol passaria a ser també un estat nou i, per tant, jugaria en igualtat de condicions en l’escena internacional”, i per acabar-ho d’adobar posa com exemple els casos de la Unió Soviètica, Txecoslovàquia i Iugoslàvia. Doncs bé, precisament aquests tres casos desacrediten de ple la seva afirmació inicial atès que, d’acord amb la doctrina internacionalista més autoritzada, els casos de la Unió Soviètica, d’una banda, i els de Txecoslovàquia i Iugoslàvia, de l’altra, són substancialment diferents. El desmembrament de la Unió Soviètica es considera des del punt de vista del dret internacional contemporani una secessió d’Estats (les antigues repúbliques soviètiques), i és per això que Rússia va succeir la Unió Soviètica en qualitat de membre d’organitzacions internacionals com ara les Nacions Unides, sense necessitat de demanar-hi l’admissió. Sens dubte, una hipotètica independència d’Escòcia o de Catalunya s’encabiria en la categoria de secessió o separació d’una part del territori d’un Estat.

Per contra, els casos de Txecoslovàquia i Iugoslàvia es consideren supòsits de dissolució d’un Estat, per la qual cosa es considera que no hi ha transmissió de la condició de membre d’una organització internacional. És a dir, els nous Estats resultants van haver de demanar la seva admissió com a membres de les organitzacions internacionals a les quals havia pertanyut l’Estat matriu del qual formaven part. Així, doncs, algú pot defensar seriosament que una eventual independència d’Escòcia o de Catalunya s’adiria amb aquesta categoria?